Fraude y corrupción asfixian respuesta frente a coronavirus en América Latina

En un momento en que Latinoamérica se sitúa como el nuevo epicentro global de la pandemia de coronavirus, la corrupción ha proliferado, con casos de políticos e intermediarios prestos a llenarse los bolsillos.

Los contratos para responder al coronavirus han estado plagados de irregularidades en una docena de países, desde Argentina hasta México, según los hallazgos de un informe publicado el 19 de mayo por el Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos (Lawyers’ Council for Civil and Economic Rights).

InSight Crime analiza los tres tipos más importantes de manipulación de contratos: fraude, favoritismo y especulación de precios, que se han agudizado en medio de la pandemia.

1. Fraude

En el apremio de prepararse para los aumentos de casos de coronavirus, gobiernos locales y nacionales se han abocado a preparar contratos para responder a las emergencias de salud, seguridad e infraestructura.

Contratistas y funcionarios de gobierno no tardaron en aprovechar la situación para desviar recursos y cometer fraude.

En Colombia, se encontraron irregularidades en más de 300 contratos de gobiernos locales, según un reportaje publicado el 20 de mayo por la revista Semana.

El artículo presentó contratos redundantes, compra de elementos innecesarios, como radios portátiles, y la contratación de personas sin experiencia relevante, como el dueño de un bar contratado para transportar pruebas de coronavirus.

A finales de mayo, el Fiscal General anunció la compulsa órdenes de captura por corrupción y malversación al menos contra una docena de alcaldes, pero desde ese momento la Fiscalía General ha guardado sigilo sobre los avances en estos casos. Varios gobernadores también han sido objeto de investigación por irregularidades en contrataciones, según anunciaron el fiscal general y otros funcionarios a finales de abril.

El gobierno brasileño ha abierto más de 400 investigaciones por contratos para la mitigación del coronavirus. A finales de mayo, las autoridades hicieron efectivas una docena de órdenes de cateo, que incluyeron un allanamiento de la residencia en Rio de Janeiro del gobernador del estado Wilson Witzel por sospechas de desvío de fondos para la construcción de hospitales, según AP. Witzel denunció que la investigación en su contra tenía motivaciones políticas.

2. Favoritismo

Los funcionarios de gobierno están usando los contratos del coronavirus para enriquecer a sus círculos cercanos.

La investigación de Semana en Colombia halló que las autoridades locales muchas veces otorgaron contratos a aliados, parientes o donantes de campaña.

En República Dominicana, el Ministerio de Salud otorgó a una sola empresa US$27 millones de su presupuesto de US$37 millones para contratos de suministros, según un informe del Consejo de Abogados y el cubrimiento del medio informativo dominicano Acento. En muchos casos, esa firma fue el único ofertante en licitaciones que se dejaron abiertas por unas cuantas horas, como lo señaló el Consejo de Abogados.

Desde entonces, la administración del presidente Danilo Medina ha anulado estos contratos. A comienzos de abril, Medina creó una comisión de transparencia para vigilar la respuesta frente al coronavirus. No es clara la relación entre el gobierno y los dueños de la firma beneficiada.

En Paraguay, el Ministerio de Salud otorgó contratos de suministros médicos y farmacéuticos por valor de decenas de millones de dólares a empresas ligadas a familiares de un mismo empresario, Justo Ferreira, según informó La Nación de Paraguay en el mes de abril. El Ministerio Público anunció a fines de mayo que está investigando los contratos, los cuales fueron rescindidos, como informó ABC Color.

Funcionarios médicos anunciaron el 8 de junio que los medicamentos importados por las empresas de Ferreira incumplían los estándares y serán destruidos. En una entrevista con ABC TV Paraguay el 11 de mayo, Ferreira defendió los contratos diciendo que sus empresas solo se presentaron a la licitación de esos contratos con el objetivo de servir al pueblo paraguayo y que asumía toda la responsabilidad por la calidad de los productos.

La mayoría de las leyes de constitución de empresas en Latinoamérica no obligan a una firma a revelar sus “propietarios beneficiarios”, quienes usufructúan la empresa pero cuyos nombres no aparecen en las actas de constitución, explicó Julia Yansura, experta en finanzas de Latinoamérica en el centro de pensamiento Global Financial Integrity, con sede en Washington DC.

Esa falta de transferencia facilita el ocultamiento de una relación deshonesta. “Es un problema de mucha mayor envergadura, pero en realidad alcanza un punto crítico en una situación excepcional como esta cuando la gente se ve obligada a cerrar contratos con premura”, señaló Yansura en conversación con InSight Crime. “[Los gobiernos] simplemente no tienen toda la información que necesitan para garantizar que [estén] evitando el favoritismo”.

3. Especulación de precios

Además, los gobiernos han estado adquiriendo suministros médicos a precios exorbitantes, dejando ganancias a contratistas con conexiones y enriqueciendo a los políticos en la forma de coimas y otros favores.

En Bolivia, las autoridades pusieron en custodia al ministro de salud Marcelo Navajas el 20 de mayo después de que se denunciara que el gobierno había adquirido 170 ventiladores a una firma española por casi el cuádruple de su valor, por lo que se incurrió en sobrecostos superiores a US$3,5 millones. Los ventiladores eran de mala calidad, lo que los hacía inservibles en hospitales, según reportó el medio noticioso boliviano Página Siete.

El abogado de Navajas dijo, después de su arresto, que la compra de los ventiladores era legal y que las autoridades habían violado sus derechos constitucionales.

El 18 de mayo, la asamblea legislativa de Bolivia anunció mediante un comunicado oficial la creación de una comisión mixta para investigar el escándalo de los ventiladores. Cuatro días después, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Sergio Choque, acusó al gobierno de intentar distanciarse del escándalo, y señaló que también debía investigarse a Aníbal Cruz, antecesor de Navajas en la cartera de salud.

En Honduras, el gobierno adquirió pruebas de coronavirus por US$100 cada una, a tres intermediarios que las compraron a US$4 por unidad en China. En Guatemala, el gobierno compró mascarillas N95 por 18 veces su valor comercial a un empresario que ya había sido condenado por cargos de corrupción.

Y en Ecuador, los esquemas de sobreprecios han sido aún más truculentos con la emergencia global: dos hospitales pagaron sobrecostos por bolsas para cadáveres nada más y nada menos que por US$568.090, como ya lo había informado InSight Crime.

En otros casos, las preocupaciones por la corrupción en la contratación y la malversación de recursos públicos han asfixiado el necesario alivio a las comunidades afectadas.

Yansura mencionó una investigación del sitio de noticias guatemalteco Nómada, que halló que el gobierno guatemalteco no ha gastado un solo dólar de los fondos de ayuda de varias organizaciones, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en contratos para necesidades de salud pública.

El atraso es resultado de impedimentos burocráticos que dilatan el registro de donaciones en las bases de datos del gobierno, lo que a la vez complica y enturbia la manera como se redistribuye el dinero, señaló la investigación.

“Desde un punto de vista de transparencia, no es solo que se quiera prevenir la corrupción o gastos indebidos, es también que se quiere garantizar que hay un buen gasto”, acotó Yansura.

Es difícil estimar la escala exacta de los fraudes en contratos y la interferencia en gastos, pues los gobiernos han limitado el volumen de información de dominio público. Algunos mandatarios, como el presidente Nayib Bukele de El Salvador, se han negado a revelar cómo y dónde asignaron los contratos y los gastos de la emergencia.

Mientras los números de casos y muertes escalan en toda la región, la corrupción en el sector de salud pública seguirá causando estragos en las cadenas de suministros, drenando los fondos del gobierno e impidiendo que los suministros médicos lleguen a quienes los necesitan.

Publicado originalmente en InSight Crime