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México D.F. Jueves 12 de febrero de 2004
La complementan acciones irregulares con paramilitares, señala análisis del CAPISE
Persiste, se fortalece y perfecciona una guerra regular contra el EZLN
La 39 y 38 zonas militares participarían en el eventual aniquilamiento de los rebeldes
San Cristobal de las Casas, Chis., 11 de febrero. En Chiapas se desarrolla, inexorablemente, una guerra regular, además de una guerra “irregular” que la complementa. Tal es la tesis central del análisis realizado por el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) en la zona de conflicto, que será dado a conocer aquí esta semana.
“La presencia, articulación y disposición territorial de grandes unidades, agrupamientos, fuerza de intervención rápida y pequeñas unidades, en una zona de operaciones dentro del territorio indígena, confirma que en Chiapas no sólo se aplican operaciones irregulares, sino que la lógica de una guerra regular persiste, se fortalece, especializa y perfecciona”, considera el amplio documento La ocupación militar en Chiapas: el dilema del prisionero (febrero de 2004).
Al describir la zona de operaciones del Ejército federal en la entidad, la investigación del CAPISE (citando los manuales del propio Ejército) encuentra que en la selva, zona norte y los Altos “las operaciones militares han sido preponderantemente irregulares, es decir, actividades bélicas que no tienen por objeto llegar a una decisión, pero sí el de hostilizar y desgastar al adversario, y pueden realizarse como hechos aislados e individuales o como parte de un plan defensivo previamente establecido, en combinación o no con operaciones regulares.
“A través del fuerte impacto paramilitar y el desplazamiento forzado de miles de pobladores, estas operaciones se han basado en la creación de grupos paramilitares. De acuerdo a cifras de agosto de 2001 del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la población desplazada en la zona norte (Tila, Tumbalá y Sabanilla) suma 4 mil 30 personas; ésta es la región con presencia del grupo paramilitar Paz y Justicia, del tercer batallón de infantería y a la primera compañía de infantería no encuadrada (CINE)”.
La investigación destaca, respecto a los Altos, que todos los desplazados pertenecen al municipio de Chenalhó (6 mil 632 personas). Esto, “a pesar de la saturación de unidades de labor social, del 94 y 13 batallones de infantería y del 16 regimiento de caballería motorizada, a la fecha se sigue denunciando la presencia de armas y amenazas, y persiste la impunidad en los responsables de la masacre de Acteal. Entre las dos zonas suman 10 mil 662, de un total de 12 mil 80 desplazados de guerra”.
El “teatro de operaciones” de la selva
En la selva Lacandona, prosigue el análisis, “si bien las operaciones militares también son irregulares, éstas son complementarias al despliegue de una operación militar regular, donde actúan las fuerzas organizadas conforme a planes definidos en campaña, empleando la maniobra y la batalla para decidir de la mejor manera posible la causa”.
Siempre citando los textos y manuales de campaña que emplea la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el CAPISE señala: “La zona de operaciones tendrá tantos comandantes como teatros de operaciones comprenda, quienes serán designados por el Presidente de la República”. Cada área se divide en dos porciones: una zona del frente o de combate y una zona de retaguardia. La zona del frente deberá contener el espacio necesario para llevar a cabo las operaciones de combate y su apoyo logístico y administrativo inmediato.
La zona de retaguardia contendrá “el espacio para la administración del teatro como un todo y constituirá la base logística y administrativa para dirigir las actividades de los servicios en apoyo de las operaciones militares. El límite entre ambas se conoce como línea de retaguardia. La zona del frente se divide en tantas zonas de acción como grandes unidades (brigadas, divisiones, cuerpos) operan en ella: cada zona bajo el mando del comandante de la correspondiente unidad”.
El CAPISE identificó en el interior de la selva Lacandona la lógica de los “escalones” compuestos dentro de las unidades circunstanciales (cuya existencia, por cierto, niega la Sedena): el agrupamiento Cruz se despliega desde Ocotalito hasta El Calvario; el agrupamiento Palma se despliega desde Rancho Península hasta Ibarra, y el agrupamiento Car se despliega desde Patihuitz hasta San Quintín.
El 91 batallón de infantería (fuerzas de intervención rápida, FIR) se despliega desde Copalar hasta Río Ixcán. El Primer Cuerpo del Ejército (1CE) se despliega desde Ocotalito, pasando por Monte Líbano, Taniperla, El Calvario, Ibarra, Río Corozal y Santo Tomás, teniendo su cuartel general en Temó dentro de la zona intermedia. A esto se agrega la 11 CINE, destacamentada en Altamirano y El Vergelito (unidades de apoyo logístico).
En esta lógica, dentro de la zona de operaciones que se ilustra en el mapa, Temó y Ocosingo hasta la coordenada sur (Comitán y Copalar) serían la zona del interior; la zona del frente, en sus coordenadas este y sureste, tendería hacia la selva Lacandona, donde se ubican los agrupamientos, el 1CE y las FIR. La línea de retaguardia sería la 11 CINE, en Altamirano y El Vergelito.
En este territorio se aplica el “principio del yunque y el martillo”, el cual “es empleado con ventaja cuando una pequeña parte de las tropas ha ocupado una buena posición en la retaguardia del enemigo o cuando dicha fuerza se encuentra en posesión de un obstáculo natural del terreno ubicado también sobre la retaguardia enemiga y que puede servir como el yunque a un herrero. El grueso de las tropas se emplea para atacar al enemigo, lo que constituye el martillo. Esta fuerza tiene como objetivo principal obligar a los guerrilleros a desplazarse hacia donde se encuentran en posición las tropas propias, para ahí aniquilarlos mediante una acción de compresión”.
Así, las unidades de la 39 Zona Militar en la zona selva serían el martillo y las unidades comprendidas en la 38 Zona Militar constituirían el yunque, para el eventual “aniquilamiento” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el espacio de Montes Azules, precisamente.
Analistas del CAPISE ubicaron 91 instalaciones militares permanentes hasta 2003
Desplegó el Ejército fuerzas de combate en zonas de mayor concentración indígena
Los autores del estudio pretenden denunciar “la ilegalidad” de la ocupación en Chiapas
En los territorios de mayor concentración indígena en Chiapas -aproximadamente un tercio de la entidad- el Ejército Mexicano ha desplegado fuerzas de combate, tanto con fines de guerra regular como irregular, sin precedente en la historia. El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) ubicó en esa zona, hasta finales del año pasado, 91 instalaciones militares permanentes.
La mayoría corresponde a las llamadas “pequeñas unidades”, con mandos y elementos de una sola arma, tradicionales en la actual estructura castrense. Pero en Toniná, entrada de la selva Lacandona, en la demarcación de lo que sería la zona de retaguardia en una hipotética ofensiva contra Montes Azules, fueron detectados elementos de una denominada Gran Unidad Superior (GAS) -la primera Brigada de Infantería Independiente (BII) perteneciente al primer Cuerpo del Ejército- que forma parte de un “primer paso hacia una reorganización del Ejército” a escala nacional, de acuerdo con el análisis de los especialistas.
Según el Manual de Operación de Campaña de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una gran unidad superior “se crea para la guerra”.
En su más reciente investigación, La ocupación militar en Chiapas: el dilema del prisionero, este centro de estudios concluye que esta zona del sureste, identificada como “de conflicto”, presenta un escenario “donde las poblaciones aparecen como prisioneras de un Ejército Mexicano en ocupación”. El documento se presenta este jueves en San Cristóbal de las Casas.
Este informe, realizado por Ernesto Ledesma, José Merced Hernández y Julio César Ortega, entre otros especialistas, compara y cruza datos de los investigadores del CAPISE, recopilados en recorridos de observación in situ, con los manuales de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, con el Diario Oficial de la Federación, informes de organismos civiles e investigadores especializados.
Finalmente, la investigación se complementó con diversos documentos oficiales, principalmente manuales de la Sedena, obtenidos mediante solicitudes de información bajo el contexto del Instituto Federal de Acceso a la Información.
El resultado compone una radiografía actualizada del despliegue militar en el estado de Chiapas, su evolución en la década anterior y su profundización en años recientes.
El subtítulo de la investigación del documento, El dilema del prisonero, parte de una teoría de juegos estadunidense aplicada a la lógica de la ocupación militar del territorio indígena, en donde, por un lado, las poblaciones aparecen como prisioneras de la militarización, pero donde, paradójicamente, la institución armada también queda atrapada en una lógica de guerra.
En su exposición de motivos, los autores explican que con este estudio se pretende denunciar “la ilegalidad y la ilegitimidad de esa ocupación”, y manifiestan su esperanza de ofrecer un “instrumento de comprensión y monitoreo del Ejército en Chiapas”, dedicado a la sociedad civil y particularmente a las víctimas de las violaciones a sus derechos.
El tono en gran medida didáctico del contenido aborda temas de estructura y operación del Ejército que los militares suelen mantener lejos del escrutinio público.
Las 91 instalaciones militares ubicadas en la demarcación donde se asienta la mayor concentración de población indígena del estado -aproximadamente una tercera parte del territorio de Chiapas-, pertenecen a las tres zonas militares: la 31, de Rancho Nuevo, municipio de San Cristóbal de las Casas; la 38, de Tenosique, Tabasco, y la 39, en Toniná, Ocosingo. Esta última, creada en 1993, es considerada como la Zona Militar dedicada a combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
De estas instalaciones, 20 son de las llamadas “pequeñas unidades”, con mando y elementos de una sola arma. Seis son compañías de infantería (con tanques, ingenieros y servicios, cien o más elementos), todas, excepto una, son compañías de infantería no encuadrada (CINE). La restante es una compañía de ingenieros de combate (CIC) ubicada en el campo militar de Tenosique.
Se localizaron ocho batallones de infantería, unidad táctica básica con 600 o más elementos, y uno de ingenieros de combate. Además, cuatro regimientos de caballería motorizada (RCM) -compuesta por dos o más batallones con 400 o más elementos.
Entre septiembre y diciembre del año pasado los analistas del CAPISE corroboraron en la 39 Zona Militar de Toniná la presencia del 65 batallón de infantería, perteneciente a la primera brigada de infantería independiente del primer cuerpo del Ejército.
Este cuerpo, según los manuales de la Sedena, es la Gran Unidad Superior que agrupa dos o más divisiones o brigadas independientes. Es un indicio, subrayan los investigadores, de la reorganización del Ejército en siete cuerpos que sustituiría al sistema de zonas militares vigente en la actualidad.
