Inicio de la paramilitarización en Chiapas; un fenómeno alentado y organizado por el poder político

*En el estado de Chiapas a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el paramilitarismo se convierte en una constante, este fenómeno tenía como principales objetivos combatir la insurgencia desatada por el EZLN, consolidar el terror como método de disuasión social y controlar los territorios, sus recursos y toda la información posible.

Adrián Galindo de Pablo, con Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizo una investigación que tiene por objetivo contribuir en la definición de paramilitarismo, así como su relación con el Estado.

El inicio de la paramilitarización comienza entre marzo y abril de 1995 cuando se reinició el diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno, se promulga la Ley de Concordia y Pacificación para una Paz Justa y Digna en Chiapas. Esta tenía como uno de sus objetivos reducir las intervenciones directas del ejército y privilegiar las acciones paramilitares, las cuales tienen como objetivo el mantenimiento del statu quo y las relaciones de producción dominantes, menciona el investigador.

Por lo anterior, el paramilitarismo es un fenómeno social tolerado, alentado y organizado desde una instancia del poder público, sectores de las fuerzas de seguridad y del ejército respaldados por el gobierno federal o central, de ahí que una de sus características sea la impunidad. Es una política de Estado que responde a la necesidad de mantener, por vías clandestinas, las relaciones dominantes frente a crisis sociales impulsadas por las contradicciones sociales, económicas y políticas del patrón de reproducción vigente.

Galindo menciona que, uno de los elementos determinantes para el despliegue del paramilitarismo fue la histórica disputa por los territorios y sus recursos entre los grandes propietarios y los pueblos originarios y campesinos, La acumulación por desposesión y el control por medio de la violencia han sido históricos.

El investigador dice que la histórica disputa por los territorios se vigorizó por el levantamiento zapatista, las comunidades vieron la oportunidad de recuperar sus territorios originales, bajo el pretexto de combatir al EZLN y su zona de influencia, se permitió a los caciques locales apropiarse de tierras por medios violentos, no sólo para combatir el levantamiento sino también para extender su zona de influencia.

Los paramilitares fueron el instrumento contrainsurgente que permitió al gobierno enfrentarse de forma directa con las comunidades sin utilizar al ejército en los enfrentamientos. Se logró por la profundización de los conflictos ya existentes en las comunidades, es decir, identificar conflictos sociales e intensificarlos mediante la organización de grupos armados en el marco de los objetivos de la guerra irregular impulsada en Chiapas.

La asistencia militar y los objetivos de ésta quedaron claros con el documento Plan de Campaña Chiapas. Detalla la estrategia contrainsurgente diseñada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tenía como objetivo político alcanzar y mantener la paz por medio de la destrucción de la estructura política del EZLN y el aislamiento de sus bases de apoyo, expresa Galindo.

El documento señala como parte de las tareas, organizar en secreto a ciertos sectores de la población civil, ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes eran empleados en sus operaciones. Además, que las operaciones militares con el objetivo de adiestrar fuerzas locales de autodefensa para que participen en los programas de seguridad y desarrollo, es decir, se infiltren en las instituciones oficiales y desde ahí planeen, articulen y ejecuten ofensivas armadas.

Galindo menciona que para 1999 operaban 12 grupos paramilitares en 20 municipios del estado, entre los grupos paramilitares se encontraban el Frente Civil, Los Tomates, Los Plátanos, Los Chentes, Priistas Armados, Los Puñales, Alianza S. Bartolomé de los Llanos, Los Quintos. De esos grupos cuatros son los más distintivos: Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja y el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA).

El grupo paramilitar Paz y Justicia fue creado a inicios de 1995 en los municipios de Salto de Agua y Tila. Esta alianza nació de las asociaciones ganaderas de Salto de Agua y tenía como operadores políticos a los cuadros priistas en Tila, tuvo apoyo de la policía de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia del estado y del ejército, les ayudó en la fabricación de delitos y detenciones de facto a sus enemigos.

Los Chinchulines en Bachajón grupo paramilitar, fundado por el exdiputado priista Rafael Cevallos Cancino y ligado a Paz y Justicia. Este grupo utilizaba armas de uso exclusivo del ejército y uniformes de instituciones de seguridad pública; además, elementos de Seguridad Pública se coordinaron con este grupo para buscar y localizar a supuestos opositores. Su objetivo era aterrorizar a las comunidades como presuntos simpatizantes del EZLN y romper la comunicación del ejército zapatista entre Las Cañadas y el Norte de la región Selva.

La Máscara Roja a este grupo se le responsabiliza de la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997. Las armas utilizadas por este grupo eran compradas, trasladadas y entregadas a personas vinculadas con el PRI por parte de la Policía de Seguridad Pública, el entrenamiento militar estuvo a cargo de elementos del Ejército Mexicano. Este grupo comenzó a operar al mismo tiempo que comenzaron los Diálogos de San Andrés.

El grupo paramilitar Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, conocido como MIRA era un grupo adiestrado que utilizaba armas de uso exclusivo del ejército y que tenía por objetivo reavivar e intensificar los conflictos agrarios y políticos en la zona de influencia zapatista. Operó y entrenó en un enclave estratégico donde colindan cuatro municipios: Huixtán, Oxchuc, Cancuc y Chanal.

Asimismo, tenían relación con los aparatos represivos como la Policía de Seguridad Pública, la Policía Judicial del Estado y el Ejército Mexicano, realizaban en conjunto patrullajes, hostigamientos, amenazas, maltratos, cateo de domicilios sin orden judicial y detenciones arbitrarias

La operatividad de estos grupos estuvo marcada por asesinatos en emboscadas, apropiación violenta de la tierra por desalojos, robo de ganado, desplazamientos forzados de grupos políticos considerados enemigos, amenazas, secuestro, tortura, ejecución extrajudicial, detenciones sin orden de aprehensión, privaciones ilegales de la libertad, quema de casas y coches, control riguroso de los caminos por medio de retenes con conocimiento de las autoridades estatales y del ejército así como patrullajes armados y desahucios en conjunto.

Galindo comparte que entre 1995 y 2001 fueron desaparecidas y ejecutadas 122 personas por parte de grupos paramilitares, de estas víctimas 37 fueron desapariciones forzadas y 86 fueron ejecutadas.

El resultado concreto del despliegue paramilitar en las comunidades fue el desgaste organizativo frente a las continuas agresiones, destrucción de la economía comunitaria, degradación del tejido social por medio de la instauración del terror como mecanismo de atomización social y desplazamientos forzados.

Además, quienes son desplazados pierden toda posibilidad de reproducción económica, están arruinados porque pierden sus propiedades y pertenecías. Viviendas, herramientas, parcelas, cosechas, animales y ganado se convierten en el botín de guerra saqueado por los paramilitares con el objetivo de financiar la guerra fratricida de la que son promotores vitales y consolidar su proyecto estratégico de purificación sociopolítica, expresa Galindo.

El investigador menciona que entre abril de 1995 y septiembre de 1996 había más de 21 mil desplazados por la estrategia de militarización y paramilitarización en municipios de la zona Altos, Norte y Selva. En 2006 había todavía 12 mil indígenas desplazados por el conflicto paramilitar pertenecientes a las zonas Altos y Selva.

Añade que oro elemento importante de los despliegues paramilitares en torno a los desplazamientos forzados es la tortura psicológica que se ejerce sobre los pobladores que se quedan. Son obligados a participar en una nueva organización impuesta por la fuerza. Esta se caracterizada por una constante vigilancia, un férreo control territorial, la humillación y la impunidad.

La masacre de Acteal fue el resultado de la continua violencia paramilitar y un parteaguas en la historia de Chiapas y el mundo. La comunidad recibió 325 personas desplazadas de las comunidades Quextic y Tzajalucum, habían buscado refugio después de que paramilitares amenazaran su vida y destruyeran sus viviendas. Los refugiados pertenecían a la Sociedad Civil Las Abejas, fundado en 1992, siempre se posicionó como una asociación pacífica que buscaba una solución no armada al conflicto.

Galindo comparte que, la masacre ocurrió en la mañana del 22 de diciembre de 1997, el ataque se centró en la ermita católica donde se encontraban rezando la mayoría de la comunidad y desplazados. Alrededor de 60 paramilitares vestidos de negro, como la policía de Seguridad Pública, con paliacates rojos y sombreros tipo militar, dispararon con armamento exclusivo del ejército a hombres, mujeres y niños desarmados.

La masacre duro más de 4 horas y fueron asesinados 7 hombres adultos, 18 mujeres adultas de las cuales 5 estaban embarazadas de hasta 7 meses de gestación, 16 mujeres menores de edad entre los 8 meses y los 17 años y 4 niños entre los 2 y 15 años, 45 personas en total, además de 26 heridos en su mayoría menores de edad.

La vinculación del grupo paramilitar que atacó Acteal con instancias gubernamentales se observa en los siguientes hechos: según testimonios recogidos por el CDHFBC, el camión de la presidencia municipal de Chenalhó fue utilizado como transporte para los paramilitares involucrados en la masacre, esto ordenado por el presidente municipal de filiación priista Jacinto Arias Cruz;53 funcionarios públicos toleraban y consentían que civiles llevaran armas de uso exclusivo del ejército; la masacre ocurrió a 200 metros de un cuartel de la Policía de Seguridad Pública y a un kilómetro de un cuartel del Ejército sin que ninguno interviniera;54 después de la masacre el gobierno del estado contrató un grupo de abogados para defender a las personas implicadas en ésta.

Hay reportes documentados por el CDHFBC que comprueban que la policía local asistió la matanza, así como después la policía intentó encubrir el crimen y a los responsables.55

La impunidad fue el elemento que caracterizó todo este horror. A pesar de que 124 personas fueron condenadas a prisión, entre ellas mandos medios, como el presidente municipal de Chenalhó Jacinto Arias Cruz o el sargento Mariano Pérez Ruiz, quien participó entrenando al grupo paramilitar,58 se sustituyó al gobernador y se permitieron renuncias de funcionarios de alto nivel, la responsabilidad nunca recayó sobre las instituciones ni sobre grandes figuras del gobierno

La masacre de Acteal evidenció el profundo involucramiento de instancias gubernamentales y sus funcionarios, así como de instituciones de seguridad y sus mandos en el desarrollo, promoción y protección de grupos paramilitares, menciona el investigador.

La estrategia paramilitar cambia y amplía sus objetivos a partir de 1998. Los despliegues paramilitares dejan de tener un papel protagónico y se pasa a una etapa en la que políticas públicas y programas sociales y de desarrollo se convierten en la punta de lanza de la estrategia contrainsurgente que busca acrecentar las divisiones al interior de las comunidades.

El investigador menciona que, a pesar de la ofensiva contrainsurgente como programas y leyes, los grupos paramilitares no dejaron de actuar. Estos aparecen desvinculados de las instituciones como gobiernos, policías y ejército, la realidad es que estos grupos pasaron su etapa de consolidación y entrenamiento para actuar con autonomía. Prueba de ello es que pasaron a conformarse como asociaciones civiles.

Galindo expresa que una característica que no ha cambiado es la impunidad. A pesar de que los grupos paramilitares están señalados, con pruebas, como autores de diversos crímenes, ninguno de los tres niveles de gobierno los ha llevado ante la justicia, el desarme y desarticulación de los grupos paramilitares sigue siendo un pendiente histórico que no parece tener fecha de realización.

El paramilitarismo es parte de un proyecto político, económico y militar que busca proteger y acumular riqueza sin importar el costo social y humano. Es una herramienta que altera la correlación de fuerzas a favor del capital en términos políticos y económicos.