Educación autónoma, la pieza para el empoderamiento de las comunidades zapatistas de Chiapas

*Con base en una investigación realizada por Bruno Baronnet, la educación autónoma indígena permite a las comunidades continuar con sus tradiciones, así como sus usos y costumbres.

De acuerdo con la investigación denominada “Derecho a la educación y autonomía zapatista en Chiapas, México”, realizada por Bruno Baronnet, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), desde hace ya 15 años, los pueblos originarios de la Selva Lacandona están construyendo alternativas escolares fuera de la política gubernamental.

Frente al Estado nación, la construcción social de la autonomía educativa forma parte de proyectos de profundización de las prácticas de autogobierno regional.  Baronnet señala que, en estos territorios de influencia zapatista, los actores educativos que hablan tseltal en sus hogares, pero también ch’ol, tojolab’al y tsotsil, utilizan las variantes de las lenguas originarias mayas y la “castilla”, tanto en la comunicación política como en sus modestas aulas, clínicas, milpas y cooperativas de producción.

La lucha por la autonomía es un aspecto primordial en las estrategias sociales de defensa del territorio, la afirmación cultural y el fortalecimiento de las capacidades de gestión local de las familias implicadas. Es así como en muchos de los recientes asentamientos indígenas en los valles de la Selva Lacandona se desarrollan novedosas experiencias comunitarias y regionales de construcción social de discursos y prácticas políticas de educación básica.

“Más allá de considerar estas prácticas autonómicas como si fueran ilegales, este ejercicio del derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación en sus propios asuntos educativos muestra la realidad de una participación social, nada “ilegítima”, en la construcción de proyectos escolares municipales, creativos y en rebelión ante las políticas nacionales. ¿En qué sentido representan un desafío social relevante? Incluso en contextos y circunstancias difíciles, el proyecto radical de autonomía indígena se erige en Las Cañadas de Ocosingo aportando un marco intercomunitario democrático, que permite una lenta consolidación de formas alternativas de organización de la escuela” señala Baronnet.

De acuerdo con el investigador, esto lleva a considerar a la educación autónoma, a partir de las prácticas políticas y pedagógicas de la población indígena y campesina que la sostiene con sus propios recursos materiales, relacionales y organizativos. Es así, como el cambio radical de las políticas educativas que impulsan los municipios autónomos zapatistas, desemboca en la toma de control de la gestión administrativa y pedagógica de las escuelas por las familias.

A partir de sus propias reglas y recursos, las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) definen los contornos y los contenidos de políticas locales de educación propia que no responden a los dictados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“La demanda de autonomía en la educación básica está alimentada por el movimiento social y cultural de comunidades campesinas en una zona del conflicto armado (hostigamientos, ocupación militar y paramilitarismo) donde, según el censo del año 2000, el analfabetismo afecta a cerca del 40% de la población hablante del tseltal, y sobre todo a las mujeres. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más hablante de lengua indígena en Chiapas es de 3.2 grados, mientras la media nacional se eleva a 7.5”, añade el investigador.

Bruno Baronnet destaca que, dado el contexto de guerra de desgaste, analfabetismo y multilingüismo, la aplicación del principio de autodeterminación en educación implica el desarrollo de capacidades de control colectivo y de autogestión en un marco jurídico alternativo que el Estado hoy no reconoce, e incluso desprotege y reprime.

A pesar de ser constitucional y conforme a la Ley General de Educación, la prestación del servicio educativo por instituciones municipales libres no aparece en la agenda política nacional, aunque no haya duda sobre el carácter resolutivamente público del sistema educativo de los cinco Caracoles, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las comunidades autónomas.

“Uno de los principales rasgos distintivos de la educación zapatista es el que se construye mediante la acción de un autogobierno indio responsable de crear, organizar, controlar y solventar los procesos locales de la manera que eligen y que estiman más pertinente en relación con una serie de consideraciones de orden social”, indica.

Es así como el retiro de los hijos de las familias rebeldes de las escuelas que llaman de “mal gobierno”, se hace con base en el principio del derecho a la autodeterminación política. Así, para las familias de los ejidos y rancherías zapatistas, al solicitar la salida de los maestros e instructores comunitarios remunerados por los gobiernos federal y estatal, se abre la posibilidad de nombrar “compañeros” en asamblea para ocupar cargos de educadores o “promotores de educación autónoma”.

Así, Baronnet señala que la construcción de sistemas de educación de base, fuera de las modalidades ofrecidas por el Estado, indica que las luchas sociales que las sostienen tienen por objetivo quitar al Estado prerrogativas extensas en materia de política escolar. En otras palabras, disputan al Estado el derecho de regular, planear y decidir la formación de sus sistemas educativos según sus proyectos político-étnicos.

Es así como las políticas públicas enfocadas en la educación rural en contexto multicultural encuentran sus límites cuando la represión estatal contra las iniciativas de autonomía educativa impide que se movilicen las comunidades como sujetos capaces de deliberar y decidir sobre la organización escolar, la docencia y los cambios por aportar a su funcionamiento cotidiano.

«No obstante, la política oficial de educación indígena en los últimos sexenios no viene encabezada por los sujetos colectivos, es decir, los pueblos originarios, para participar en la toma de decisión, la aplicación y la evaluación de la política social, la cual representa un reto para gobernar en la diversidad cultural” finaliza Baronnet.

Por su lado, desde su creación en 1996 por el movimiento zapatista, el Congreso Nacional Indígena (CNI) reivindica el derecho de establecer planes y programas regionales de desarrollo socioeconómico y educativo con participación de las comunidades, así como elaborar, someter a consenso y ejecutar políticas públicas en su jurisdicción.

La gestión autónoma y participativa de las escuelas representa así una manera colectiva de facilitar que éstas se encuentren disponibles, accesibles, aceptables y adaptables para las particularidades de la sociedad multicultural, a nivel rural como urbano. La práctica de la autogestión de las escuelas conlleva en toda lógica a garantizar fundamentalmente que se tomen en cuenta las especificidades identitarias y organizativas locales a la hora de definir el quehacer educativo.

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Derecho a la educación y autonomía zapatista en Chiapas, México

https://www.redalyc.org/pdf/105/10532623004.pdf