Ejemplos sobran de que la población no enfrenta una pandemia con decretos burocráticos sino mediante la adopción de medidas concretas que apunten directamente a controlar los contagios. Si las instancias centrales del Estado bajaran al llano y coordinaran con las organizaciones de base y con sus propias dependencias que actúan en el terreno, sin duda que se podría potenciar las medidas que estas, basándose en su conocimiento de la realidad, están impulsando para combatir el COVID-19.

 El reciente decreto legislativo N° 1498, impulsado por el Ministerio de Cultura (MINCUL), no solo es insignificante para atender la emergencia creada por el COVID-19 en las comunidades indígenas del país, sino que además contiene medidas equivocadas que demuestran la falta de conocimiento de sus gestores acerca de la realidad nacional. Comenté la norma hace unas semanas cuando aún era un proyecto. Ahora, con algunas modificaciones menores, ha sido aprobado como decreto. Lo hice con la mejor intención, considerando los tiempos difíciles que se viven, para intentar que MINCUL recapacitara, pero veo que fallé en mi intento. No quiero hacer cargamontón, que para esto ya tenemos suficiente con los fujimoristas, pero tampoco considero que callar sea la alternativa.    

Como manera de refrescar algunos de los cuestionamientos que hice al proyecto, elaborado cinco semanas después de la declaración de la cuarentena y aprobado aún dos semanas más tarde, es que la demora lo descalifica como propuesta para atender una emergencia. Imaginemos qué pasaría con un retraso semejante, o incluso menor, por parte de bomberos que deben combatir un incendio. Y vale la comparación del incendio con la pandemia, porque ambos, cuanto más tiempo transcurre, más se fortalecen y son más difíciles de dominar.

Otros dos cuestionamientos fueron, el primero, que ninguna de las disposiciones contenidas en el documento de MINCUL iba al grano, es decir, a determinar medidas concretas para atender a las comunidades, sino que se perdía por las ramas, repitiendo cosas conocidas, como las funciones que le corresponden a los ministerios, o proponiendo otras, como el estudio sobre las causas de la pérdida de las lenguas (¡en medio de una pandemia!); y, el segundo, que no era necesario promulgar un decreto legislativo para cuestiones tan evidentes como suspender los procesos de  consulta en marcha o controlar el ingreso de foráneos a territorios de pueblos aislados, lo que una función de ese ministerio establecida en su Ley Orgánica.. En este caso, las repeticiones sí son una ofensa para quienes aguardan y necesitan que el ministerio actúe con responsabilidad. Ahora sabemos que madereros y mineros ilegales han invadido varios territorios de indígenas aislados a pesar del decreto, porque las medidas que no se ponen en práctica no son más que letra.

Entre las cuestiones que el decreto reitera es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, “en el marco de sus competencias y funciones, se encargan de dirigir y coordinar, según corresponda, las acciones para reforzar las medidas de control y supervisión del tránsito fluvial y terrestre en ámbitos donde habitan pueblos indígenas u originarios, así como de prevenir el ingreso de personas y bienes que pongan en riesgo a estos pueblos”. Así es, se trata de cuestiones que están “en el marco de sus competencias”, ya lo sabemos, pero para qué entonces incluirlas en un nuevo nuevo decreto.

El tema de fondo es otro, y es que, si nos atenemos a los resultados, sabemos que dichos controles, a pesar de estar en el marco de competencias específicas, no son efectivos. Si no cómo se explica el fortalecimiento de carteles de la droga en la zona del VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) o la expansión de los cultivos de coca en la triple frontera (Brasil, Colombia y Perú), en el distrito de Caballococha; cómo se explica la tala ilegal, que alcanza, de acuerdo a los especialistas, el 98 % de la madera que se explota en el país y otras actividades ilegales, como la minería aluvial que destruye bosques, contamina ríos, desaparece paisajes y explota a niños mujeres y adultos.

No ser consciente de esta situación al momento de proponer medidas para el control territorial es expresión de negligencia.

Es evidente además que en el contexto de la actual pandemia las fuerzas policiales y militares no han conseguido controlar el desplazamiento de la población ni en las ciudades, que constituyen lugares más sencillos para vigilar, porque en ellas se concentra el mayor número de efectivos de dichas fuerzas, y que ahí ellas disponen de mejores equipos y cuentan con un escenario que no presenta dificultades para desplazarse. No ser consciente de esta situación al momento de proponer medidas para el control territorial es expresión de negligencia.

Las razones que explican por qué las cosas suceden de esta manera son varias. La principal es falta de motivación del personal de la Policía y el Ejército. En el Perú, distintos gobiernos se han encargado de crear un patriotismo de fantasía, de cantos y manos en el pecho, de valses criollos y cuestiones similares, todas expresiones que no comprometen a las personas con una realidad concreta, con la gente, con el buen manejo de los fondos públicos que deben servir para construir infraestructura que atienda las necesidades de los ciudadanos, con propuestas para mejorar la educación y la atención de su salud, en resumen, para generar condiciones para el desarrollo de la ciudadanía. Es un patriotismo de “saludo a la bandera”, y sorprende que esta frase, acuñada para indicar un acto inútil, desprovisto de contenido, tome como ejemplo la bandera, la misma que se iza todos los domingos en las plazas de las capitales de departamentos, como indicador de amor a la patria. Sorprende sobre todo que esto no haya servido para que los gobiernos recapaciten sobre su significado y corrijan rumbos.

La corrupción es otra de las razones que explican la expansión de la ilegalidad en el país.

La corrupción es otra de las razones que explican la expansión de la ilegalidad en el país. No invento nada, solo me refiero a casos denunciados y publicitados en los medios de comunicación que vinculan a oficiales de la Policía y del Ejército, también a jueces, fiscales y funcionarios públicos, con la corrupción promovida por narcotraficantes, taladores del bosque, mineros ilegales, contrabandistas y otros. En el contexto de la actual pandemia han sido levantados casos de corrupción que comprometen al jefe de una importante dependencia de la policía en La Libertad. También en Lima, Lambayeque, Arequipa y Ayacucho se han formulado denuncias similares que comprometen a altas autoridades de la Policía.

Y el sector privado no se queda atrás con los negociados de balones de oxígeno en Iquitos o las advertencias de la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) para que al Estado no se le ocurra establecer control de precios de las medicinas, ante la escandalosa alza de estos impuesta por el monopolio de las farmacias, alegando que eso sería anticonstitucional, porque en el país rige la ley de la oferta y la demanda. Gruesa mentira esto último porque no ha sido el juego del mercado quien ha establecidos las normas que favorecen a los asociados más poderosos de esa confederación, sino Estado que ellos dominan: exoneración de impuestos a casinos y casas de juego, y a universidades y colegios privados; devoluciones tributarias para la gran minería; y rebajas impositivas para la agroindustria. Todo esto lo han conseguido mediante empresarios que se disfrazan de presidentes y de ministros, y de congresistas que actúan por encargo.

Por último, quiero referirme a las malas condiciones de funcionamiento de muchos puestos policiales y militares que, uno vez más, cumplen con la formalidad de una existencia de fantasía, pero en condiciones que no les permiten desempeñar sus funciones. Sin equipos o con equipos malogrados, o en buen estado de funcionamiento, pero sin combustibles para los vehículos de transporte. Como parte de esta existencia aparente debo mencionar también la desprotección en que muchos de los puestos se encuentran con relación a las fuerzas de la corrupción: dos o tres efectivos mal apertrechados, abandonados a su suerte, en lugares dominados por narcotraficantes bien provistos con armas y otros equipos.

Con lo dicho no estoy proponiendo que haya que retirar a la Policía y el Ejercito del control del territorio, sino que hay que motivar a su personal de otra manera y, mientras tanto, abrir las puertas a una participación real de la población organizada. La efectividad de esta en el control de conflictos quedó demostrada durante la pacificación del país en la década de 1990, cuando la subversión campeaba en el país y militares y policías, o habían abandonado las zonas, o no lograban éxito en sus intentos de controlarla. Organizaciones como el llamado “Ejército Ashaninka” o las rondas campesinas desempeñaron un papel central en dicha pacificación. Pero, como suele suceder, luego fueron ninguneados y los créditos atribuidos a las fuerzas regulares del Estado.

Y en esto también falla el decreto legislativo N° 1498 que si bien señala la necesidad de la coordinación entre el Estado y las organizaciones indígenas en lo concerniente a la “respuesta sanitaria”, no lo hace respecto al tema del control territorial. Por el contrario, el Estado, reafirmándose en su posición autoritaria, ha pasado por encima de los esfuerzos de una iniciativa comunal para controlar el tráfico fluvial en su territorio. Esto sucedió en el río Napo y si bien es cierto que fue antes de la aprobación del decreto legislativo, el hecho de que esta norma no contemple la coordinación con las organizaciones indica que el Estado sigue en lo mismo.

La efectividad del control que ejercen algunas organizaciones indígenas se expresa en el bajo impacto que ha tenido el COVID-19 en sus zonas. Me refiero a continuación a algunos casos que he podido conocer gracias a la información que me han enviado amigas y amigos.

En la zona norte, en la provincia de Datem del Marañón (Loreto), los Achuares asentados en la cuenca del Huitoyacu han cerrado el río e impuesto un control estricto del tránsito. Se han negado a recibir las canastas con alimentos e incluso indicaron que ellos podían cuidar la frontera en su intento de evitar que lleguen soldados contagiados. Acordaron con el médico del puesto de Ullpayacu que la entrega de medicinas se haría en la comunidad kandozi de San Fernando, de donde ellos las recogerían para repartirla en las comunidades. También han cerrado la navegación por el río Huasaga. Los Quechuas han actuado de manera similar en el Pastaza. Cuando alguien evade el control, las comunidades los obligan a cumplir cuarentena, a veces en islas y otras en locales que han acondicionado. Lo mismo han hecho los Kichwas en el Tigre quienes han impuesto un protocolo que hoy la municipalidad debe cumplir: dejar la carga de alimentos (y muchas bolsas con sal para conservar la carne de los animales que cacen y el pescado) en el puerto de las comunidades. Desde ahí, dos o tres autoridades jóvenes la recogen y la llevan al local comunal para distribuirla entre la población. Las bolsas son luego destruidas.

Los Wampis han establecido acuerdos con alcaldes y el personal de los puestos de salud para que las medidas que se tomen sean siempre fruto de coordinaciones con ellos. En varias comunidades de esa zona la gente prepara remedios de plantas, dado que las postas y botiquines comunales están desabastecidos. Saben que no podrán curar a la gente si el virus llega, pero, de ser el caso, no quieren que el virus encuentre personas enfermas. En coordinación con las religiosas radicadas en la comunidad de Wijint han organizado un curso sobre plantas medicinales para los promotores de salud.

Los Harakbut en Madre de Dios han cerrado todas sus comunidades a personas ajenas. Ni siquiera permiten entrar a sus paisanos que viven en ciudades y pueblos de la región por temor a que estén contagiados. Tampoco permiten la entrada de “yernos” mestizos, hombres que se han casado con mujeres harankbut para acceder a la comunidad. La comunidad de San José del Karene ha expulsado a los trabajadores que explotaban oro en el río Pukiri y han confiscado su maquinaria, dando parte a la policía. Los dueños de estos petitorios mineros no pueden acercarse por las restricciones de transporte. Por ahora los Harakbut están en control de esa parte de su territorio. Además, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), las comunidades harakbut han cerrado el acceso a la Reserva Comunal Amarakaeri a toda persona ajena y realizan patrullajes para prevenir cualquier entrada, principalmente de mineros. También otras comunidades de la cuenca del Madre de Dios, incluyendo Queros y Santa Rosa de Huacaria, han cerrado sus fronteras y están controlando el territorio. Se trata de un total de 37 comunidades lideradas por la Federación Nativa de Madre de Dios (Fenamad). Existen hasta ahora dos casos de COVID-19 confirmados mediante pruebas rápidas, ambos en la comunidad yine de Santa Teresita, ubicada en el curso bajo del río de las Piedras. Fenamad coordina con la DIRESA para atender estos casos. Los dos enfermos han sido aislados en la comunidad.

El presidente de la Central Ashaninla del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio, junto con la fiscal Yanet Velasco Castillo, realizaron un viaje acompañando al personal de la Red de Salud de Satipo por las comunidades de la cuenca. En coordinación con las autoridades comunales y el Comité de Autodefensa visitaron la casa de un joven que había fallecido, aparentemente de Covid-19. Las pruebas rápidas hechas a los padres de familia determinaron que no existían contagiados en la comunidad. Las familias están siguiendo la cuarentena aisladas en sus chacras.

No obstante las coordinaciones con la Red de Salud de Satipo y otros actores locales, los dirigentes de CARE son conscientes de que ninguna institución que opera en la cuenca está preparada para un eventual brote del virus en las comunidades y saben que las comunidades están desprotegidas. Dirigentes de CARE han realizado otros viajes a las comunidades con personal de la Red de Salud, para distribuir los protocolos de bioseguridad elaborados conjuntamente y sensibilizar a los comuneros sobre la situación de emergencia.

La decisión de los ashaninkas de aislarse en sus chacras ha sido general, tanto en el Ene, como en el Tambo, en Satipo y el Perené. Por esta razón señalan ellos que no se registran casos de COVID-19. La Central Ashaninka del Río Tambo (CART) convocó una reunión conjunta con la Municipalidad Distrital del Tambo, cuyo alcalde es también ashaninka, los comités de autodefensa y los promotores comunales de salud de la cuenca. La primera medida que adoptaron fue cerrar el ingreso a las comunidades a personas provenientes de la ciudad, incluso tratándose de paisanos, para los cuales determinaron locales donde deberían cumplir la cuarentena. Con este fin, establecieron controles en los puertos y atracaderos de las comunidades. Además, establecieron comunicación, mediante radio o visitas, con todas las comunidades de la cuenca, desde Puerto Ocopa, al inicio del río, hasta Villa Junín, al final de este, a fin de informarlas acerca de la amenaza que significa el virus e indicarles las medidas principales que deben cumplir para evitar los contagios y los protocolos que deben seguir en caso de entrega de víveres.

Los matsés de Angamos, en el río Yavarí, expresaron hace una semana que el virus no había llegado ni a esa localidad ni menos a las comunidades. Los que radican en estas no tienen problemas de alimentación porque cuentan con chacras y animales para cazar, y peces en los ríos. La preocupación ahora es la existencia de unos cien matsés en Iquitos que no pueden regresar a sus comunidades. Existen algunas instituciones que están coordinando para solucionar sus problemas de alojamiento y alimentación.  

Claudio Wampush, alcalde awajun del Distrito de Manseriche, se refiere a las principales medidas que han tomado para hacer frente a la emergencia. La primera es construir locales para aislar a los contagiados y a los que retornan de las ciudades: algunos llegan caminando desde la costa y otros por vía fluvial desde Iquitos. La municipalidad brinda apoyos puntuales a diversas localidades. Al poblado de Borja le ha entregado planchas de calamina y otros insumos, comprometiéndose sus moradores a colaborar con mano de obra. En Acapulco entregaron plásticos y otros materiales En Cerro Unki, en el límite entre Amazonas y Loreto, han determinado construir un local para la cuarentena de los que retornan. Para el abastecimiento de víveres de Saramiriza, la capital del distrito, la municipalidad ha convocado a los transportistas mayoristas y a los bodegueros para instarlos a que lleven productos de primera necesidad, meta que han conseguido y ese centro se encuentra bien abastecido. Los choferes de los camiones pasan por un periodo de cuarentena. Por último, han establecidos mecanismos de control y sistemas de coordinación para solucionar los problemas que inevitablemente se generan entre pobladores y entre estos y transportistas y bodegueros.

Lamentablemente existen también algunos ejemplos dramáticos de contagio que, al menos en el caso del distrito de Trompeteros, en el río Corrientes, se debe a la transgresión del alcalde, Lorenzo Chimborás, de los protocolos establecidos por las comunidades. Hace unas semanas recorrió las comunidades para repartir víveres de casa en casa, lo que en principio no está mal. Sin embargo, lo hizo sin tener cuidado que los tripulantes de la lancha estuvieran sanos. Cuatro de ellos dieron positivo en los análisis de COVID-19 y contagiaron al 90 % de los moradores de la comunidad de Pucacuro, que tiene una población total de 800 personas.

También es dramática la situación de los moradores shipibos de San Francisco de Yarinacocha, localidad cercana a Pucallpa. Se trata de un caso muy especial, porque, a pesar de estar inscrito como comunidad, San Francisco es en realidad un barrio urbano del distrito de Yarinacocha, con población que vive del comercio de artesanías y del desempeño de trabajos en los centros poblados vecinos.

Ejemplos sobran de que la población no enfrenta una pandemia con decretos burocráticos sino mediante la adopción de medidas concretas que apunten directamente a controlar los contagios. Si las instancias centrales del Estado bajaran al llano y coordinaran con las organizaciones de base y con sus propias dependencias que actúan en el terreno, sin duda que se podría potenciar las medidas que estas, basándose en su conocimiento de la realidad, están impulsando para combatir el COVID-19.

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* Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de diversos artículos.