En tiempos de crisis del capital, solo el pueblo salva al pueblo.

 “Creo que hay que pelear contra el miedo, que se debe asumir que la vida es peligrosa y que eso es lo bueno que la vida tiene para que no se convierta en un mortal aburrimiento” –Eduardo Galeano

• Sobre la necesidad de democratizar la política económica

Luego de la rebelión ecuatoriana de octubre de 2019, y como resultado de la misma, el movimiento indígena convocó al “Parlamento de los Pueblos”, donde varios sectores populares propusieron múltiples puntos sobre el manejo económico del Ecuador. Al final de esa propuesta, se planteó lo siguiente: «Ratificando el derecho de los pueblos a la participación democrática, proponemos crear una institución pública – independiente del Ejecutivo – de planificación y política económica democrática, compuesta por representantes técnico-políticos del Estado, universidades, movimientos sociales, sindicatos, movimiento indígena y demás sectores populares […] El objetivo de esta entidad es, a corto plazo, superar el estancamiento económico y, a largo plazo, encontrar alternativas para superar la actual modalidad de acumulación primaria-exportadora extractivista, periférica y dependiente» (pp.18-9).

Es decir, el “Parlamento de los Pueblos” llamaba a crear un espacio que democratice la discusión y elaboración de la política económica del país y rompa la tendencia a que las decisiones económicas cruciales se tomen unilateralmente desde el gobierno y sus “especialistas” (casi siempre alineados a grupos de poder locales y transnacionales, sea en tiempos neoliberales o progresistas). Hasta podría pensarse que dicha democratización de la economía, junto con un reclamo generalizado por el deterioro de las condiciones de vida de la población, era parte del espíritu de la rebelión de octubre; un espíritu que trascendía la propia disputa puntual por el subsidio a los combustibles (aunque ciertas dirigencias no llegaron a comprenderlo en toda su magnitud).

Sin embargo, el gobierno morenista ha sido indiferente a ese llamado a una mayor democracia. Al contrario, ha preferido acelerar la marcha hacia un drástico ajuste económico sin ningún tipo de diálogo ni consenso con los sectores populares: un ajuste antipopular que el Ecuador ya empezaba a transitar, al menos, desde fines de 2014 con el propio correísmo. Para colmo, ese ajuste se acelera en medio de la crisis global y la tragedia local del COVID-19: solo entre marzo y abril de 2020 el país registró 13.152 muertes por encima de aquellas registradas en los mismos meses de 2019, con la mayoría de vida perdidas (11.693) en la provincia de Guayas.

• Una flexibilización laboral para nada “humanitaria”

Pese a que el espíritu de la política económica morenista es claramente neoliberal, se ha vuelto costumbre su carácter errático. Inicialmente para enfrentar la crisis económica agravada por el coronavirus el gobierno planteaba cobrar una contribución especial a personas naturales en empleo privado, contribuciones sobre salarios del sector público y contribuciones sobre ganancias de grandes empresas. Con esas contribuciones se buscaba crear un fondo para otorgar créditos a empresas con problemas de liquidez, pagar gastos de salud causados por la pandemia, así como ampliar un bono de protección social para población vulnerable. Esta propuesta –contenida en el proyecto de “ley humanitaria”que el gobierno de Moreno presentó a la Asamblea Nacional en abril– tenía potenciales elementos redistributivos: con algunos ajustes, se podía focalizar las contribuciones en personas y empresas de altos ingresos. Paradójicamente, sería luego el propio Moreno quien pediría que se elimine ese elemento del proyecto de ley para tratar de alcanzar su aprobación en la Asamblea. Después de ese movimiento errático (y hasta infame en momentos que el país requiere de recursos urgentes para enfrentar una crisis sanitaria), el mencionado proyecto de ley ha tomado la forma de un híbrido en donde lo “humanitario” se combina con una drástica flexibilización laboral.

Por el lado “humanitario” que quedó en el proyecto de ley, se encuentran las siguientes disposiciones aplicables durante el estado de excepción decretado en marzo (y con diferentes duraciones según cada caso)[1]: se prohíbe suspender la asistencia y la evaluación de estudiantes a causa de retrasos justificados en el pago de pensiones educativas mensuales; se suspende temporalmente la ejecución de desahucios por retrasos en pago de arriendos; se prohíbe el incremento en las tarifas de servicios básicos, incluyendo telecomunicaciones e internet; se rebajan los costos del servicio eléctrico; se prohíbe cancelar las pólizas de seguros de salud o suspender su cobertura por atrasos en pagos; se extiende el tiempo de cobertura de las prestaciones de salud de la Seguridad Social; se plantea reprogramar los pagos por cobros de cuotas mensuales de créditos; se definirá una política de fijación de precios de los artículos de consumo de alimentos y bebidas de la canasta básica, en beneficio del “consumo popular”; se proponen procedimientos excepcionales para manejo de obligaciones de pago.

No se puede negar que estas medidas alivian –en algo– las cargas económicas de varios sectores populares. Pero hay matices. Por ejemplo, la “ley humanitaria” plantea que el sistema financiero ofrezca líneas de crédito de rápido desembolso para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), pero no se lo plantea como una obligación del sistema financiero para fomentar la reactivación económica. De hecho, el proyecto sugiere que las entidades financieras que otorguen créditos a las MIPYMES superiores a 25 mil dólares a un plazo de 2 años o más entre abril y diciembre de 2020, podrán deducirse del impuesto a la renta la mitad del valor de los intereses recibidos en los créditos concedidos. Asimismo, las instituciones financieras podrán deducirse del impuesto a la renta un monto equivalente a la mitad de los créditos superiores a 10 mil dólares concedidos a empresas y cuyo plazo se haya cambiado de menos de un año a dos años o más. Así, se fomenta a que el sector financiero amplíe su rentabilidad en medio de la tragedia y la pandemia, como si no fuera suficiente toda la edad dorada que la banca ha vivido tanto en tiempos correístas como morenistas.

Pero sin duda, donde el proyecto de “ley humanitaria” pierde cualquier humanidad es en sus medidas para “apoyar la sostenibilidad del empleo”: eufemismo que encubre a una de las reformas y flexibilizaciones laborales más drásticas que se haya implementado en el Ecuador de las últimas décadas. Entre los elementos que destacan de esta reforma laboral, se encuentran los siguientes:

• Acuerdos de preservación de empleos. Se dispone que trabajadores y empleadores podrán, de “común acuerdo”, modificar las condiciones económicas de la relación laboral. Estos acuerdos serán bilaterales y directos entre cada trabajador y empleador, lo cual potencialmente atentará contra el derecho a la negociación colectiva. Si bien durante la vigencia del acuerdo las empresas no podrán distribuir dividendos, este esquema va a reemplazar a la legalidad que rige las relaciones laborales y creará aún más incertidumbres en las condiciones de vida de las clases trabajadoras (que enfrentan claras asimetrías de poder –incluso con complicidad del Estado– en sus negociaciones con los patronos).
• Contrato especial emergente. Se propone crear un contrato por tiempo definido que duraría 2 años, pudiendo renovarse por 2 años más, bajo el cual la jornada ordinaria de trabajo podría comprenderse entre 20 y 40 horas semanales distribuibles en un máximo de 6 días sin sobrepasar las 8 horas diarias. Aquí la remuneración y los beneficios de ley serán proporcionales a la jornada pactada. Solo si luego de la vigencia de este contrato se mantiene la relación laboral, se pasaría a un contrato indefinido. Con esta medida se aumenta claramente la explotación laboral, con contratos emergentes que podrían pagar hasta la mitad del salario básico, y con una relación laboral inestable de hasta cuatro años.
• Reducción emergente de la jornada laboral. Bajo eventos de “fuerza mayor” o “caso fortuito”, el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta en un máximo de 50%. La remuneración se pagará a las horas efectivamente trabajadas, aunque no podrá ser menor al 55% de la remuneración fijada previo a la reducción de la jornada. Igualmente, el aporte a la seguridad social se hará acorde a la jornada reducida. Esta reducción de jornada podrá durar 2 años renovables por 2 años más, tiempo en el cual la empresa no podrá distribuir dividendos. Esta medida crea la posibilidad de que incluso los trabajadores “estables” puedan pasar hasta cuatro años con una remuneración apenas mayor a la mitad de lo que percibían antes de la crisis del coronavirus.
• Goce de vacaciones. Durante los 2 años siguientes a la publicación de la “ley humanitaria”, unilateralmente los empleadores podrán notificar a los trabajadores con el cronograma de sus vacaciones o, a su vez, podrán establecer los días de inasistencia como vacaciones ya devengadas. Así, se quita el derecho a que los trabajadores sean quienes administren y soliciten sus días de vacaciones, además de que podrían surgir controversias por el paso como vacaciones de los días no asistidos a causa de la emergencia sanitaria.
• Otras medidas laborales, como: la priorización de contratación a trabajadores locales tanto en el sector público como privado (aunque se enfatiza en la contratación de la economía popular y solidaria, la distinción de trabajadores locales y extranjeros podría exacerbar sentimientos xenófobos); la inclusión del teletrabajo en el Código del Trabajo; la implementación de mayores facilidades para acceder al seguro de desempleo y fomento a una mayor estabilidad para trabajadores de la salud que hayan trabajado en la emergencia sanitaria (solo estas últimas dos medidas laborales podrían catalogarse como realmente “humanitarias”).

• ¿Ordenamiento -o sumisión- de las finanzas públicas?

Por si no bastara la drástica flexibilización laboral propuesta en la “ley humanitaria” (cada vez cuesta más aceptar ese nombre para la ley), hay otro grupo de medidas económicas que también develan la marcha neoliberal acelerada del morenismo. Ese es el caso del proyecto de “ley para el ordenamiento de las finanzas públicas” que el gobierno envió a la Asamblea Nacional también en abril. En términos generales, este proyecto otorga al Ministerio de Economía y Finanzas la capacidad de aplicar varios condicionamientos y limitantes al manejo presupuestario del sector público a través de techos y límites presupuestarios (por ejemplo, los gobiernos solo podrán modificar el 5% del presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, antes se podía cambiar hasta un 15%) y reglas fiscales (manejo de ingresos y gastos permanentes, regla de techo de deuda consolidada omitiendo buena parte de la deuda interna, reglas que limitan el crecimiento de egresos, implementación de un fondo de estabilización) que podrían incluso debilitar la planificación económica del país. Es más, el proyecto de ley plantea que se deje de mencionar explícitamente a SENPLADES como ente rector de planificación económica.

Si bien desde hace tiempo era necesario reestructurar las finanzas públicas para darles una mayor sostenibilidad (y reducir su dependencia en el agresivo endeudamiento externo), la “ley de ordenamiento de finanzas públicas” más que brindar “orden” parece abrir el espacio para que, desde el Ministerio de Economía, se dicte gran parte de la política económica del país (pudiendo afectar incluso al manejo autónomo del presupuesto de la seguridad social).

Aún queda pendiente hacer un análisis más profundo de este proyecto de ley[2], pero una primera revisión deja ver que su espíritu va precisamente en contra del llamado del “Parlamento de los Pueblos” a una democratización económica. En efecto, si se toma en cuenta que esta ley no es urgente para las necesidades del país en tanto que, por ejemplo, los techos presupuestarios serían obligatorios recién en 2022 (ver la disposición transitoria vigésima primera), se pueden plantear varias dudas: ¿por qué implementar una ley de ordenamiento de finanzas con varias medidas de aplicación no inmediata en momentos de crisis y urgencias económicas y fiscales?, ¿por qué no se llamó a un diálogo para definir las mejores reglas que permitan alcanzar la estabilidad fiscal del sector público de forma transparente y democrática?, ¿hubo presiones, en especial del Fondo Monetario Internacional para, a cambio de obtener financiamiento, implementar en estos momentos una ley que podría ser la antesala a la sumisión –no al ordenamiento– de las finanzas públicas del país sobre todo ante los acreedores de la deuda externa?

• Fin de los subsidios a los combustibles y liberalización de precios

Otra medida del morenismo opuesta al sentimiento popular expresado en la rebelión de octubre es la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y diésel y la liberalización (controlada) de sus precios. En efecto, como si octubre nunca hubiera sucedido, en el decreto 1054[3], el gobierno de Moreno dispone liberar los precios de la gasolina extra y del diésel, los cuales desde mayo se registran en 1,75 y 1 dólar por galón respectivamente; luego esos precios irán fluctuando (conforme se mueva el precio del crudo ecuatoriano), dentro de un margen de +/- 5% de variación de precio pero con la salvedad de que nunca podrán ser menores a los precios iniciales decretados en mayo.

De hecho, si hay un repunte de los precios internacionales del petróleo, el precio de la gasolina extra y el diésel subirán, así sea a un ritmo controlado. Por ejemplo, tomando los datos y las fórmulas del decreto 1054, si se asume hipotéticamente que entre mayo y junio de 2020 los “costos de producción” de gasolinas crecen un 50% (debido a un aumento similar en el precio del crudo ecuatoriano, que sirve de referencia para que Petroecuador estime el costo de producción, y asumiendo todo lo demás constante), el precio de la gasolina extra se mantendría creciendo 5% cada mes hasta que, para enero de 2020, llegaría a 2.50 dólares por galón. Quizá este escenario no llegue a darse por la debilidad e incertidumbre del mercado petróleo a causa de la crisis global del coronavirus, pero ejemplifica cuál será la nueva dinámica del precio de la gasolina extra. Algo similar puede esperarse con el diésel.

Aunque es claro que se necesitaba replantear con urgencia los subsidios a los combustibles (pensando en clave integral, no solo fiscal), el mayor problema de la medida es que nuevamente se impone sin ningún debate previo con sectores vulnerables que serán afectados por la incertidumbre asociada a la flotación de precios y su potencial incremento. A eso se suma que, con la liberalización de la importación de combustibles, se crean las condiciones para crear poder de mercado en beneficio de comercializadores privados y grupos importadores incluso transnacionales.

• Recortes, liquidación de empresas públicas y más deuda

Para completar esta panorámica de las medidas económicas del morenismo en tiempos de coronavirus, se puede incluir múltiples recortes presupuestarios. En total, el gobierno ha anunciado que recortaría 4 mil millones de dólares de gastos: 980 millones por reducción de masa salarial; 400 millones por menores pagos de bienes y servicios; 1.300 millones de gasto de capital; y 1.300 millones por renegociación de la deuda pública. Sobre el recorte de la masa salarial pública, la medida se concentraría en: finalizar contratos ocasionales (3.500 contratos no se renovarían en junio) y reducir 2 horas a la jornada laboral de los empleados de la función ejecutiva (excepto salud, policía y fuerzas armadas) y 1 hora a docentes (con reducciones salariales de 16 y 8% respectivamente). Aunque la masa salarial pública es otra variable que requiere restructurarse, es –al menos– criticable que en su reducción no se dé mayor énfasis en el recorte de salarios dorados (incluyendo todos los sectores, como educación, salud, policía y fuerzas armadas) a cambio de preservar los salarios y los empleos de trabajadores del sector público de estratos medios y bajos.

Por su parte, el recorte de gasto de capital genera varias dudas, más cuando desde 2013 ya se han aplicado drásticas reducciones a ese rubro que han implicado una caída permanente de la inversión pública. Solo para dimensionar la magnitud del recorte, en la proforma presupuestaria de 2020 se presupuestó 3.624 millones de dólares para el Plan Anual de Inversiones (donde más de la mitad se destinan a educación, salud y obras públicas). Así, el recorte planificado podría implicar más de un tercio del Plan de Inversiones, situación que ahondaría el estancamiento económico dadas todas las actividades económicas asociadas a la inversión pública.

Junto a estos recortes (y otros aún en disputa, como el abrupto y nada consensuado recorte de 98 millones de dólares a las universidades del país), también se anuncia la eliminación de ferrocarriles del Ecuador, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos, la Unidad de Almacenamiento, junto con la liquidación de la aerolínea TAME. Asimismo, vuelven a emerger los fantasmas de la concesión –léase privatización– de otras empresas públicas (que ya se hacían visibles, al menos, desde 2016 cuando el correísmo anunciaba la apertura de las empresas públicas a capitales privados), como es el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. En total, de estas medidas se anuncia un “ahorro” de 350 millones de dólares, a cambio del riesgo de que varios activos del Estado terminen siendo vendidos a precios ínfimos en beneficio hasta de grupos transnacionales.

En medio de esta vorágine de medidas, no podía faltar el endeudamiento externo. Por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) el Ecuador obtuvo 643 millones de dólares de libre disponibilidad bajo la forma de Instrumento de Financiamiento Rápido (similar al crédito por 364 millones que el FMI otorgó al país en tiempos correístas luego del terremoto de abril de 2016), con una tasa de interés de 1,05% a 5 años plazo más 3 de gracia. Por parte del Banco Mundial, en cambio, el país ha accedido a 500 millones de dólares, también de libre disponibilidad, con un plazo de 28 años, 11 años de gracia y un interés de 2,5%. A estos montos se agrega 300 millones que el Ecuador obtuvo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), 700 millones negociados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el anuncio de posibles nuevos endeudamientos con China. Todas estas cifras parecen indicar que el gobierno de Moreno definitivamente ha preferido apelar a un endeudamiento externo agresivo en vez de aplicar medidas potencialmente redistributivas (como las contribuciones eliminadas de la “ley humanitaria”) para obtener recursos y enfrentar la crisis del coronavirus.

• ¿Avivando a un nuevo octubre?

La mayoría de las medidas económicas emprendidas por el morenismo –entre improvisaciones, movimientos erráticos y ninguna consulta a los potenciales sectores sociales perjudicados– junto con los efectos de la propia crisis y tragedia del COVID-19, llevan la frustración popular al límite. Aun en medio de la pandemia, cientos de personas han salido a las calles para exigir un cambio de rumbo en el manejo del país. Sin embargo, al menos por ahora, la sostenibilidad de esa acción popular en las calles parece estar limitada por la propia difusión del coronavirus.

Pero ese escenario puede cambiar, sobre todo si el gobierno insiste en acelerar su marcha de ajustes antipopulares. Se avivan las llamas para que una nueva rebelión emerja en el Ecuador, como sucedió en octubre de 2019. Penosamente, esas llamas se encenderían en medio de una situación de extrema incertidumbre, con un virus que aún se difunde entre la población, una economía en crisis que intenta “abrirse” más allá de las recomendaciones médicas, las nada confiables estadísticas gubernamentales, el recuerdo de la tragedia humana vivida en Guayas (con gobernantes irresponsables que algún día deberán pagar por sus negligencias que incrementaron innecesariamente el número de víctimas)…

De todas formas, entre tantas incertidumbres, tenemos una certeza en la que ahora más que nunca debemos creer: en tiempos de crisis del capital, solo el pueblo salva al pueblo. Y hay mucho por hacer a más de la lucha en las calles, desde la conformación de redes comunitarias de productores y consumidores, cajas de ahorro, trueques, acciones de ayuda mutua y solidaria, y demás formas de organización popular anticapitalistas. Si no nos dejan democratizar la política económica y siguen acelerando el ajuste antipopular, pues democraticemos la economía con nuestras propias manos, desde abajo, con autonomía y, sobre todo, desde la resistencia y la esperanza.-

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[1] Este resumen recoge el proyecto de ley que la Asamblea remitió en mayo de 2020 al Ejecutivo. Documento disponible en: https://bit.ly/2Xhi9ye

[2] El proyecto de ley que la Asamblea remitió al Ejecutivo en mayo de 2020 se encuentra disponible en: https://bit.ly/3eCVAdg

[3] Documento disponible en: https://bit.ly/2TRbRDp

John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano