POSICIÓN POLÍTICA DE LA MINGA DEL SUR OCCIDENTE, ANTE EL GOBIERNO NACIONAL
CRIDEC-CRIHU-CRIC

9 junio, 2020

Hoy vemos, observamos y comprobamos fácticamente como ciudadanos de nuestra patria; que nuestro “estado social de derecho organizado en forma de republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran y en la prevalencia del interés general” (Art. 1 CN).Transita aceleradamente hacia un estado antisocial violatorio del derecho y centralizado, que está despojando competencias a las entidades territoriales y dinámicas organizativas indígenas, campesinas, negras y populares, con políticas antidemocráticas, cooptando la partición ciudadana y que ataca el pluralismo, se fundamenta en el irrespeto de la dignidad humana, erosiona los valores ciudadanos, fortalece la impunidad y la corrupción para favorecer intereses de las elites económicas y mafiosas; que siempre han controlado el poder en las altas esferas del régimen, consolidando un estado dictatorial.

Los modelos impuestos por los gobiernos de turno y sus políticas en favor de los grandes intereses atentan contra nuestra supervivencia como pueblos indígenas, campesinos y negros. se han liquidado los diversos modelos o sistemas de producción y alimentación de las comunidades indígenas y demás habitantes del campo, a través del impulso y financiación a los monocultivos; la economía nacional depende perversamente de la política minero energética, entregando nuestros territorios a multinacionales del petróleo y el oro existe, una política de desconocimiento de nuestra territorialidad a través de la creación de figuras denominadas ambientales o proteccionistas que solo lo son mientras haya negocio y que convierten a la comunidad en una intrusa; se ha desconocido el saber de nuestros médicos ancestrales y el uso de las plantas medicinales; el Estado cambio la salud como un derecho de la población convirtiéndola en un instrumento de mercado y de negocio, privatizándola, a través de la ley 100 de 1993, lo cual la ha llevado a una crisis permanente.

Como muestra de tal situación podemos mencionar algunos retrocesos del espíritu de la constitución nacional de 1991.

  • DERECHO A LA VIDA

Al contrario del Art.11, Art 12, Art 13 de la constitución nacional; nos sentimos impotentes ante los asesinatos sistemáticos de los líderes, autoridades y ciudadanos que día a día suman las estadísticas que colocan a nuestro país como uno de los más violentos, en donde  la muerte se ha convertido en un acto justificado por el gobierno nacional buscando la culpabilidad en algunas fuentes de las mismas violencias, haciendo caso omiso a todos los hechos y denuncias que duermen en los anaqueles de los organismos competentes donde campea la impunidad estatal.

Como si fuera poco más de 50 años de conflicto interno con miles de muertes, la mayoría hijos e hijas de la población más pobre del país, no podemos aceptar que desde las elites se siga operativizando la política de exterminio físico, cultural, económico, territorial y político de todo aquel que piense contrario a la ideología de quienes por más de 200 años nos han gobernado. A traves de discursos de odios clasistas y racistas desde el gobierno, periodistas y medios al servicio del sistema y políticos en el poder legislativo, se ha abierto la puerta para arremeter contra la vida de líderes sociales, populares, sindicales, de las negritudes, del campesinado y autoridades indígenas.

Aún más grave, se siente impotencia al ver instituciones como el Ejército Nacional, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, que constitucionalmente existen para proteger y garantizar los derechos del pueblo y no los intereses de unos pocos; ahora arremeten con la doctrina de odio hacia los suyos, perfilándonos en una lista como enemigos a través de la Red social de Twitter del Ejercito Nacional, donde aparecen: periodistas, medios alternativos de comunicación, lideres, partidos políticos de oposición, organizaciones sociales, organizaciones indígenas, defensores de derechos humanos, ONG y hasta la propia Jurisdicción Especial para la Paz.

Hechos como la persecución e intento de secuestro por parte de la tercera brigada del Ejército Nacional en territorio del Resguardo de Pitayo a un líder indígena, la discriminación, racismo y odio por funcionarios del gobierno del Ministerio de las TICS, el exterminio de los reincorporados de las FARC-EP y los recientes hechos de espionaje por parte de las fuerzas militares y perfilaciones, realmente preocupa que se siga avanzando en la política que se estableció con la frase “MASACRE CON JUSTICIA SOCIAL”.

  • DERECHO A LA TIERRA

Al contrario de los Art 64, Art. 65 y 66 de la Constitución Nacional.

Vemos como los gobiernos de turno y especialmente este, busca retroceder la posibilidad que campesinos, afros e indígenas tengan acceso a la tierra, más sin embargo promueve políticas que favorecen la concentración de las tierras más fértiles para los terratenientes, agroindustriales y multinacionales que explotan nuestros recursos naturales como fuente de materia prima para el mercado.

Cada día se reduce nuestro derecho a la tierra debido a la acumulación en pocas manos, no existe voluntad real del gobierno para el cumplimiento de la ley y llegar a una verdadera y profunda Reforma Agraria, que tanto necesita el país y que es una de las bases fundamentales para que en Colombia se siga en un conflicto interno. Lo que existe es una política de desterritorialización de los pobladores del campo en general indígenas, población Afro y campesinos.

Nuestros territorios se están llenando de empresas mineras que generan desplazamiento interno, contaminaciones de los nacimientos y las cuencas hídricas, generando violencias en el tejido cultural, social y organizativo.

Para el caso de los pueblos indígenas en su mayoría estas licencias no cuentan con el derecho fundamental de la consulta previa libre e informada y Si se hace esta consulta NO se realiza a los pueblos Indígenas Directamente, se adelantan en un escenario como la Mesa Permanente de Concertación-MPC que no tiene como función adelantar procesos de consultas sino de una instancia cuya función es de concertar temas, metodologías, tiempos, procedimientos y presupuestos. Las consultas en este escenario no se hacen de buena fe y vulneran los derechos colectivos de las comunidades.

Los Gobiernos de nuestra Colombia han venido firmando tratados de libre comercio con países que tienen otros desarrollos diferentes a Colombia, en esa circunstancia son tratados desiguales perjudicando la diversidad de nuestras semillas y productos, bajando los precios, dando mayores concepciones arancelarias a las grandes empresas industriales del mundo y colombianas que impulsan los grandes monocultivos que en poco o nada benefician la ruralidad de nuestro país.

Es muy difícil entender cuál es la concepción de los sectores dominantes en Colombia respecto a la soberanía alimentaria, pues el campo colombiano se está utilizando para explotación minera, petrolera y agro combustibles, y parece que se la juegan porque la alimentación de los colombianos venga de afuera, arriesgando nuestra autonomía como país en lo más básico como es la alimentación. No obstante, a pesar de todas las dificultades y ataques a la economía del campo, a la naturaleza y a la biodiversidad, desde el modelo dominante; millones de campesinos, indígenas y afrocolombianas, seguimos cargando con el deber y la responsabilidad moral de proveer alimentación para las grandes mayorías del campo y la ciudad, como ha sido demostrado durante esta emergencia por la pandemia, y que incluso mostramos solidariamente desde sectores sociales con las mingas de la comida.

Somos los defensores de la soberanía alimentaria, del agua y de la vida humana, animal y vegetal, y exigimos que no se siga destruyendo nuestro país con el modelo económico extractivista y minero energético.

En las periferias del país, en los sectores más empobrecidos por el modelo de país que ustedes comandan, al cual le es connatural el conflicto armado, algunos sectores campesinos, indígenas y afrocolombianos han sido obligados a sobrevivir como productores de cultivos para el narcotráfico, pero tuvieron una opción y una apuesta por la sustitución gradual y concertada, que el actual gobierno desafortunadamente no cumplió para poder volver a la guerra contra el eslabón más débil de la cadena, repitiendo un modelo que lleva más de 20 años de fracaso en Colombia.

El hombre ciego solo mira a nuestra madre tierra como un instrumento del mercado de la opulencia humana.

  • DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES:

Como la educación, la salud, el trabajo y los servicios públicos deben ser responsabilidad pública directa del estado (Art. 67, Art. 49, Art. 25, y el Art. 365 de la constitución Política). En este caso este gobierno y los anteriores han venido desarrollando políticas que solo obedecen a las multinacionales, despojándonos de los derechos laborales, pensionales y ambientales, convirtiendo nuestros derechos fundamentales para la vida en simples materias primas para el mercado, que alimentan los bancos y grandes corporaciones de la política neoliberal de la muerte entregando toda responsabilidad estatal a los intereses privados.

No podemos aceptar y rechazamos que este gobierno sin consideración alguna del pueblo rural y urbano proletariado, explotado y empobrecido nos impongan vulneraciones económicas, jurídicas y de libertad.

A los trabajadores se les aplaza la prima laboral de mitad de año, mientras a la banca se le financia con billones de pesos para sostener el sistema, a la salud y educación se les limita el presupuesto económico, mientras a la policía y ejército se le brindan las garantías económicas y jurídicas de impunidad para oprimir al pueblo, no es justo ni coherente ver nuestros médicos luchar contra una pandemia con trajes hechos con bolsas de reciclaje comparados con la trajes tecnológicos de salubridad que portan soldados en la amazonia colombiana.

Tampoco es justo que mientras millones de colombianos encerrados y sin poder generar economía para comer mínimamente, el gobierno nacional se queda cayado ante las injustas alzas en los servicios públicos.

Estamos en un estado que no garantiza el derecho al trabajo digno y millones de colombianos y colombianas nos toca vivir de la informalidad, hoy es más delito comprar y comer una empanada en la calle que ver como alcaldes y gobernadores se roban el erario público en el marco de la pandemia, no es justo que bellacamente estos corruptos reciban el premio de casa por cárcel, además no podemos dejar de lado la corrupción que en todas las instituciones del estado crece con la complicidad de los entes de control. ¿Cuál control? Nos preguntamos los colombianos si en estos cargos están los mismos con las mismas, beneficiados por el clientelismo y burocracia.

  • DERECHO A LA PAZ: Art. 22 CP

Este gobierno ha pretendido desde que se posesionó en retroceder y debilitar el acuerdo de paz que se firmó entre las FARC-EP y el gobierno anterior en la Habana Cuba y además desdibujo el espíritu político en el plan de desarrollo nacional, púes no dejo presupuesto suficiente para darle cumplimiento a lo que allí se comprometió como política de estado.
Más de medio siglo de guerra que hemos afrontado, guerra que no hemos promovido, guerra que solo dejo destrucción y muerte, razón suficiente para nuestras comunidades y autoridades de todos los pueblos indígenas de Colombia, del pueblo campesinado, del pueblo negro y del pueblo urbano, para que de forma conjunta y en unidad rechacemos vehementemente, aboguemos y exijamos al gobierno nacional y guerrillas una salida negociada, para evitar el derramamiento de sangre de vidas inocentes a los largo y ancho de nuestro país.

Los cultivos de uso ilícito aumentan cada día más en los territorios sin que se observe una política innovadora a la ya conocida que no es otra que fuerza pública, erradicación forzosa, aspersión aérea con venenos tóxicos, falsos positivos y el interés por las la zonas de consolidación o las llamadas ZIDRES.

El país conoce la postura del partido político Centro Democrático, de no permitir que los acuerdos de Paz se cumplan, nunca se había visto en el mundo que se sometiera el futuro de un país a continuar en guerra por voluntad de algunos empresarios y políticos adinerados. Sin embargo, es el amargo destino que llevamos los colombianos de solo haber vivido 3 años de calma, donde la gente podía caminar con libertad, confianza y paz como lo ordena a Constitución Política de 1991.

Hoy en los territorios indígenas, campesinos, y de las comunidades negras, los grupos armados andan imponiendo su ley, asesinado líderes, lideresas, niños y niñas, desplazando comunidades, todo esto con el silencio estatal y con falsos informes de derechos humanos ante la sesión de las Naciones Unidas.

  • RESPETO DE LAS AUTONOMIAS Y SOBERANIAS DE LAS NACIONES

Este gobierno ha irrespetado la constitución y los tratados internacionales y se ha entrometido en los asuntos de autonomía y soberanía de nuestros hermanos de la república de Venezuela. Los problemas internos de este país deben resolverse mediante la orientación política de su propia constitución y por la vía del dialogo. Rechazamos la decisión del presidente de la republica Iván Duque de traer tropas de los Estados Unidos con la disculpa de asesorar en estrategia contra el narcotráfico, pues ello implica echarle más leña a la continuidad del conflicto armado en el país; decisión que además lleva implícito el apoyo de Colombia a los EEUU para que se utilice nuestro territorio como plataforma para intervenir militarmente la hermana república de Venezuela que nos involucra en un conflicto y una guerra que traerá fatales consecuencias para nuestra nación. Todo esto violando la ley sin consulta mínima en el Congreso de la Republica.

  • CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

La postura del gobierno nacional con la minga del Sur Occidente en el 2019, fue de imposición y tratamiento militar, aunque le habíamos enviado con meses de anterioridad que pudiéramos sentarnos a dialogar, recordamos la frase que fue como un eslogan del gobierno nacional durante el proceso de negociación con las organizaciones que estábamos en la minga. “cómo gobierno nacional solo podemos comprometernos a firmar con lo que podemos cumplir sin ningún problema en el marco de la ley”, hoy evidenciamos que no hay tal voluntad de cumplimiento por parte del gobierno nacional, debemos dejar claro que en lo estructural acordado y firmado no hay avances significativos, por el contrario, se colocan cualquier tipo de trabas para bloquear y que no se avance, afirmación que podemos evidenciar con el vergonzoso audio de funcionarios del gobierno.

Nuestras organizaciones aquí presentes, tenemos planes de contingencia para proteger la vida de nuestras comunidades, estos planes los venimos operativizando sin apoyo del gobierno nacional, por ello exigimos al gobierno que, así como ha financiado la Banca Nacional, tenga en cuenta lo planteamientos que hacemos desde los territorios.
Ante los abusos del gobierno nacional de encontrar en el Pandemia por el Cornavirus-Covid-19 el escenario perfecto para avanzar en las reformas y expedición de leyes que atetan contra la dignidad del pueblo colombiano, manifestamos que no renunciamos al deber que nos asiste como ciudadanos de defender la constitución y sus derechos para el pueblo y no para los intereses de las elites del país.

Finalmente, Respetada Ministra del Interior, represéntate del Gobierno Nacional, usted planteo en un medio de comunicación no saber que están haciendo mal para que la violencia en el Cauca pare. Nosotros le tenemos la respuesta.

El Gobierno debe entender que hay que cumplir el acuerdo de paz y avanzar hacia una paz completa para todos los colombianos. El gobierno debe asumir que está es para garantizar la Paz a través de una buena educación, de una buena salud, de un trabajo digno, que la economía fluya con los productos del campo, que cada familia tenga una vivienda digna, que la fuerza pública se obedezca al pueblo, que se pueda acceder a la tierra para trabajarla bien, que la flora y la fauna se mantenga en equilibrio, que se respete las culturas y que en este país se pueda pesar diferente.

Y dejar de pensar que lo anterior es solo un derecho de ustedes, los de las elites económicas de Colombia.

Cuenten con nosotros para la Paz, nunca para la guerra.

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DE CALDAS-CRIDEC
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL HUILA-CRIHU-
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA –CRIC-
Caldono, junio 9 del 2020