Patricia Simón

Tortuga

Domingo.10 de mayo de 2020 

El abogado Javier de la Cueva alerta sobre el desconocimiento de la sociedad digital en la Administración Pública, la misma que se la está imponiendo a la ciudadanía.

El abogado Javier de la Cueva (1962, Madrid) es uno de los mayores expertos en licencias libres de propiedad intelectual. Fue el abogado encargado de la defensa de los casos Ladinamo, que desembocó en la primera sentencia que reconoció el Copyleft, y de Sharemula, que confirmó que las webs de enlaces a archivos en redes p2p no cometen delitos, entre otros juicios estratégicos en el ámbito del conocimiento compartido. Es doctor en Filosofía, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, así como en el Instituto de Empresa. También es miembro de Civio, una fundación dedicada a combatir la opacidad de las administraciones públicas.

Aunque aún no se hayan puesto en marcha, las propuestas de lanzar aplicaciones móviles para el control del confinamiento mediante la geolocalización y de las interacciones entre personas para rastrear posibles contagios, suponen un posible y grave recorte del derecho a la privacidad sin que se atisbe una gran resistencia ciudadana. ¿De qué escenario veníamos para que sea tan fácil dar pasos trascendentales en el control social sin un debate público previo?

A mediados de los años 90 se hablaba de que la CIA había desarrollado una aplicación llamada Carnivore que lo controlaba todo. Ese fantasma se hizo realidad cuando Mark Zuckerberg creó Facebook. Desde sus inicios, surgieron las alertas de que sus ingenieros sabían antes que los propios interesados que dos personas podían establecer algún tipo de relación por el número de veces que miraban sus respectivos perfiles, leían sus mensajes o se daban ‘me gusta’ recíprocamente.

En 2010, el joven austriaco Max Schrems demostró que Facebook estaba incumpliendo la normativa de cesión de datos entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que hubiera obligado a guardar los datos de sus usuarios de este continente en servidores dentro de la UE. Los recopilaba en Estados Unidos, como sigue haciendo en la actualidad. En 2013, Edward Snowden reveló que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (la NSA) espiaba y recopilaba información de cientos de millones de personas.

Por tanto, antes de la pandemia ya vivíamos en un mundo totalmente controlado, hasta tal punto de que habíamos pasado de la promesa de una sociedad del conocimiento, distribuido, a una sociedad del control gracias a la polarización de la Red y la creación de las empresas de Sillicon Valley que centralizaron la información. Esta fue una de las frases que pronuncié cuando me invitaron a una sesión en el Congreso de los Diputados. Pregunté a sus Señorías quiénes llevaban la geolocalización conectada y eran prácticamente todos. ¿Cómo puede permitir la gente que tiene la responsabilidad de gobernar este país que Google sepa dónde están en cada momento? No hay una concienciación ciudadana sobre la privacidad desde la que se pueda reflexionar conjuntamente.

Y cuando le explica estas cuestiones a su alumnado, ¿qué le dice?

Que no tienen nada que ocultar. En contra de su tesis, les explico que lo que hacen ahora no tiene por qué estar bien visto dentro de unos años. La publicidad de los años 80 nos devuelve el reflejo de una sociedad machista o en la que era normal ir sin cinturón en el coche, por ejemplo. En el futuro, los valores serán también diferentes. Pero también porque lo que funciona aquí no tiene por qué hacerlo en otros lugares, como Arabia Saudí. ¿Y si son homosexuales y quieren viajar allí? Y también por la capacidad de perfilado que tienen las redes sociales. ¿Cómo vas a justificar que has coincidido en el supermercado con cinco yihadistas si llevas la geolocalización abierta? ¿Van a creerse que fue una casualidad?

Todo esto nos obliga a ser muy celosos de nuestra intimidad, pero todos los desarrollos tecnológicos que se han hecho procuran lo contrario y facilitan la entrega de los datos con aparatos muy atractivos. Se han vendido a través de una estética y de una prosa que nos convence de que gracias a lo que nos ofrecen vamos a ser unos campeones mundiales.

Se trata además de un sistema de control del que no puedes desaparecer. No se puede vivir fuera de Google, porque aunque no tengas una cuenta de Gmail, la mayoría de los contactos a los que escribes sí los tendrán. Además, grandes instituciones como el BBVA, la Universidad Complutense de Madrid y muchas otras han cedido la gestión de todos sus servicios tecnológicos a Google. Estamos en lo que Shoshana Zuboff ha definido como ‘El capitalismo de la vigilancia’, como tituló su recomendable libro.

Así que el terreno estaba abonado para que ahora implanten una aplicación en el teléfono y no haya suspicacias.

Además ha habido otro fenómeno interesante. Las administraciones han forzado una transición tecnológica sin ni siquiera darnos tiempos para adaptarnos. Como abogado, si quiero presentar una querella tengo que hacerlo a través de la plataforma Lexnet, para la que no dieron tiempo para alfabetizarse digitalmente.

Una plataforma que además es controlada por el Poder Ejecutivo, aun cuando sea para la Administración de Justicia.

Efectivamente, una cuestión que nos daría para mucho. Pero que también nos sirve para analizar cómo tiene que ser la estructura de redes pública en el siglo XXI. Por un lado tenemos todos esos programas vistosísimos, toda la maquinaria de las corporaciones tecnológicas convenciéndote de que las uses, y un Estado obligándote a usarlas. La tormenta perfecta para que te puedan decir que tienes que tener un smartphone.

Yo guardo el Nokia antiguo como un absoluto tesoro porque ahí el dueño soy yo. Pero igual que me obligaron a usar determinado software y hardware, me pueden obligar a tener un sistema de control registrado en una compañía de teléfono que va a saber todo sobre mí a través de las antenas a las que me voy conectando.

El panorama de control tecnológico es inquietante y los que luchemos contra su implantación seremos considerados sospechosos. Yo estoy a favor de que cuando hay una tensión entre el derecho a la libertad deambulatoria y la seguridad por un tema de salud pública, se tomen medidas. Pero estoy en contra de que se adopten irracionalmente y sin que la ciudadanía podamos acceder a nuestro derecho a saber qué informes están detrás de esas decisiones.

Yo ya exigía esos informes cuando se barajaba bajar la velocidad máxima en las carreteras de 120 kilómetros a 110.

Usted ha afirmado en más de una ocasión que este sistema tecnológico de hipervigilancia sería el sueño húmedo de la Stasi, de Goebbles, de Mussolini… Hemos pasado de sistemas totalitarios que empleaban el terror para conocer todas las parcelas de la intimidad de su ciudadanía, a que ahora sea esta la que la expone y regala a plataformas que se lucran con esos datos.

Los de la Stasi eran unos aficionados en comparación con lo que saben hoy de nosotros las grandes corporaciones. Este verano estuve en el museo de la Stasi en Berlín y los sistemas de control que tenían eran rudimentarios comparados con los que se utilizan ahora. Como ciudadanía desconocemos cómo se emplean estos mecanismos u otros, como pudieran ser los satélites que en la actualidad se dedican a vigilar los cultivos agrícolas para luego especular en los mercados de alimentos, por ejemplo.

Parte del problema es que se ha instalado la idea en nuestra sociedad de que los softwares de toda esa tecnología son neutrales y que, por tanto, las decisiones que adopta la clase política en base a esta son imparciales, cuando no es así.

Efectivamente el software no es una herramienta neutral. La propia configuración del software es política, pues decide qué modelos de actuación son posibles. Pero, además, en un debate reciente, planteábamos que es muy difícil defender los derechos de la ciudadanía cuando vamos a los tribunales y el nivel en el que tenemos que debatir las cuestiones es absolutamente básico, como describirle a un juez qué es una DNS o escuchar a un abogado del Estado defender que los algoritmos de los programas informáticos tienen que ser secretos.

Por otro lado y además de lo relacionado con los programas de software, esta pandemia ha evidenciado que no se pueden hacer políticas públicas si no tenemos datos, cuando la demografía ya se empleó en el 1600 con la peste: las parroquias recopilaban los datos de nacimientos y muertes y de ahí se extraían tablas y análisis. Ahora Civio o Datadista han tenido que trabajar con archivos en formato pdf que han tenido que exportar a archivos tratables automatizadamente por ordenador. No hay alfabetización digital.

¿Qué opinión le merece que en las primeras seis semanas de confinamiento se haya detenido a casi 6.000 personas por incumplir el confinamiento e interpuesto unas 700.000 propuestas de sanción? Por no hablar de los abusos que han sido grabados por la ciudadanía desde los balcones…

La función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vienen muy claras en la Constitución y en las leyes que la regulan. Estos cuerpos son absolutamente necesarios, tienen que tener sueldos mucho mayores y es lamentable el trato que reciben por parte de las instituciones. En los juzgados me he encontrado con funcionarios absolutamente distinguidos, con una preparación impresionante. Otra cuestión son las órdenes políticas que están recibiendo. No me cabe duda de que muchas de esas denuncias van a ser sobreseídas y sus destinatarios absueltos.

Desde arriba no se les ha dado un criterio claro. Se ha hecho una legislación de brocha gorda y se ha olvidado que España es muy diversa. Pueblos en la montaña con 20 habitantes que no tienen nada que ver con una gran urbe, las Islas Canarias… Ha faltado granularidad en la legislación para contener la pandemia.

El propio ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, admitía en una entrevista en El País que carecían de información suficiente para afrontar la pandemia.

Las comunidades autónomas no han dado las tablas de información al Gobierno central hasta hace apenas una semana. Es inaudito porque desde hace bastantes años los responsables de los archivos y de las bibliotecas han desarrollado técnicas y explicado cómo deben recogerse los datos, tabularse, qué características tienen que contemplar, cuáles son los metadados relevantes, cómo clasificar la información…

Sin embargo, en las administraciones públicas estamos en manos de personas incapaces que, ya siendo adelantados, emplean Excel como lo más cercano a una base de datos. Cuanto más se sube en la escala de la administración, menos se sabe sobre cómo tratar los datos. Deberían aprender de las personas a cargo de los archivos y de las bibliotecas.

¿Y cómo se explica el fenómeno de esa ciudadanía que ha asumido tareas de vigilancia policial y que insultan a las personas que consideran que no deben estar en la calle?

Es parte de la cultura de este país. Yo fui de los que tuvo que hacer el servicio militar y por aquel entonces se producía el fenómeno de las novatadas a los recién llegados. Cuando ya llevábamos 6 ó 9 meses de antigüedad, nos dividíamos entre los que considerábamos que no había que hacerlas y los que defendían que, como a ellos se las habían hecho, ahora les tocaba a ellos fastidiar a los nuevos. Es la misma legitimación que la del ‘fascista’ o ‘estalinista’ de balcón. Hay un problema gravísimo de educación.

Desde el momento en el que el ejemplo de diálogo que se introduce en las salas de estar en las casas es el de programas de televisión en los que seres vociferantes se interrumpen continuamente, nuestra sociedad está muy lastimada. Teníamos un guerracivilismo y un país cainita y no hemos tenido ningún partido sensato que haya intentado desmembrar esas cuestiones. Y a los que lo han intentado les han cortado las alas. Por eso, el tema de la memoria histórica siempre se ha visto como algo partidista, las asociaciones de víctimas del terrorismo también, y ahora no me cabe duda de que la pandemia será concebida también desde el partidismo. Por eso no lograremos zanjar ese guerracivilismo entre las personas.

En casos tan graves como este en el que está en juego la supervivencia, debería apartarse a cualquiera que quiera sacar rédito partidista y poder establecer comisiones de la verdad que investiguen qué se ha hecho mal. Porque se han hecho mal muchísimas cosas, pero todo quedará en que el PP dirá que todo lo que hizo el PSOE estaba mal y viceversa. No se pueden hacer distingos y debería investigarse por qué hubo aglomeraciones no ya el día 8 de marzo, sino a partir del día 1: los partidos de fútbol, los centros comerciales, el mitin de Vox… además de las manifestaciones del 8M.

Todos nos hemos visto sorprendidos por la gravedad de la pandemia. Si nos hubiesen dicho hace unos años que íbamos a estar encerrados en casa dos meses, no nos lo habríamos creído, pese a que había expertos y expertas advirtiéndolo desde hace tiempo. Y no se les prestó atención ni desde la Unión Europea, ni desde los gobiernos centrales, autonómicos ni ayuntamientos.

¿Cree que habrá una verdadera investigación sobre esta cuestión?

No. La mejor investigación que conozco en este sentido fue la de ‘las vacas locas’ en el Reino Unido. Se verificó por parte del Parlamento cómo un órgano del Ejecutivo dio instrucciones a los veterinarios para que no contaran las vacas locas que iban muriendo y así no alarmar a la población. El informe final decía literalmente: “Esto jamás debería haber ocurrido”. En España hemos tenido los casos del chapapote, el Yak-42, el metro de Valencia… y jamás hemos tenido una comisión de investigación con rigor científico y que ofreciera resultados. Los partidos políticos evitaron la posibilidad.

En un tuit proponía que nos pusiéramos en el lugar de los que tenían que decidir, desde la Unión Europea, dar dinero para la recuperación a España a unos partidos políticos con precedentes como Filesa, Púnica, Gürtel, Guerra, Palau, Malaya, ERE, Fabra, Roldán, Naseiro, Pujol…

Los partidos políticos estarán ya pensando en ver cómo se llevan parte del dinero que venga de Europa y algunos saldrán respaldados con los votos de la ciudadanía en las siguientes elecciones. La historia nos demuestra que la corrupción les ha hecho perder votos, pero no se les ha sancionado con desaparecer del mapa político ni con devolver lo robado. Eso es algo que me encantaría que cambiara en este país.

Tanto desde el Gobierno como desde determinados medios de comunicación hay una dosificación de la información –por ejemplo, cómo se ha anunciado el confinamiento de quince día en quince días– siguiendo técnicas de propaganda bélica para mantener alta la moral de la población. También sorprende el relato edulcorado de la pandemia, que se ha cobrado la vida ya de más de 25.000 personas, en el que abundan piezas lúdicas sobre lo que ocurre en los balcones, dentro de las casas… Y pareciera que, ante el panorama desolador que se avecina por la crisis económica, una parte de la población se sintiera cómoda con esta autocensura, que prefiere no saber…

Es lo que Kant decía en ¿Qué es la Ilustración?: su famoso «Atrévete a saber». Es un problema de madurez ciudadana que en muchos ámbitos, efectivamente, prefiere no saber. Hay un desprecio hacia el conocimiento, el “Vivan las caenas’ del que no hemos terminado de salir, la diáspora de pensadores en los años 40… No hay país que avance si su ciudadanía prefiere no saber. El no querer saber no puede ser una corriente de pensamiento válida, sino una excepción que admitamos como tal.

Este país tiene un gran problema de educación. Tenemos una serie de generaciones que están saliendo adelante en la educación gracias al esfuerzo del profesorado, que está sin medios y con unos ratios de alumnado altísimos… Pero también los ambientes en los centros empujan al amancebamiento del funcionariado público, en lugar de alimentar la linterna que debería de ser el conocimiento; o esa metodología de los apuntes que, como explica el maestro Emilio Lledó, reduce muchísimo el conocimiento final adquirido por el estudiante… Hay que invertir en educación.

Con esta pandemia hemos visto que ha faltado la ciencia, la sanidad, la educación y la justicia. Los juzgados no han colapsado por la COVID-19, sino que llevan colapsados 20 años porque no se les ha dotado de presupuesto. Y no se ha hecho porque tenemos una clase política corrupta que no tiene ningún interés en que funcionen. El mejor ejemplo es cuando el gobierno de Mariano Rajoy limitó la instrucción de los casos penales a 6 meses. Si en ese plazo no se ha acabado la investigación, se tienen que archivar o seguir sin profundizar en la búsqueda de pruebas. No conozco ningún estudio que recoja cuánta gente ha eludido la justicia gracias a esa reforma.

Y ahora vamos a tener un gravísimo problema porque para que funcione un país la justicia tiene que funcionar. Porque tiene que haber un sistema rápido de resolución de conflictos, sin él estamos dejando un campo abonado para estafadores. Por ejemplo, si una empresa constructora no acaba o entrega defectuosa la vivienda que una persona ha comprado, a la hora de negociar el conflicto, una de las cosas que la parte vendedora va a poner sobre la mesa en la negociación es que, si vas a los juzgados, te vas a tirar cuatro años paralizado. Esto fuerza a pactos injustos. Y así, no hay economía que pueda ir bien.

Fuente: https://www.lamarea.com/2020/05/06/…