Con la declaración de pandemia COVID-19, el gobierno ecuatoriano instauró un Estado de Excepción, toque de queda y cuarentena obligatoria. Aprovechando la coyuntura, el gobierno de Moreno implementó un agresivo programa de ajuste estructural que busca la reducción del Estado y de las políticas sociales, mientras que utiliza la retórica de la crisis para favorecer a los grandes empresarios, los tenedores de papeles de deuda y los organismos multilaterales.