Desdeñada por las familias de los 43, sus abogados y los equipos independientes de investigación que han estudiado el caso Ayotzinapa desde 2014, la versión de lo ocurrido que dio el Gobierno del PRI ha quedado definitivamente sepultada. La ciencia ha acabado de desbaratar la narrativa que pretendió imponer el Gobierno de Enrique Peña Nieto hace ya casi seis años. Los estudiantes no murieron asesinados en el basurero de Cocula, al menos no todos. Este martes, la fiscalía especial del caso ha revelado que uno de los restos hallados en noviembre pasado, en un lugar diferente del basurero, perteneció en vida a Christián Alfonso Rodríguez, uno de los 43.

Pasadas las 14.00, hora de Ciudad de México, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, ha informado del hallazgo en un mensaje virtual divulgado a través de las cuentas de redes sociales de la Fiscalía General de la República. “Esta identificación rompe con la narrativa de una mentira que cerró posibilidades de buscar. Hoy les decimos a las familias que la búsqueda de sus hijos seguirá”, ha dicho. Gómez ha informado además de que la fiscalía mandará a analizar nuevos restos a Innsbruck.

Mientras esto sucedía, las familias de los 43 se reunían con el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en Ciudad de México. Encinas les ha informado del hallazgo, aunque muchos ya sabían algo, pues la fiscalía de Gómez comunicó a los padres de Rodríguez su identificación hace unos días. Después de la reunión, Encinas, que preside la comisión de investigación auspiciada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho: “La identificación del estudiante genera las condiciones para esclarecer los hechos de esa lamentable noche”.

El fiscal Gómez ha explicado que el resto óseo identificado fue hallado en noviembre en un paraje conocido como barranca de la carnicería, que se encuentra a 800 metros del basurero de Cocula. En diciembre de 2014, varias unidades de la extinta Procuraduría General de la República, PGR, entonces dirigida por Jesús Murillo Karam, rastrearon el lugar, pero no encontraron nada. Entonces, las investigaciones del caso las encabezaba el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia.

El ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, en el Estado de Guerrero. Un grupo de alumnos llegaron en la tarde del 26 a Iguala. Su versión siempre ha sido que viajaron al municipio a llevarse varios autobuses de línea, para un posterior viaje que querían hacer de la escuela a la Ciudad de México. Los estudiantes tomaron por la fuerza varios vehículos y buscaron la salida de Iguala, de vuelta a la escuela, como a tres horas de distancia.

Pero en la salida, un grupo de criminales coludidos con policías de Iguala y otros municipios cercanos les atacaron. Fue en varios puntos, porque los autobuses que habían tomado los estudiantes siguieron rutas de salida distintas. Los atacantes les cerraron el paso en una calle cerca del anillo periférico, la avenida que rodea Iguala. También les interceptaron junto al Palacio de Justicia.

Fue una cacería. El contubernio criminal-policial atacó a balazos a los estudiantes, como si fuera un ejército invasor y los estudiantes solo pudieron correr. Algunos quedaron muertos en Iguala, como Julio César Mondragón, asesinado a golpes durante la madrugada. Su cuerpo apareció en un camino rural a las afueras del municipio al día siguiente.

En total, seis personas murieron esa noche en Iguala durante el ataque. Los criminales desaparecieron además a 43 estudiantes, entre ellos a Christian Rodríguez, que entonces tenía 19 años. No está claro de dónde se llevaron los criminales al muchacho, si de la calle cercana al periférico o del entorno del Palacio de Justicia. Ni siquiera la investigación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mucho más exhaustiva que la que presentó en su día la PGR, logró establecer el lugar de donde se llevaron al joven.

Rodríguez es el tercer estudiante identificado hasta hoy. En 2014 y 2015, el mismo laboratorio que ha analizado sus restos, radicado en la Universidad de Innsbruck, Austria, identificó a otros dos estudiantes. Primero, en 2014, a Alexander Mora y luego, en septiembre de 2015, a Jhosivani Guerrero. En ambos casos, sus restos aparecieron, según el equipo que entonces lideraba Tomás Zerón, en el río San Juan, muy cercano al basurero donde, dijeron, habían asesinado y quemado a los estudiantes.

A medida que el ataque contra los estudiantes se convertía en una tormenta política para el Gobierno de Peña Nieto, la PGR intervino el caso y desplazó a la fiscalía estatal. Fue en octubre de 2014. Los investigadores detuvieron e interrogaron a decenas de personas, entre ellas presuntos integrantes de Guerreros Unidos, el grupo criminal que había coordinado el ataque. Los avances fueron rápidos y en noviembre, el procurador Murillo Karam apareció ante los medios para dar cuenta de los resultados.

Murillo explicó que el ataque contra los estudiantes había sido ordenado por Guerreros Unidos, para “defender su territorio”. Según su versión, este grupo criminal pensó que los estudiantes eran en realidad integrantes de un grupo contrario o que, al menos, camuflaban a integrantes de un grupo contrario. A partir de las declaraciones de varios detenidos, Murillo contó que policías coludidos con Guerreros Unidos condujeron a los estudiantes al basurero de Cocula, no muy lejos de Iguala. Allí, los criminales mataron a los supervivientes de los ataques previos, juntaron los cadáveres en una pira y les prendieron fuego. Luego, los mismos criminales habrían recogido los restos, los habrían triturado y colocado en bolsas de plástico y luego los habrían tirado al río San Juan.

En enero siguiente, Murillo y Zerón comparecieron de nuevo, para ampliar lo que habían dicho en noviembre. El núcleo de su versión apenas varió, pero sí divulgaron los resultados de nuevos estudios que, a su juicio, probaba el gran fuego del basurero de Cocula.

Los meses siguientes fueron una pelea por el control del relato. Para el Gobierno del PRI y la PGR, la verdad era la que habían contado. Para las familias y sus abogados, aquello dejaba demasiados interrogantes abiertos. La sociedad además estaba de su lado. México no había visto en años movilizaciones como las que se vieron en los meses posteriores a la desaparición de los 43. La presion era tanta que Peña Nieto accedió a que un grupo de investigadores independientes, auspiciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hiciera sus propias pesquisas.

En diciembre de 2015, los investigadores independientes, conocidos en México como GIEI, dieron su veredicto: en Cocula no había habido un fuego aquella noche de las dimensiones necesarias para desintegrar a tantas personas. El debate estaba servido. Los expertos señalaron además que era posible que parte de los detenidos hubieran sido torturados durante los interrogatorios. La poca confianza que las familias tenían en el Gobierno menguó. Meses más tarde, el GIEI denunció que Tomás Zerón y sus investigadores habían incurrido en irregularidades durante sus primeras semanas a cargo de la investigación. En octubre de 2104, denunció el GIEI, Zerón fue a la zona del basurero y el río con uno de los detenidos, sin que aquella diligencia constara en el expediente. Aquel choque con Zerón hizo incluso que las familias de los 43 dudaran sobre los hallazgos de restos de la PGR en el río San Juán.

Para entonces, mediados de 2016, Murillo ya había salido de la procuraduría. Zerón lo haría meses más tarde. En los dos años y medio que siguieron no hubo noticias nuevas acerca de la investigación oficial. Peña Nieto no renovó el permiso para que el GIEI siguiera investigando y la confianza de las familias en el Estado era nula. En marzo de 2018, las sospechas de que los detenidos habían sido torturados se confirmaron. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en que denunciaba que al menos 34 detenidos por el caso habían sido torturados. La oficina del ombudsman llegó a conclusiones parecidas meses más tarde.

Cuando López Obrador tomó posesión en diciembre de 2018, una de sus primeras medidas fue crear la comisión presidencial para esclarecer el caso Ayotzinapa. Puso a Encinas al cargo y estableció reuniones con las familias cada mes. En la fiscalía, el nuevo titular, Alejandro Gertz, nombró de fiscal especial para el caso a Omar Gómez, muy cercano a los integrantes del GIEI.

Desde entonces ha pasado año y medio. La identificación de Christian Rodríguez es sin duda el mayor logro de la nueva administración. Sin embargo aún quedan 40 estudiantes desaparecidos y una narrativa llena de agujeros. Si la versión que presentaron Murillo y Zerón era falsa, si los 43 no fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, entonces, ¿cuál es la verdad?