Con la declaración de pandemia COVID-19, el gobierno ecuatoriano instauró un Estado de Excepción, toque de queda y cuarentena obligatoria. Aprovechando la coyuntura, el gobierno de Moreno implementó un agresivo programa de ajuste estructural que busca la reducción del Estado y de las políticas sociales, mientras que utiliza la retórica de la crisis para favorecer a los grandes empresarios, los tenedores de papeles de deuda y los organismos multilaterales.

Hace ya tres años que llegó a la presidencia del Ecuador, Lenin Moreno, luego de un reñido proceso electoral colmado de rumores de fraude y calificado como la “nueva batalla de Stalingrado” por el progresismo latinoamericano. Otrora vicepresidente en el binomio con Rafael Correa, y candidato del movimiento político de la Revolución Ciudadana, Moreno asume el mandato en un escenario de desgaste del correismo, de presencia de la derecha política y de la actuación de organizaciones sociales, populares, de maestrxs, indígenas, movimientos estudiantiles y de mujeres que estuvieron en las calles cuestionando las políticas de modernización capitalista, a pesar de la criminalización de la protesta implementada por el régimen (más de 300 dirigentes acusadxs de sabotaje, terrorismo y rebelión). En esas condiciones, con la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en 2015 y con la caída del precio de las materias primas, el gobierno de Moreno constituyó un gobierno de coaliciones, que definió una estrategia de negociaciones con los actores políticos.

En los años siguientes las marchas continuaron en el país. En el 2018, el despido de trabajadorxs, el anuncio de entrega de más concesiones mineras y las discusiones sobre la despenalización del aborto movilizaron a miles de personas y reactivaron las protestas de distintos sectores. En enero del 2019, la violación grupal a Martha y el feminicidio de Diana Carolina, abrieron nuevamente la presencia masiva en las calles de Quito. En febrero de ese año, Moreno firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, empezaron los fuertes recortes al presupuesto nacional, acompañados de más despidos que afectaban ya al sector de salud, y aumentó la dependencia con el sistema financiero internacional. Si en un inicio la judicialización de las organizaciones no estaba en el centro de la política estatal, con la aplicación del proyecto neoliberal, la represión y las demandas contra dirigentes sociales se reactivaron. Para octubre de 2019, el presidente anunció un paquetazo neoliberal que apuntaba a desmantelar varios derechos laborales así como eliminar el subsidio a los combustibles, principal elemento para disminuir -en una economía dolarizada- los costos de pequeños y medianos productores, transportistas y hogares populares. La reacción fue inmediata, el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Colectivo Unitario y las organizaciones de mujeres convocan a un paro, se sumaron transportistas y el pueblo volvió a las calles durante 12 días. Luego de jornadas enteras de lucha y resistencia donde la  represión y el uso de violencia de la policía nacional dejaron un saldo de 11 muertxs, 1340 heridxs, más de 100 personas perdieron un ojo, y miles de detenidxs y desparecidxs; las lideresas históricas de la CONAIE y la Ecuarunari convocaron a una Asamblea de Mujeres que dio paso a una marcha plurinacional que cambió la dinámica de lucha del paro, y permitió la salida dialogada del conflicto.

El levantamiento indígena y popular obligó al gobierno de Moreno a derogar el decreto y frenar temporalmente el proyecto de ajuste estructural. En los meses siguientes la conformación del Parlamento de los Pueblos y posteriormente el Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas del Ecuador, abrieron caminos de articulación, encuentro y unidad. El 2020 arrancó con acciones convocadas por el Parlamento de Mujeres como el juicio popular a la ministra de gobierno, María Paula Romo, responsable de la represión de octubre; y la marcha del 8 de marzo, día en el que las calles de Quito se llenaron de mujeres, de pueblos y nacionalidades, organizaciones populares, barriales y estudiantiles, colectivos disidentes, movimientos nacionales, espacios antifascistas, maestras, artistas audiovisuales, colectivos de lenguaje de señas que exigían el cese de las políticas neoliberales, la eliminación de la violencia machista, derechos laborales y la redistribución del trabajo de cuidado, así como el retiro de concesiones mineras y petroleras- soberanía de los cuerpos y del territorio.

Sin embargo, una semana más tarde con la declaración de pandemia COVID-19, el gobierno ecuatoriano instauró un Estado de Excepción, toque de queda y cuarentena obligatoria. Aprovechando la coyuntura, el gobierno de Moreno implementó un agresivo programa de ajuste estructural que busca la reducción del Estado y de las políticas sociales, mientras que utiliza la retórica de la crisis para favorecer a los grandes empresarios, los tenedores de papeles de deuda y los organismos multilaterales. Es así que, desde el inicio de la cuarentena, se ha pagado puntualmente la deuda externa con el FMI mientras se mantiene la crisis sanitaria y financiera; paralelamente se anuncia la reducción del presupuesto a la educación superior, se habilitan reformas que legalizan la flexibilización y precarización laboral, así como el uso de recursos de la clase trabajadora para el financiamiento de los intereses privados, y se agudizan los despidos masivos en empresas privadas y en el sector público.

Frente a esto las organizaciones sociales, los y las trabajadores del FUT, las organizaciones del Frente Popular, la Ecuarunari y los pueblos kitu kara y kayambi, las organizaciones estudiantiles y de docentes que defienden la educación, las organizaciones que velan por los derechos humanos y el derecho al buen morir en Guayaquil, las plataformas digitales (Glovers) y el Parlamento de Mujeres hemos regresado a las calles en varias ocasiones. Este 25 de mayo confluimos en la cuarta jornada de movilización nacional en rechazo a las medidas neoliberales, 21 provincias y 22 ciudades protestaron y miles de personas salieron a las calles cumpliendo las medidas de bioseguridad pero al mismo tiempo, recordándole al gobierno que si su política criminal y el pacto con los de arriba continúa, el pueblo organizado se sostendrá en las calles. Ahí estuvimos en primera línea mujeres, estudiantes, trabajadoras, lesbianas, disidencias, maestras, vendedoras ambulantes, jubiladas, indígenas, cuidadoras, médicas, enfermeras, artistas, comunicadoras. Y es que si hay algo que sabemos es que el miedo hay que transitarlo estando juntas. La larga memoria de movilizaciones en Ecuador contra el neoliberalismo y los proyectos conservadores y autoritarios, se hizo presente en este nuevo momento. Quizás ahora en cuarentena, poner el cuidado en el centro, logre ser la base para que el campo popular construya una forma de hacer política, que no jerarquice las luchas, y que permita juntar el sostenimiento de la vida y la presencia transgresora y rebelde en las calles.