Los continuos escándalos protagonizados por la patronal del sector del agronegocio y del gobierno andaluz han visibilizado el carácter estructural de la esclavitud en la que se encuentran miles de trabajadoras jornaleras y migrantes con y sin papeles en los campos de la fruta roja. Sin embargo, patronal y gobierno se niegan a reconocer la realidad que afloró con la llegada de la emergencia sanitaria, escudándose en señalarlos como “casos aislados” y minimizando la sistémica violación a los derechos humanos.

La patronal ha llegado incluso a amenazar a la Ministra de Trabajo por las inspecciones laborales que se han realizado tras la visita del relator de las Naciones Unidas, quien alertó de las pésimas condiciones de vida de las y los jornaleros en los asentamientos. Recientemente, una jornalera falleció en una finca de frutos rojos de Huelva. Pocos días más tarde se sabía que el servicio de mediadoras de la Comunidad —Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), contratada por el gobierno andaluz— estaba presionando a las jornaleras para que desistan de continuar con sus denuncias, con el argumento de que la multa sería tan elevada que la patronal tendría que despedir a una parte de la plantilla.

Ante esta realidad, las jornaleras autoorganizadas continúan resistiendo y avanzan en la lucha por hacer sus derechos realidad. Nadia Azougagh, migrante y activista en Almería, y Ana Pinto, jornalera y activista en Huelva, atendieron a El Salto telemáticamente para explicar la realidad de la situación del gremio de las jornaleras. Actualmente, sus organizaciones participan también en el movimiento #RegularizacionYa, que cuenta con el apoyo de más de mil organizaciones de migrantes y antirracistas que exigen la regularización de las personas migrantes sin papeles, de carácter permanente y sin condiciones, y quienes recientemente han impulsado un comunicado en solidaridad con las jornaleras.

¿Cómo comenzaron a organizarse para defender sus derechos?
Ana: Empecé a trabajar en el campo con 16 años y he ejercido como tal hasta la campaña de 2018, que empecé a protestar porque no estaba conforme con las normas abusivas que nos imponían y también por la situación en la que se encontraban las compañeras marroquíes con las que trabajaba. Desde entonces se me empezaron a cerrar puertas en los tajos donde llevaba años trabajando. A partir de 2018 he ido coincidiendo con otras compañeras que no están dispuestas a aguantar más explotación, por lo que hemos estado organizándonos para luchar por nuestros derechos.

Nadia: Nací en Asilah, Tánger, posiblemente uno de los pueblos más bonitos de Marruecos, y vivo en Almería desde bien pequeña. Mi madre, mujer migrante y luchadora, nos sacó a mi hermano y a mí adelante sola, trabajando más de 15 horas diarias y aun así siempre con tiempo para ayudar a las demás. Mi casa fue lo que muchas casas de activistas se han visto obligadas a ser ahora: casas de acogida para quien lo necesitara. Siempre suelo decirlo, y es que realmente no recuerdo bien cuándo pasó convertirse en el activismo de mi madre para convertirse en el mío.

Desde adolescente he estado inmersa en la lucha por los derechos de quienes peor lo están pasando. Mi vida ha girado siempre en torno a las migraciones y la defensa de los derechos humanos, no solo por el hecho de ser migrante y haberlo vivido en mis carnes, sino por mi formación como maestra, educadora y especialista en estudios migratorios e intervención social.

¿Cómo estáis organizadas en vuestro territorio?
Ana: En Huelva nos hemos ido juntando poco a poco las jornaleras, trabajadoras del campo y los almacenes y decidimos que la denuncia pública y sacar a la luz lo que aquí ocurre era fundamental. Nos hicimos una página en varias redes sociales para visibilizar todo lo que va ocurriendo y mostramos con documentos, vídeos o fotos la realidad de nuestro sector. Ahora estoy trabajando en un proyecto con la Cooperativa de Abogadas Andaluzas, como mediadora sindical y básicamente hacemos las veces de sindicato. Pasamos información a los y las compañeras sobre sus derechos, ofrecemos asesoría jurídica gratuita y ofrecemos la herramienta para poder denunciar en Inspección o en los tribunales.

Nuestra página ha ido creciendo y cada vez tenemos más visibilidad en medios, hemos participado en casi medio centenar de entrevistas esta campaña y eso es muy importante para nosotras. Que la gente sepa qué es lo que hay detrás del fruto rojo que están comprando a precio de oro.

Nadia: Almería es una provincia históricamente desmovilizada, con los municipios con mayor renta per cápita a la vez que los primeros en desigualdad y pobreza de todo el país. Con un campo de Almería sostenido por población migrante que exporta millones de euros mientras a sus trabajadores y trabajadoras no se les reconocen sus derechos más fundamentales, como la regularización de su situación documental, los derechos laborales, el acceso a la vivienda digna o los obstáculos sistemáticos en el acceso a la protección social pública.

Actualmente hay más de 8.000 personas trabajadoras sobreviviendo en asentamientos que el propio relator de la ONU calificó peores que los campos de refugiados. Nos encontramos además, en un entorno sociopolítico hostil donde se siguen perpetuando los discursos —y acciones delictivas— de odio hacia diversos colectivos susceptibles de discriminación. Ahora mismo las activistas de Almería tienen pocos espacios donde poder organizarse debido a la  desmovilización social histórica y a los intereses de los gobiernos, la patronal y a muchas de las ONG “oficialistas” presentes en el territorio. No obstante para mí, La Resistencia y el SOC SAT son los espacios donde ahora mismo puedo seguir luchando.

“El campo de Almería, que es sostenido por población migrante, exporta millones de euros mientras a sus trabajadores y trabajadoras no se les reconocen sus derechos más fundamentales como la regularización de su situación documental”

 

¿Qué ha pasado en vuestros territorios con el confinamiento y la desescalada?
Ana: En Huelva hemos denunciado en Inspección de Trabajo a más de una decena de empresas, entre las que se encuentran las mayores del sector, porque no se cumplen las medidas de seguridad. Al principio de la pandemia era todo un caos. Después de la denuncia pública parece que en algunas empresas se han tomado algunas medidas con respecto a la distancia y la higiene. En otras aún siguen sin agua para lavarse las manos. Y respecto a los equipos de protección individual (EPI) no se han ofrecido en ningún momento guantes ni mascarillas en la mayoría de las empresas. En algunos lugares incluso han ocultado los casos de contagio que ha habido para que la gente no se asuste y deje el trabajo y en algunos almacenes han amenazado con multar a la gente si hablaban sobre el tema.

“En algunos lugares de Huelva, incluso han ocultado los casos de contagio que ha habido para que la gente no se asuste y deje el trabajo y en algunos almacenes han amenazado con multar a la gente si hablaban sobre el tema”

 

Cuando salió la ley de que no podían ir más de dos personas en los coches, hubo gente que se quedó sin coche para poder ir a trabajar y desde las empresas, como no las podían despedir falsificaron su firma y les dieron la baja voluntaria. Nos llaman muchas personas que por este motivo se quedaron sin trabajo y sin acceso a ningún tipo de prestación o ayuda. Según el SEPE, el subsidio excepcional que se aprobó para los trabajadores temporales que llevaran más de 2 meses trabajando y que hubiesen perdido su trabajo a causa del covid-19, no es para la gente del régimen agrario….

Nadia: En Almería el famoso decreto de contratación para jóvenes y los anuncios de la Comunidad han brillado por su ausencia; hasta el propio estado de alarma tampoco quería llegar y al final llegó a medias. Resulta que durante toda la pandemia se podían ver anuncios reiterados del Gobierno y de la Junta destinando dinero a los asentamientos chabolistas, que si 2,3 millones de euros para Almería y Huelva, que si reparto de agua, que si…, pero aquí no ha llegado nada.

Por ejemplo, en un asentamiento de Níjar en el viven más de 250 personas, incluyendo mujeres y algunos niños —la gran mayoría se encuentran en situación irregular—, muchas de ellas no cuentan ni siquiera con tarjeta sanitaria, viven bajo plástico y madera, no tienen agua potable y la luz es rudimentaria; todas ellas eran trabajadoras y trabajadores en el campo hasta que llegó el confinamiento. Pues desde el 14 de marzo hasta hoy, tres meses después, solo ha acudido un par de ocasiones una ONG conocida que les tomó la temperatura e hizo un reparto de un kit por persona muy básico que ni siquiera incluía agua potable.

Desde los colectivos se han podido hacer repartos de comida en los asentamientos, agua e higiene mientras quienes tenían que hacerlo, los Gobiernos y ONG subvencionadas, han hecho muy poco o nada

 

Ahora se ha anunciado que ese dinero de emergencia desde abril que aún no ha llegado, lo quieren gastar en limpieza de la zona y distribución de agua, algo que ya habíamos denunciado previamente porque lo veíamos venir. Pretenden usar ese dinero para limpiar los terrenos agrícolas alrededor de los asentamientos, pero eso no era el destino. Ganan los intereses de unos pocos mientras encima se les lincha a las jornaleras por recibir una ayuda que no reciben, pierden siempre las mismas. Desde nuestros colectivos y gracias a algunas donaciones se han podido hacer —y se siguen haciendo— repartos de comida en los asentamientos, agua e higiene mientras quienes tenían que hacerlo, los Gobiernos y ONG subvencionadas, muy poco o nada han hecho. Aunque no suele ser parte de nuestra actividad no nos ha quedado otra, pero esto también está sirviendo para la autoorganización en los asentamientos. 

¿Cuál es la situación en los asentamientos en vuestros territorios?
Ana: En nuestra provincia hay unas 5.000 personas migrantes viviendo en asentamientos, en su mayoría subsaharianos y también de Europa del Este y de Marruecos, malviviendo en situación infrahumana en los asentamientos chabolistas que se encuentran en Palos de la Frontera (uno de los municipios más ricos del país), Moguer, Lucena del Puerto y Lepe.

Estas personas viven en chabolas construidas con palets de madera, cartón y plástico, sin acceso a la luz ni al agua. Se desplazan varios kilómetros y traen el agua muchos de ellos en garrafas de agrotóxicos. Casi la mitad de ellos tienen su situación regularizada pero la otra mitad se encuentra sin papeles, algo que las empresas aprovechan para explotarlos en los tajos donde echan largas jornadas de trabajo por un sueldo mísero. Después de la visita del relator de ONU Philip Alston y del revuelo que se formó con sus declaraciones, dijeron que iban a mandar inspecciones a los asentamientos, pero a día de hoy las cosas siguen igual por aquí. Incluso en plena pandemia mundial cuando han mandado la población a confinarse en sus casas ellos tenían que confinarse en una chabola en estas circunstancias.

Después de la visita del relator de ONU y del revuelo que se formó con sus declaraciones, dijeron que iban a mandar inspecciones a los asentamientos, pero a día de hoy las cosas siguen igual por aquí

 

Nadia: En líneas generales, en Almería, solo en la zona de la Comarca de Níjar existen más de 70 asentamientos chabolistas entorno a los invernaderos de la zona donde sobreviven más de 8.000 personas. Hasta hace pocos años, solo unos pocos estaban destinados a mujeres, sin embargo, actualmente la tendencia ha cambiado y los asentamientos se están llenando de mujeres que están viviendo situaciones de absoluta vulnerabilidad.

Este aumento se produce en los últimos años y las propias mujeres lo achacan a dos motivos principalmente: por un lado, se tratan de mujeres jornaleras marroquíes en contratación de origen que vienen huyendo de Huelva tras haber sufrido episodios de explotación laboral y en ocasiones, incluso de acoso y abusos sexuales; y, por otro lado, mujeres jóvenes luchadoras, separadas, divorciadas y viudas, principalmente con hijos o dependientes a su cargo que arriesgan su vida para llegar a España. La novedad es que, hasta el momento, lo habitual era la reagrupación familiar, pero la represión, la precariedad en Marruecos y la fuerza de las mujeres para sacar a sus hijos e hijas adelante ha hecho que se fortalezcan e intenten conseguir el llamado sueño europeo. Raseka, sobreviviente de un asentamiento cualquiera de Níjar, siempre me dice que si ellos pueden, nosotras más.

En cuanto a las denuncias laborales, durante el estado de alarma, el SOC SAT ha interpuesto más de 100 denuncias relacionadas con despidos y vulneraciones fundamentes, como los despidos de Haciendas Bio, las denuncias de los trabajadores y trabajadoras de Campo Verde, el despido del sindicalista de Casa Nueva Monforte, y un largo etcétera al que el SOC SAT se enfrenta prácticamente solo. Siendo la provincia menos contagiada del virus es una de las que más consecuencias socioeconómicas está sufriendo de todo el Estado.

“Las certificadoras de los campos de Almería también juegan su papel en toda esta trama, ya que certifican a empresas BIO que se demuestra que incumplen la legalidad y que siguen las mismas malas prácticas que el sector convencional”

 

El campo de Almería no está preparado para un estado de alarma, ni quieren que esté preparado para nada. El Convenio Colectivo Provincial del Campo de Almería no se negocia desde el 2013 y lleva caducado desde el 2015, lo que conlleva que no se ha hecho el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se sigue dando cancha abierta al fraude fiscal de las cotizaciones de la seguridad social, pérdida de poder adquisitivo de las que se dejan la piel en los invernaderos desde la madrugada hasta que se va el sol para dar de comer a un continente entero, pérdida de derechos, en definitiva, un limbo jurídico que la patronal aplaude, que organizaciones como Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) o la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) les hacen la ola y los gobiernos ignoran, en fin, una vergüenza.

Las certificadoras de los campos de Almería a su vez también juegan su papel en toda esta trama ya que certifican a empresas BIO que se demuestra que incumplen la legalidad y que siguen las mismas malas prácticas que el sector convencional.