La madre tierra, cenicienta del desarrollo capitalista

Raúl Prada Alcoreza

¿En qué sentido se habla de madre tierra? Está claro que el sentido deviene de las cosmovisiones indígenas. Se trata de una imagen animista del planeta, estamos ante una imagen inmanentista de las fuerzas que componen la tierra. Se parte de que el planeta tiene vida, comprende la multiplicidad de vidas que habitan la tierra, donde se reproducen y forman ciclos vitales. Esta comprensión lleva a una relación de respeto y reciprocidad; se pide permiso antes de cazar, pescar, recolectar, cultivar, arar, talar. Los seres que pueblan la tierra son espíritus con los que se establece una relación de reciprocidad, de profundo respeto y en lo posible de complementariedad. Las comunidades indígenas que habitan los bosques y surcan los ríos cobijan saberes ancestrales sobre las plantas, los animales, el clima, las estrellas, convirtiendo a estos seres en escrituras descifrables e interpretables.

Hoy estos temas se han vuelto actuales, forman parte de dos constituciones, la boliviana y la ecuatoriana, y plantean la necesidad de un cambio civilizatorio frente a la crisis ecológica. El hecho político que se hable de derechos de la naturaleza y derechos de la madre tierra tiene que ver con reivindicaciones de los pueblos indígenas, así también con la lucha de activistas en contra el cambio climático y la crisis ambiental y ecológica, con activistas de los derechos sociales, colectivos y comunitarios. Se trata entonces de salvar la vida en el planeta, los ciclos de vida, la reproducción de la vida y a la especie humana. Se trata de defender los derechos de la madre tierra, los derechos de los seres componentes de la madre tierra.  Este fue el criterio de la elaboración del Anteproyecto de Ley Marco de la Madre Tierra elaborado por el Pacto de Unidad. Este criterio se mantuvo en el proyecto consensuado entre el Pacto de Unidad, el gobierno y la Asamblea Legislativa. ¿Por qué se cambio el criterio en la ley aprobada por la Asamblea Legislativa y promulgada por el presidente? ¿Por qué se habla de desarrollo integral en una ley de la madre tierra?

Una pregunta necesaria: ¿A la madre tierra le interesa el desarrollo integral? El desarrollo es un concepto de la sociedad moderna, vinculada al progreso; cuando se habla de desarrollo integral ya se lo hace desde la diseminación misma del concepto de desarrollo. ¿Por qué hablar de desarrollo cuando se trata de la madre tierra, de la vida planetaria, de la multiplicad de vidas y ciclos vitales? ¿Todos los seres componentes de la madre tierra están interesados en el desarrollo integral? El concepto de desarrollo integral no es pues un concepto perteneciente a la complejidad de la madre tierra, no pertenece a la episteme que hace comprensible e inteligible esta complejidad, es un concepto que pertenece a la economía política capitalista. ¿Por qué ungir a esta forma de desarrollo con el emblema de la madre tierra? Esto resulta incomprensible y hasta grotesco

Se trata de problemáticas distintas. Si al gobierno le resultaba incómodo sacar una ley de la madre tierra tal cual la había elaborada el Pacto de Unidad y consensuada en una ley instrumental con el gobierno, tenía alternativas por lo menos más coherentes. No aprobar ni promulgar ninguna ley de la madre tierra, confesando que no está dispuesto a sacrificar el modelo de desarrollo en el que está inserto. Aprobar leyes distintas; una, de carácter orientadora, trazando un horizonte al que debemos llegar, planteando un ideal de comportamientos para con la madre tierra. Otra, una ley de desarrollo integral, destinada a normar las actividades económicas, sociales, políticas, culturales y educativas, en la perspectiva del crecimiento y un desarrollo diremos articulado en varios niveles de impacto. La segunda ley se hubiera tomado como transitoria. Empero, no se hizo nada de esto. Se prefirió mezclar, adulterar sentidos, confundir ámbitos, convirtiendo a la madre tierra en una cenicienta del desarrollo integral. Algo muy característico del gobierno, acostumbrado a nombrar leyes que no corresponden con su contenido. Al final todos quedan confundidos, entre ellos los gobernantes, los asambleístas y los defensores de la ley gubernamental. ¿Qué defienden?

Unos, dicen que defienden los derechos de la madre tierra, equilibrando con la defensa del derecho al desarrollo que tienen los pueblos. Esto es lo más desequilibrado que se haya escuchado. Si la política del gobierno es el desarrollo integral, si quiere defender este supuesto derecho de los pueblos, que más parece derecho de los gobernantes, puede hacerlo, sin necesidad  de mezclar ámbitos, de saturar la norma. ¿Por qué quiere hacer creer que el desarrollo integral es compatible con la madre tierra, es más, es una etapa necesaria hacia el vivir bien? No sería conveniente, en beneficio de la inteligibilidad, mantener en su propio ámbito la complejidad de los ecosistemas de la madre tierra, plantear normas que defiendan los ciclos de vida, la biodiversidad, los ciclos de los suelos, de los bosques, del agua, del aire, a partir de la compresión de la complejidad de los nichos y continentes ecológicos. Aparte de estas perspectivas orientadoras y ecológicas, definir instrumentos de transición, que normen las transiciones, definidos a partir de la comprensión de otros ámbitos, el económico, el social y el político. Por otra parte, es indispensable entender que el vivir bien es un proyecto civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, como establecen las resoluciones de La Conferencia de los Pueblos y Movimientos Sociales Contra el Cambio Climático de Tiquipaya-Cochabamba. ¿Por qué hacer depender el vivir bien de la condición del desarrollo integral? Es como decir, que debemos cumplir tareas pendientes, tareas capitalistas no resueltas, como las del desarrollo y el progreso. También es como decir, de una manera más banal, que necesitamos recursos económicos para invertir en el vivir bien, para obtenerlos necesitamos mantenernos en el modelo extractivista. Esto es confundir no solamente ámbitos sino filosofías, las relativas a la modernidad y la relacionada con el vivir bien.

¿Cómo explicar esta ley estrambótica? A los gobernantes y asambleístas no les interesa una ley, una norma operativa, tampoco que sea marco de otras leyes, como reza el anuncio. Le interesa presentarse como lo que pretende ser, gobierno defensor de la madre tierra, a pesar que la misma ley contraviene este postulado. Muchos de los comportamientos histriónicos del gobierno buscan eso, mantener la imagen desgastada y demolida, que tuvo a un principio. ¿Cómo pretende engañar cuando los hechos son evidentes? ¿A quién quiere convencer? ¿A los funcionarios, a los partidarios, a los dirigentes cooptados? Si estos ya están convencidos. ¿Al pueblo, a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales? ¿A los organismos internacionales, a los otros gobiernos, a los gobiernos afines? Algo tan forzado no puede sostenerse. El problema del gobierno es que no solo ha perdido la claridad, sino también la honestidad. Si cree que debe mantener todavía el modelo extractivista minero e hidrocarburífero, que lo diga y hasta lo puede hacer, empero tratar de legitimar el modelo extractivista imperante con una Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien es hacer trampa. Una trampa en la que el mismo gobierno anda entrampado. Se enreda con sus propios montajes escénicos. De nada sirven. Bastaba una dosis de sinceridad; el gobierno no cree que se pueda salir tan pronto del modelo extractivista, por lo tanto apuesta a este modelo con el objetivo de crear las condiciones de ahorro y de inversión para un desarrollo integral. Se dejará pendiente las tareas en relación a la madre tierra, a los equilibrios eco-sistémicos; mientras tanto se mejoraran las leyes ambientales y se normaran los efectos contaminantes y depredadores. Pero no, el gobierno prefiere el camino más enrevesado.

Por nuestra parte, no creemos que esas sean las alternativas, no creemos que sea una condición necesaria seguir en el modelo extractivista, tampoco creemos que el modelo de desarrollo, llámese integral o lo que se quiera, es la única ruta a seguir, como si debiéramos ingresar en la fila en la que una mayoría sigue o casi todos sin preguntar a dónde vamos. Esta ruta es para nosotros la ilusión de desarrollo, la ilusión de progreso, un imaginario compartido en las periferias del sistema-mundo capitalista, un imaginario, que como droga, ayuda a seguir en la misma ruta, mientras estos países lo que hacen en la práctica es mantenerse en el mismo círculo vicioso de la dependencia. Lo peor de todo esto son los costos transferidos a la naturaleza y a las poblaciones de los campamentos y de las zonas colindantes, costos impagables por la contaminación, la depredación, la desforestación, la destrucción ocasionada. El perfil estructural de las economías que siguen estas rutas es una composición aferrada a un extractivismo depredador, que arrastra al resto de la estructura económica. Obliga a una agricultura expansiva, ampliando constantemente la frontera agrícola. Incluso si se logra pasar, en algunos rubros a la industrialización, estas líneas resultan tan des-conexas que no terminan de formar una plataforma, un mercado interno integrado. Se trata de  países que lo que logran de ingresos lo gastan en importaciones. A eso llaman desarrollo muchos de los gobiernos de estos países dependientes. El llamado desarrollo integral, inventado por el gobierno, sin explicar de qué se trata, sin contar con una teoría de apoyo, siendo sencillamente un discurso improvisado, no es nada más que una nueva versión de lo mismo. Una versión improvisada para dorar la píldora,  para edulcorar la condición extractivista gravitante del modelo gubernamental.

Frente a estas actitudes complicadas y rebuscadas del gobierno, de la Asamblea legislativa y de los demás órganos del Estado, es urgente oponer otras alternativas, las alternativas que se encuentran en la Constitución, desechadas simuladamente por el gobierno. En la parte de la organización económica del Estado se establece el modelo de economía social y comunitaria, que parte o, si se quiere, deviene de la constatación de que somos una economía plural, que debe ser regulada, que debe convertirse en complementaria y ser integrada en la transición hacia el modelo económico meta. ¿Qué es esta economía social y comunitaria? Tomando en cuenta el espíritu del constituyente, que es desde donde debemos interpretar la Constitución, además de las discusiones en las comisiones respectivas, se trata de una composición dual entre dos formas de economía que deben complementarse e integrarse. Por un lado la economía social; una economía cuya base sea la sociedad y cuyo objetivo sea la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de la autonomización de la economía, de lógicas propias de la economía, de dinámicas ligadas a la ganancia y a la valorización dineraria, sino de una economía que sea instrumento de la sociedad, que se encargue de la satisfacción de las necesidades sociales, que sirva para incrementar el capital social, las capacidades sociales, la potencia social. Al contrario de lo que propone el neoliberalismo que busca convertir a la sociedad en un ámbito de empresarios múltiples, de modo diferente al capitalismo clásico, si podemos hablar así, expresado en el socialismo real o en el keynesianismo, convertir a todos en proletarios o en trabajadores en pleno empleo, se trata en la economía social de liberar al ser humano de la esclavización del trabajo, convertirlo en un ser creativo, solidario, complementario e integrado a los ecosistemas. Pasar del homo economicus  al homo social, al homo ecológico. Obviamente esto de salir de de la esclavización del trabajo requiere una transición, una transición que exige, de una manera real y efectiva, las condiciones más adecuadas y confortables para los trabajadores; salarios dignos para una reproducción social satisfactoria, condiciones de trabajo que respeten los derechos de los trabajadores, a la seguridad, a la salud, al ambiente sano y saludable, a las horas de trabajo establecidas en la ley. Establecer espacios de formación integrada de los trabajadores, no sólo técnica y científica, como parte de la mejora de producción, productividad y desempeños, sino también una formación intercultural y estética, artística, de promoción creativa. Los trabajadores deben convertirse en sujetos activos de la transición y de la transformación del modelo económico. Para esto es menester su participación en la dirección del trabajo, en formas de cogestión y autogestión. Todo esto implica prohibir todas las formas de super-explotación del trabajador, trabajo a destajo, temporales, subcontrataciones, sin cumplir con la ley del trabajo y la Constitución.

Ahora bien, en esta transición hay cuatro formas de organización económica reconocidas por la Constitución; la economía comunitaria, la economía pública o estatal, la economía privada y la economía social cooperativa. Las transformaciones hacia la economía social comprenden a la economía estatal, a la economía privada y a la economía social cooperativa; la economía comunitaria responde a la otra parte de la composición de la economía social y comunitaria. Las transformaciones hacia la economía social requieren transformar las condiciones en estas tres formas de organización económica. Requiere no sólo transformar las condiciones en las que trabajan los trabajadores sino las condiciones de desenvolvimiento de estas formas de organización económica. Buscar su integración complementaria en la estructura económica en transición. Contar con un fondo para invertir en estas transformaciones, abrir también espacios de formación de los que dirigen y administran estas formas de organización. No se trata de inculcar “ideología”, que es el procedimiento optado por el socialismo real, cuyo fracaso ha sido estrepitoso, sino de construir participativamente la comprensión de la transición, los saberes de la transformación. El ámbito de estas actividades es el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria.

Hay tareas gigantescas que debe resolver la economía social, la construcción de la logística de salud y la logística educativa y de formación. Las inversiones en estos campos deben ser las más prioritarias, las transformaciones en las condiciones de vida, las transformaciones en los sujetos y en las subjetividades, son las más dinámicas, las que tienen mayor repercusión y efectos multiplicadores. Estas transformaciones no se resuelven con bonos y en la lógica de una economía rentista; estos son procedimientos coyunturales de corto alcance. La conformación de la economía social pasa por construir la infraestructura y la estructura institucional que garantice el seguro de salud y social para todos, que garantice la educación y formación para todos. Obviamente que todo esto requiere de la transformación de las condiciones de producción de las formas de organización económica. También se requiere contar con un fondo de inversiones para estas transformaciones.

En lo que respecta a la economía comunitaria, como parte de la composición de la economía social y comunitaria, cuando se estableció que se trata de y comunitaria, se dejaba claro que se trata de las comunidades ancestrales. Se trata del proyecto civilizatorio inscrito en las cultural, naciones y pueblos indígenas originarios. Se trata de la libre determinación, autogobierno y autonomía de los pueblos indígenas, de reconstituir sus territorialidades, de consolidar sus instituciones y formas de gestión, de proyectarlas también al Estado en transición. Este comunitarismo no descarta la posibilidad de formar comunas en las urbes, el proyecto comunitario se abre a esta posibilidad de asociación, cohesión e integración comunitaria. Lo sugerente de esto es que nos encontramos ante formas de propiedades colectivas y comunitarias, ante espacios donde la propiedad común, del común, de todos, es la forma matriz de posesión y aprovechamiento común. Por lo tanto, no sólo es lo público y lo privado, sino lo común. Esto nos lleva directamente a ejercer, a hacer ejercicio de la propiedad común de los bolivianos, de los recursos naturales, del agua, del aire, de los suelos, de los bosques, de la biodiversidad, propiedad común compartida con otros seres componentes de la madre tierra.

Entonces la economía social y comunitaria es una meta en la organización económica del Estado, una meta que en la Constitución está articulada a la ecología, a un modelo ecológico, que exige el condicionamiento ecológico a las dinámicas económicas y sociales. El agua, el aire, los suelos, la energía, la biodiversidad, son leídas en este sentido. Además los recursos naturales son declarados estratégicos y destinados al vivir bien. No son mercantilizables.

Como se puede ver en la Constitución se encuentran alternativas distintas a la optada por el gobierno, ratificadas en sus leyes, sobre todo en la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. ¿Por qué insiste el gobierno en rutas consabidas que reproducen el círculo vicioso de la dependencia y destrucción? ¿No le queda otra? ¿O, mejor dicho, no ve otra cosa? Esta falta de visión del gobierno nos muestra que se trata de la repetición de lo mismo por otros caminos. El gobierno está entrampado en estructuras de poder consolidadas y dominantes en el mundo y en la región, está entrampado en la herencia que condena a la sujeción  del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Los discursos no pueden sacarlo de esta realidad, diga lo que diga, la realidad se impone con su perseverancia material. Al principio los discursos fueron de expectativa, despertaban esperanzas, pero con el tiempo se desgastaron, quedaron como lenguaje desfasado, incluso hasta cínico, cuando precisamente el gobierno opta por otro camino. El conflicto del TIPNIS es la muestra más clara que el gobierno no respeta los derechos de la madre tierra, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, no respeta la Constitución y el carácter plurinacional comunitario y autonómico del Estado. Es patético ver al gobierno justificar con discursos asistenciales la necesidad de construir una carretera que atraviese el núcleo del territorio y parque, el ecosistema del Isiboro-Sécure, es también patético ver al gobierno improvisar una consulta extravagante, que no cumple con la estructura normativa y conceptual de la consulta con consentímiento, previa, libre e informada. Esta violencia descomunal del Estado es una contundente demostración que el gobierno está en otra cosa, y para efectuar ese proyecto extractivista o, si se quiere, desarrollista, está dispuesto a todo, a violar la Constitución, los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la madre tierra.