El momento es en extremo complicado. Las medidas recesivas que el gobierno ecuatoriano impuso en especial desde 2019 con la presión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ahondan la crisis. A esto cabría añadir los brutales e irresponsables recortes de inversiones en salud pública aplicados por el gobierno de Lenín Moren

“Puede decirse que nuestro problema no consiste ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos; que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos, como en la forma misma de desear”.  –Estanislao Zuleta
(El elogio de la dificultad).

La crisis provocada por el coronavirus (Covid-19), que forma parte de la crisis multifacética global, es mayúscula. La pandemia, sin duda alguna, constituye una prueba mayor para la sociedad humana globalizada. Nunca antes tantos países han estado envueltos con tanta intensidad, en tan poco tiempo y con tanta brutalidad, en un reto que casi paraliza toda la economía y la misma sociedad. Una cuestión que no se puede olvidar es que muchos problemas ya estaban larvados o incluso ya habían aflorado antes de que aparezca esta pandemia: en la lista caben la recesión económica global y más aún el colapso climático.

Discutir los orígenes de tanto problema y entender lo que se avecina será una tarea compleja y ardua. No será fácil hacerlo con los viejos instrumentos epistemológicos considerando que la incertidumbre caracteriza como pocas veces antes el momento; tan es así que bien cabe recuperar la conclusión a la que llega Eduardo Gudynas en este contexto de crisis: “al final de cuentas la estimación de la crisis que hace cualquier vecino en el barrio, en su esencia puede ser tan válida como la de los analistas económicos o los catedráticos universitarios. En la geometría de la crisis se desvanece la pretendida superioridad del saber del experto y es necesario escuchar todas las voces”.

A pesar estas dudas, quizás podemos aceptar que toda crisis nos confronta con riesgos y amenazas, a la vez que con oportunidades. Los problemas son evidentes, pero es necesario describirlos en sus líneas gruesas, pensando sobre todo en un país como Ecuador. Tema que abordaremos en este breve texto tratando de esbozar sobre todo algunos elementos de la coyuntura económica, sin descuidar el escenario social y político. Y por cierto, al final esbozaremos un par de ideas fuerza de cuáles podrían ser las oportunidades.

Los entretelones de una crisis de larga data

El Ecuador, ya antes del coronavirus, enfrentaba una coyuntura llena de urgencias fiscales y con un ambiente internacional muy complejo que estrangulaba las cuentas externas. Tales urgencias expresan una crisis económica estructural, profunda y de larga duración. Una crisis en donde se combinan una producción y una demanda interna estancadas por los menos desde el 2014; la creciente dependencia extractivista que caracteriza la matriz productiva; los elevados niveles de concentración de mercados, finanzas y riqueza; la incapacidad de generación de empleo con el consiguiente aumento del empleo inadecuado y de la pobreza (con mayor énfasis en las zonas rurales y campesinas); la existencia de problemas fiscales que han obligado a sostener la liquidez interna vía endeudamiento externo agresivo, especialmente desde el 2014; la carencia de una moneda propia que impide disponer de una herramienta dinámica como lo es la política monetaria y cambiaria; y, por supuesto la falta de una política económica coherente e integral. Y todo esto en un escenario de creciente desigualdades, exacerbadas por la crisis sanitaria y económica.

Esa crisis estructural, que se manifiesta por la enorme fragilidad del país ante shocks externos, empezó a ser más visible nuevamente desde fines del mencionado año 2014. Ahora esa crisis se vuelve cada vez más compleja. Con la abrupta caída del precio del petróleo vivida por el impacto sumado del coronavirus y la recesión internacional, prácticamente se han diluido los ingresos petroleros presupuestados para el presente año. Se han desplomado por igual las remesas que envían nuestros compatriotas desde el exterior. A esto se suma la apreciación del dólar, con el consiguiente encarecimiento de las exportaciones ecuatorianas.

Para colmo, la coyuntura internacional coincide con un momento en el que, al país, agobiado por los problemas mencionados y por la misma política económica destinada a superarlos -según el discurso oficial-, se le ha vuelto extremadamente costosa la colocación de más deuda externa, con un índice de riesgo país que se ha disparado. Si bien este indicador es más que cuestionable, en especial por su carácter especulativo, es innegable que es una muestra de cuán frágil se ha vuelto la capacidad del Ecuador de acceder a los mercados financieros para financiar su economía dolarizada.

El momento es en extremo complicado. Las medidas recesivas que el gobierno ecuatoriano impuso en especial desde 2019 con la presión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ahondan la crisis. A esto cabría añadir los brutales e irresponsables recortes de inversiones en salud pública aplicados por el gobierno de Lenín Moreno; tales recortes se reflejan en la caída de los montos presupuestados para el Plan de Salud: 353 millones de dólares en 2017, 302 millones en 2018 y 186 millones en 2019; esto se agrava por la incapacidad de ejecutar el presupuesto asignado -también por presiones de la austeridad fiscal- lo que se refleja en una inversión real de 241 millones en 2017, 175 millones en 2018 y 110 millones en 2019; en este año, además, fueron despedidos más de 3.000 profesionales de la salud pública. A más de los recortes, hay otros problemas de fondo en el sector de la salud, pues es insostenible mantener la visión curativa del paradigma clínico, asistencialista y mercantilista, por más hospitales que se construyan; tales problemas se agudizaron por una silenciosa privatización de la salud en el gobierno de Rafael Correa, la cual aceleró la acumulación capitalista del complejo médico industrial. Todos estos elementos están en la base de la brutal expansión del virus en este país andino, particularmente en la ciudad de Guayaquil en donde se reproducen con especial crudeza las desigualdades sociales.

Ante una crisis estructural tan compleja y con perspectivas tan difíciles, resulta angustioso constatar que el gobierno haya mantenido inalterado el curso recesivo. Las urgencias fiscales priman por sobre otras urgencias, como las sanitarias. Y las condiciones impuestas desde la lógica fondomonetarista, tanto como diversos miedos e incluso posiciones dogmáticas, centradas por ejemplo en sostener a la dolarización como un objetivo nacional, bloquean la construcción de alternativas creativas, sobre todo sustentadas en profundos criterios de solidaridad.

En ciernes la madre de todas las crisis…

En Ecuador, la necesidad de enfrentar la crisis sanitaria, en especial, parecía que le obligaba al gobierno a morigerar algunas de sus acciones abiertamente neoliberales. Con el coronavirus a la vista el régimen desplegó algunas medidas puntuales para tratar de obtener recursos “raspando la olla”, sea metiendo mano en los depósitos del sector público, sea estableciendo retenciones de impuestos, sea ignorando el oro de la reserva monetaria (como lo hizo el gobierno anterior en el año 2014 cuando el precio del petróleo bordeaba los 100 dólares por barril). Incluso se planteó una reforma legal con algún criterio de solidaridad… sin embargo este proyecto de ley no pasó de ser una intención, como veremos más adelante.

Un punto central de la gestión gubernamental radica en la fijación existente y dominante por mantener a toda costa “buenas relaciones” con el mercado financiero internacional. En plena pandemia, cuando escaseaban los recursos para la salud, se prefirió atender el servicio de la deuda externa. No es algo nuevo. En 1999, cuando Ecuador caminaba hasta la que había sido hasta ese entonces la peor crisis de su historia republicana -que es muy probable que sea superada con la actual crisis- Ana Lucia Armijos, gerente general del Banco Central, declaró que “primero es la deuda externa, después lo social… si se sigue aplazando su pago, la deuda crecerá, estrangulando toda posibilidad de desarrollo y sin desarrollo es imposible el pago de la deuda social.”

Entonces, como ahora, Ecuador no buscó un trato preferente con los organismos multilaterales de crédito, aduciendo que no es un país pobre, sino de ingreso medio. Así, en el mes de marzo, con el país colapsado por la pandemia, cuando escaseaban recursos para las demandas sanitarias, el gobierno prefirió cancelar 320 millones de dólares por el capital de los Bonos Global 2020, postergando el pago de los intereses, mientras buscaba desesperadamente nuevos créditos. Esta cifra se opacó poco tiempo después cuando se comprobó que el pago del servicio de la deuda (amortizaciones e intereses) fue mucho más elevado: en abril, el gobierno se vio forzado a pagar 865 millones de dólares de capital y 71 millones de dólares en intereses y comisiones por concepto de deuda externa a Goldman Sachs, Credit Suisse e ICBC Standard Plc.; gran parte de estos egresos resultan de una operación especulativa realizada por el actual gobierno, que colocó bonos en el mercado internacional con una tasa de un 6% apalancándolos con una garantía de más de 2 millones de dólares de otros bonos; así, cuando cayó la cotización de dichos bonos de garantía, el gobierno tuvo que apuntalar las garantías. Así entre solo entre enero y abril de 2020 ese servicio de la deuda representó 4.008 millones de dólares. Téngase en mente que para el presente año el Ecuador tiene necesidades financieras por 13,5 mil millones de dólares, lo que manifiesta la complejidad del momento.

La caída estimada de los ingresos fiscales petroleros y tributarios en el año 2020 bordea los 8 mil millones de dólares, según anuncios oficiales del gobierno (a lo que se suma un déficit fiscal de 4 mil millones); simplemente para tener un idea de referencia, en abril, los ingresos petroleros para la caja fiscal fueron de 19 millones de dólares; mientras en el mismo mes de 2019 alcanzaron los 194 millones: una contracción de 90%; una situación que se explica tanto por el colapso de los precios del crudo en el mercado internacional, como por la rotura de los oleductos a inicios de dicho mes (un hecho que no puede ser visto como un caso fortuito, pues se trató de una evidente negligencia de las empresas petroleras); adicionalmente hay que tener presente que el costo promedio de extracción de un barril bordea los 20 dólares; mientras en abril el precio promedio fue de 8,20 dólares.

La caída de las remesas que envian nuestros compatriotas desde el exterior es muy preocupante, teniendo en consideración que han llegado a representar ingresos mayores que las exportaciones de banano. Bajo una previsión inicial del Banco Central del Ecuador, en 2020 las remesas caerían en 570 millones de dólares. Si a esto se suma los problemas propios de la pandemia y de la recesión global se tiene que, a diferencia de la crisis de 1999, la migración no será una válvula de escape.

La caída y deterioro del empleo se registra de forma sostenida desde 2015, agudizándose cada vez más desde 2018. Al inicio del año 2020 casi el 62% de los trabajadores no tenía un empleo adecuado, es decir más de 5 millones de personas. En ese momento solo 3’150.000 personas tenían empleo adecuado. A causa de la crisis del coronavirus y la rcesión, dependiendo de diferentes escenarios, la pérdida de empleo en el país se estima que afectaría de entre 500 a 750 mil personas; una situación que golpeará de diversas formas a la economía, sea por la contracción de la demanda agregada o por los menores aportes la seguridad social, a lo que podríamos añadir los impactos sobre las condiciones de vida de amplios segmentos de la sociedad, el deterioro de la educación pública e inclusive los índices de nutrición, para mencionar unos cuantos puntos cruciales. La pobreza se estima que subiría de un 25% a un 35%, o quién sabe si más aún…

En síntesis, vivimos tiempos de una crisis multifacética mayúscula y en extremo complicada. El reto es descomunal. Solo notemos que la economía caería en -6,3% en 2020 según las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI): una contracción más grave que aquella vivida en la crisis financiera de 1999 (cuando la economía cayó en -4,7%). Y el asunto sería aún mucho más grave si se cristalizan las recientes previsiones del Banco Central del Ecuador que anticipa una caída de la economía que fluctuaría entre 7,3% y 9,6%; cifras que se quedan cortas frente al pronóstico del vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien anticipó que el costo de la pandemia puede significar un 10 o 12% del PIB. Y esta situación, que podría prolongarse por un largo período, hay que incorporar la compleja recuperación de la economía mundial de cuya suerte depende tanto el Ecuador.

No solo más de lo mismo, sino más de lo peor

El gobierno de Lenín Moreno –insensible y a ratos desorientado– ha presentado de manera fragmentada varias medidas económicas, destacando aquellas aprobadas por las leyes de Apoyo Humanitario COVID-19 y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, así como otras disposiciones que brevemente mencionaremos.

La primera crea un régimen especial de acuerdos privados, el cual reemplaza las actuales disposiciones legales en las negociaciones entre empresas y trabajadores, arrendatarios e inquilinos, deudores y acreedores. Aquí lo medular es la flexibilidad laboral. En concreto, el Estado deja de garantizar derechos, ingresos y estabilidad laborales. Entre otros varios puntos, se destaca, por ejemplo, la reducción emergente de la jornada laboral de hasta un 50% por un año renovable por un año más; asimismo, el salario se paga en función de las horas trabajadas, pudiendo reducirse hasta llegar al 55% del monto fijado antes de la reducción de la jornada. En el sector público se plantea la reducción de 2 horas de trabajo a los servidores públicos, con la consiguiente reducción de sus remuneraciones en un 16%; la reducción de una hora de trabajo al magisterio, con la disminución de sus ingresos en un 8%; se exceptúa en la reducción a los miembros de la fuerza pública y los trabajadores de la salud. Así, por efecto del creciente desempleo y por la reducción de ingresos, tal como dejamos constancia, caerá la capacidad de compra de amplios segmentos de la población y por cierto también de los aportes a la seguridad social.

Lo grave es que el propio presidente LenínMoreno eliminó del proyecto de “Ley Humanitaria” su propia propuesta de establecer una contribución de empresas con grandes utilidades y también de los trabajadores; tal maniobra se muestra como clara sumisión a las presiones de las cámaras de la producción (cabe recordar que los trabajadores habían aceptado hacer un aporte solidario, con ligeras modificaciones en los montos mínimos de ingreso desde los cuales realizar el aporte).

La segunda ley establece un nuevo funcionamiento del Estado en lo realtivo al gasto público y a la planificación económica: es decir, a donde van los recursos del país, quién y cómo se toman las decisiones, de qué manera se obtiene dinero para financiar el gasto y la inversión del sector público. Sin embargo, estas reformas legales más parecen responder a las presiones del FMI para la firma de un nuevo acuerdo y el acceso a más deuda; asimismo, forma parte del proyecto neoliberal –criollo y transnacional– de reducir el tamaño del Estado, visto como la principal explicación de la crisis, sobre todo en términos fiscales. Esta Ley de Ordenamiento de la Finanzas Públicas determina también que la autoridad máxima que regula las políticas de sostenibilidad fiscal, es decir que decide sobre la conducción de las finanzas públicas, es el Ministerio de Economía y Finanzas, provocando una mayor pérdida de trascendencia de la planificación del Estado; tal como sucedía hace un poco más de 20 años cuando era la Junta Monetaria el eje del control económico global.

Para enfrentar las urgencias fiscales, se plantea también una serie de privatizaciones (monetizaciones) y el cierre de varis empresas públicas, como el ferrocarril; el servicio de correos; TAME, la línea aérea del Ecuador; entre otras.

Adicionalmente el gobierno ha abierto la puerta a la renegociación de la deuda externa buscando más financiamiento. Después de haber criticado duramente los créditos con China contratdos durante el correismo, el gobierno actual se apresta a renegociar la deuda con este país asiático. El ministro de Finanzas viene anunciando desde hace rato la llegada de créditos chinos, que hasta la fecha no se concretan: se habla que entre junio y octubre llegarían 2.400 millones de dólares por concepto de créditos chinos.

Luego de posponer el pago de intereses, sin caer en moratoria, la renegociación con los acreedores de bonos privados estaría empezando. Se espera que no se pagarían intereses por unos 813 millones de dólares hasta agosto, cuando, además, se firmaría otro acuerdo con el FMI. La expectativa es conseguir una reducción del valor de dichos bonos en un 35%, hasta ese mes, para entonces comenzar a servir dicha deuda. El monto de la obligaciones por este concepto supera los 17 mil millones de díolares.

A pesar de hacer tantos esfuerzos para congraciarse con los acreedores, con los organismos de crédito es poco lo que ha obtenido hasta ahora. Contrasta la diferencia de créditos -sin condicionalidades- para  enfrentar la pandemia del Covid-19 obtenidos por Ecuador de parte del FMI: 643 millones de dólares, con los 11 mil millones obtenidos por el Perú y 10.800 millones por Colombia. Saldo, este gobierno la tiene muy clara: la deuda primero, el país después…

En este contexto, en plena cuarentena, se abrió la posibilidad para poner fin a los subsidios a los combustibles. Aprovechando que el precio del petróleo está bajo, el gobierno eliminó dichos subsidios, y deja que sus precios fluctúen con un margen de variación (bandas) del 5%. Por lo pronto, mientras el precio del petróleo esté deprimido, no se notará la decisión. Pero, poco a poco, cuando los precios del petróleo vuelvan a subir, se incrementarán también los precios de las gasolinas y del diesel. Así, se ha reemplazado a la torpe alza de dichos precios en Octubre pasado, por una salida mañosa, encubierta de tecnicismos, sin ningún criterio social, ecológico o productivo. Parecería que el único fin es ahorrar dinero para poder pagar el servicio de la deuda externa.

Esta embestida de medidas por parte del gobierno de Lenín Moreno, escudadas en la angustias vitales que acosaban a la sociedad en los más profundo de la cuarentena, refleja la intención de hacer realidad un ajuste incluso más drástico al que quedó trunco por la rebelión popular de Octubre de 2019. En particular, las mencionadas flexibilizaciones laborales y ambientales -con el fin de mejorar la conpetitividad de la economía, dirán los economistas ortodoxos- auguran un futuro de mayor incertidumbre y por cierto de explotación tanto para las clases trabajadoras del país como para la Naturaleza.

Este pandemonio se agudiza por un ambiente político cada vez más enrarecido, donde mezquinos intereses políticos están empeñados en pescar a río revuelto: unos cuantos líderes, con aspiraciones presidenciales, se ahogan en sus ambiciones cerrando la puerta a acciones solidarias sustentadas en la justicia social; otros simplemente desarrollan acciones caritativas para pulir su imagen; no ha faltado un grupo de políticos que aprovechándose de la pandemia han participado en negocios ilícitos; mientras otros buscan simplemente provocar el caos para intentar desmontar los procesos judiciales iniciados a raíz de actos de corrupción cuando eran gobierno. Y en este contexto el debilitado gobierno del presidente Moreno, que parece cumplir una serie de consignas impuestas por una curiosa mezcla de pragmatismo político y teología neoliberal, lo que espera es que concluya su mandato. El escenario político, incluyendo el inminente proceso electoral, se perfila con muchos nubarrones y grandes amenazas.

El resultado de esta evolución será, sin duda alguna, frustración y desesperanza crecientes, sobre todo en sectores populares cada vez más abandonados en medio de la incertidumbre… y así, no sería de sorprender que las protestas estén a la vuelta de la esquina.

Lo cierto es que desde la lógica del poder se impone la obsesión por los indicadores económicos de inspiración neoliberal, que exacerba las desigualdades sociales y la destrucción ambiental, y el autoritarismo para asegurar la estabilidad política, que tiene en la militarización una de las principales opciones para tratar de frenar la respuesta popular; bastaría destacar el decreto ministerial que autoriza el empleo de armas letales por parte de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social. A la postre, con el incremento de las desigualdades y con el sacrificio de los derechos, se deteriora aún más la democracia.

            La oportunidad se construye

Es innegable que el Ecuador requiere de un cambio de régimen económico. Esto demanda, para no reiterar viejos errores, una lectura histórica que empiece por enmarcar la actual situación de crisis.

Así ese otro régimen económico debe partir por recuperar las experiencias acumuladas. Las más severas crisis económicas de esta república tienen algunos elementos comunes. Recordemos que la crisis provocada por los problemas de algún producto de exportación, el cacao fue superada con el advenimiento de otro producto primario, como el banano. Luego el petróleo insufló nuevos vientos en la economía, cuando se produjo la crisis del banano. Y ahora, aún existiendo otros productos primarios de exportación, los ojos de las élites, a la par que declinan las reservas petroleras, apuntan más y más hacia la megaminería. Así, manteniendo nuestra calidad de país-producto, es decir país exportador de materias primas, hemos sostenido firmemente nuestra condición de economía dependiente de los vaivenes del mercado mundial, sin siquiera haber intentado una inserción más inteligente y dinámica en el mismo; ésta es, a no dudarlo, una de las profundas causas de nuestra recurrente postración económica. En consonancia con lo dicho, nos hemos cansado de constatar, que las cri­sis del capi­ta­lis­mo dependiente y periférico ecua­to­ria­no se han pro­du­ci­do li­ga­das a las cri­sis del ca­pi­ta­lis­mo metropolitano. Como telón de fondo de toda esta compleja evolución tenemos, en estrecha relación con los puntos enunciados, a “la deuda eterna”, otro eslabón en la cadena de la dependencia con la economía internacional.

Estas constataciones, de ninguna manera, pue­de lle­var a so­bre­di­men­sio­nar la influen­cia ex­ter­na en la evolución eco­nó­mi­ca nacional; casa adentro también somos responsables de muchos de los problemas acumulados.

Pero hay más. Los pro­ble­mas am­bien­ta­les han si­do compañeros in­se­pa­ra­bles de las cri­sis ecuatoria­nas: inun­da­cio­nes y se­quías ocasionadas por masivas deforestaciones, con­ta­mi­na­cio­nes propias de extractivismos desbocados o de los incontrolados procesos de urbanización, así como pla­gas derivadas de los mo­no­cul­ti­vos, a lo que se po­dría aña­dir -como un tema externo- el colapso climático; es decir estos son problemas provocados por la acción de los propios seres humanos en el marco del capitaloceno.

Pensando en clave de alternativas, teniendo presentes las lecciones de la historia, en el corto plazo las prioridades están definidas: salud, alimentación e ingreso mínimo para sobrevivir. A lo que se debe sumar una vivienda digna. De allí urge dar un paso más: recuperar y potenciar el paradigma del cuidado que va más allá de la coyuntura; es decir esas necesidades básicas deben ser asumidas como un derecho y no más como una simple mercancía. El necesario retorno del Estado -que comienza a ser aceptado incluso por algunos defensores del mercado- debe estar influenciado por lo social y ambiental, como parte de un proceso de radicalización permanente de la democracia, como antídoto para prevenir la recuperación del Estado como un “ogro filantrópico”, en tanto garante de la seguridad de los privilegios para las minorías, empresa de reparaciones del capital, compensador de beneficios sociales y represor de tendencias transformadoras.

Simultáneamente, en sintonía con la experiencia histórica, habría que establecer las bases para un ajuste con criterios de solidaridad social y ambiental, que permita transitar paulatinamente hacia otra modalidad de acumulación que no esté sustentada en la destrucción de la Naturaleza, es decir en signo postextractivista. Y en el horizonte cabría proyectar las visiones andinas y amazónicas del Buen Vivir – sumak kawsay, como elementos referenciales de una sociedad fundamentada en las armonías, los equilibrios, la reciprocidad, la solidaridad, las igualdades y las libertades de los individuos viviendo en comunidad.

Este esfuerzo, como es evidente, reclama una nueva forma de abordar la economía. Tarea compleja y que requerirá esfuerzos que superan ampliamente los estrechos márgenes de este pequeño país andino. Para lograr esa gran transformación, entonces, se precisa una visión que supere el fetiche del crecimiento económico, que propicie la desmercantilización de la Naturaleza y los bienes comunes, la descentralización y desconcentración de los aparatos productivos y de las mismas ciudades, la redistribución de la riqueza y del poder: estas son algunas bases para una estrategia de construcción colectiva de otra economía, indispensable para otra civilización en clave de pluriverso.

Es evidente que ese nuevo régimen de acumulación, base para una sociedad democrática, a ser construido democráticamente, no se conseguirá con acciones autoritarias, más neoliberalismo y más extractivismo. La construcción de responsabilidades sociales, y sobre todo comunitarias, demanda la participación democrática de las propias comunidades en tanto actoras para enfrentar estas graves crisis, para reconstruir un tejido social vigoroso que permita asumir este tipo de retos con más capacidad e inteligencia. Las redes barriales y comunitarias que se fortalecen y conforman en medio de la pandemia para garantizar alimentación y protección a la población son un buen ejemplo del potencial que tiene la organización social. Repensar el Estado desde abajo y replantearse las relaciones internacionales es también otra cuestión de suma importancia. Por último, debe quedar claro que la tarea no basta con combatir el Covid-19 y superar la recesión para volver a la vida como de costumbre, porque esa realidad ya era un desastre. El objetivo, en cambio, debería ser enfrentar todas las pandemias tan propias del capitalismo, dando respuestas frente a la recesión, y, al hacerlo, transformar la economía priorizando efectivamente al ser humano sobre el capital, pero asegurando que el ser humano viva en armonía con la Naturaleza. Este momento, entonces, sería un error regresar a la “normalidad” anterior, que es la causa de tanto problema…         

12 de junio del 2020

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Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Ministro de Energía y Minas del Ecuador (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-8). Profesor universitario, conferencista, autor de varios libros y sobre todo compañero de lucha de los movimientos sociales.

Artículo publicado originalmente en la revista Debate.