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Importa señalar que una limitante legal a las MIA es que no son socioambientales y en el caso indígena afecta seriamente a su cosmovisión como pueblos en relación con la naturaleza. Así tenemos que, por más que el discurso político de funcionarios ambientales pretenda incluso organizar a los pueblos y consultarlos, ahora sólo lo ambiental, sus facultades, no alcanzan para tales aspiraciones. No sólo eso, tampoco se observa que esta vez sí se consultaría a los pueblos y a sus comunidades, no a los representantes ejidales, municipales u organizaciones mayas con proyectos valiosos como las apícolas.
En ese contexto, ubiquemos la dimensión ambiental, que no es menor, y a la que en estricto sentido tendría que responder la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). Bajo el procedimiento que establece la Lgeepa, ya se sometió a consulta pública el proyecto de MIA de Fonatur y se han presentado a la DGIRA una serie de documentos sólidos y bien fundados de observaciones que por sí mismas ameritan un estudio detallado de esa instancia, porque estamos asumiendo que los ha recibido bajo el principio de buena fe y apego estricto a sus facultades. No podemos imaginar que se está buscando el camino para cumplir la previa decisión de aprobar la MIA sólo porque es proyecto prioritario a escala presidencial y, en todo caso, justificar unas condiciones que den luz verde al megaproyecto. Y vaya que me estoy ubicando en el lindero del negacionismo, pues ya se anticipó el juicio sumario de los abajo firmantes
para quienes cuestionamos el proyecto junto a los pueblos y organizaciones mayas. Va un antecedente que marcó la línea muy lamentable de descalificación. El 15 de noviembre de 2018, un centenar de académicos nos dirigimos a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, con pleno respeto le solicitamos que no incluyera en la consulta amplia del 24 y 25 de noviembre la construcción del Tren Maya y la del Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec. Ofrecimos argumentos, entre otros: que los sitios de alta biodiversidad deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios que han sido garantes de sus territorios y depositarios de la riqueza natural y cultural de nuestro país, que era fundamental no pasar por alto el principio de la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas locales afectadas
a que obliga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que ésta no podía sustituirse con ninguna consulta nacional
. Ofrecimos aportar nuestros conocimientos, y la respuesta del Presidente electo fue categórica en entrevista con Carmen Aristegui: éramos simple y despectivamente abajo firmantes
. Lo cual se ha repetido y ahora se dice que se están creando mitos. A propósito, entre otras, de las observaciones a la MIA que presentamos 85 científicos y académicos de 15 países, en un amplio análisis riguroso destaca que la propia MIA reconoce un aspecto central: El nivel de peligro por karsticidad en la península de Yucatán es en general muy alto, dado que se encuentra sobre una plataforma carbonatada que por su naturaleza es susceptible a la disolución. El peligro es de nivel 3-4 [alto-severo]; esto se debe a que es un alineamiento paralelo a la traza del cráter de Chicxulub [y] por la densidad de cenotes incrementa su nivel considerablemente
(MIA-R, 2020, cap. IV, p. 79).
Vale esperar que con sus facultades se valore el impacto ambiental para la vida de los pueblos. De su resistencia ellos se encargan.