La Stasi, el servicio de seguridad del Estado de Alemania Oriental, puede haber sido una de las agencias de policía secreta más intrusivas que hayan existido. Era infame por su capacidad para monitorear individuos y controlar los flujos de información. Para 1989, tenía casi 100 mil empleados corrientes y, según algunas cuentas, entre 500 mil y dos millones de informantes en un país con una población de aproximadamente 16 millones. El tamaño de su mano de obra y sus recursos le permitieron permear la sociedad y controlar prácticamente todos los aspectos de la vida de los ciudadanos de Alemania Oriental. Miles de agentes interceptaban teléfonos, infiltraban movimientos políticos clandestinos e informaban sobre relaciones personales y familiares. Los oficiales incluso se posicionaron en las oficinas de correos para abrir cartas y paquetes que ingresaban de países no comunistas o se dirigían a ellos. Durante décadas, la Stasi fue un modelo de cómo un régimen autoritario altamente capaz usaba la represión para mantener el control.

A raíz del aparente triunfo de la democracia liberal pasada la Guerra Fría, los Estados policiales de este tipo ya no parecían viables. Las normas globales sobre lo que constituía un régimen legítimo habían cambiado. A comienzos del milenio, las nuevas tecnologías, como internet y los teléfonos celulares, prometieron empoderar a los ciudadanos. Permitieron a las personas un mayor acceso a la información, establecieron nuevas conexiones y construyeron nuevas comunidades.

Pero pensar con el deseo en un futuro más democrático resultó ingenuo. Ahora las nuevas tecnologías ofrecen a los gobernantes métodos innovadores para preservar el poder, que de muchas maneras rivalizan con las tácticas de la Stasi, si no es que las superan. La vigilancia impulsada por inteligencia artificial (IA), por ejemplo, habilita a los déspotas para automatizar el monitoreo y el seguimiento de la oposición de manera mucho menos invasiva que la vigilancia tradicional. Estas herramientas digitales no solo permiten que la red de los regímenes autoritarios sea más amplia que cuando dependía de los humanos; también se usan muchos menos recursos: nadie tiene que pagarle a un software para que monitoree los mensajes de texto de las personas, lea sus publicaciones en las redes sociales o rastree sus movimientos. Y una vez que los ciudadanos asimilan que todo eso está sucediendo, alteran su comportamiento sin que el régimen tenga que recurrir a la represión física.

Esta alarmante imagen contrasta con el optimismo que originalmente acompañó a la difusión de internet, las redes sociales y otras nuevas tecnologías que surgieron a partir de 2000. Tal esperanza alcanzó su punto máximo a principios de la década de 2010 cuando las redes sociales facilitaron el derrocamiento de cuatro de los dictadores más antiguos del mundo, en Egipto, Libia, Túnez y Yemen. Según el argumento prevalente entonces, en un mundo de acceso ilimitado a la información y de individuos empoderados por la tecnología los autócratas ya no podían mantener la concentración de poder de la que dependían sus sistemas. Hoy está claro, sin embargo, que la tecnología no necesariamente favorece a quienes buscan hacer oír su voz o enfrentar los regímenes represivos. Ante la creciente presión y miedo hacia su propia gente, los regímenes autoritarios están evolucionando. Usan la tecnología con el fin de remodelar el autoritarismo para la era actual.

Con China a la cabeza, las autocracias digitales de hoy utilizan tecnología (internet, redes sociales, IA) para potenciar las viejas tácticas de supervivencia autoritaria. Están aprovechando un nuevo arsenal de herramientas digitales para contrarrestar lo que ha surgido como la amenaza más importante para el típico régimen autoritario actual: la fuerza física y humana de las protestas masivas. Como resultado, las autocracias digitales se han vuelto mucho más duraderas que sus predecesoras pretecnológicas y sus pares de menores conocimientos tecnológicos. A diferencia de lo que los optimistas tecnológicos en los albores del milenio imaginaban, las autocracias se están beneficiando de internet y otras nuevas tecnologías, sin ser víctimas de ellas.

 

EL ESPECTRO DE LA PROTESTA

La era digital cambió el contexto en el que operan los regímenes autoritarios. Las nuevas tecnologías, tales como internet y las redes sociales, redujeron las barreras a la coordinación, lo que les facilita a los ciudadanos comunes movilizarse y desafiar a los gobiernos que no responden y son represivos. Los datos del Mass Mobilization Project (Proyecto de Movilización Masiva), compilados por los politólogos David Clark y Patrick Regan, y el conjunto de datos sobre regímenes autocráticos que dos de nosotros (Erica Frantz y Joseph Wright) ayudamos a construir, revelan que entre 2000 y 2017 el 60% de todas las dictaduras enfrentaron al menos una protesta antigubernamental de 50 participantes o más. Aunque muchas de estas manifestaciones fueron minúsculas y representaron una amenaza pequeña para el régimen, su gran frecuencia subraya los continuos disturbios que enfrentan muchos gobiernos autoritarios.

Muchos de estos movimientos están logrando la caída de regímenes autoritarios. Entre 2000 y 2017, las protestas desmantelaron diez autocracias, o el 23% de los 44 regímenes autoritarios que cayeron durante el período. Otros 19 perdieron el poder a través de elecciones. Y aunque los regímenes derrocados por elecciones fueron casi el doble que los derrocados por protestas, muchas de las elecciones vinieron después de campañas de protesta masiva.

El aumento de las protestas marca un cambio significativo en la política autoritaria. Históricamente, eran los golpes de Estado de las élites militares los que representaban la mayor amenaza para las dictaduras. Entre 1946 y 2000, los golpes de Estado tumbaron aproximadamente a un tercio de los 198 regímenes autoritarios que cayeron en ese período. Las protestas desmantelaron muchos menos, alrededor del 16% de ese total. Avancemos rápidamente a este siglo, y emerge una realidad diferente: los golpes de Estado derrocaron alrededor del 9% de las dictaduras que cayeron entre 2001 y 2017, mientras que los movimientos de masas llevaron a la caída del doble de ellos. Además de acabar con los regímenes en la Primavera Árabe, las protestas tumbaron dictaduras en Burkina Faso, Georgia y Kirguistán. Las protestas se han convertido en el desafío más serio que enfrentan los regímenes autoritarios del siglo XXI.

La creciente amenaza de protestas no elude a los autócratas de hoy. En el pasado, cuando temían golpes de Estado, la mayoría de esos líderes confiaban en tácticas “antigolpe”, como sobrepagar a los servicios de seguridad para ganar su lealtad o rotar a las élites en las posiciones de poder para que nadie pudiera desarrollar una base de apoyo independiente. Sin embargo, a medida que aumentaron las protestas, los regímenes autoritarios adaptaron sus tácticas de supervivencia para centrarse en mitigar la amenaza de la movilización masiva. Los datos recopilados por Freedom House revelan que desde 2000 el número de restricciones a las libertades políticas y civiles a nivel mundial ha aumentado. Una gran parte de este aumento se ha producido en países autoritarios, donde los líderes imponen restricciones a las libertades políticas y civiles para que sea más difícil que los ciudadanos se organicen y agiten contra el Estado.

Más allá de reducir el espacio para la sociedad civil, los Estados autoritarios también están aprendiendo a usar herramientas digitales para sofocar la disidencia. Aunque la tecnología ha facilitado las protestas, los actuales regímenes autoritarios con conocimientos digitales están utilizando algunas de las mismas innovaciones tecnológicas para hacer frente a las peligrosas movilizaciones populares.

 

FORMAS DE CONTROL

Nuestro análisis, que utiliza datos del programa Varieties of Democracy (cubre 202 países) y del Proyecto de Movilización Masiva, muestra que las autocracias que recurren a la represión digital enfrentan un menor riesgo de protestas que los regímenes autocráticos que no emplean estas mismas herramientas. La represión digital no solo disminuye la probabilidad de que se produzca una protesta, sino de que un gobierno se enfrente a grandes esfuerzos de movilización sostenida, como las protestas de los “camisas rojas” en Tailandia en 2010 o las protestas anti-Mubarak y antimilitaristas en Egipto en 2011. El ejemplo de Camboya ilustra cómo pueden desarrollarse estas dinámicas.

El gobierno del primer ministro Hun Sen, quien ha estado en el cargo desde 1985, ha adoptado métodos tecnológicos para mantener el poder. Bajo el gobierno de Hun Sen, los medios tradicionales han restringido su cubrimiento de la oposición camboyana. En el período previo a las elecciones de julio de 2013, esto llevó a la oposición a depender en gran medida de las herramientas digitales para movilizar a sus seguidores. La elección fue fraudulenta, lo que llevó a miles de ciudadanos a salir a las calles para exigir una nueva votación. Además de emplear la fuerza bruta para sofocar las protestas, el gobierno aumentó su represión digital. Por ejemplo, en agosto de 2013, un proveedor de servicios de internet bloqueó temporalmente a Facebook, y en diciembre de 2013 las autoridades de la provincia de Siem Riep cerraron más de 40 cibercafés. Al año siguiente, el gobierno anunció la creación del Equipo de Guerra Cibernética, encargado de monitorear internet para demarcar las fronteras de la actividad antigubernamental. Un año después, aprobó una ley que le otorga un amplio control sobre la industria de las telecomunicaciones y estableció un órgano que podía suspender los servicios de dichas empresas e incluso despedir a su personal. En parte como resultado de estos pasos, el movimiento de protesta en Camboya fracasó. Según el Proyecto de Movilización Masiva, en 2017 solo hubo una protesta antigubernamental en el país, en comparación con 36 que se presentaron en 2014, cuando el movimiento de oposición estaba en su apogeo.

Las dictaduras aprovechan la tecnología no solo para reprimir las protestas, sino también para endurecer métodos de control más antiguos. Nuestro análisis, basado en el conjunto de datos de Varieties of Democracy, sugiere que las dictaduras que aumentan el uso de la represión digital también tienden a aumentar el uso de formas violentas de represión “en la vida real”, particularmente la tortura y el asesinato de opositores. Esto indica que los líderes autoritarios no reemplazan la represión tradicional por la represión digital. En cambio, al facilitarles identificar la oposición, la represión digital les permite determinar de manera más efectiva a la puerta de quién tienen que golpear o a quién les conviene arrojar en una celda. Esta mayor atención sobre los oponentes reduce la necesidad de recurrir a la represión indiscriminada, que puede desencadenar una reacción popular y deserciones en la élite.

 

EL MODELO CHINO

El avance de la vigilancia impulsada por IA es la evolución más significativa en el autoritarismo digital. Las cámaras de alta resolución, el reconocimiento facial, el malware de espionaje, el análisis automatizado de textos y el procesamiento de grandes cantidades de datos han abierto una amplia gama de nuevos métodos de control ciudadano. Estas tecnologías permiten a los gobiernos monitorear los ciudadanos e identificar los disidentes de manera oportuna y, a veces, incluso preventiva.

Ningún régimen ha explotado el potencial represivo de la IA tan a fondo como el chino. El Partido Comunista de China (PCCH) recolecta una cantidad increíble de datos sobre individuos y empresas: declaraciones de impuestos, extractos bancarios, historiales de compras y antecedentes penales y médicos. El régimen luego usa la IA para analizar esta información y compilar “puntajes de crédito social”, que le permiten establecer los parámetros de comportamiento aceptable y mejorar el control ciudadano. Las personas o empresas consideradas “no confiables” pueden verse excluidas de los beneficios estatales, como alquileres de apartamentos sin necesidad de hacer un depósito, o les pueden prohibir los viajes aéreos y ferroviarios. Aunque el PCCH todavía está perfeccionando este sistema, los avances en el análisis de big data y las tecnologías de toma de decisiones mejorarán la capacidad del régimen para el control predictivo, lo que el gobierno llama “gestión social”.

China también demuestra cómo la represión digital ayuda en la variedad física a gran escala. En Sinkiang, el gobierno chino ha recluido a más de un millón de uigures en campos de “reeducación”. Los que no están en los campamentos están atrapados en ciudades con vecindarios rodeados de puertas equipadas con software de reconocimiento facial. Ese software determina quién puede pasar, quién no y quién será detenido en el acto. China ha recopilado una gran cantidad de datos sobre su población uigur, incluida la información de teléfonos celulares, datos genéticos y sobre prácticas religiosas, que agrega en un intento por evitar acciones consideradas perjudiciales para el orden público o la seguridad nacional.

Las nuevas tecnologías también brindan a los funcionarios chinos un mayor control sobre los miembros del gobierno. Los regímenes autoritarios siempre son vulnerables a las amenazas internas, incluidos golpes de Estado y deserciones de alto nivel. Con las nuevas herramientas digitales, los líderes pueden controlar a los funcionarios, midiendo hasta qué punto favorecen los objetivos del régimen, y eliminar a los de bajo rendimiento que con el tiempo empañarían la percepción pública del régimen. Por ejemplo, la investigación ha demostrado que Beijing evita censurar lo que los ciudadanos publican en Weibo (el equivalente chino de Twitter) sobre la corrupción local, porque esas publicaciones ofrecen al régimen una ventana al desempeño de los funcionarios locales.

Además, el gobierno chino despliega tecnología para perfeccionar sus sistemas de censura. La IA, por ejemplo, puede filtrar cantidades masivas de imágenes y textos, y bloquear contenidos desfavorables para el régimen. A medida que, durante el verano pasado, se cocinó un movimiento de protesta en Hong Kong, por ejemplo, el régimen chino simplemente fortaleció un “Gran Cortafuegos” digital y eliminó casi instantáneamente los contenidos subversivos de internet en la China continental. Incluso si la censura falla y la disidencia crece, las autocracias digitales tienen una línea de defensa adicional: pueden bloquear el acceso de todos los ciudadanos a internet (o a gran parte de la red) para evitar que la oposición se comunique, organice o transmita sus mensajes. En Irán, por ejemplo, el gobierno apagó con éxito el servicio de internet en todo el país en medio de protestas generalizadas en noviembre pasado.

Aunque China es el líder en la represión digital, las autocracias de todo tipo buscan seguir el ejemplo. El gobierno ruso, por ejemplo, está tomando medidas para controlar la relativa libertad de sus ciudadanos en línea mediante la incorporación de elementos del “Gran Cortafuegos” de China, lo que permite al Kremlin desconectar el internet local del global. Del mismo modo, Freedom House informó en 2018 que varios países estaban tratando de emular el modelo chino de censura extensa y vigilancia automatizada. Numerosos funcionarios de autocracias del África han ido a China para participar en sesiones de capacitación en “gestión del ciberespacio”, donde aprenden métodos de control.

 

EL GUANTE DE TERCIOPELO

Las tecnologías actuales no solo facilitan que los gobiernos repriman a los críticos; también facilitan la cooptación. La integración tecnológica entre agencias gubernamentales permite que el régimen chino controle con mayor precisión el acceso a los servicios del gobierno, de modo que pueda calibrar la distribución o la negación de todo, desde pases de autobús y pasaportes hasta trabajos y acceso a la educación. El naciente sistema de crédito social en China tiene el efecto de castigar a los críticos del régimen y recompensar la lealtad. Los ciudadanos con buenos puntajes de crédito social obtienen una gama de beneficios, que incluyen solicitudes expeditas de viajes al extranjero, facturas de energía con descuento y auditorías menos frecuentes. De esta manera, las nuevas tecnologías ayudan a los regímenes autoritarios a ajustar su uso de la recompensa y el rechazo, borrando la línea entre la cooptación y el control coercitivo.

Las dictaduras también pueden usar las nuevas tecnologías para dar forma a la percepción pública del régimen y su legitimidad. Las cuentas automatizadas (o bots) en las redes sociales amplifican las campañas de influencia y producen una serie de publicaciones distractoras o engañosas que desplazan los mensajes de los oponentes. Esta es un área en la que Rusia ha jugado un papel principal. El Kremlin inunda internet con historias favorables al régimen, distrae a los usuarios en línea de las noticias negativas y crea confusión e incertidumbre a través de la difusión de narrativas alternativas.

Es probable que tecnologías en desarrollo como las llamadas microtargeting y deepfakes, falsificaciones digitales imposibles de distinguir de imágenes, video o audio auténticos, aumenten aún más la capacidad de los regímenes autoritarios para manipular las percepciones de sus ciudadanos. El microtargeting eventualmente permitirá que las autocracias adapten el contenido a individuos o segmentos específicos de la sociedad, así como el mundo comercial usa características demográficas y de comportamiento para personalizar sus anuncios. Los algoritmos impulsados ??por IA permitirán que las autocracias logren microenfocar a las personas con información que refuerce su apoyo al régimen o busque contrarrestar fuentes específicas de descontento. Del mismo modo, la producción de deepfakes facilitará desacreditar a los líderes de la oposición y hará cada vez más difícil para el público saber qué es real, sembrando dudas, confusión y apatía.

Las herramientas digitales podrían incluso ayudar a los regímenes a parecer menos represivos y más receptivos a sus ciudadanos. En algunos casos, han implementado nuevas tecnologías para imitar componentes de la democracia, como la participación y la deliberación. Algunos funcionarios chinos locales, por ejemplo, utilizan internet y las redes sociales para permitir que los ciudadanos expresen sus opiniones en encuestas en línea o a través de otros canales participativos digitales. Un estudio de 2014, realizado por el politólogo Rory Truex, sugirió que dicha participación en línea mejoró la percepción pública del PCCH entre los ciudadanos menos educados. Los sitios de consulta del régimen, como el portal que denominaron Usted propone mi opinión, hacen sentir a los ciudadanos que sus voces son importantes sin que el régimen tenga que plantear una reforma genuina. Al emular elementos de la democracia, las dictaduras pueden mejorar su atractivo para los ciudadanos y reducir la presión de abajo hacia arriba que busca el cambio.

 

AUTOCRACIAS

DIGITALES PERDURABLES

A medida que las autocracias han aprendido a cooptar las nuevas tecnologías, se han convertido en una amenaza más formidable para la democracia. En particular, las dictaduras de hoy se han vuelto más duraderas. Entre 1946 y 2000, el año en que las herramientas digitales comenzaron a proliferar, la dictadura típica gobernó durante unos diez años. A partir de 2000, este número se ha más que duplicado a casi 25 años.

Aparentemente, la creciente ola tecnológica ha beneficiado a todas las dictaduras, al punto de que, según nuestro propio análisis empírico, los regímenes autoritarios que dependen más de la represión digital se encuentran entre los más duraderos. Entre 2000 y 2017, de las 91 dictaduras que habían durado más de un año, 37 colapsaron; aquellos regímenes que evitaron el colapso tuvieron niveles significativamente más altos de represión digital, en promedio, que los que cayeron. En lugar de sucumbir a un desafío que parecía devastador para su poder, el surgimiento y la difusión de las nuevas tecnologías les sirvieron a muchas dictaduras para reforzar su dominio.

Aunque las autocracias han dependido durante mucho tiempo de diversos grados de represión para apoyar sus objetivos, la facilidad con que los regímenes autoritarios de hoy pueden adquirir esta capacidad represiva marca una desviación significativa respecto a los Estados policiales del pasado. Desarrollar la efectividad y la capacidad de penetración de la Stasi de Alemania Oriental, por ejemplo, no era algo que se pudiera lograr de la noche a la mañana. El régimen tuvo que cultivar la lealtad de miles de cuadros, entrenarlos y prepararlos para participar en la vigilancia dentro del terreno. La mayoría de las dictaduras simplemente no tienen la capacidad de crear una operación tan vasta. Según algunas cuentas, en Alemania Oriental había un espía por cada 66 ciudadanos. La proporción en la mayoría de las dictaduras contemporáneas (para las cuales hay datos) palidece en comparación. Es cierto que en Corea del Norte, posiblemente el Estado policial más represivo actualmente en el poder, la proporción de personal de seguridad interna e informantes por ciudadano es de 1 a 40, pero fue de 1 a 5.090 en Irak bajo Sadam Husein y de 1 a 10.000 en Chad bajo Hissène Habré. Sin embargo, en la era digital las dictaduras no necesitan convocar una inmensa mano de obra para vigilar y monitorear a sus ciudadanos de manera efectiva.

En contraste, los regímenes aspirantes a dictaduras pueden comprar nuevas tecnologías, capacitar a un pequeño grupo de funcionarios sobre cómo usarlas –a menudo con el apoyo de actores externos, como China– y están listos para comenzar. Por ejemplo, Huawei, una firma china de telecomunicaciones respaldada por el Estado, ha desplegado su tecnología de vigilancia digital en más de una docena de regímenes autoritarios. En 2019, surgieron informes de que el gobierno de Uganda la estaba usando para hackear las cuentas de redes sociales y las comunicaciones electrónicas de sus oponentes políticos. Los proveedores de tales tecnologías no siempre residen en países autoritarios. Empresas israelíes e italianas han vendido software de vigilancia digital al régimen de Uganda. Los israelíes han vendido software de espionaje y recopilación de inteligencia a varios regímenes autoritarios en todo el mundo, incluidos Angola, Baréin, Kazajistán, Mozambique y Nicaragua. Y las empresas estadounidenses han exportado tecnología de reconocimiento facial a los gobiernos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

 

UNA PENDIENTE RESBALOSA

A medida que las autocracias duran más, es probable que aumente el número de este tipo de regímenes en cualquier momento, ya que la vigencia de la democracia retrocede en algunos países. Aunque el número de autocracias a nivel mundial no ha aumentado sustancialmente en los últimos años, y más personas que nunca viven en países que celebran elecciones libres y justas, la situación puede estar cambiando. Los datos recopilados por Freedom House muestran por ejemplo que entre 2013 y 2018, aunque hubo tres países que pasaron de ser “parcialmente libres” a “libres” (las islas Salomón, Timor Oriental y Túnez), hubo siete en los que sucedió lo contrario, pasando del estatus de “libres” a “parcialmente libres” (República Dominicana, Hungría, Indonesia, Lesoto, Montenegro, Serbia y Sierra Leona).

El riesgo de que la tecnología inicie una ola de autoritarismo es aún más preocupante porque nuestra investigación empírica indica que, más allá de reforzar las autocracias, las herramientas digitales están asociadas a un mayor riesgo de retroceso en democracias frágiles. Las nuevas tecnologías son particularmente peligrosas para las democracias débiles porque muchas son de uso doble: pueden mejorar la eficiencia del gobierno y proporcionar la capacidad de abordar desafíos, como el crimen y el terrorismo. Pero sin importar las intenciones con que los gobiernos adquieren inicialmente dichas tecnologías, también se pueden usar para silenciar a los oponentes o restringir sus actividades.

Hacer retroceder la propagación del autoritarismo digital requerirá abordar los efectos perjudiciales de las nuevas tecnologías sobre la gobernanza, en autocracias y democracias por igual. Como primer paso, Estados Unidos debe modernizar y ampliar su legislación para ayudar a garantizar que las entidades norteamericanas no permitan abusos contra los derechos humanos. Un informe de diciembre de 2019, del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (donde uno de nosotros es investigador principal), destaca la necesidad de que el Congreso restrinja la exportación de hardware que incorpore tecnologías de identificación biométrica habilitadas para IA, como faciales, de voz y de reconocimiento de marcha. Hay que imponer sanciones adicionales a las empresas y entidades que brindan tecnología de vigilancia, capacitación o equipos a regímenes autoritarios implicados en abusos contra los derechos humanos; y considerar una legislación para evitar que entidades estadounidenses inviertan en compañías que están construyendo herramientas de IA para la represión, como la empresa china de inteligencia artificial SenseTime.

El gobierno estadounidense también debe utilizar la Ley Global Magnitsky, que permite al Departamento del Tesoro sancionar a extranjeros involucrados en abusos contra los derechos humanos y castigar a quienes, impulsados ??por la IA, participan o facilitan abusos contra los derechos humanos. Los funcionarios del PCCH responsables de las atrocidades en Sinkiang son candidatos claros para tales sanciones.

Las agencias gubernamentales estadounidenses y los grupos de la sociedad civil también deberían emprender acciones para mitigar los efectos potencialmente negativos de la difusión de la tecnología de vigilancia, especialmente en las democracias frágiles. El objetivo de este compromiso debe ser fortalecer los marcos políticos y legales que rigen la forma en que son utilizadas las tecnologías de vigilancia y desarrollar la capacidad de la sociedad civil y las organizaciones de vigilancia para controlar los abusos del gobierno.

Lo que tal vez sea más crítico es que Estados Unidos debe asegurarse de liderar la IA y ayudar a configurar las normas globales para su uso de manera coherente con los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Esto significa, ante todo, que los estadounidenses deben hacerlo bien en casa, creando un modelo que la gente de todo el mundo quiera emular. Estados Unidos también debería trabajar en conjunto con democracias de ideas afines para desarrollar un estándar de vigilancia digital, que logre el equilibrio correcto entre la seguridad y el respeto a la privacidad y los derechos humanos. Así mismo, Estados Unidos necesita trabajar en estrecha colaboración con aliados y socios de ideas afines para establecer y hacer cumplir las reglas, incluso mediante la restauración de su liderazgo en instituciones multilaterales como las Naciones Unidas.

La IA y otras innovaciones tecnológicas son muy prometedoras para mejorar la vida cotidiana, pero han fortalecido indiscutiblemente a los regímenes autoritarios. La intensificación de la represión digital en países como China ofrece una visión sombría del control estatal en constante expansión y de la libertad individual cada vez más restringida.

Pero esa no tiene por qué ser la única visión. En el corto plazo, el rápido cambio tecnológico probablemente producirá una dinámica de gato y ratón a medida que los ciudadanos y los gobiernos compitan para sacar ventaja. Si la historia nos sirve de guía, a largo plazo la creatividad y la capacidad de respuesta de las sociedades abiertas permitirán a las democracias navegar de manera más efectiva en esta era de transformación tecnológica. Así como las autocracias de hoy han evolucionado para adoptar nuevas herramientas, también las democracias deben desarrollar nuevas ideas y enfoques, y el liderazgo para garantizar que la promesa de la tecnología en el siglo XXI no se convierta en una maldición.