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En nuestro país, fue significativa la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el primero de julio pasado, impuesto a las clases trabajadoras y a la población en su conjunto, sin una consulta ciudadana o referéndum, como el que se llevó a cabo en Costa Rica, en 2007, para aprobar o no su ingreso al DR-CAFTA. El gobierno de la Cuarta Transformación asumió el T-MEC sin tomar en cuenta el impacto socioeconómico del anterior Tratado (TLCAN), que provocó una rebelión indígena, y formó parte sustancial de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), producto de un proceso de tres años que involucró a miles de personas de poblaciones afectadas, redes de profesionales de distintas disciplinas, centenares de organizaciones políticas, sociales y derechos humanos que trabajaron bajo el enunciado de libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos. Se sistematizó, documentó y juzgó el espectro exhaustivo y dramático de violaciones de derechos fundamentales de los pueblos a partir de las reformas estructurales neoliberales (1982 a 2014). La sentencia del tribunal parte de la evolución de la dependencia estructural de México con Estados Unidos y los enormes daños causados a la economía de la nación por el TLCAN: la desindustrialización en favor de industrias maquiladoras y estratégicas trasnacionales; el paso a un mayor y devastador extractivismo energético, minero, eólico e hídrico; la pérdida de la agricultura tradicional, la soberanía alimentaria y el desmantelamiento de la economía indígena-campesina; la reorganización del territorio en favor de corredores industriales estratégicos construidos entreel este estadunidense y la cuenca del Pacífico; el traspaso del comercio nacional a corporaciones trasnacionales; los salarios más bajos y el flujo migratorio más importante en el mundo, y una economía mafiosa que constituye 40 por ciento del PIB nacional.
El TPP concluyó que existían responsabilidades jurídicas de cuatro actores: el Estado mexicano, las empresas trasnacionales, terceros estados e instituciones internacionales. En especial, el Estado fue encontrado responsable de violar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos por la comisiónde crímenes de lesa humanidad, asesinato, exterminio, tortura, violación, esclavitud, persecución deun grupo por motivos políticos,desapariciones forzadas y privaciones de libertad; por delitos contra el medio ambiente y el derecho a la alimentación y la existencia de un cuadro de impunidad total.
Para la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio, el nuevo T-MEC, festinado por el gobierno actual, representa: “la actualización y profundización de las relaciones de subordinación y dependencia de México hacia el vecino del norte. No sólo es la claudicación de la posibilidad de resucitar una renovada política industrial que vertebre al mercado interno, sino que significa llevar hasta sus últimas consecuencias el estatus de plataforma maquiladora y exportadora regida por la perpetuación de las políticas económicas inspiradas en el fundamentalismo del mercado. Significa el reposicionamiento territorial actualizado delas redes empresariales globales de origen estadunidense y una remozada incursión de éstas corporaciones en torno a los recursos naturales y energéticos radicados al sur del río Bravo… Se trata de un acuerdo comercial proteccionista y extractivista para relanzar a las subsidiadas corporaciones estadounidenses… hacia el festín que representan las semillas nativas, el agua potable, las riquezas mineras, el litio –en tanto la energía del nuevo patrón tecnológico que se avecina– y los hidrocarburos como el gas y el petróleo. Con el agregado de que los grandes proyectos de infraestructura del actual gobierno romperán con el carácter de espacio de reserva de la macrorregión sur-sureste de México, al insertar-la de manera definitiva en el patrón de acumulación extractivista y depredador del territorio, la naturaleza y de los bienes comunes”.
Es revelador el silencio de los abogados de oficio de la Cuarta Transformación con respecto de las políticas neoliberales y neo-desarrollistas inherentes al T-MEC y los megaproyectos, así como del papel protagónico del estamento militar, que constituye una parte sustancial de la acumulación militarizada.