Introducción

2En el 2009, con la aprobación de la actual Constitución Política del Estado (CPE) con un nuevo régimen autonómico y con la entrada en vigor de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) en 2010, las autonomías indígenas pasarán de un ámbito de tensión y conflicto a una dinámica más “administrativa” y “legal” a nivel territorial, enfocada en el “proceso estatuyente”, según Exeni (2015). Es decir, en la elaboración de estatutos autonómicos y el seguimiento del trámite estipulado por el respectivo marco normativo, después de que el 6 de diciembre del 2009 once municipios expresaran, vía referéndum, su voluntad de convertirse en Autonomías Indígenas Originarias Campesinas (AIOC), sin contar todavía con el marco legal para tal propósito.

4Precisamente, una lectura analítica de estos procesos autonómicos indígenas nos permitirá problematizar y en cierta medida explicar por qué, a diferencia del supuesto “proceso exitoso” del municipio de Charagua, en el caso del municipio de Huacaya se suspenderá el camino hacia la autonomía tras el fracaso del referéndum estatutario. Este complejo fenómeno suscita algunos interrogantes, entre otros, referidos al proceso desarrollado en estos territorios, las condiciones y el alcance del actual proceso autonómico indígena en Bolivia, que además tiene como trasfondo las tensiones con el Estado para consolidar la autonomía de estos y otros territorios indígenas en las tierras bajas, en un contexto adverso de intensificación de un modelo extractivista.

El Estado plurinacional y la institucionalización de las autonomías

6En el año 2009, a partir de la promulgación de la nueva CPE, Bolivia transformó, al menos declarativamente, el carácter de su estatalidad que también habría sido producto de una crisis política y del propio Estado nación (Tapia, 2007). Así, el núcleo central del horizonte de transformación estatal que instituye el nuevo marco constitucional es el carácter de “Estado plurinacional”, que se reconoce como la base y el horizonte de construcción de una nueva institucionalidad política y el referente que resume el nuevo “pacto social” que permitiría “refundar el Estado” (Santos, 2010). En ese sentido, uno de los aspectos centrales que reconfiguran estructuralmente el carácter de plurinacionalidad en la nomenclatura estatal, es el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos y naciones indígenas y originarias (CPE, 2009, art. 2).

7Asimismo, la organización territorial ha sido objeto de un importante cambio al transitar hacia un Estado que se define como “unitario” y “autonómico” a la vez; esto implicó una redefinición político-territorial y una democratización del poder estatal. Esta transición a un tipo de “Estado con autonomías”, aunque no es algo nuevo dentro de las modalidades de estatalidad a nivel internacional, constituyó una gran innovación por el reconocimiento de la AIOC en su estructura territorial, como un ámbito autonómico y una entidad territorial específica, estableciendo que:

La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. (CPE, 2009, art. 289)

8En ese sentido, el rediseño político-territorial que se estableció a partir del régimen de autonomías en la nueva estructura y organización territorial del Estado plurinacional implicaba en inicio un proceso de desconcentración, democratización y redistribución del poder político en el territorio. De esta manera, el reconocimiento constitucional de las autonomías indígenas se convirtió en uno de los puntales para la concreción de la plurinacionalidad, ya que implica no sólo el reconocimiento de tipo cultural de la autonomía territorial, en un país de condición multisocietal (Tapia, 2002), sino el desafío de descolonizar los históricos esquemas de poder en los territorios.

Huacaya… ¿por qué ganó el “no” a la “Autonomía Indígena”?

13Acerca de aquel proceso autonómico, en los siguientes párrafos analizaremos algunos testimonios de dirigentes guaraníes, tanto actuales como históricos, del municipio Huacaya con la finalidad de mostrar los claroscuros del proceso y, sobre todo, identificar las causas del fracaso, al menos momentáneo, de la propuesta autonómica. Además, nuestro propósito es ilustrar las tendencias descritas anteriormente y también detectar algunos fenómenos nuevos; esto nos permitirá llegar a un diagnóstico tentativo de los problemas que inevitablemente encuentra el proyecto autonómico guaraní en particular y las autonomías institucionales en general, y que al mismo tiempo entorpecen la realización de la autonomía tal y como la definió la APG en su propuesta.

15“El gobierno no quiere la autonomía de Huacaya”, dicen todos y enumeran un sinfín de obstáculos que se les ha puesto desde que iniciaron su proceso de transformación: desde la misma legislación “plurinacional” que, como hemos demostrado, viola el principio de la ancestralidad y la autodeterminación de las naciones indígenas, hasta las maniobras directas como la infiltración de la asamblea estatutaria a fin de paralizar sus trabajos, la negación del presupuesto para el referéndum, la cooptación de los dirigentes, la desinformación de las bases e incluso la represión de los mburuvichas (autoridades) insumisos.

16La negatividad de los gobiernos municipales frente a las ambiciones autonómicas del pueblo guaraní, así como también la de otros tantos pueblos originarios, se explica fácilmente tomando en cuenta que, una vez aplicada la autonomía indígena, los municipios –junto con sus alcaldías– dejarán de existir y serán sustituidos por los gobiernos autónomos basados en las formas organizativas y principios propios de cada pueblo, supuestamente apartidarios y desvinculados del sistema de la democracia liberal. Eso supondría la pérdida de cuotas de poder tanto a nivel local como nacional, ya que las fuerzas políticas establecidas en el municipio no podrían controlar los recursos económicos, que en el caso del Chaco se vinculan directamente con enormes dividendos por la explotación de hidrocarburos:

• 10  Entrevista con el mburuvicha histórico Calisto Hinojosa, en Santa Rosa, municipio de Huacaya, el 1 (…)

El gobierno no quiere la autonomía… Claro, no. Porque sabemos que con la autonomía va a haber un gobierno más transparente y también mejor fiscalización, control, eso no les conviene porque siempre están queriendo joder para que este proceso no vaya adelante, porque en este proceso que nosotros estamos luchando ya no hay color político, no hay nada.¹⁰

• 11  Entrevista con Heidy Aruchari Ruiz, asambleísta estatutaria, en Santa Rosa, municipio de Huacaya, (…)

Lo que pasa es que nosotros tenemos los megacampos más grandes gasíferos y no van a querer autonomía.¹¹

17De esta manera, a consecuencia de una legislación intencionalmente deficiente que no permite la reterritorialización descolonizadora e impone como ejecutores del proceso autonómico al municipio y sus estructuras de gobierno liberales, partidarias y lógicamente opuestas a su propia desaparición, el Estado dinamita el proyecto indígena y lo condena si no al fracaso, por lo menos a una sujeción subordinada a los viejos poderes. De hecho, frente a las trabas puestas por el gobierno municipal, algunos dirigentes decidieron negociar con las fuerzas políticas locales, para de esta manera convencerlas para que apoyen o, al menos, no saboteen sus esfuerzos autonómicos.

19El hecho de que la financiación del camino legal hacia la autonomía dependa del gobierno municipal y sus proyecciones presupuestarias anuales, sujeta el proceso a la voluntad de los grupos de poder vinculados con el sistema de partidos regidos por lógicas y vicios de la política tradicional, lo que constituye un freno intencional desde las estructuras estatales a las ambiciones autonómicas de los pueblos indígenas. Así, con frecuencia el municipio se niega a destinar fondos para la autonomía o pone a los dirigentes ante una difícil elección: dinero para los proyectos en las comunidades o para el referéndum, haciendo que los capitanes guaraníes entren en conflicto con sus bases, cada vez más convencidas de que el proyecto autonómico es un “desperdicio de dinero” que les está quitando los recursos necesarios para su desarrollo productivo y la provisión de servicios básicos. Por lo tanto, tener que sacrificar momentáneamente las demandas materiales de las bases para financiar el proyecto autonómico introduce una gran contradicción en el proceso y le resta apoyos entre las bases comunitarias.

23También hay que destacar la total contradicción entre las formas tradicionales de gobierno y organización guaraní y las formas liberales del proceso autonómico impuestas por el Estado. Por una parte, tenemos el mecanismo tradicional colectivo de toma de decisiones donde los capitanes representan a sus comunidades en las asambleas regionales y en el marco de sus propias organizaciones, como el Concejo de Capitanes Guaraní de Chuquisaca y la APG. Por otra parte, el futuro de su proyecto es decidido “en la cancha” del Estado, donde no se tiene en cuenta sus decisiones y se imponen los mecanismos liberales, como el referéndum, donde el voto individual decide sobre la colectividad. Así, la socialización directa con cada uno de los comuneros, por encima de las formas asamblearias y colectivas, se vuelve crucial a la hora de asegurar el “sí” para la autonomía.

25En este sentido, los esfuerzos del oficialismo primero están dirigidos a impedir una autonomía institucional y si ésta, a pesar de todo, se consiguiera intentan subordinarla a las políticas estatales a través de los dirigentes alineados. Los insumisos se arriesgan a ser “descabezados”, es decir, difamados ante sus comunidades, relegados al margen de las organizaciones y muchas veces son obligados a migrar bajo el asedio de los seguidores de la alcaldía. Todo esto provoca una gran división dentro de las organizaciones, entre los dirigentes, entre las comunidades e incluso en las familias, donde la línea de quiebre no se traza sólo entre los partidarios o no de la autonomía, sino también frente a los presuntos “traidores” de la causa autonómica, donde la sospecha, la desconfianza y recelo ante el protagonismo de unos cuantos se apoderan de los autonomistas antaño unidos.

26Esto nos lleva a otro de los factores claves, la desconfianza de las bases ante un posible “acaparamiento” de la autonomía por una o dos familias o unos cuantos dirigentes, que la usen como una oportunidad personal de enriquecimiento y acumulación de capital político. De ahí, las bases son disuadidas de apoyar el proceso frente a la sospecha de que se trataría sólo de un recambio de élites o grupos de poder, donde los políticos de antes serían sustituidos por los nuevos “caciques” guaraníes, igualmente alineados con las directivas partidarias, sin que esto signifique cambio alguno en la forma de entender y ejercer el poder y relacionarse con las bases. “No queremos una autonomía para unos pocos”, dicen, y la desconfianza ante los dirigentes a cargo del proceso vistos como incapaces de garantizar la transparencia de los gobiernos autonómicos ni el respeto hacia los nobles principios estatutarios, se apodera de las comunidades:

• 17  Entrevista con Heidy Aruchari Ruiz, asambleísta estatutaria, en Santa Rosa, municipio de Huacaya, (…)

Ahorita estamos viviendo en Huacaya un fenómeno muy interesante, que la gente de base no quiere autonomía […] Piensan que la autonomía es para unos cuantos, unos cuantos elegidos a la sede del gobierno y no es así. El gobierno indígena, la autonomía indígena somos todos. Y eso es lo que tenemos que trabajar.¹⁷

27Este tipo de tensiones dentro del campo autonómico, sin importar cuales sean las verdaderas intenciones de los nuevos dirigentes –“autonomía para unos pocos” o “autonomía para todos”–, minan y desgastan en su conjunto un proceso ya de por sí complicado y contradictorio.

28Otro tema crucial para entender las contradicciones y limitaciones de una posible autonomía indígena se relaciona con la agenda extractivista del Estado. Los dirigentes conciben la autonomía principalmente como un medio para proteger su territorio y sus recursos naturales y asegurarse la decisión autónoma y soberana sobre éstos. Sin embargo, estas ambiciones distan mucho de una realidad en la cual se impone el interés del Estado, que es presentado en los discursos oficiales como “interés general/nacional”, por encima de los derechos indígenas y los principios plurinacionales.

• 19  Entrevista con Heidy Aruchari Ruiz, asambleísta estatutaria, en Santa Rosa, municipio de Huacaya, (…)

Nosotros en el estatuto hemos puesto el tema de la consulta, amparada en el Convenio 169 y en la CPE. Este artículo nos lo han observado mucho porque nosotros hemos puesto que esto va a ser sujeto a una ley autonómica del territorio autónomo. […] Nos lo sacaron de un plumazo.¹⁹

31En las conversaciones, los y las dirigentes denuncian el proceder del gobierno del MAS, derivado de su apuesta extractivista, que viola flagrantemente los derechos indígenas oficialmente reconocidos, por una parte a través de la promulgación de decretos inconstitucionales que viabilizan la explotación de hidrocarburos en territorios indígenas y áreas protegidas y, por otra parte, con el carácter fraudulento y no vinculante de la consulta que en la práctica se convierte más bien en una herramienta de legitimación del despojo, donde se compran las conciencias con sumas ridículas que no pueden reparar los daños sufridos y donde el “sí” se convierte en obligatorio:

• 22  Entrevista con Heidy Aruchari Ruiz, asambleísta estatutaria, en Santa Rosa, municipio de Huacaya, (…)

Además, nosotros estamos en nuestro libre derecho de decidir si queremos o no queremos estos proyectos hidrocarburíferos en nuestros territorios. No, que la consulta es para que ustedes digan que sí. La consulta es para que nosotros digamos si es que queremos o no queremos esto.²²

• 23  Entrevista con Erwin Cuellar, dirigente y líder histórico guaraní, en el municipio de Gutiérrez, e (…)

De nada va a servir la consulta porque al final termina uno negociando. Es para legitimar, para legalizar. En realidad se termina negociando. Y no tienen un valor monetario los daños.²³

33Esto nos lleva a otra cuestión clave en el debate autonómico, el carácter alternativo de las autonomías indígenas visto como un horizonte de emancipación y su posible pérdida ante la tendencia predominante de copiar los viejos modelos municipales y ceder ante las inercias estructurales. En este sentido, se trataría de un obstáculo interno en el proceso autonómico que exige una profunda autorrevisión del proyecto guaraní a fin de evitar que la autonomía se convierta en una simple reproducción del municipio, esta vez con un rostro indígena. La conciencia del peligro inminente de “caer en lo mismo” está presente tanto entre los dirigentes como entre las bases y explicaría la disminución de su apoyo al proyecto autonómico:

• 25  Entrevista con Heidy Aruchari Ruiz, asambleísta estatutaria, en Santa Rosa, municipio de Huacaya, (…)

Lo que queríamos en el Estatuto de que se puedan generar otros modelos económicos ligados al respeto a la naturaleza. […] Porque si yo tengo una idea que con la autonomía indígena voy a mejorar la calidad de vida solo de mí y de mi familia y no de mi comunidad, estamos perdidos porque estamos repitiendo el mismo modelo de los políticos de siempre. No queríamos la política pero estamos cayendo en lo mismo. […] Están con la lógica: vamos a ser autónomos y ahora cuanto de IDH [Impuesto Directo a los Hidrocarburos] nos corresponde.²⁵

34Esta tensión entre una autonomía concebida como alternativa a los modelos políticos, económicos y sociales predominantes a nivel nacional, donde el pueblo guaraní pueda ser realmente libre y autodeterminarse en su territorio ancestral, y la autonomía “de derecho” permitida por el Estado, condicionada, subordinada e infiltrada por sus lógicas e intereses, es la que explica, además de los factores mencionados, la victoria del “no” en el referéndum autonómico de Huacaya; quizás se trata de un “no” de protesta contra una autonomía no autónoma.

(In)conclusiones

35Es posible afirmar que en el proceso de la Autonomía Guaraní en el Chaco boliviano, concretamente en la experiencia de Huacaya, confluyen de forma compleja y entrelazada diversos niveles que entran en tensión a la hora de definir la forma y el propio contenido de la autonomía. Por un lado los sujetos indígenas, en particular los/las asambleístas que elaboraron el estatuto, resignifican en un discurso autonómico, presentado como propiamente guaraní, un conjunto de prácticas “semiautónomas” y experiencias organizativas de las últimas décadas, tejidas progresivamente a partir de su articulación territorial y política en capitanías a través de la APG. Por otro lado, se toman en cuenta las formas comunitarias de matriz ancestral que expresan los modos de organización político-territorial del pueblo guaraní, donde se evidencia la oficialización de las prácticas de autogobierno guaraní de facto, desarrolladas a través de esta “red de relaciones asamblearias” que también es la APG.

36En este sentido, es posible ligar igualmente las luchas de los guaraníes por el reconocimiento cultural como pueblo y el derecho a la autodeterminación en los territorios que habitan como una posibilidad de obtener una autonomía territorial con un horizonte político que va más allá de las autonomías municipales, regionales y departamentales reconocidas en la actual Constitución. De esta manera, la autonomía tal y como se plantea desde los mismos sujetos sería una modalidad de descolonización política, territorial y sociocultural. Asimismo, la demanda autonómica surge de un imaginario social y territorial anterior al Estado nación, e incluso a la colonia, con una carga histórica que cuestiona explícitamente el diseño político-territorial “colonial” sobre el que fue estructurado y organizado el territorio estatal boliviano.

37El tránsito hacia un Estado plurinacional y “con autonomías” (específicamente de tipo étnico-originario) implicaba romper con el “monopolio de la política” presente en toda la historia estatal en Bolivia; es decir, abría la posibilidad constitucional de instaurar y desarrollar una pluralidad de espacios y formas de autogobierno que se concretarían a través de autonomías indígenas. No obstante, en el actual decenio se ha pasado de un proceso constituyente generado por movimientos indígenas, en el que estos estarán subordinados o ausentes, a un período en que el gobierno, con Evo Morales a la cabeza, pronto empezó a desplegar una política destinada a abortar, frenar o subordinar las autonomías indígenas.

38Como podemos suponer, estos esfuerzos por parte del Estado, tanto en el ámbito local como central, se deben a los modelos políticos y económicos promovidos por los gobiernos del MAS, que corresponden a un horizonte nacionalista en cuanto a lo político, y en el modelo económico basado en el extractivismo, en una clara contradicción con los derechos territoriales de los pueblos originarios. Este carácter extractivista del actual Estado boliviano se evidencia con más fuerza precisamente en regiones como el Chaco, tradicionalmente marcado como zona de explotación hidrocarburífera. Así, el control sobre los recursos no renovables y los excedentes que producen, al igual que sobre el territorio donde se encuentran, se convierte en el tema clave para entender el actual proceso autonómico y sus dificultades.

39Como hemos visto al analizar el caso de Huacaya, que más allá de sus peculiaridades puede ser ilustrativo y extensivo a otros procesos de autonomías “de derecho”, las diferentes formas de presión y control político y estatal hacia el pueblo guaraní para impedirle que pueda ser autónomo, determinan en gran medida el éxito y el alcance del desafío autonómico, llevando al desgaste y vaciamiento de su sentido comunitario y transformador. Por lo tanto, las autonomías institucionales (otorgadas por el Estado) presentan varias contradicciones, en su mayoría causadas y propiciadas por el mismo Estado moderno, liberal-capitalista y esencialmente monopólico: frente a la demanda de la descolonización y autodeterminación político-territorial de los pueblos indígenas y las naciones originarias, se preservan las estructuras administrativas coloniales y/o republicanas monoculturales y se impone la soberanía estatal sobre los recursos naturales no renovables justificada por el modelo extractivista. Contra las formas de autogestión y autogobierno propias de los pueblos indígenas, se imponen procedimientos burocráticos liberales que desconocen la deliberación colectiva, al promover el voto individual, la sujeción partidaria y la cooptación clientelista. Asimismo, las “autonomías oficiales” (de derecho), aunque hayan sido “una conquista” de las luchas indígenas, parecen no sólo limitadas en cuanto a su alcance emancipador, sino que apuntan a desmantelar la autonomía de facto practicada por los pueblos y abortar su carácter de alternativa societal. En este sentido, las bases están convencidas de que la autonomía, tal y como es consentida por el Estado, no sólo no permite su mayor autodeterminación, sino que al contrario, puede significar una mayor sujeción al Estado y a las nuevas élites caciquiles en el interior de las propias organizaciones indígenas, tras la desarticulación de su fuerza organizativa de base realmente autónoma, como aciertan algunos dirigentes al decir que con la autonomía tienen en sus tierras más Estado que sin ella.

40En las últimas décadas el debate en torno a las autonomías político-territoriales ha abierto, especialmente en América Latina, un campo fértil de discusiones teórico-políticas sobre las alternativas sociales, políticas y territoriales a partir de innumerables experiencias locales surgidas desde el “subsuelo de la política” (Tapia, 2008). Dichos procesos autonómicos parecen cuestionar, por una parte, al capital, no sólo como modalidad de acumulación sino como forma de organización humana y, por otra parte, a los mismos Estados nacionales, como modalidades de organización de la vida política de la sociedad (Zibechi, 2008). A la vez, gran parte de estos procesos autonómicos se presentan como espacios político-societales donde se entretejen embrionariamente relaciones horizontales, cooperativas y de reciprocidad, además de una gran diversidad de formas alternativas productivas, democráticas y de gestión de los “bienes comunes”. Esta idea de autonomía cuestiona también, de forma radical, incluso la concepción de democracia (liberal) que habría cristalizado como dogma hegemónico y, acaso, como forma política dominante. Al mismo tiempo, la autonomía como noción profundamente política actualizará viejas discusiones teórico-políticas en torno a la autodeterminación, así como su relación con otros conceptos tan antiguos como la emancipación, la democracia y la libertad.

41Queda preguntarnos si el camino abierto por las luchas indígenas que apuntaba hacia el reconocimiento estatal de sus reivindicaciones, realmente los acerca a su objetivo principal, es decir, a su reconstitución como pueblos y su autodeterminación en el territorio ancestral. ¿No será que la autonomía de derecho está ahogando el espíritu emancipador de la propuesta autonómica indígena y obstaculizando las aspiraciones de lograr una verdadera reconstitución político-territorial de los pueblos, más allá del Estado nación? Sin duda, los mismos sujetos autonómicos deben dar respuesta a esta y otras cuestiones urgentes que surgen a la hora de concebir su relación con el Estado.