Este artículo fue escrito pocos días antes que su autora lograra cruzar a pie una de las fronteras de Nicaragua escapando al exilio antes de una detención ineludible anunciada por la Fiscalía. Después que el GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes expulsado por Ortega, registrara 328 asesinatos comprobados, pero antes que ocurrieran los siguientes 90, antes que llegaran a Costa Rica 85,000 nicaragüenses solicitantes de refugio, antes que la dictadura cerrara 12 ONG´s y 20 medios de comunicación independientes y apresara a periodistas que denunciaban las masacres.

1. Despertando desde la historia a la actualidad

Aquel 19 de julio de 1979, América Latina saludó emocionada a Nicaragua, que iniciaba un nuevo período en su historia con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Este pequeño país centroamericano surgía a contrapelo del Cono Sur, que transitaba la larga noche de las dictaduras militares, con el general Alfredo Stroessner que gobernaba Paraguay desde 1954 mediante un golpe de Estado, el general Hugo Banzer, que gobernaba Bolivia mediante un golpe de Estado desde 1971, el general Augusto Pinochet, que gobernaba Chile mediante un golpe de Estado de 1973, Aparicio Méndez, que gobernaba Uruguay por mandato de una Junta Militar desde el golpe de Estado de 1973, el general Ernesto Geisel, que gobernaba Brasil como presidente de los militares golpistas desde 1974, el general Jorge Rafael Videla, que gobernaba Argentina mediante un golpe de Estado de 1976, mientras una Junta Militar gobernaba Ecuador.

Los relatos de la heroica lucha del pueblo de Nicaragua cruzaban las fronteras de todos los continentes. Nunca hubo una solidaridad internacional tan manifiesta con una revolución triunfante. Todos los sueños parecían haberse realizado aunque todo mundo sabía que sería difícil salir de una dictadura que había iniciado en 1947.

Los Somoza gobernaron Nicaragua durante 42 años, sucediéndose entre 1947 y  1979 los Somoza García y Somoza Debayle, con intermitentes testaferros colocados por la misma familia.

La Guardia Nacional de Somoza fue acusada tanto dentro, como fuera de Nicaragua de gran cantidad y variedad de crímenes, sobre todo, abusos de poder, asesinatos, crueldad y parcialidad al servicio de los intereses de la familia Somoza y sus allegados. Fue derrotada por la lucha encabezada por el Frente Sandinista, luego de una cruenta guerra de liberación.

Daniel Ortega Saavedra lleva 22 años gobernando a Nicaragua, primero durante la revolución Popular Sandinista entre 1979 – 1990 y luego desde el 2007 al 2018, periodo que podría extenderse hasta el año 2021, completando 15 años ininterrumpidos en el poder. Las dos última elecciones (2011 y 2016) fueron seriamente cuestionadas por organizaciones de observación electoral dentro y fuera de Nicaragua. La Unión Europea constató la violación a la ley electoral y señaló fuertes irregularidades; la OEA publicó un tibio relato mostrando algunas dificultades que su Secretario General prefirió dejar pasar a su antiguo aliado Daniel Ortega, perdiendo Nicaragua la oportunidad de impugnar “el fraude más ampliamente documentado de la historia”, tal como los medios nacionales llamaron a ese último proceso electoral.

Desde el 2007 el gobierno del FSLN ha desmantelado la débil institucionalidad que trabajosamente se había logrado construir desde 1990, cuando los gobiernos “neoliberales” de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños gobernaron por 17 años consecutivos. Entre comillas neoliberales porque si bien el sandinismo llamaba así a esos gobiernos de derecha, pronto comprendimos que una vez regresados al poder, los antiguos guerrilleros aplicarían un plan económico que era y es felicitado por las Instituciones Financieras Internaciones.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional evalúan y aprueban cada semestre la marcha de las medidas neoliberales que su pupilo de izquierda aplica a ultranza. Mientras tanto, en la plaza pública con encendidos discursos, los gobernantes condenan el capitalismo salvaje y el imperialismo, contentando a la muchedumbre que recuerda nostalgiosa las luchas de antaño.

La transformación capitalista y neoliberal del Frente Sandinista nunca pudo haber tenido tanto éxito sin el recurso de la represión y la violencia, que fue instalándose progresivamente.

El estallido de abril.

La masiva protesta social estalló en abril 2018 primero ante la indiferencia gubernamental durante el incendio de la reserva Indio Maíz y segundo por las reformas al Instituto de Seguridad Social que obligaba a trabajadoras, trabajadores y a la patronal a aportar más por el seguro mensual, quitando además el 5% de la pensión a jubiladas y jubilados para pagar sus medicamentos. Esta última medida gubernamental fue solamente la chispa que faltaba para desencadenar el gran incendio nacional, que se convirtió en una insurrección cívica y pacífica, que estalló 39 años después del inicio de la Revolución Popular Sandinista.

Marchas, plantones, pintas, gritos y consignas callejeras, miles de banderas azul y blanco ondeando en manos de centenares de miles de manifestantes sorprendieron a la comunidad internacional, pero sobre todo a la propia ciudadanía, por su inesperada capacidad de expresarse masivamente, mostrando el descontento acumulado en tantos años de abusos. La respuesta gubernamental rápidamente mostró la verdadera naturaleza del régimen pasando por varias fases, cada una más dura que la anterior. Militantes del Frente Sandinista con camisetas y gorras que les identificaba públicamente agredieron a las primeras personas manifestantes golpeando con tubos de metal, atropellando con motos e impidiendo la protesta por métodos violentos. El 19 de abril en Camino de Oriente, militantes de la Juventud Sandinista golpearon con un tubo de metal en la cabeza y robaron el celular del joven periodista de Onda Local Julio López que cubría la protesta. López resultó con conmoción cerebral severa, debiendo ser hospitalizado por más de 24 horas.

Paso a paso la violencia gubernamental fue creciendo con el uso de armas de fuego y la aparición de civiles encapuchados que, -acompañando a las fuerzas policiales-, cometían toda clase de atropellos causando finalmente la muerte de centenares de ciudadanas y ciudadanos desarmados.

La criminalización de la protesta: La Policía Nacional de Nicaragua desde abril 2018 sofocó la protesta ciudadana a partir de la represión, la violencia, la persecución, la desaparición de personas opositoras, las violaciones a mujeres y jóvenes, enfocando su accionar contra la población desarmada, el liderazgo campesino, estudiantes protagonistas de la protesta pacífica, líderes de la sociedad civil y religiosos, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos e integrantes de cualquier movimiento o agrupación que el gobierno considere “golpista”, “delincuente de derecha”, enemigo o contra revolucionario.

La violenta respuesta gubernamental creó órganos represivos letales y violentos sumándose a policías, turbas, motorizados y militantes de la Juventud Sandinista que actúan como fuerzas de ocupación y exterminio en el contexto de una guerra, sembrando terror en la población y estableciendo estados de sitio de hecho. Este aparato con características militares en técnica y armamento es más letal que las fuerzas de choque que por más de diez años fueron empleadas por el gobierno para garantizar el monopolio de las calles.

Estos cuerpos se apoyan en un trabajo de inteligencia realizado por los Concejos de Poder Ciudadano (CPC), Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) y en operadores políticos en los barrios y comunidades los cuales identifican a las personas que participan en los tranques, barricadas y marchas y aquellas que apoyan a los protestantes con víveres y medicamentos. Como una acción de intimidación las personas identificadas son incluidas en una lista y en muchos casos sus casas marcadas. Esta situación ha dado lugar a detenciones ilegales, desapariciones forzadas y asesinatos ejecutados por para policías, los cuales se movilizan en vehículos de la Policía Nacional y particulares.

El uso de vehículos de la policía para trasladar a policías y para policías provocó que a finales de junio la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu solicitara al gobierno nicaragüense su devolución por violentar los términos en los que fueron donados. Estos fueron inmediatamente regresados a la representación diplomática norteamericana sin comentario alguno de los jefes de esa institución. Un reclamo similar hizo el gobierno de Japón al observar el uso de vehículos donados por ese gobierno para reprimir a la población.

La defensa de la vida en tranques y barricadas. En todas las ciudades la gente rápidamente comprendió la importancia de evitar las incursiones de los motorizados, vehículos y fuerzas para partidarias armadas por lo que comenzó a levantar barricadas y “tranques” en casi todos los departamentos del país. Los tranques se diseminaron rápidamente hasta contarse más 180 en ciudades y comarcas, incluidas carreteras y la vital Panamericana que comunica el istmo centroamericano en toda su extensión.

En su obsesión por desalojar los tranques, la respuesta gubernamental provocó un baño de sangre de una magnitud inenarrable. Un ejemplo puede considerarse la violenta represión a Veracruz el 19 de junio, con el objetivo de desalojar el tranque de la rotonda de Ticuantepe, jurisdicción del Departamento de Masaya, que dio inicio a una nueva escalada violenta contra los protestantes. El uso de decenas de camionetas particulares y de la policía, así como de centenares de para policiales fuertemente armados dejó en evidencia que el régimen elevaría la parada a fin de desalojarlos.

Medios de comunicación y periodistas en la línea de tiro: Ese día diversos periodistas entre ellos los equipos periodísticos de Nicavisión Canal 12 y de 100% Noticias fueron interceptados, agredidos, amenazados y despojados de sus equipos por para policías encapuchados los cuales portaban chalecos antibalas.

Las agresiones a los medios de comunicación incluyeron cierre temporal de canales de televisión, quema y destrucción en dos oportunidades de Radio Darío en León. Robos de celulares, cámaras, golpes, amenazas y persecución de hombres y mujeres de prensa, que tuvieron que realizar su trabajo en extremas condiciones de inseguridad. El asesinato del periodista Ángel Gaona en Bluefields que filmó su propia muerte, terminó con la condena de dos jóvenes afro-nicaragüenses con 23 y 12 años de prisión, a pesar que la defensa y la propia familia del fallecido demostraron que la Fiscalía no pudo presentar evidencias de tal culpabilidad. El ataque de partidarios del gobierno frente al edificio del Canal 100% Noticias continuó con  el hostigamiento al personal del Canal 10 –el de mayor audiencia del país-, donde enviados del orteguismo pretenden controlar el contenido del Noticiero Acción 10, ingresando a la fuerza a sus instalaciones. Las amenazas a periodistas de Radio Corporación con una enorme audiencia nacional, son muestras evidentes que van por el control absoluto de los pocos medios de comunicación independiente que aún sobreviven.

1. Estudiantes irrumpen en abril y despierta el país entero

Durante años el estudiantado -y la juventud nicaragüense en general-, sufrieron todo tipo de descalificaciones por parte de las generaciones adultas, líderes de diversos partidos y movimientos, medios de comunicación e inclusive de la ciudadanía en general que les reclamaba ser indiferentes, apáticos, desinteresados, irresponsables o “valeverguistas”, afirmando que su principal ocupación era chatear pegados a sus celulares, inmersos en las redes sociales donde compartían cuestiones sin ninguna relevancia.

Otras voces reconocían las potencialidades de más de una generación de jóvenes que heredaron un país cuya institucionalidad fue destruida por una clase política viciada por el autoritarismo, los abusos y la corrupción, sin encontrar formas organizativas ni espacios donde expresar sus opiniones y demandas.

El protagonismo juvenil marcó un antes y un después en la lucha por la justicia y la democracia en Nicaragua. La irrupción de la juventud despertó y energizó a la ciudadanía, a la vez que su sacrificio enardeció la respuesta, cuando centenares de jóvenes de ambos sexos fueron asesinados, secuestrados y desaparecidos para ser finalmente encarcelados y juzgados como terroristas.  

1. ¿Dónde están las feministas?, en la lucha.

Las feministas de Nicaragua forman parte de múltiples y variadas formas organizacionales que han estado presentes en la resistencia anti patriarcal desde dentro de la propia Revolución Popular Sandinista. En los sucesivos gobiernos desde los ´90 en adelante, desarrollaron una extensa lucha basada en la crítica y la propuesta que todos los gobiernos se empeñaron en descartar. Como movimiento y a pesar de sus carencia de estrategias consensuadas, se mantuvieron en la lucha ciudadana sin descanso alguno, aun en tiempos de reflujo de los demás movimientos sociales.

Al interior de las organizaciones feministas y luego de muchos años de encuentros y desencuentros, se reconoce la existencia de una deuda histórica, que incluye el reconocimiento mutuo, el respeto a la diversidad, la promoción de nuevos liderazgos, la aceptación de nuevas iniciativas y también el trabajo intergeneracional, aceptando nuevas modalidades, compromisos y formas de ser feministas, superando las desconfianzas en momentos donde la sobrevivencia se transforma en una meta cada día.

No hay un solo espacio de la lucha sin la presencia de feministas. En los peores días de represión, cuando el gobierno ejecutó “la operación limpieza”, mediante la cual ametralló a la población desarmada en tranques, barricadas y manifestaciones, las feministas en cada territorio establecieron un sistema de comunicación vía redes sociales que daba cuenta hora a hora del día y de la noche de cada avance de la resistencia y de cada episodio de represión. Informaban detalladamente las actividades de la población organizada y la de paramilitares que se preparaban en los barrios o se trasladaban de un sitio a otro para atacar; llamaban alertando, sugiriendo vías de salida, señalando sitios por donde estaba prohibido avanzar, lugares de refugio, de abastecimiento, de atención de personas heridas.

Participaban de la organización de los tranques y en más de alguno fueron las jefas, donde fueron llamadas “comandantas” a las que los hombres respetaban por su valor y decisión. Lideraban los Comités Azul y Blanco, Autoconvocados o 19 de Abril. Fueron responsables de la logística, el traslado de insumos y suministros, de personas perseguidas o heridas, recolectaban dinero dentro y fuera del país, con formas creativas inimaginables.

Al respecto, una feminista que participó en la construcción del movimiento escribía en los trágicos días de mayo 2018: “Dónde están las feministas? Y se respondía “Levantando adoquines, organizando la colecta de alimentos, curando las heridas de balas, escribiendo el pronunciamiento, diseñando el afiche, denunciando en el FB, redactando el artículo, cocinado el gallo pinto de las chavalas y chavalos, operando en la casa clandestina, llamando a la solidaridad, encendiendo las velas en la vigilia, editando el video, viajando en la Caravana Solidaria por Europa, peleando con la izquierda cavernaria, reunida en Zoom, voluntaria en los hospitales solidarios, enfrentado a los antimotines, marchando con cacerolas, imprimiendo las fotos de tanta juventud asesinada, hablando en la televisión, discutiendo en el Diálogo, debatiendo la estrategia, levantando el ánimo, cuestionando lo métodos, esquivando oportunistas, aclarando que es falsa esa foto, acompañando a las madres, haciendo guardia en el Chipote, terminando la última estrofa del poema, practicando el discurso, llamando a la resistencia, encabezando la marcha, levantando los carteles, tomando las manos de las que violaron, confortando a la que busca su desaparecida, su desaparecido, viajando con provisiones, visitando los tranques, trasladando, ofreciendo refugio, llamando a la concertación, denunciando el caudillismo, apurando el proceso, teniendo paciencia, llorando de rabia, venciendo la frustración, enterrando sus muertos, soñando que ya termina, celebrando la victoria…”    

1. Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Las organizaciones de sociedad civil han recorrido un largo y arduo camino de resistencias en el cual las organizaciones de mujeres y feministas no se dieron descanso alguno para denunciar los atropellos a los derechos humanos por parte de los gobiernos que -desde 1990, año en que terminó la Revolución-, se han sucedido bajo banderas conservadoras, liberales y finalmente sandinistas, desde el 2007.

Desde el momento en que estalló la insurrección cívica, diversas organizaciones y movimientos de múltiples procedencias convergieron en mayo 2018 en la necesidad de formar la Articulación de Movimiento Sociales que se define como “un espacio de coordinación entre distintos actores sociales en todo el territorio nacional para impulsar un profundo cambio político y social en Nicaragua, que se organiza en torno a la justicia y la democracia a través de procesos horizontales, diversos e inclusivos”.

La presencia de feministas en la Articulación de Movimientos Sociales es un desafío permanente, pues los más aliados de los aliados no están acostumbrados a incluir o tomar en cuenta los aportes de las feministas y más de alguno ni siquiera sabe cómo manejarse ante el liderazgo de las mujeres o reconocer su capacidad de ciudadanas pensantes; pero en esta etapa crucial de la vida nacional, tanto feministas como aliados estamos aprendiendo a convivir con un propósito común: Que se vayan!

El difícil camino de articular tantas voces dispersas es una prueba permanente que muestra que es posible lograrlo cuando se reconocen las experiencias acumuladas y se proponen procesos de reflexión colectiva. Cuando se estudie sobre la participación de los movimientos sociales en la lucha de liberación de América Latina, seguramente la historia de la sociedad civil de Nicaragua tendrá un espacio relevante. Resulta difícil de entender cómo es que bajo el asedio, la represión, la persecución, la desaparición, el exilio y el encarcelamiento de ciudadanas y ciudadanos y especialmente de la dirigencia social, sea posible que dediquen tiempo y esfuerzos en analizar el contexto desde diversas perspectivas, definir estrategias, organizar propuestas consensuadas, someterlas a consultas, definir procesos inclusivos y autogestionados, y a la vez organizar la resistencia, apoyar la vida clandestina de centenares de personas jóvenes y adultas, lograr su salida por veredas preservando sus vidas, suministrar ayuda a los tranques, recolectar y distribuir medicamentos, crear clínicas clandestinas para atender personas con graves heridas, organizar y mantener casas de seguridad, sostener las barricadas, las ciudades tomadas y a la vez participar en plantones, marchas, caravanas junto a la ciudadanía movilizada, reconociendo sus formas organizativas y los liderazgos locales, promoviendo la articulación, la discusión, las alianzas, literalmente bajo las balas y la brutal represión.   

1. El Diálogo Nacional estancado por el propio gobierno.

Cuando la rebelión cívica irrumpió en las calles y se extendió a cada poblado del país tomando una fuerza que parecía incontenible, el gobierno se sintió obligado a convocar a un Diálogo Nacional para lo cual convocó a la Conferencia Episcopal de la iglesia católica como “testigo y garante”. La Conferencia Episcopal tuvo que acordar con el gobierno la composición de la mesa del Diálogo que quedó conformada por representantes de cinco cámaras empresariales e integrantes de la sociedad civil: una feminista en representación del movimiento de mujeres, dos representantes de la academia, uno del Diario La Prensa, una líder de las mujeres trabajadoras, un representante del campesinado en lucha contra el canal interoceánico, una representante de la Costa Caribe y una coalición de estudiantes conformada por cinco organizaciones universitarias.

Ortega nunca tuvo una real intención de dialogar, por el contrario, usó el Diálogo como propaganda para exportar, pero se negó sistemáticamente a aceptar la agenda propuesta por los obispos que en la práctica constituía el mecanismo a acordar para su salida del poder, expresando la voluntad mayoritaria de la población. La ciudadanía depositó una enorme confianza en esta iniciativa, basada en la posibilidad de encontrar una salida cívica y pacífica al descontento social que se había acumulado en los once años del gobierno de Ortega y Murillo.   

La Agenda del Diálogo Nacional planteaba como una salida la Ley Marco, por medio de la cual Ortega la recibiría de los dialogantes y la presentaría ante la Asamblea Nacional para que se proceda a su propia destitución y a la disolución de la propia Asamblea. Para que sea viable una Ley Marco debe existir un Estado y una instituciones que funcionen de manera independiente, deben respetarse las normas que la propia Constitución establece y como nada de eso existe en Nicaragua en el momento actual, la posibilidad de una salida cívica y pacifica parece seriamente limitada.

Mientras duró el Diálogo, el anfitrión desacreditó a sus convocados, amenazó con represalias que fue cumpliendo al extremo de haber secuestrado, acusado o encarcelado a más de 10 de sus integrantes, uno de los cuales, el líder del movimiento campesino Medardo Mairena fue acusado formalmente por “terrorismo”, mientras una decena de mujeres y varones universitarios de la mesa del Diálogo han sido detenidos, maltratados o permanecen en casas de seguridad ante el temor de ser apresados. Resulta inverosímil sostener el discurso del “diálogo y la búsqueda de la paz” cuando el propio gobernante ordena el encarcelamiento de sus integrantes, ataca a los obispos acusándolos públicamente de “golpistas”, algunos de los cuales resultaron heridos por los manifestantes orteguistas que les llaman “asesinos”, invaden los templos, los tirotean y matan estudiantes adentro, como ocurrió en la Iglesia de la Divina Misericordia el 13 de Julio, quedando el edifico perforado por las balas de los para militares amparados por la Policía Nacional, mientras asesinaban dos estudiantes a los que sacerdotes -cruzando entre las balas-, intentaban proteger.

1. Ataque directo a obispos, sacerdotes y templos católicos.

Son por demás expresivos los términos con que se refieren los sacerdotes de esa parroquia sobre lo sucedido: “Contra el suelo y respirando miedo se mantuvieron todos quienes se amparaban entre las paredes del templo. “Fue una noche de terror. A eso de las dos de la madrugada cortaron la energía, quedamos a oscuras y pasamos todos tendidos en el piso por miedo a las balas. Un par de balas entraron a la casa cural, muy cerca de donde estábamos”, afirmó Alvarado. “Temí por mi vida, en un momento pensé que era mi último día”, agregó. En esos momentos aciagos, el sacerdote mencionó que solo contemplaba la imagen de Cristo crucificado y rezaba con el rosario en sus manos. “Jamás pensé que podían atacar un templo, la casa de Dios”, recriminó Alvarado, que logró salir del lugar por gestiones del cardenal Leopoldo Brenes y organismos de derechos humanos. Las vidas de 2 jóvenes fueron apagadas por querer hacerse oír: Francisco José Flores de 21 años y Yerald Vásquez de 20, quien llegó a la parroquia con un impacto de arma de fuego en la cabeza y falleció en el comedor de la casa cural.

1. La Policía Nacional, centinela de la masacre del pueblo

La Policía Sandinista, creada por la Revolución fue llamada la “centinela de la alegría del pueblo” porque pretendía hacer realidad su lema Honor, Seguridad y Servicio. Como si hubiera pasado más de un siglo, 39 años después la institución que tomó el nombre de Policía Nacional en los ´90, pasó a ser el brazo ejecutor de la peor masacre del pueblo de Nicaragua en tiempos de paz. Paulatinamente, aquella policía que en los ´80 era impensable que solicitara o recibiera un soborno, una “mordida” en nicaragüense, o cometiera abusos a vista y paciencia de la jefatura, fue trastocándose en un brazo represivo del orteguismo que la desvirtuó corrompiéndola desde adentro.

A la vista y oídos de la ciudadanía, integrantes de este cuerpo armado cometen toda clase de atropellos, desde multas de tránsito totalmente injustificadas, cobros abusivos, chantajes, robo de objetos de quienes detienen o de las viviendas que ocupan sin orden judicial alguna. Golpes, amenazas y torturas claramente comprobadas que permanecen en completa impunidad. Violación de detenidas, “siembra” de drogas en viviendas, complicidad con el narcotráfico, recepción de regalías por parte del empresariado, y represión abierta indiscriminada, como en la actual crisis social del país.

Las evidencias han sido presentadas por la propia población que –usando sus celulares-, se ha convertido en la mejor fuente de información del país. Con sus celulares han registrado a los efectivos policiales persiguiendo, disparando, golpeando, pateando en el suelo, aplicando ganchos en el cuello hasta reducir a sus víctimas. Han sido señalados de violaciones múltiples en las dependencias policiales, tanto de jóvenes mujeres y varones, de provocar abortos a las detenidas, extraerles las uñas, y hasta de marcar las siglas FSLN en el brazo de un niño de 14 años, remedando la práctica hitleriana con sus prisioneros judíos.

A bordo de camionetas Hilux los nuevos “ISIS”, como los bautizó la población, han cometido asesinatos usando armas de guerra especialmente prohibidas para controlar protestas callejeras. Hay decenas de videos que muestran tiradores encapuchados a pleno día disparando desde esas camionetas en marcha con una destreza propia de tropas especiales de asalto, algunas de las cuales la población denunció por tener un acento extranjero que identifican como venezolano o cubano.   

No se puede establecer la diferencia entre un policía uniformado encapuchado o un para militar partidario encapuchado pues actúan al unísono, estos últimos recibiendo protección de los uniformados que les abren paso o los cuidan mientras los paramilitares amenazan, golpean, disparan o matan ciudadanas y ciudadanos desarmados. Los para militares avanzan por las aceras en fila india, mientras los oficiales de la Policía Nacional uniformados esperan.

Civiles motorizados cubiertos con cascos y vistiendo camisetas del Frente Sandinista sembraron el terror durante los últimos diez años, golpeando con bates o tubos de metal a manifestantes desarmados¹, impidiendo cualquier protesta social, porque “las calles son nuestras”, afirman. Actualmente, esos civiles portan armas de grueso calibre y actúan a pleno día junto a la Policía Nacional deteniendo, secuestrando, o torturando a detenidas y detenidos. Centenares de motos fueron entregadas a sus adeptos por el partido de gobierno; sus ocupantes gozan de completa impunidad pues al usar cascos o capuchas que les cubren el rostro no podrían ser identificados en el supuesto caso que las autoridades hubieran querido detenerlos.

1. El papel del Ejército de Nicaragua

Acusado en los últimos diez años de ejecuciones contra líderes campesinos -a quienes los militares mencionan como integrantes de bandas armadas delincuenciales, “abigeos” o narcotraficantes-, el Ejército de Nicaragua ha tenido fuerte presencia como órgano represivo en zonas rurales, especialmente en el llamado “corredor de la Contra”, donde se ha revelado la existencia de grupos armados contra el gobierno, con fines políticos. Relacionado  con importantes inversiones en energía hidroeléctrica, telecomunicaciones, bancos y toda clase de negocios lucrativos de los que participan por su apoyo incondicional a la pareja gobernante, los militares han dejado de ser desde hace mucho tiempo los herederos de Augusto Nicolás Sandino, el General de Hombres Libres.

Desde que comenzó la rebelión cívica, el Ejército se ha limitado a emitir comunicados llamando a la no violencia, negando el involucramiento de soldados, y el uso de armamento, en las “actividades” que llama de “orden público”. Sin embargo, distintos sectores de la sociedad sublevada presentaron numerosos testimonios de la participación del Ejército en la represión, denunciando el uso de armas de alto calibre solamente utilizadas por esa institución, el uso de camiones, con hombres entrenados como tropas de combate que acribillaron manifestantes, hicieron detenciones ilegales, persecución en las fronteras y apoyo explícito a la pareja presidencial desde la Dirección de Inteligencia para la Defensa DID, con información clasificada sobre las personas que protestan.

Además, su brazo ejecutor se ha extendido a dar persecución y detener a ex militares, combatientes durante la insurrección contra Somoza, como el Comandante Guerrillero y Coronel Carlos Brenes, que fue detenido por sus antiguos camaradas y entregado a la Policía Nacional. Brenes, paradójicamente fue integrante del comando que liberó a Daniel Ortega de la cárcel durante la dictadura somocista y ha sido considerado un ejemplo de mística revolucionaria.  

El 2 de setiembre pasado, el Comandante en Jefe general Avilés, con motivo del 39 aniversario de fundación del Ejército, omitió en su discurso mencionar la crisis, no mostró sentimiento alguno por las familias de las personas asesinadas y por el contrario, agradeció al gobierno de Ortega por “el fortalecimiento de la institución castrense”.

El general se limitó a mencionar que “Desde el 20 de abril pasado brindamos seguridad a 200 objetivos vitales en el país para evitar afectaciones al agua potable, energía eléctrica y transmisión de televisoras”. Ignorando la magnitud de la masacre afirmaba: “Nuestro país ha destacado por sus altos niveles de seguridad, que es garantía de estabilidad, tranquilidad y paz, por eso debemos todos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecerla y consolidarla”.

De eso modo dejó de lado a las 481 personas asesinadas, 1338 secuestradas y desaparecidas (de las cuales solo 123 han aparecido), las 3962 heridas y 98 lesionadas con daños permanentes.²

Según un reconocido experto en seguridad, “El Ejército tiene una cantidad de recursos en la bolsa de valores de Estados Unidos. Tiene cuentas en las islas Gran Caimán, que son paraísos fiscales. El día que una gota de sangre salga de algún fusil del Ejército, el Ejército se va a enredar, porque no solo es al comandante en jefe o a la comandancia, sino a la institución como tal en los recursos que tiene, que le va a caer la aplicación de la Ley Magnitsky”.

1. Impotencia de la comunidad internacional

Uno de los escasos logros del Diálogo Nacional fue que Ortega permitiera la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, que en un contundente informe echó por tierra la propaganda gubernamental de haber sido “víctima de una conspiración de la derecha golpista financiada por los Estados Unidos”.  

En seguimiento a la recomendación de las Observaciones Preliminares de su visita de trabajo, la CIDH logró la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, con el objetivo de “coadyuvar y apoyar las investigaciones de los hechos violentos en el país desde el 18 de abril en el marco de las protestas sociales”. Sin embargo, cuando el GIEI presentó los resultados de su trabajo expresó gran insatisfacción dado que el gobierno no le permitió tener acceso a ninguna documentación oficial por lo que su tarea se vio seriamente limitada.

Otro de los organismos internacionales que logró ingresar a Nicaragua fue el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que constató en el terreno la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades. En la semana del 19 de julio 208, cuando se cumplía un aniversario más de la Revolución Popular Sandinista, de acuerdo a la información registrada por el MESENI en el terreno, 11 personas habrían sido muertas y un centenar habrían resultado heridas en 7 días.

El 29 de agosto fue dado a conocer el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la situación de violencia que vive Nicaragua. Elaborado a partir de “el monitoreo de derechos humanos realizado desde el 26 de junio de este año, por un equipo de la OACNUDH desplegado en Managua”, el informe concluye haciendo recomendaciones a las autoridades de Nicaragua, que por sí solas dan cuenta de sus hallazgos, entre otras: ”1. Poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización (incluido a través del uso de legislación anti-terrorista), y cualquier otro tipo de represalias en relación con la participación en las protestas, incluidas contra los manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas y otros. 2. Desmantelar y desarmar inmediatamente los elementos armados progubernamentales, y proteger a la población de ataques y otros actos ilegales y violentos.

3. Asegurar que se realicen prontamente investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes en relación con todas las denuncias de serias violaciones a los derechos humanos y abusos que han ocurrido desde el 18 de abril, especialmente ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas de personas, arrestos y detenciones arbitrarias o ilegales; asegurar que las investigaciones criminales incluyan a todos aquellos que perpetraron, directa o indirectamente, ordenaron, apoyaron o toleraron dichos actos, incluyendo la cadena de mando de las autoridades implicadas. Estos actos no deberían quedar sin sanción. 4. Detener todos los arrestos ilegales, y liberar a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente; asegurar que el derecho al debido proceso de todas las personas acusadas sea respetado y que cualquier acusación criminal contra ellas sea acorde con los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad individual. 5. Asegurar que información precisa y actualizada sobre personas privadas de libertad y la ubicación de su detención esté disponible públicamente; que las personas sean informadas con rapidez de las razones de su arresto, tengan acceso a un abogado de su elección y sean prontamente llevadas ante un juez, y se les garantice su derecho a un juicio justo”.

Por si no fuera suficiente, el 31 de agosto El País de España publica que “una semana de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discuta la crisis de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha expulsado a una misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que esta semana presentó un demoledor informe que responsabiliza al Gobierno de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses en el contexto de las manifestaciones que exigen el fin del régimen y la brutal represión desatada desde el Estado, que ha dejado más de 320 muertos y más de 2.000 heridos.

Sin embargo, la comunidad internacional a pesar de los demoledores informes sobre graves violaciones a los derechos humanos, todavía sigue “recomendando” que la solución de la crisis de Nicaragua se basa en el Diálogo Nacional, como si no conociera que el gobierno convocante ha suspendido de hecho ese espacio desde mediados de junio. La retórica de los países, -inclusive los aliados-, alrededor del Diálogo Nacional persiste aunque su funcionamiento casi ha dejado de ser considerado una opción, inclusive por la propia población que otrora lo apoyaba decididamente.

1. Hombres y mujeres como personajes de la resistencia.

La abuela vandálica: La Nicaragua sublevada no solo tiene cara de juventudes, son decenas de hombres y mujeres de todas las procedencias que surgen del anonimato para posicionarse como personajes del pueblo a los que todo mundo menciona. Doña Coquito, la Abuela vandálica, una vendedora de bolsas de agua helada de 77 años que el 18 de mayo frente a la Iglesia Divina Misericordia regaló toda su venta a estudiantes que protestaban por los asesinatos. Los medios de comunicación la hicieron famosa por su gesto, “me duele ver cómo matan a esas criaturas, yo ya pasé una guerra, no quiero otra para ellos”, repetía. No se pierde ni una marcha y camina con dificultad alzando su bandera azul y blanco. El 23 de agosto, un grupo de paramilitares orteguistas a bordo de camionetas pasó insultándola destruyendo su puesto de ventas, dejando a la anciana totalmente despojada de su fuente de trabajo.

Corre para que se vaya Ortega: Con esa leyenda escrita a mano en un cartel, Alex Vanegas de 61 años, -ex combatiente contra la guardia somocista-, corre desde el mes de mayo en cada marcha y oportunidad en que puede mostrar su decisión. Con algunas vertebras desgastadas pero en buen estado físico, el maratonista declaró que “corre para que se vaya Ortega”. Fue amenazado por militantes del partido de gobierno en varias oportunidades. En Masaya, el domingo 2 de setiembre, mientras corría portando una antorcha artesanal que él mismo fabricó en celebración del “mes de la patria”, fue detenido por la Policía y posteriormente liberado. Al día siguiente, 3 de setiembre fue secuestrado en Managua por paramilitares y policías. “Quieren ponernos un bozal, pero por la libertad de expresión tenemos que manifestarnos en contra de esos actos que hace el gobierno”, expresó Vanegas en una entrevista, quien además afirmó que, si algún día lo llevan detenido a una celda, él no dejaría de brincar, como muestra de su descontento hacia el gobierno orteguista.

La Comandante Masha: Se unió a la lucha desde el tranque del Colegio San José en Jinotepe, Carazo, cuando supo que estaban atacando Jinotepe, “no lo pensé dos veces para defender a los míos”, afirma. Ella tira morteros para defender su localidad al igual que muchos jóvenes. La llaman “Comandante Masha” y ha sobrevivido a ataques de antimotines y encapuchados armados. Ha vivido momentos dolorosos al ver caer a chavalos, incluso amigos cercanos. “El Masha viene porque solo yo ando de mujer en un grupo de amigos”. Nacida en una familia católica, uno de sus sueños es estudiar veterinaria y tener sus propias tierras. 

Nahomy Urbina, de 21 años, padece cáncer linfático; ella asegura que eso no ha sido impedimento para ser parte de la lucha. Está bajo un tratamiento de quimioterapias que le demandan reposo y descanso, sin embargo ella no se ha detenido. Logró salir clandestina hacia Costa Rica cuando se dio cuenta que estaba embarazada. En Nicaragua las mujeres que la admiran repiten una consiga célebre en los ´80 durante la Revolución Popular Sandinista: “Mire compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres”…

1. Médicas y médicos libran una batalla silenciosa

Docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma en Managua, -pensando en proteger a sus alumnas y alumnos-, comenzaron juntado víveres para el estudiantado que ocupó las universidades y no aceptaba desalojarlas, a pesar que de las advertencias de la posible represión. Posteriormente comenzaron a atender enfermedades propias del encierro, a curar heridas producto de la inexperiencia de quienes explotaban morteros o se quemaban preparando comidas. Finalmente, cuando la Policía Nacional invadió los recintos universitarios junto con paramilitares encapuchados, médicos y médicas hicieron guardia junto al alumnado curando sus heridas.

Sin ser planificados, se formaron anillos de atención, en primera línea Villa Fontana y el barrio del Colegio Rigoberto López Pérez, luego el hospital si era necesario o las casas de médicas para sus curaciones y finalmente, en las casas de seguridad.

El equipamiento necesario en el primer anillo era abastecido con sus propios recursos, de igual manera dentro de la universidad. Se contaba con puestos equipados para las emergencias y primeros auxilios hasta trasladar a los heridos. Cada vez más médicas y médicos quedaban atrapados en el círculo de salvar vidas, resistir y sobrevivir, en esa tarea muchas arriesgaron hasta sus familias que participaban solidariamente.

Pronto se conocieron los nombres de quienes curaban esas heridas por lo que tuvieron que encontrar otras formas de resolver difíciles situaciones. Cuando los heridos graves necesitaron atención especial o cirugías y por no poder ser llevados a hospitales públicos o privados, comenzó otra etapa de compromiso. Médicas -mujeres en su mayoría-, trasladaban heridos a sus propias casas a los que curaban durante días y luego entregaban a sus familiares. Otras visitaban heridos y hacían curaciones “a domicilio”, apoyándose en sus familiares y amistadas. Conseguían insumos y donaciones para cumplir con esa tarea.

Finalmente, la magnitud de las heridas de bala en el abdomen, o perforaciones pulmonares ameritó pasar a otra etapa, dado que las necesidades eran mayores. Debían realizar cirugías de urgencia, hacer curaciones o tratamientos complejos empleando materiales y equipos no disponibles fuera de hospitales de segundo o tercer nivel; la situación parecía volverse crítica hora a hora.

Comunicándose por grupos de WhatsApp enseñaban a voluntarias y familiares a curar heridas, enviaban recomendaciones y controlaban “on line” a sus pacientes mediante fotografías y mensajes. La solidaridad comenzó a llegar desde fuera del país, cuando grupos de nicaragüenses y amistades solidarias colaboraban para abastecer de insumos de primera necesidad cuando la vida de sus heridos corría máximo peligro. Las historias del compromiso del gremio médico se cuentan por decenas; docentes y especialistas de renombre visitando casas de seguridad para atender y confortar a tantas jóvenes a los que lograron salvar su vida o sus miembros, heridos por la metralla de los antiguos revolucionarios.

Las consecuencias no se hicieron esperar, más de un centenar de docentes y especialistas mujeres y varones de la UNAN fueron despedidos desde la última semana de julio 2018. Jefes de servicio, especialistas de todas las ramas de la medicina fueron despedidos de los Hospitales Oscar Danilo Rosales de León, Antonio Lenin Fonseca y Bertha Calderón Roque de Managua, así como en Estelí, Matagalpa, Jinotepe y Rivas.

El domingo 2 de setiembre durante la Marcha de las Banderas, un encapuchado disparó desde una camioneta partiendo el brazo del Dr. Carlos Fletes, reconocido urólogo. Una semana antes, el Dr. José Antonio Vázquez había sido detenido por la Policía Nacional al salir de una reunión con colegas, pasando 24 horas en la cárcel de El Chipote sin acusación alguna más que liderar la Unidad Médica Nicaragüense, fundada al calor de la resistencia.

1. Un día del mes de mayo

La vida de todas las personas, -independiente de su condición social-, ha cambiado abruptamente en Nicaragua, las tareas cotidianas no se pueden desarrollar con normalidad porque otras urgencias ocupan la mayor parte del día. Este relato fue publicado por una investigadora feminista el 28 de mayo 2018: “Como siempre en este día, y desde hace 38 años, me tocaba escribir sobre la salud de las mujeres en el país más pobre de Latinoamérica después de Haití. Tenía que buscar estadísticas donde no las hay, recopilar datos que circulan a pesar de la censura y exponer con la crudeza de siempre cómo la salud y la vida de las mujeres nicaragüenses siguen estando en riesgo.
Pero no pude, porque hoy fue quizás uno de los peores días de represión. La que vuelve a tocar las puertas de mi familia, pues fue atacada la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, donde estudia mi hijo. Vi terribles imágenes en la televisión -que trasmite en directo desde el 18 de abril día y noche-, las múltiples violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos contra la población estudiantil y las comunidades urbanas y rurales de todo el país.

Una buena parte de la tarde pasé mirando televisión, sí, mirando televisión y por eso no pude escribir sobre el Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres, porque vi una cacería de jóvenes y algunos niños y adolescentes que subían a vehículos y se los llevaban, de los cuales nadie más sabe. Vi tirar periodistas al suelo, golpear periodistas nacionales y extranjeros, mujeres y varones. Vi tirotear gasolineras y rotondas, una tienda de conveniencia y un centro comercial lleno de clientes. Vi tirotear la propia Universidad con sus alumnas y alumnos adentro, vi el entierro de tres jóvenes, dos que murieron ayer y uno producto de gravísimas lesiones de días pasados. Vi otro cadáver no identificado al que solo se conoce como “el chavalo de la camisa verde fosforescente” que mataron hace una hora. Vi a la madre y al padre de otros dos reclamando aparición con vida, porque sus hijos fueron secuestrados ayer por fuerzas para partidarias armadas. Vi atacar un autobús lleno de pasajeras y pasajeros que no sabían cómo protegerse de las balas. Vi intentar reanimar en el suelo a otro joven sangrando al que por suerte se llevó rápido la ambulancia. Vi que el Hospital Bautista recibió 41 heridos y tiene uno muerto y pide ayuda porque ya no tiene insumos para afrontar esta matanza. Son las 9 de la noche y sigo viendo televisión.
No pude escribir sobre las 111 muertes maternas (registradas por el Estado) de los últimos dos años. No pude escribir sobre los 402 femicidios (registrados) de los últimos seis años. No pude escribir sobre las mujeres muertas por cáncer (porque no hay datos publicados), ni sobre las mujeres muertas por Sida (porque tampoco hay datos). No pude escribir sobre las 5 mujeres muertas por aborto clandestino e inseguro de los últimos dos años (registradas por el Estado) -aunque sabemos que son muchas más-. No pude expresar cuánta responsabilidad tiene el sistema patriarcal, el Estado misógino, la indiferencia social y la desvalorización de los cuerpos de las mujeres desde que nacen hasta el último día de sus vidas. No pude escribir, porque estuve mirando televisión…”   

1. Las presas políticas. Las violaciones múltiples

A mediados de setiembre hay al menos 22 mujeres detenidas que resisten de diversas formas; cuatro de las jóvenes en la cárcel de mujeres del Sistema Penitenciario Nacional persisten en su decisión de consumir solo alimentos livianos. Las detenidas permanecen aisladas, están limitadas al momento de conversar con sus familiares, no pueden comentar sobre el trato que reciben, porque “las meten en un calabozo oscuro aisladas por cinco, seis hasta ocho horas” dicen sus familiares. Las internas sólo tienen derecho a una hora a la semana para recibir sol. Permiten la visita cada 21 días, con un tiempo de una hora.

Una de ellas, estudiante de periodismo, Elsa Valle de 18 años, no acepta alimentos que provengan de la penitenciaría. Fue secuestrada junto a otros jóvenes cuando ingresaron paramilitares y policías encapuchados a una vivienda, quienes a golpes se los llevaron. Fue acusada por la Fiscalía de tenencia ilegal de armas y municiones en el marco de la ley antiterrorista recién aprobada. Su padre ha recibido amenazas por lo cual está fuera de su casa y un hermano está huyendo porque estuvo atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Como si de una consiga se tratara, de eso no se habla o se habla poco. Los primeros testimonios que se conocieron casi con sordina dicen que intentado llegar de Matagalpa a Managua, dos jóvenes fueron detenidas por un grupo de para militares partidarios; una de ellas logró huir y pudo contar sobre la suerte que su amiga corrió en manos de sus verdugos. Varias semanas después, la joven agredida afirma no recordar detalles del episodio, solamente dice que fueron seis individuos, que la golpearon y violaron dejándola herida a la orilla de la carretera. Repite que fueron seis y que le decían “somos de la Juventud Sandinista”. Sus padres la mantienen aislada, sin celular y sin contacto con el resto del mundo en un desesperado afán de protegerla.

Violada por policías en El Chipote -la tenebrosa cárcel de Somoza-, otra joven buscó atención y recibió apoyo emocional de un colectivo feminista; ella relata con detenimiento la múltiple violación y teme haber quedado embarazada, siente la imperiosa necesidad de salir del país pues teme volver a ser detenida o ser asesinada si su testimonio es publicado.

Una joven líder de la coalición universitaria que fue dos veces detenida y torturada prefiere no hablar cuando el periodista le pregunta si fue violada, a ella le quitaron las uñas de los pies en su primera detención, fue interrogada durante días por encapuchados que se identificaban como miembros del partido gobernante; en la segunda detención le hicieron grabar un video incriminado a sus compañeros de lucha, el que posteriormente fue trasmitido por las redes orteguistas, procurando destruir su credibilidad.

1. Tortura y escarmiento contra supuestos golpistas

La tortura parece haberse instalado en Nicaragua como en sus tiempos más oscuros. El 90 por ciento de los detenidos en las protestas han presentado denuncias de haber sido torturados, reporta la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Algunos cadáveres se han reportado descuartizados o con señas de golpes y estrangulamiento.

Las primeras denuncias de torturas durante las protestas se dieron a conocer el 23 de abril, cuando liberaron a unos 200 detenidos en El Chipote y en la cárcel La Modelo. Los muchachos fueron botados en diferentes puntos de la carretera vieja hacia Tipitapa, descalzos y con la cabeza rapada. “Todo el tiempo estuvimos bocabajo. Cuando entramos aquí (en la cárcel), sufrimos tres horas de tortura. Nos zocaban las esposas hasta que las manos se te ponían moradas. Cuando ya no aguantabas, te machucaban las manos. Te insultaban”, dijo uno de los detenidos.

“Nos dieron golpes, patadas. Hicieron fila para patearnos. Lo único que no hicieron fue golpearnos la cara. Nos llevaron a la celda de rodillas, arrastrando. Fue la Policía”, denunció el muchacho que no quiso dar su nombre.

Detenido, torturado y asesinado Aunque la versión oficial en el caso de Javier Alexander Munguía indica que murió el ocho de mayo, horas después de que se despidió de su mamá y se fue en la moto con su amigo, hay varios testigos que afirman haberlo visto días después. El muchacho que se fue con Munguía en la motocicleta, que ha omitido su nombre, afirma que lo dejó en las cercanías de la Universidad Politécnica (Upoli) y desde ese día no supo más. Esa versión fue confirmada por Margarita Mendoza, madre de Munguía, cuando una estudiante de este recinto le aseguró que su hijo fue arrestado a unas cuantas cuadras de la universidad. Fue por eso que Margarita Mendoza anduvo en las estaciones de Policía buscando a su hijo durante 10 días. “Este maje estaba conmigo”, le dijo a Mendoza un muchacho que fue liberado el 11 de mayo en El Chipote. En un video, en poder de La Prensa, se escucha claramente cuando le dice: “En la celda 10 estaba (Munguía), donde estaba yo. Está golpeado pero está bien. Tiene un tatuaje en la pierna izquierda y una fractura en la rodilla”.

El 12 de mayo, cuatro días después de haber desaparecido, Mendoza fue a preguntar por su hijo al Instituto de Medicina Legal. Ahí le contestaron que solo tenían tres cadáveres pero que ya estaban identificados por sus familias y que esa tarde los llegarían a traer. Esta versión contradice la versión oficial, según la cual Munguía murió desde el ocho de mayo y permaneció todo ese tiempo en la morgue sin que lo reclamaran.

La tenebrosa Cuesta del Plomo, conocida durante la dictadura somocista como el lugar preferido por la Guardia Nacional para asesinar o arrojar cadáveres de opositores, el orteguismo reeditó aquella práctica cruel ante el asombro y la incredulidad nacional. Uno de los casos más impactantes fue el de Carlos Flores Ríos, asesinado el 22 de abril en Ciudad Sandino con machetazos y evidentes signos de tortura. “Es un cuadro dantesco”, dijo Pablo Cuevas, de la CPDH. Según la denuncia, las manos de Flores Ríos estaban “prácticamente desprendidas, le cortaron los genitales y la cabeza”. También ocurrió el caso de Keller Pérez Duarte, quien fue hallado el 28 de mayo en la Cuesta El Plomo con signos de tortura: sin dentadura, con fracturas en las piernas y evidentes quemaduras en la piel.

En el caso de los cadáveres que se han encontrado con señas de torturas, el Director Jurídico del Centro nicaragüense de derechos Humanos explica que el problema es que en Nicaragua no se cuenta con un Instituto de Medicina Legal que haga peritajes confiables y creíbles. “Los operadores de justicia, como el IML, están obrando a favor de la impunidad. Todas estas instituciones, lamentablemente, por subordinación a la dictadura, están desacreditadas”.

1. No hay cese de la represión al cerrar este artículo

Al menos 14 personas fueron detenidas por la Policía Nacional en las últimas 72 horas en cuatro municipios del país, según denuncias de familiares que atribuyen a razones políticas. Estos se suman a las 332 personas detenidas en el contexto de las protestas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que calificó estas detenciones como ejemplos de la represión a la que se enfrentan quienes expresan su descontento hacia el Gobierno, dado que continúa la cacería de personas, las detenciones arbitrarias y masivas de la población, que se manifiesta por justicia y democracia en el país.

A cuatro meses del inicio de las protestas masivas, los titulares continúan anunciando la aparición del cadáver de un joven que fue denunciado como desaparecido doce días atrás y el encarcelamiento de nuevos jóvenes mujeres y varones acusados por “terrorismo”, tal como se llama en Nicaragua al inviolable derecho de manifestar sus opiniones.

1 Como la agresión contra Ana Quirós, militante feminista que fue herida el primer día de la protesta en Camino de Oriente.

2 Información reportada al 7 de Setiembre 2018.