Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

ALERTAMOS QUE UNA INTERVENCIÓN IMPERIALISTA ESTÁ EN PROCESO

ACUERDO POR LA VIDA Y LA SALVACIÓN NACIONAL

Alertamos al pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo que el intento de incursión por vía marítima en las playas de Macuto y Chuao, ejecutada por la empresa de mercenarios Silvercorp USA, es una operación encubierta que marca el inicio de una intervención imperialista en proceso promovida por el gobierno de Trump, con el fin de dar un golpe de Estado para imponer un régimen tutelado que sirva a sus intereses, vulnerando el derecho a la autodeterminación de los venezolanos. No se trata de otra intentona golpista fallida más, sino de la puesta en escena de la estrategia de privatización de la guerra aplicada por Washington en otras latitudes y ensayadas en los últimos tiempos en los conflictos de Afganistán, Irak, Libia, Siria y Colombia, a través de la contratación de las empresas mercenarias de la guerra. No es casual que la actividad declarada por dicha empresa ejecutora de la incursión, bautizada como Operación “Gedeón”, es la de formar ejércitos privados de mercenarios paramilitares funcionales a esa estrategia. Tampoco lo es que su director, Jordan Goudreau, sea un ex sargento de primera clase de las fuerzas especiales del ejército estadounidense que sirvió en las guerras de Irak y Afganistán. Y asimismo, los dos estadounidenses que fungieron como asesores e instructores en territorio colombiano del grupo de mercenarios que se enrolaron en la aventura golpista y venían en la expedición, de nombres Luke Denman y Airam Berry, al igual que su jefe también pertenecieron a las fuerzas especiales del ejército de EEUU. Pero lo que quizás revela con mayor claridad y profundidad el alcance y carácter de la Operación “Gedeón”, que vista puntualmente pareciera una acción improvisada y suicida, es el alcance y contenido del contrato de compromiso suscrito por el autoproclamado Juan Guaidó y sus comisionados J.J. Rendón y Sergio Vergara con el director de Silvercorp USA, Jordan Goudreau, tal como evidenciamos a continuación:

1. En cuanto a la calidad de los firmantes del contrato de marras es importante recordar que el poder del autoproclamado Juan Guaidó, se basa en el respaldo que le ha otorgado el gobierno de EEUU y otros países que lo acompañan en su política intervencionista. Por lo tanto, no es probable ni viable ninguna operación de la naturaleza y objetivos planteados, sin que fuese consultada y aprobada previamente por Washington, sencillamente porque los hilos del poder económico, político y militar que lo harían posible se manejan directa o indirectamente desde la Casa Blanca, sin cuya anuencia la firma de ese contrato sería inocuo e irrelevante. Además, Jordan Goudreau requiere de una licencia de Washington para realizar esas actividades como empresa privada de seguridad y defensa (EPSDP) y como individuo. Eso hace que los términos del contrato y su posible ejecución obligatoriamente tengan que definirse y decidirse en Washington y éste sólo tiene sentido en el contexto de la política que viene aplicando el gobierno de Trump hacia Venezuela para lograr un cambio de régimen y la política de la derecha extremista y proimperialista que lidera Guaidó con el respaldo del bloque de partidos del G4, los cuales pareciera que en lugar de rectificar, seguirán respaldándolo como líder de ese sector opositor. Tampoco es creíble el intento de desmarcaje que hicieron Trump y Pompeo de la incursión armada, los cuales una y otra vez han reiterado que “todas las opciones están sobre la mesa”, incluyendo las acciones mercenarias paramilitares encubiertas que comúnmente realiza la CIA y las intervenciones manejadas por contratistas de mercenarios. La Operación “Gedeón” no es un hecho aislado, se inscribe en un proceso que se inició en Cúcuta el 23 de febrero de 2019, después del intento fallido de la incursión terrestre a través de la frontera de un grupo de militares venezolanos desertores, con el apoyo del gobierno colombiano de Iván Duke, el cual luego de ese incidente cobijó la formación de un grupo paramilitar mercenario comandado por el general (r) venezolano Cliver Alcalá Cordones, constituido para cumplir la misión establecida en el contrato en cuestión que ya para entonces estaba firmado. A pesar de que el general Alcalá salió del “proyecto” y que tanto Juan Guaidó como los gobiernos de Colombia y EEUU negaron su vinculación con el contrato, la formación del grupo paramilitar por Silvercorp USA continuó en Colombia hasta que el 3 mayo de 2020 se ejecutó la nueva incursión, pero ésta vez en el contexto de un inusitado despliegue en el Caribe por parte de la armada estadounidense en compañía de la OTAN frente a las costas venezolanas, la movilización de tropas colombianas en la frontera con Venezuela y de la requisitoria violando las leyes internacionales, recompensa incluída, del Departamento de Estado de captura de Nicolás Maduro y altos funcionarios del Estado venezolano acusados de narcotráfico. El objetivo del contrato de Sivercorp USA es exactamente el mismo y en los mismos términos al planteado por EEUU incluyendo la captura o eliminación física del Nicolás Maduro y altos funcionarios del Estado.

2. Aún cuando Juan Guaidó afirmó que no suscribió el contrato ni tuvo nada que ver con la Operación ´Gedeón”, fue su propio “comisionado presidencial”, J.J. Rendón, quién lo desmiente, al ratificar que el autoproclamado estaba en conocimiento del contenido del mismo, lo que significa que actuó con el aval de su Jefe, entre otras razones, porque de lo contrario no habría podido adquirir una obligación financiera de 212.9 millones de dólares respaldada dolosamente con dinero de la república puesto en sus manos por Donald Trump, sin los cuales el contrato perdería sentido. Independientemente de que Guaidó no estuviese de acuerdo con la incursión mercenaria golpista, de todos modos, tampoco la ha condenado como medio para sacar a Maduro de Miraflores porque persiste en la ruta de la violencia y el golpe de Estado para hacerse del poder con el apoyo del gobierno de Trump, una ruta ya ensayada en las intentonas fallidas del 23F y 30A de 2019 en los cuales él fue protagonista principal y objetivamente fortalecieron al gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Esa acción aparentemente anárquica y suicida como la han calificado algunos, independientemente de que haya sido infiltrada por el gobierno de Maduro, como se ha especulado luego de lo dicho en ese sentido por el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se la atribuyó la empresa mercenaria Silvercorp USA por boca de su representante, Jordan Goudreau y es eso lo que la vincula con el contrato. En éste punto surgen algunas interrogantes claves. ¿Por qué Goudreau siguió adelante con la Operación “Gedeón” a pesar de que supuestamente no recibió el pago del contratante previsto por el contrato? Si no recibió el pago de los 1.5 millones de dólares iniciales previstos en el contrato sino apenas solo 50.000 dólares que le proporcionó el representante de Guaidó, J.J. Rendón ¿quién financió el resto de la operación? ¿Por qué si Colombia no respaldó la operación “Gedeón” permitió la organización y activación en su territorio del grupo paramilitar mercenario que la llevó a cabo? ¿Por qué, si el gobierno de EEUU no apoyó ni estaba en conocimiento de la Operación “Gedeón”, permitió que la EPSD Silvercop USA, con sede en su territorio y dirigida por un exfuncionario de su ejército, ejecutara la misma? ¿Era ésta una operación aislada o forma parte de un plan de mayor alcance todavía en desarrollo? Éstas dudas se aclaran en buena medida al leer el contrato y analizar el contexto en el cual se produce la Operación “Gedeón”. De tal manera que no sería descabellado presumir que las incursiones paramilitares por las playas de Macuto y Chuao, forman parte del plan estratégico contenido en el contrato en desarrollo, que cuenta con el respaldo de los gobiernos de EEUU y sus aliados de la OTAN, Colombia y Brasil, y marcan el inicio de un proceso de infiltración territorial de contingentes de mercenarios paramilitares con el propósito de enfrentar a las “fuerzas militares ilegítimas del régimen”, como denominan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) calificada como el enemigo a vencer. Esta modalidad de intervención militar se distancia por ahora de la tradicional invasión de los marines y se aproxima al modelo sirio, siendo ésta una de las opciones que tiene Trump y su pupilo Guaidó, no precisamente encima sino debajo de la mesa.

3. La responsabilidad de Juan Guaidó ha quedado al descubierto en el contenido y estructura del contrato, en el que está la impronta del “estatuto de la transición” aprobado en 2019 bajo su liderazgo por la Asamblea Nacional (AN), la cual autoinvestida de un carácter supuestamente “supraconstitucional” írrito, le asignó poderes dictatoriales a una futura junta de gobierno presidida por él, una vez que se produjese el derrocamiento del régimen, facultada para autorizar la presencia en el territorio nacional de fuerzas militares y cuerpos de seguridad extranjeros, “legitimadas” a través del famoso contrato. De hecho, el “estatuto de transición” es el marco jurídico que supuestamente le da “legitimidad” y garantía a la contraparte “privada” del cumplimiento del contrato, omitiendo por completo la referencia a la Constitución la cual se supone derogada por dicho estatuto, violando el artículo 333 de la misma en el cual se señala que “no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella”. Además, quien fue jefe de estrategia y “comisionado presidencial” de Guaidó para estudiar las distintas “opciones” que permitirían lograr el derrocamiento del régimen, reconoció que en efecto había firmado el contrato, pero que ésta era una decisión “preliminar”, lo cual a primera vista luce falso, toda vez que todo contrato se perfecciona al firmarlo por las partes cuando hay acuerdo pleno de su contenido.

4. Por tratarse de una operación encubierta en desarrollo, cuyo alcance supone el derrocamiento del gobierno y el sometimiento de las fuerzas armadas y policiales venezolanas, poseedoras de un capacidad militar muy superior al pequeño grupo de mercenarios protagonistas de la Operación “Gedeón” y, dado que el plan estratégico implícito en el contrato cuya vigencia de 495 días se mantiene aún cuando no se logre en lo inmediato el “objetivo” de derrocar el régimen y capturar o asesinar a Nicolás Maduro y los altos funcionarios del Estado señalados por Washington, pareciera que estamos en presencia de una intervención imperialista en desarrollo con el apoyo del sector extremista opositor que dirige Guaidó y sus aliados del G4. En ésta intervención se podría combinar el actual despliegue naval frente a las costas venezolanas de la armada de EEUU y sus aliados europeos, la movilización de tropas en las fronteras colombianas, brasileñas y guyanesas, con la posible implantación en el territorio de “focos” y “células” de paramilitares, cuya deriva podría conducir a una guerra civil con participación internacional, en el contexto de la pandemia del coronavirus y la emergencia social compleja que mantiene a la mayor parte de la población en condiciones de precariedad y miseria, producto de la pésima y aberrante gestión del gobierno de Maduro agravada por las sanciones de EEUU. En éste escenario se precipitaría una catástrofe humanitaria de dimensiones bíblicas, además de la posible amputación del territorio nacional y la entrega del territorio a fuerzas extranjeras, que podría desembocar en la desaparición del Estado-Nación venezolano.

5. La estructura del contrato sigue el patrón establecido por la administración estadounidense para la contrata de empresas de mercenarios, lo cual es indispensable para que éstas puedan contratar con licencia del órgano regulador estadounidense y por ende, contener un compromiso de la dimensión que significa el derrocamiento de un gobierno extranjero haciendo uso de la violencia armada, violando el derecho internacional. Eso explica por qué en el contrato se le otorga a Silvercorp USA y a su contingente de mercenarios un trato similar al que tienen los miembros de las fuerzas militares estadounidenses establecidas en misiones militares en otros países, como ocurre en el caso de Colombia. Entre otros privilegios se concede: a) El derecho principal de ejercer jurisdicción sobre su personal, en los asuntos que tienen lugar dentro de la instalación y las áreas acordadas y durante el servicio fuera de las instalaciones y áreas acordadas, de manera que luego que un miembro de la empresa es arrestado o detenido por las autoridades venezolanas, las “autoridades” de la Silvercorp USA deben ser informadas inmediatamente y el detenido debe ser entregado dentro de las 24 horas; b) El derecho de los miembros de la empresa a entrar y salir de Venezuela a través de las instalaciones y áreas acordadas y su personal no estará obligado a presentar nada más que su identificación, lo que significa que el Estado venezolano cede el control de la entrada y salida de los mercenarios del territorio nacional; c) Derecho a construir y administrar actividades y entidades dentro de las instalaciones y “áreas acordadas” a través de las cuales presta sus servicios al Estado venezolano, lo que significaría cederle un espacio territorial bajo su jurisdicción y control exclusivo; d) Se le da a Silvercorp USA la autoridad de aprobación para atacar a grupos calificados de “terroristas” y para enfrentar manifestaciones se le autoriza la utilización de “tasers” y armas de fuego; e) En los anexos del contrato se reglamenta el uso de la violencia y del poder de las armas en un escenario de guerra y control de la población civil, dándole a la empresa mercenaria un papel fundamental en la organización, dirección, inteligencia y ejecución de las operaciones tácticas y estratégicas, asumiendo el rol de las fuerzas militares y policiales venezolanas, de hecho se le asigna la misión de apoyar la seguridad y defensa de la nación en los términos siguientes : “Con el fin de apoyar la seguridad y la estabilidad en Venezuela y contribuir al establecimiento de la paz y la estabilidad internacionales, ambas partes buscan activamente fortalecer las capacidades políticas y militares de la República de Venezuela y permitir que Venezuela disuada de los peligros que amenazan su soberanía e independencia política, la unidad de su tierra y su sistema constitucional federal democrático”; f) Según el contrato, los mercenarios de Silvercorp USA también tendrían el derecho de poseer y portar armas y usar uniformes oficiales ; g) Los mercenarios en funciones gozarán de inmunidad en sus funciones porque quedan liberados de cualquier reclamo o demanda que en contra de ellos y de cualquier miembro de la empresa, realicen ciudadanos venezolanos por daños patrimoniales, lesiones corporales, personales, enfermedad o muerte. Además, según el contrato, Venezuela se compromete a defender e indemnizarlos en esas circunstancias; g) Sobre el “botín de guerra” recuperado resultante de las operaciones militares desarrolladas por el “grupo de tarea” durante la vigencia el contrato (495 días) constituido por activos u objetos de valor incluyendo oro, dinero en efectivo o en cuentas bancarias, objetos de arte, vehículos y bienes raíces entre otros, la empresa EPSD Silvercorp USA Inc recibiría la bicoca del 14 % de todo lo obtenido; h) A los efectos del contrato, las diferencias y disputas se resolverán mediante arbitraje en instancias jurisdiccionales internacionales, renunciando a la inmunidad de jurisdicción consagrada en la constitución nacional; i) “Si se presentan demandas civiles, federales o estatales en “Venezuela o Estados Unidos contra Silvercorp USA mc, la Administración venezolana financiará el costo total de la defensa legal para Silvercorp USA Inc y asumirá la responsabilidad financiera en caso de que Silvercorp USA sea declarado inocente”

Con base en éstas consideraciones alertamos a la comunidad nacional e internacional que el gobiernos de EEUU, con el concurso de sus aliados europeos, del gobierno colombiano de Iván Duque y del brasileño de Jair Bolsonaro, apoyándose en el apátrida Juan Guaidó y sus aliados internos, adelanta una intervención imperialista para instalar en el poder a un gobierno bajo su tutela, violentando el derecho de los venezolanos a la autodeterminación y empujando a Venezuela hacia el caos, la destrucción y una guerra civil con participación internacional. El gobierno de Trump, dentro de las opciones que tiene sobre la mesa para lograr su propósito, decidió aplicar el modelo en el cual se combina además de sanciones económico criminales, el despliegue de fuerzas militares estratégicas con fuerzas mercenarias, detrás de las cuales están las empresas de la guerra, las que se lucran de la muerte y el sufrimiento de los pueblos que defienden su derecho a existir y decidir su destino. El “estatuto de transición” aprobado por la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó en 2019 y su correlato, el contrato mercenario que suscribió con Silvercorp USA, son estereotipos de la doctrina imperialista recolonizadora del siglo XXI que tiene como estrategia la destrucción del multilateralismo, la guerra permanente como medio de dominio y de acumulación de capital, para consolidar el ejercicio de un gobierno corporativo global, forzando la mutación del estado-nación soberano a protectorado colonial globalizado.

El gobierno autoritario, corrupto e incapaz de Nicolás Maduro, victimizado por la ofensiva imperialista y los fracasos sucesivos de las intentos golpista adelantados por la derecha extremista que lidera el pupilo de Trump, Juan Guaidó, incluyendo la operación mercenaria paramilitar “Gedeón” concebida para demoler la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conserva el respaldo de éstas más allá de la persistencia de brotes de descontento en su interior. Eso le permite darle mayor sustento al relato oficial que coloca el origen de la crisis en las sanciones económicas y el acoso del imperio. A estos se suma el aprovechamiento de la desmovilización provocada por las medidas de contención de la pandemia, la cuarentena y el aislamiento social, para intentar contener la protesta social derivada de la masificación de la pobreza, la desnutrición, los salarios miserables, el colapso de los servicios esenciales y la parálisis económica, a la que se agrega la carencia de gasolina como detonante de una emergencia social explosiva. Por otra parte, aprovecha la coyuntura de la amenaza imperialista y las restricciones de movilidad de la pandemia bajo el paraguas del “estado de excepción” y el “estado de alarma”, para declarar “toques de queda”, perseguir a los adversarios, criminalizar la protesta social y la defensa de los derechos humanos, tal como ocurrió en el caso de la organización defensora de los derechos humanos, PROVEA, con la cual nos solidarizamos.

A la crisis económica recesiva e hiperinflacionaria a la cual llevó el país el gobierno autoritario de Maduro, agudizada por las sanciones de EEUU y profundizada por la paralización de la actividad productiva y comercial sobrevenida por la pandemia, se agrega ahora la amenaza real de una intervención imperialista en proceso de ejecución, la cual podría conducir al país a una confrontación bélica que devendría en catástrofe humanitaria sin precedentes e incluso a la amputación de territorio nacional. Ante éste escenario pavoroso lo que podría salvar la Nación es el encuentro entre los venezolanos, más allá de nuestras diferencias, para impulsar un diálogo social y político incluyente enfocado en la construcción de un acuerdo humanitario por la vida para enfrentar la pandemia del coronavirus y sus secuelas. Ese diálogo debe llevar a una negociación entre actores políticos y sociales, entre el gobierno y la oposición democrática, asumiendo a plenitud el derecho irrenunciable de los venezolanos a decidir nuestros asuntos, rechazando cualquier injerencia e intervención externa venga de donde venga, que nos permita restablecer la institucionalidad perdida en el marco de la Constitución y unificar esfuerzos entre todos los sectores de la vida nacional, para adelantar un plan de salvación nacional que nos permita enfrentar la pandemia y sus secuelas, con el fin de salir de la emergencia social compleja en las que se está hundiendo la sociedad venezolana.

ACUERDO HUMANITARIO PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA Y SUS SECUELAS!!!

DESLINDE DE LA DERECHA EXTREMISTA TUTELADA POR EL IMPERIALISMO!!!

UNIDAD DE LA OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA PARA SALVAR LA PATRIA!!!

NO A LA REPRESIÓN DEL GOBIERNO DE MADURO A LAS PROTESTAS SOCIALES !!!

Santiago Arconada       Juan García       Edgardo Lander       Roberto López

Gustavo Márquez Marín   Oly Millán   Esteban Mosonyi   Héctor Navarro    Ana E. Osorio