La Unión Europea ha hablado de emitir una respuesta “contundente” ante lo que considera los derechos y libertades amenazados por el despliegue de miles de policías chinos en Hong Kong destinado a sofocar un movimiento de protestas que ha resurgido en los últimos días. La movilización en la isla, provocada inicialmente por una reglamentación que prohíbe “reírse” del himno chino, se enmarca en el contexto más amplio de una ley de Seguridad Nacional que se superpondrá a las leyes específicas de la isla y que está planteada para perseguir el secesionismo, el terrorismo y la subversión. 

Pero el mensaje de la UE, emitido por su comisario de política exterior, Josep Borrell, se produce también en mitad de un desencuentro global con China. La potencia ha mostrado los dientes a distintos países durante la crisis del covid-19. Sea por un movimiento defensivo ante las críticas de los medios occidentales sobre su responsabilidad en la difusión del virus o por una nueva estrategia global, la escalada de la tensión en Hong Kong está siendo utilizada por Estados Unidos y sus aliados para atacar a China.

Se sabe, porque lo ha dicho la policía china, que ya hay cientos de detenidos por “asamblea ilegal” y que se han disparado gases pimienta para sofocar las protestas. También que los principales medios occidentales están haciendo un seguimiento importante del conflicto, en cuanto la crisis gravita también sobre la guerra comercial —y en la disputa sobre la hegemonía mundial— que enfrenta a la administración de Donald Trump y al régimen chino de Xi Jinping. Una guerra exacerbada a raíz del covid-19 en la que los aranceles son solo un instrumento ya que, como explican Rubén Martínez e Isidro López en Ctxt, se trata de un conflicto entre distintos modelos de proteccionismo ante la crisis de los mercados financieros abierta desde 2008.

Por más que no se hayan salido del tono frío y burocrático habitual, las protestas de Borrell sobre las “reglas del orden internacional” contrastan con el silencio de la UE ante lo que pasa en otros países como Filipinas, donde el presidente Rodrigo Duterte ha instado a las fuerzas armadas y la policía a “disparar a matar” a quienes no cumplan con la cuarentena estricta impuesta desde el 17 de marzo. Tampoco se espera que la Unión Europea emita ninguna respuesta sobre la garantía de derechos y libertades en Estados Unidos, un país que en los últimos cuatro años ha emitido hasta 116 leyes “antiprotestas”, según un informe de PEN America.

La tensión en Hong Kong es también un pretexto para que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, haya amenazado con presentar en las próximas horas nuevas sanciones contra China

 

En cualquier caso, las protestas son, por el momento, el principal reto del Partido Comunista de China (PCCh) en cuanto a su política “interna”. Una herida abierta desde 2014, con la llamada “revolución de los paraguas” que se transformó, cinco años después en propuestas masivas contra el proyecto de ley de extradición que habría permitido entregar a presuntos delincuentes a las autoridades de la China continental. 

Los meses de julio y agosto de 2019 fueron los del auge de un movimiento que mostraba el descontento de una generación ante la escalada de los precios de la vivienda y las condiciones de precariedad, inéditas hasta hace poco en un país-isla que se constituyó como un nodo de los intercambios financieros entre China y el resto del mundo. Un enclave que, por encima de otras consideraciones, tenía un nivel adquisitivo muy superior al de la China continental. Un peso específico que como señalaba el pasado verano el periodista Carl Zha, ha declinado significativamente: el PIB de Hong Kong, que en 1993 era el 23% de toda China hoy sólo representa el 2,9%.

Ese descontento de los hijos de la etapa más próspera de la historia de Hong Kong, sumado al interés por parte de las contrapartes en el mapa global (Estados Unidos y Reino Unido) genera en el régimen chino una problemática relativamente nueva: no puede extralimitarse en sus métodos de control —represión— de la insurgencia porque está en el foco de la opinión pública internacional.

Pero la potencia considera que la independencia de Hong Kong —un cántico  en las manifestaciones que no tiene encarnación en un movimiento político de masas, al menos por el momento— es innegociable y que el acuerdo que supuso la reintegración de Hong Kong —basado en la máxima “un país, dos sistemas” y una carta constitucional llamada Ley Básica— ha quedado desfasado a medida que China ha dado su otro salto adelante del siglo XXI.

Una evolución que ha hecho crecer los salarios en el gigante asiático (se han triplicado en once años), el alcance del sistema sanitario, que de 2008 a 2014 ha significado que ha pasado del 30 al 95% el porcentaje de población cubierto por el sistema público de salud, y ha aprovechado su papel como “fábrica del mundo”, para obtener una transferencia tecnológica que le permite comenzar a competir en los sectores en los que sigue siendo dependiente, como la alta tecnología o la industria aeronáutica.

Con la aprobación de la ley de Seguridad Nacional que será refrendada hoy jueves por Pekin y cuya aprobación definitiva en Hong Kong debe tener lugar este verano, China quiere terminar con la fase intermedia e integrar completamente a la isla en su programa político.

Pero las cargas contra las personas que protestan en Hong Kong no son las únicas muestras de la mano dura del Gobierno de Pekín. Esta semana, un artículo de The New York Times volvía a incidir en la rápida mejora que están experimentando los sistemas de vigilancia a raíz de las App de salud para rastrear el paso del coronavirus sobre la población china mediante un sistema de asignación por colores. Una mejora que ha abierto entre parte de la intelectualidad dudas el debate sobre el potencial uso de big data para la discriminación de población, en este caso, por motivos de salud. Una aplicación que coincide en el tiempo de la implantación del sistema de crédito social en todo el territorio, una medida de control social mediante el reparto de premios al buen comportamiento y castigo a quienes se muestren asociales.

Disputar la hegemonía

En el plano internacional, la tensión en Hong Kong es también un pretexto para que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, haya amenazado con presentar en las próximas horas nuevas sanciones contra China. Aunque el presidente solo dijo que serían sanciones “interesantes” se ha especulado que estas consistan en controlar las transacciones y congelar los activos de los funcionarios y las empresas chinas en Estados Unidos. Una amenaza que se produce un año y medio después de la detención de Meng Wanzhou, vicepresidenta de Huawei, en una prisión canadiense desde entonces.

A pesar de que en enero de 2020 se produjo una pequeña tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con la firma de un acuerdo que ponía fin a dos años de batalla arancelaria —acuerdo que tiene una dimensión de “ahorro” en aranceles de 140.000 millones de euros—, el objetivo de Trump sigue siendo cerrar en la medida de lo posible la expansión de China, muy especialmente de sus infraestructuras tecnológicas de quinta generación (5G).

A raíz de las protestas en Hong Kong, Estados Unidos ha requerido el apoyo de la Unión Europea, reacia a imponer sanciones a la que ya es la primera potencia económica mundial. Pero la puesta en marcha de las redes 5G —que Huawei tiene mucho más adelantada que las compañías estadounidenses— es la principal preocupación de Trump. En enero, Reino Unido abrió la puerta a Huawei, aunque su presidente Boris Johnson ha reculado en las últimas semanas. Los ataques por parte de EE UU se extienden a los dos partidos: demócratas y republicanos alertan de la “amenaza” por igual.

El tabloide Global Times —versión clickbait del Diario del Pueblo, medio oficial del Partido Comunista de China— explicaba esta semana en un editorial que la rivalidad a “largo plazo” entre China y Estados Unidos “es inevitable”.

“Si una guerra financiera se sale de control, son los Estados Unidos los que más sufrirán”. La amenaza, poco sutil, remite al papel de China como principal comprador de deuda pública estadounidense

 

El editorial muestra las distintas amenazas que el Gobierno chino teme: desde el enfrentamiento militar, al que el editorialista responde con un “China sabría defenderse”, a la intervención mediante ataques financieros, algo que “dañará la integridad del sistema financiero que lidera”, vaticina este editorial: “Si una guerra financiera se sale de control, son los Estados Unidos los que más sufrirán. Con la reducción de su economía real, la economía de Estados Unidos depende en gran medida del sector financiero, lo que significa que lanzar una guerra financiera equivale a hacerse daño a sí mismos”. La amenaza, poco sutil, remite al papel de China como el principal comprador de deuda pública estadounidense, una posición desde la que puede ejercer presión sobre el dólar, a día de hoy principal baza de Estados Unidos —junto con su potencia militar— para sostener la hegemonía mundial. También a la situación del dólar, moneda hegemónica en el globalizado sector de las finanzas pero en crisis en un interior de Estados Unidos inmerso en una depresión que ha aflorado a raíz del coronavirus.

Relaciones con la UE

Bajo el prisma de una disputa por la hegemonía que ha acelerado el covid-19 —inclinando la balanza a favor de China—, el papel de la Unión Europea es de interés para las dos potencias. Desde el final de la II Guerra Mundial, y bajo el programa del anticomunismo impulsado desde la administración Truman, Estados Unidos ha intervenido en la política de la Europa occidental con poca oposición (solo la de Francia, que estuvo fuera “simbólicamente” de la OTAN durante 43 años). Los tiempos, no obstante, están cambiando.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta —también llamada “nueva ruta de la seda”— o un conjunto de infraestructuras marítimas y ferroviarias para conectar China y Europa es un plan lanzado en 2013 por el Gobierno de Xi Jinping que amenaza con perturbar ocho décadas de armonioso entendimiento entre EE UU y los poderes europeos y europeístas. Al menos así lo han interpretado Washington y Bruselas. Hace ahora un año, Italia llegaba a un acuerdo para integrar esa iniciativa a cambio de una importante inversión por parte de China. El acuerdo dejaba en suspenso la entrada de Huawei en el país alpino, pero el mensaje caló hondo en Bruselas y Washington.

El fondo de reuperación puesto en marcha a iniciativa de Alemania y Francia y presentado ayer, 27 de mayo, por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluye una cláusula específica para prohibir inversiones de “terceros países” en sectores estratégicos, como medio de evitar que se reproduzca una nueva ronda de compra de activos y ampliación de mercados como la que tuvo lugar desde 2008, que ha situado a China en posición de poder en 40 puertos internacionales, entre ellos los de Valencia, Algeciras, Barcelona y Cartagena.

España, no obstante, es uno de los países con menor dependencia en este momento de las inversiones chinas. Muy por debajo del Reino Unido, Alemania y la propia Italia. El Real Instituto Elcano, think tank en el que confluyen las políticas internacionales de Gobiernos del PP y del PSOE, publicó un informe a finales de abril en el que reseñaba que en los últimos dos años la percepción de China como una amenaza ha aumentado entre la población española. Al mismo tiempo, un 34% considera a este país como el aliado preferido fuera de la UE por detrás, eso sí, de Estados Unidos, que es el aliado perfecto para el 54% y por delante de América Latina (22%).

Los autores del artículo destacan tres factores que pueden suponer una tensión en las relaciones: la dependencia de suministros y tecnologías (en salud y redes 5g), la evolución de la política interna, con un Vox subsidiario de la política de ultraderecha estadounidense y polarizado hacia el racismo (sus líderes han hablado de “los malditos virus chinos” o “la peste china” para referirse al covid-19) y, en último lugar, las dudas que puede generar en el Gobierno acercar posiciones con China respecto a las relaciones de España “con sus aliados tradicionales”.

Cambio de actitud

El editorialista de Financial Times Wolfgang Münchau recordaba esta semana que el euroescepticismo crece en Alemania e Italia al mismo tiempo que aumenta el porcentaje de población que considera a China un socio más fiable que Estados Unidos: “La represión de Beijing en Hong Kong y el papel del gobierno chino en la supresión del flujo libre de información sobre covid-19 parece haber tenido poco efecto en la opinión pública en Europa”, se lamentaba.

En otra línea completamente distinta, el portal Politico especulaba recientemente con las razones de la ofensiva diplomática que China está siguiendo en el continente, que ha estado salpicada de críticas hacia la gestión de la pandemia por parte de los países europeos y de intentos de controlar los mensajes que acusan al país de provocar la expansión del virus.

Distintos medios han publicado de que los aranceles impuestos a la cebada y la carne australiana fueran una represalia por las palabras del premier australiano, el negacionista climático Scott Morrison, pidiendo una “investigación independiente” sobre el origen del virus. Esos aranceles —con un coste anual estimado de 500 millones de dólares— serían un aviso a navegantes a los socios europeos de China para que no extralimitasen sus comentarios sobre el papel de China en la pandemia.

Otra controversia ha tenido lugar en una declaración que paradójicamente quería celebrar la relación comercial entre China y la UE: el “partido” envió una versión sin referencia alguna al coronavirus y países como Francia optaron por publicar la versión “censurada” por el Gobierno asiático. Comparados con los ataques de Trump, que ha declarado que hay que abolir la Organización Mundial de la Salud por ser una marioneta de China, las advertencias y sospechas de la UE parecen caricias, pero los medios europeos están sorprendidos ante el cambio de posición de los dirigentes del PCCh, que ha pasado de la conciliación a posiciones más hostiles.

Uno de los posibles motivos que apunta Politico es el puro pánico a que el conflicto social provocado por el covid-19 pueda expandirse por la China continental, algo potencialmente más peligroso que las protestas en Hong Kong. La segunda conjetura es que los “ataques” a los países europeos sean simplemente una forma de hostigar a los aliados de Estados Unidos. La tercera de esas interpretaciones se basa en el hecho de que Europa necesita más a China que China a Europa y que tensar la cuerda con asuntos como la represión en Hong Kong o las distintas acusaciones sobre la expansión del virus no son más que fruto de un cálculo político.

Sea por miedo, ira o estrategia, el Gobierno chino ha acelerado en los últimos meses su agenda internacional ante los problemas serios que enfrentan los gobiernos occidentales en forma de desempleo y crisis social. Terminar con la adhesión de Hong Kong es solo un paso más en un programa de vigilancia y recorte de libertades, pero también de políticas keynesianas de estímulo de la demanda, que comenzó tras la crisis anterior y que, hasta ahora, está funcionando como un reloj.