Todos sabemos que Bolivia atraviesa una inesperada como sui géneris transición democrático electoral que no ha culminado. Por azares de las circunstancias (hay otras diferentes que han hecho presidenta sin ninguna legitimidad a Jeanine Añez), el surgimiento inesperado de la pandemia del Coronavirus ha cortado y abortado (al menos temporalmente) dicho proceso de transición electoral. Es más, ha establecido una especie de tregua que alarga y extiende sin fecha al gobierno y al periodo de transición que debían haber sido muy cortos en el tiempo. Es decir, esta irrupción imprevista que ha pospuesto y cortado aquel periodo de transición; también debía haber dado lugar al establecimiento de un nuevo gobierno, pero sobre todo haber sellado, cerrado y resuelto (afirmativa o negativamente), la larga como tozuda intención del régimen autocrático fugado por prorrogarse anticonstitucional y antidemocráticamente en el poder.

No fue así. La resolución de la controversia y la disputa frente a esa intención quedó trunca, y el enigma persiste en la sociedad. Ello explica la fuerte incertidumbre y el ambiente confrontacional y polarizado que predomina en la sociedad.

Aquella especie de parto abortado ha contraído un problema adicional. Al no haber resuelto y cerrado el ciclo de la transición electoral, no ha establecido un interlocutor legítimo y con el respaldo social indispensable para encarar las tareas de fondo que demanda la sociedad, que exige la atención de la pandemia, y que impone la dinámica de los acontecimientos.

Es como si ante la ausencia de un titular con todas las prerrogativas y obligaciones que le corresponden, sea una suplencia de reserva temporal e ilegítima la que se arrogue tareas y responsabilidades que nadie le ha encomendado.
Si a ello se añade improvisación, corrupción, autoritarismo, la falta de idoneidad, el favorecimiento de intereses de allegados familiares y políticos; entonces la situación se hace insoportable.

Por eso puede explicarse y entenderse mejor la conflictiva como errática reacción ciudadana. La incertidumbre, el descontento, la desobediencia, el desacato y hasta las movilizaciones (suicidas y criminales algunas), que rompen de facto la cuarentena y el aislamiento; son expresiones de todo el mar de fondo que se encuentra detrás.

La inesperada tregua impuesta por la pandemia del Coronavirus al frágil periodo de transición democrático electoral que fue abortado en el mes de noviembre pasado; ahora es rota por el desacato y la inobediencia a la cuarentena sanitaria. Parece que ya ha dejado de importar la salud y evitar el riesgo de contagio que podría desbordar en muerte y colapso de hospitales, para terminar imponiéndose la agenda política y social. Las necesidades y la desesperación de la gente son más fuertes.

Sea por la vía de movilizaciones sociales (algunas manipuladas conspirativa y criminalmente por el masismo aprovechando la extrema vulnerabilidad y las necesidades apremiantes de los sectores populares más empobrecidos), o sea por la vía del rompimiento de la cuarentena que saca a las calles a muchos ciudadanos que ya están provocando aglomeraciones tan peligrosas para la salud y el desborde de la pandemia; lo cierto es que se está produciendo una “normalización” de facto en las actividades, y por tanto también una desobediencia a las disposiciones establecidas.

La imprevista tregua que debería caracterizarse y culminar en la pacificación nacional se ha roto, y lo peor es que lo hace por medio de los rostros extremistas más despreciables: la amenaza autoritaria de disciplinamiento militar/policial que emerge del gobierno transitorio (y algunos despistados que claman porque el gobierno haga uso de la fuerza y gobierne por decretos), la conspiración antidemocrática del masismo que manipula la extrema vulnerabilidad y las necesidades de los sectores más empobrecidos, y la reacción neofascista de una juvenil resistencia racista que también amenaza con desbloquear.

De esa manera el diálogo, la pacificación y el reencuentro entre bolivianos que debían constituir los principales propósitos de la transición, terminan desapareciendo y se convierten en una quimera, para dar paso a la ley de la selva, donde solo se salva el más fuerte… o quién la divina providencia lo permita.

El gobierno transitorio ha contribuido a ello quebrando la ilusión y la esperanza inicial depositada por el pueblo, cuando la confianza para que se reestablezca una forma de gobernar responsable que se atenga a cumplir el preciso mandato otorgado, también ha sido burlado; y nada menos que para dar paso a la ambición de poder, la improvisación, la repartija discrecional de cargos, la corrupción galopante, la ausencia de valores y un descarado favorecimiento a intereses familiares, políticos y empresariales del entorno palaciego. Así, la democracia se desvirtúa y convierte en una especie de trampolín para satisfacer mezquinos intereses de poder.

Rota la confianza y la credibilidad en el gobierno y sus “autoridades”, la gente sale, desacata y se moviliza para resolver sus problemas y urgentes necesidades, porque están persuadidos y perciben que ni el gobierno, ni los candidatos en disputa, o los partidos políticos de oposición están preocupados por los asuntos concretos y específicos que atingen al pueblo, sino más bien en sus propios intereses electorales y de poder. Y a pesar de la dramática vulnerabilidad en que se encuentran y que los convierte en presa fácil de la manipulación conspirativa; descubren que no existe una alternativa independiente y popular, misma que aborde con solvencia sus preocupaciones y todas las deudas históricas acumuladas, abandonadas y traicionadas que los aquejan. Se dan cuenta que la forma cómo se está encarando la crisis, solo reproduce el mismo modelo extractivista y las antiguas prácticas mañosas que siendo la causa y origen de todos sus males, con seguridad, también los profundizarán a futuro.

Como no hay interlocutor ni alternativa confiable con los cuales se pueda encarar la situación, entonces prefieren tomar la iniciativa con sus propias manos; primero intentando resolver los problemas inmediatos, y después esperando abordar aquellos asuntos de fondo que han quedado históricamente acumulados, y que fueron abandonados y traicionados por la impostura de la autocracia fugada.

Tal es la sensación de abandono y desencuentro de prioridades entre el pueblo y quienes quieren o dicen representarlo, que ni siquiera hay una luz de esperanza (o salida) en el ámbito electoral. Sucede que el Poder Electoral (tamaña es su investidura y grado de influencia), también decepciona por su falta de autoridad, independencia y voluntad para definir y encarar las elecciones; pero sobre todo para contribuir a la profundización de la democracia, que significaría avanzar en el establecimiento de un modelo y referente intercultural de democracia previsto constitucionalmente, y que dadas las actuales circunstancias de polarización y enfrentamiento, debería ser la manera más propicia para promover el reencuentro nacional y una verdadera pacificación en la diversidad y la diferencia. Parece que se conforman y prefieren aspirar únicamente a constituirse en una entidad administrativa más dentro del aparato estatal (ojalá como “notables”).

La disputa por el adelantamiento o retraso de las elecciones tampoco es la solución y solo constituye un falso motivo de debate, porque sencillamente delata la ambición de poder y el deseo urgente de recuperar o prorrogarse en el gobierno de los enemigos íntimos en discordia. Por eso no extraña tampoco que entre las propuestas planteadas para hacer frente a la crisis (que además es entendida como si solo se restringiese a las consecuencias y los problemas derivados de la pandemia del coronavirus), se haya planteado la intención de promover (como gran cosa), un acuerdo nacional que defina una agenda de concertación, nada menos que en el momento cuando el gobierno ha perdido todo nivel de credibilidad y confianza, y la ciudadanía está a punto de desacatar y desobedecer masivamente sus erráticas instrucciones. Es como si se tratase de proporcionar un salvavidas a un bote que se hunde (en sus propias mañosas desinteligencias), sin percatarse ni atender al clamoroso auxilio que reclama el pueblo dada su crítica como precaria vulnerabilidad y extremo abandono. Otra vez se produce un volteo de valores por el cual se relega al pueblo y la sociedad, y además se delata esa triste como colonial inclinación que hace creer como si solo el Estado y el poder fuesen los únicos y privilegiados sujetos de atención y salvataje.

El problema de fondo en el país, no es el sistemático apronte conspirativo del MAS contra la democracia, ni el riesgo de desborde o la álgida manera de encarar la emergencia que provoca el Coronavirus, o el cada vez más desacreditado y repudiado gobierno de transición, o la crisis económica que se avecina sigilosamente; sino más bien la acumulación de tareas inconclusas y deudas históricas no resueltas que se expresan y terminan manifestándose en las calles. Y mientras no haya la voluntad política ni la sensibilidad necesaria para apreciarlas y abordarlas en su exacta dimensión, entonces tendremos que asumir el conflicto y la permanente interpelación social, como reacción natural a la desatención asumida.

De no mediar una reacción inmediata que reenfoque prioridades en el gobierno y la oposición electorera, parece claro que el país se conduce nuevamente a que el pueblo resuelva el problema bajo su propia iniciativa.

(*) Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia; Mayo 20 de 2020.