México: Cambio de época y etnocidio

El sistema de protección de derechos humanos, con todo y sus avances, se volvió a quebrar frente a los intereses económicos. De nada valieron los amparos ganados, ni las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni la solicitud de medidas cautelares solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instituciones cuya función es resguardar los derechos humanos y ordenar su reposición cuando son violados. Tampoco funcionó la promesa pública que en octubre pasado formuló en púbico el Presidente de la República de que la obra no se construiría sin antes consultar a los pueblos afectados. Con esta acción contundente de echarles el agua encima, ha brotado el miedo y la desesperación de las familias, la gente está muy enojada e indignada por todas la corrupción e impunidad que repartieron sobornos y pago a mercenarios para consumar el golpe.

No es para menos: la obra afectará profundamente su ya de por sí precaria vida. Esta inundación le arrebatará, en breve, el ecosistema ribereño a la tribu y con ello vulnerará gravemente su relación biocultural con su territorio ancestral y sus lugares sagrados, las aguas estancadas alcanzarán la red de caminos que por tantas generaciones han posibilitado el control sobre sus recursos, quedarán incomunicados, dejarán de tener el agua limpia del río, será imposible que siembren en temporal sus mahueches y milpas. Su desplazamiento productivo es inminente. Pero lo que angustia y llena de miedo a los guarijíos son las consecuencias inmediatas. “Se percatan que vienen ya las lluvias del verano y que se van a quedar encerrados. Por más que dimos aviso en innumerables ocasiones a las instancias ‘responsables’ del caso, todo parece indicar que Mesa Colorada, Chorijoa y otras rancherías cercanas se van a quedar aisladas porque no tuvieron a bien ni siquiera prever este aspecto de las vías terrestres inundables”.

Lo que los guarijíos, en voz del doctor Armando Haro, denuncian es la configuración de un etnocidio, tal como lo definió Rodolfo Stavenhagen, primer relator de pueblos indígenas de la Organización de Naciones Unidas. “El proceso mediante el cual un pueblo… pierde su identidad debido a políticas diseñadas para minar su territorio y la base de sus recursos, el uso de su lengua y sus instituciones políticas y sociales, así como sus tradiciones, formas de arte, prácticas religiosas y valores culturales. Cuando los gobiernos aplican estas políticas, se vuelven culpables de etnocidio”. Nada ha cambiado en estos tiempos de cambio. Las políticas gubernametales privan a los guarijíos de su territorio, con lo cual muchos tendrán que migrar y perderán su lengua, sus tradiciones, su arte y, en general, sus valores culturales. Como ha sucedido con muchos pueblos indígenas afectados por la construcción de presas a lo largo de la historia.

Es lo mismo que explicitamente se ha reconocido en la construcción del Tren Maya, pues para sus impulsores el etnocidio tiene un opuesto positivo: el etnodesarrollo, lo que ha llevado al antropólogo Benjamin Maldonado a afirmar que mirar al etnocidio como potencializador de etnodesarrollo es una posición política clara. No hay cambio en el enfoque porque la Cuarta Transformación es una cuarta reiteración de la misma voluntad del poder. Para el Estado, el etnocidio es una forma de etnode-sarrollo. Del indigenismo de Gamio al de López Obrador así se ha padecido.

Los campos de disputa están bastante bien definidos. Los horizontes también. La pandemia que hoy padecemos y que nos agobia a todos ha opacado un tanto los cambios de época que nos han tocado vivir, pero de que existen, existen, y representan un gran reto que exige inteligencia e imaginación para poder remontar esta crisis que nos tocó vivir. Desde el aparato gubernamental ya se fijaron las posturas. La de los pueblos, que al final es la que cuenta, se va configurando. Paso a paso, a su tiempo y con sus recursos, como lo han hecho históricamente. Hay que aprender a mirarla para después no llamarse a engaño.