| Por: Alejandro Teitelbaum |

El triunfo electoral de la ultraderecha en Brasil obedece a múltiples factores pero el principal es el fracaso del petismo en la tarea central y prioritaria de transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales del país. Fracaso atribuible –como veremos en detalle- a que nunca tuvo por objetivo tal transformación, sino que, por el contrario, contribuyó a su consolidación y afianzamiento. Así es como la brecha entre los más pobres y los más ricos continuó aumentando: los más ricos continuaron enriqueciéndose y los más pobres siguieron empobreciéndose.

Incluso los publicitados programas de lucha contra la pobreza y la indigencia fueron una gota de agua en el océano de pobreza e indigencia que subsiste en el Brasil.

Otros factores son la falta de conciencia de clase de las mayorías populares que éstas no llegaron a adquirir en razón de los efectos sinérgicos de sus condiciones de vida [1] y de la influencia de las ideologías socialdemócratas y “progresistas”.

Y, por cierto, contribuyó al resultado electoral el poder intcólume de las clases dominantes que se ha valido de todos los recursos siempre a su disposición – mediáticos, judiciales, políticos, económicos, ideológicos, etc.- para asegurar la continuidad del sistema, incluso en sus formas más aberrantes. Quienes se lamentan de dicho uso ignoran –o simulan ignorar- que el mismo no es coyuntural, sino que es inherente al sistema dominante. Que incluye la violencia pura y dura cuando el sistema la considera necesaria para su preservación.

También ha pesado el tema de la corrupción, porque con independencia de la veracidad de las acusaciones contra Lula da Silva, durante los gobiernos petistas la corrupción –que gozó de total impunidad- contaminó a todos los poderes del Estado y a todos -o a casi todos- los partidos políticos. Dilma Roussef no fue destituida acusada de corrupción sino porque violó normas fiscales, maquillando el déficit del presupuesto. Razón más que discutible como para destituirla, sobre todo con el voto de parlamentarios buena parte de ellos corruptos notorios, incluido Temer, que la sucedió en la Presidencia.

El argumento de la seguridad influyó asimismo en la decisión de los electores, en un país donde la delincuencia aumenta como resultado, entre otros, del incremento –sin que se vislumbren perspectivas de solución- del desempleo y de la pobreza.

I.Cuando Lula asumió la presidencia de Brasil por primera vez el 1º de enero de 2003 con el 62% de votos a su favor sorprendió y alarmó a sus partidarios nombrando presidente del Banco Central de Brasil a Henrique de Campos Meirelles, que había trabajado en el sector financiero durante 30 años llegando a Presidente internacional del Banco de Boston en Estados Unidos, es decir un hombre del riñón del capital financiero transnacional. En 2012 Meireilles volvió al sector privado y cuando Dilma Rousseff fue destituída por la mayoría corrupta del Parlamento, Temer, el nuevo Presidente, corrupto notorio, designó a Mireilles su Ministro de Hacienda.

Todo un símbolo de la continuidad del sistema en sus distintas variantes.

Si bien los símbolos pueden tener cierta importancia, para hacer evaluaciones políticas es mejor conocer la realidad de los hechos económicos y sociales y referirse a ellos a fin de evitar que las evaluaciones estén contaminadas de subjetividad.

1. II. Como es sabido, durante los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Roussef funcionaron los programas de asistencia social “Bolsa Familia”, Hambre Cero y otros y también se registró un considerable aumento de los salarios mínimos.

Con dichos programas el número de personas que en Brasil viven por debajo de la línea de pobreza disminuyó de 77 millones en 2003 (44 millones de pobres y 33 millones de indigentes) a 53 millones (34 millones de pobres y   19 millones de indigentes) en 2008.

El coste del Programa Bolsa Familia fue de 12000 millones de reales (unos 2600 millones de euros) en 2008 y benefició a 11 millones de familias, especialmente en las regiones económicamente atrasadas y más pobres del país.

Es un programa de transferencias monetarias. Fue creado en octubre 2003 para beneficiar a las familias que viven en situación de pobreza y extrema pobreza, es decir a todas las familias con renta per capita de hasta 85 reales (USD 27) y las familias que poseen una renta per capita entre 85,01 reales (USD 27) y 170 reales (USD 53) siempre y cuando tengan en su núcleo a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años.

En un trabajo académico sobre la cuestión puede leerse:

“Estudios de evaluación de impacto del PBF muestran alcances positivos sobre el ingreso de los pobres, el mantenimiento de los niños en la escuela y un menor abandono escolar. Los resultados permiten concluir que el objetivo a corto plazo del Programa fue atendido en la medida en que: i) llega a los pobres, debido a que la distribución territorial entre beneficios y familias pobres está vinculado, pero con sobrerrepresentación en la región Nordeste y entre

                                                                                                                                                      los beneficiarios urbanos; ii) incide positivamente sobre la reducción de la pobreza y el grado de desigualdad en la distribución de la renta per cápita de los hogares; iii) las familias beneficiarias siguen la tendencia nacional de aumento en el consumo de todos los grupos de alimentos, pero entre las familias beneficiarias más pobres, se identifica un mayor consumo relativo de cereales, arroz y frijoles; iv) entre los beneficiarios no se observa la disminución de la oferta de trabajo o el abandono del trabajo, excepto durante 2 horas semanales en media entre madres con hijos pequeños; v) entre los niños se produce una mayor frecuencia en la matriculación escolar y menor ausencia en la escuela… Un estudio reciente indica que el PBF no redujo el nivel de desnutrición infantil. Cabe destacar que el Programa no fue eficaz en la reducción del trabajo infantil, principalmente porque no incidió en la ampliación de la jornada escolar. Escribe la autora de este estudio en las Conclusiones:

Debe ser destacado que la distribución de la renta del trabajo tiene que ser analizada con cautela, pues Brasil es aún uno de los países con mayor concentración de ingresos y desigualdad social del planeta. Por un lado no se dieron cambios estructurales en la distribución de la renta. Es decir, la distribución fue motivada más por los aumentos reales de la renta en los estratos inferiores que por la desconcentración en los primeros estratos superiores. Por otro, se observa el mantenimiento de la concentración funcional de la renta, debido principalmente a la alta remuneración del sector financiero desde 1994 y la elevada carga tributaria del gobierno.  El sostenimiento de un conjunto de políticas redistributivas consistentes, integradas y complementarias, como la construida por los últimos gobiernos, demanda capital y una articulación política continuada. La estrategia distributiva puede derivar en rechazo, sobre    todo si el crecimiento económico se produce en tasas insuficientes para disminuir la deuda pública en relación al Producto Interior Bruto (PIB). La crisis económica mundial no está superada, las relaciones entre China y Estados Unidos son conflictivas, un tropiezo de las exportaciones brasileñas y/o la interrupción/atraso de las inversiones pueden deshacer el proceso de crecimiento y restringir el desarrollo de las políticas redistributivas”.

(Brasil, un caso reciente de crecimiento económico con distribución de renta, Cacciamali, María Cristina (Universidad de Sao Paulo, Brasil. Revista de Estudios Empresariales. Segunda época.  Número: 1 (2011). Páginas: 46 – 64).

Según datos más recientes que forman parte del estudio Síntesis de Indicadores Sociales 2017, elaborado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), con base en un amplio sondeo realizado en miles de domicilios en 2016, unos 52 millones de brasileños viven por debajo de la línea de pobreza, de los cuales 13,4 millones están en situación de indigencia.

El ritmo de disminución de la pobreza y de la indigencia se desaceleró considerablemente –más bien se estancó-  en el periodo 2008/2016 con respecto al período 2003/2008 : en el período 2003/8 la cantidad de pobres e indigentes disminuyó en 24  millones (de 77 millones a 53 millones En tanto que que en el período 2008/16 la cantidad de gente viviendo por debajo de la línea de pobreza y de  indigentes disminuyó en un millón: de 53  a 52 millones. Pero dentro de esa cifra el número de indigentes disminuyó en 5,6 millones. De modo que si las cuentas son buenas, entre 2008 y 2016 el número de gente viviendo por debajo de la línea de pobreza aumentó en unos 4 millones.

Y desde que asumió la presidencia Michel Temer el número de indigentes también volvió a crecer.

En 2018  hubo un aumento del monto de la bolsa familia del 5,67%, cuyo monto actualmente varía desde un básico de 85 reales (20 euros, 8% del salario mínimo)  hasta un máximo de 390 reales (unos 88 euros, un tercio del salario mínimo), según la composición de la familia y la escolaridad de los hijos (Véasehttps://www.mixvale.com.br/2018/05/08/tabela-dos-novos-bolsa-familia/).Lo cual alcanza para que las familias más pobres consuman un poco más de alimentos básicos, como arroz y frijoles. Hay que tener en cuenta que la canasta básica de alimentos tiene un costo de alrededor de 400 reales.

En cuanto al salario mínimo interprofesional (SMI), que cuando asumió Lula da Silva en 2003 era de 230 reales equivalentes a 62 euros, ascendió rápidamente hasta llegar en 2012 a 622 reales, equivalentes entonces a 257 euros y desde ese año disminuyó ligeramente, siendo sus peores años 2014 (222 euros) un año antes de la destitución de Dilma Rousseff y 2016 (204 euros, unos 900 reales) ya con Michel Temer en el Gobierno. Y es de 954 reales en 2018.

En este último año la canasta básica familiar se estima en 1400 reales. Es decir que el salario mínimo cubre sólo el 70% de la canasta básica. (Ver: https://datosmacro.expansion.com/smi/brasil).

El costo de la canasta básica varía según las ciudades y regiones. A mediados de 2018, la canasta básica familiar de alimentos más alta era la de Río de Janeiro, estimada en (R$ 446,03), seguida por Florianópolis (R$ 441,62), São Paulo (R$ 441,16) y Porto Alegre (R$ 437,73). Los costos más bajos se registraron en Salvador (R$ 327,56) y Recife (R$ 336,36).

(Ver: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-06/custo-da-cesta-basica-sobe-em-18-capitais-e-mais-cara-e-do-rio).

Otra fuente indica que en 2017 sobre una lista de 16 países de América Latina y el Caribe referida a la relación entre el salario mínimo y la canasta básica familiar

Brasil ocupa el décimo lugar.  Con un salario mínimo se puede adquirir   el 90 % de una canasta básica familiar, pues el   salario mínimo en dólares era 283 en 2017 y el mismo año el costo de la canasta básica familiar era, en dólares, 314. (Ver : http://www.miuracapital.com.pa/salarios-minimos-en-latinoamerica-en-que-pais-permite-un-mayor-poder-adquisitivo/).

Casi 45 millones de personas en Brasil, que son un poco más de la mitad de la masa trabajadora, reciben el salario mínimo.

La pobreza se mide en relación con el costo de la canasta básica familiar e individual. La desigualdad con la distribución de los ingresos. No hay una relación lineal entre ambos. Así es como hay países pobres muy desiguales o menos desiguales, hay países de ingresos entre medianos y bajos, como Brasil o de altos ingresos, como Estados Unidos, con altos niveles de desigualdad.

Medida la desigualdad con el coeficiente de Gini (0= igualdad perfecta; 100=desigualdad máxima), Brasil está entre los seis países más desiguales de América Latina : Honduras 53,7 ; Colombia 53,5 ; Brasil 52,9 ; Guatemala 52,4 ; Panamá 51,7 ; Chile 50,5. Como comparación Noruega, que es uno de los países más igualitarios, tiene un coeficiente de Gini de 25,9 y el más desigual, Sudáfrica, un coeficiente de 63,4. Brasil, que antes de los gobiernos petistas tenía un coeficiente de Gini similar al actual de Sudáfrica, está sin embargo ahora mucho más cerca de Sudáfrica que de Noruega.

Además en Brasil, la desigualdad entre los salarios más altos y los más bajos está entre las más altas del mundo, según el Informe Mundial sobre Salarios 2016 / 2017 de la OIT. (Véase la página 45 del Informe: Cuadro 2 Diferentes medidas de la desigualdad en países en desarrollo seleccionados, 2010 Distribución salarial acumulada Proporción entre deciles).

Dicho de otra manera con el salario mínimo y los planes sociales, a un tercio de la población de Brasil le alcanza apenas para comer y sigue casi totalmente excluida de los otros bienes y servicios, tales como vivienda adecuada, salud, escolaridad completa, vestimentas, entretenimientos, etc. que forman parte de la denominada canasta básica familiar, además de los alimentos.

Mientras, los más ricos y las clases altas continuaron enriqueciéndose : en 2006 el 5% más rico acaparaba el 40% del ingreso total y en 2012 había aumentado esta participación al 44%.

Según Forbes de las diez fortunas personales más cuantiosas de América Latina cinco pertenecen a brasileños, la menor es de 6200 millones de dólares y la más alta es de 27.000 millones. Los cinco totalizan un patrimonio de 75 mil millones de dólares.  (https://negocios.elpais.com.uy/noticias/quienes-son-diez-personas-ricas-america-latina.html).

Otras estadísticas (ver https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45885044) indican que hay en Brasil 659 multimillonarios poseedores cada uno de un  patrimonio superior a los 50 millones de dólares de los cuales 63 « valen » más de 500 millones. Grosso modo se puede estimar que algo más de 600 multimillonarios brasileños acumulan una fortuna superior a los 100.000 millones de dólares. A comparar con el programa Bolsa Familia de 2008 que benefició a 11 millones de familias y significó una inversión de unos 3000 millones de dólares. Es decir algo así como el 2,5% del patrimonio de los 659 grandes multimillonarios brasileños. Pero la Bolsa Familia se financió con fondos públicos y contrayendo deudas con el Banco Mundial. No con un impuesto a las grandes fortunas.

De modo que si bien los datos estadísticos varían según los enfoques y los métodos utilizados por sus autores, la tendencia general que surge de ellos es la misma : la brecha entre los más ricos y los más pobres continuó profundizándose con los gobiernos petistas y en los últmos años de la presidencia de Dilma Rousseff, los pobres se empobrecieron aún más, entre otras razones, a causa de la inflación y del incremento de la desocupación.

Para ver claro por qué,   hay que estudiar en ese período no sólo los elementos coyunturales señalados hasta aquí sino los estructurales, en materia de industria, de servicios, del sector agrario y de las finanzas.

Cosa que los analistas y otros opinólogos, incluídos los progresistas y los de izquierda, en general no hacen.

III. En un estudio del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, publicado a comienzos de 2002 (según un resumen publicado en el diario Folha de San Pablo del 10 de febrero de 2002, página B1) se señalaba que:

«La desnacionalización de la industria brasileña dio un salto en el decenio de 1990. El capital extranjero, que correspondía al 36% de la facturación de los 350 mayores grupos del país en 1991, pasó al 53,5% a fines de 1999. La participación extranjera en la facturación de las mayores empresas del país aumentó 146% entre 1991 y 1999. La inversión extranjera contribuyó a hacer más eficientes a las empresas brasileñas, pero no ayudó al país a ampliar su mercado interno ni a aumentar su participación en el mercado externo».

«Según el mismo estudio -sigue diciendo el artículo de la Folha de San Pablo– el capital externo creció pero en el sector servicios. La inversión extranjera, más que expandir la capacidad productiva, sustituyó a la inversión nacional, colaboró para aumentar el déficit externo y no contribuyó a hacer del país un gran exportador de productos manufacturados».

(Citado en la nota 9, página 22 de nuestro libro La armadura del capitalismo, Editorial Icaria, España, año 2010).

Brasil es la octava economía del mundo. Tras casi una década de fuerte crecimiento (2002-2013), Brasil sufrió la peor recesión de su historia en 2015 (-3,8% del PIB) y 2016 (-3,6%). Esta crisis económica se debió a la caída de los precios de las materias primas y una caída del consumo y la inversión. En 2017, la economía se recuperó y el PIB fue de 0,7%. Basada en el incremento de las exportaciones agrícolas.

Pese a contar con un importante sector industrial (en declinación), mayoritariamente de capital extranjero, el grueso de las exportaciones de Brasil consiste en productos agrícolas e industrias extractivas primarias.

El sector terciario representa más de 73% del PIB y emplea a tres cuartos de la población activa. En trabajos sin calificación hasta muy calificados, con salarios muy desiguales y donde abundan contratos temporarios.

La economía de Brasil se dirige a su recesión más profunda muchos años a medida que la actividad económica se debilita.

Los principales impulsores de la crisis brasileña han sido la caída de los precios de las materias primas, que han perdido más del 50 por ciento de su valor desde 2011 como resultado de la desaceleración de la demanda de China. A su vez, el fortalecimiento del dólar en el mercado mundial, que atenta contra las balanzas comerciales del resto del los países; la devaluación del yuan, principal moneda de sus exportaciones y, por supuesto, la crisis política interna de Brasil. Como resultado, la octava economía del mundo se enfrenta a una inflación de dos dígitos, al aumento del desempleo y a una caída de la demanda interna que golpea todos los sectores.

La imparable caída de los precios y del valor de las exportaciones ha provocado una depreciación del real del 60 por ciento. Esto obligó al Banco Central a elevar la tasa de interés hasta el 14,25 por ciento para controlar la inflación que llegó a los 2 dígitos a fines del año pasado. Como siempre, las altas tasas de interés han generado suculentas ganancias para el sector financiero pero ha mermado el ingreso de los brasileños por el altísimo costo de los créditos. Esta ha sido la principal causa de la disminución del consumo interno que acelera el proceso de contracción económica. Asimismo, si bien la deuda pública de Brasil llega al 66 por ciento del PIB y está comparativamente lejos de la deuda publica de Grecia (180 por ciento del PIB) o Japón (230 por ciento del PIB), son los altos intereses que paga Brasil los que lo sumergen en una depresión más sombría.(Ver :https://www.elblogsalmon.com/economia/brasil-se-enfrenta-a-su-peor-y-mas-larga-recesion-en-115-anos).

El informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, de 2016, indicaba que la industria brasileña, que había conocido un fuerte desarrollo, estaba declinando ya hacía unos años, pues  a comienzos de la década de 1970 la participación de las manufacturas en la generación de empleo y valor agregado en Brasil correspondía al 27,4%, en valores de la época, mientras que en 2014 esa participación cayó al 10,9%.

El conjunto de factores que colaboraron para esta tendencia fue observado en toda América Latina, pero Brasil, por su tamaño e importancia es el más significativo caso de desmantelamiento precoz de la industria.  «Todo el sistema que tenía por objetivo industrializar el país entró en colapso», dijo a la BBC Brasil Alfredo Calcagno, jefe del departamento de Macroeconomía y Políticas de Desarrollo de la UNCTAD.

En la evaluación de la UNCTAD y de los entrevistados por el reportaje, el proceso se inició con los choques económicos vividos por el mercado nacional en los años 1980, se intensificó con la apertura comercial a principios de los años 1990, seguido por el abandono de las políticas desarrollistas y el aprovechar de la tasa de desempleo como herramienta para combatir la inflación.

Después, la desindustrialización fue favorecida por reformas liberalizantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y, más recientemente, por la pauta exportadora enfocada en “commodities”.

«El camino hacia la industrialización de Brasil fue claramente interrumpido», afirmó a la BBC Brasil Paulo Francini, director de la FIESP (Federación de las Industrias del Estado de São Paulo).

La desindustrialización es considerada precoz por la UNCTAD cuando una economía no llega a alcanzar todo su potencial productivo manufacturero y, en lugar de evolucionar hacia la industria de servicios con alto valor agregado – sector terciario -, retrocede a la agricultura o cae en la informalidad.
Brasil, en el caso, siempre tuvo una fuerte producción agrícola (sector primario), cuya riqueza a partir de los años 1930 fue canalizada para incentivar el desarrollo de una industria nacional (sector secundario) por medio de planes estatales.
Para muchos economistas, la maduración económica de un país, desde el sector primario hasta el terciario, pasa necesariamente por la etapa del desarrollo industrial, que permitiría la acumulación de capital y conocimiento productivo necesarios para sostener la transición hacia empleos con mayor sofisticación intelectual y más productivos. (Ver: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-37432485

Brasil passa por desindustrialização precoce, aponta pesquisa da ONU).

1. IV. La cuestión agraria.

El 2 de julio de 2003, el MST envió una carta a Lula, conteniendo una propuesta de reforma agraria, incluyendo el asentamiento de un millón de campesinos sin tierra en el periodo de 2003 a 2006, con un programa de créditos especiales para la reforma agraria, asociar la reforma agraria a un masivo programa de educación en el campo, intensificando la campaña para la erradicación del analfabetismo en las áreas de establecimientos rurales, siendo necesario asignar más recursos financieros al MEC (Ministerio de Educación) para ese propósito; promocionar un programa de entrenamiento profesional que involucrase 20 mil jóvenes y adultos de las áreas de establecimientos y campamentos, combate contra la impunidad de los asesinatos cometidos en el campo (aprobando el proyecto de enmienda constitucional que transferiese la competencia de investigar y procesar los crímenes contra los derechos humanos); determinar la investigación contra los « fazendeiros» que usan milicias armadas, incitan la violencia y el crimen y mantienen vínculos con el tráfico de drogas y el contrabando de armas. La propuesta del MST se manifestaba contraria a la autorización de la plantación y la comercialización de los productos transgénicos, a favor de un nuevo modelo agrícola para la generación de trabajo, la producción de alimentos para el mercado interno, por la soberanía alimentaria y, en general, por la valorización de la vida en el campo.

Como respuesta, en septiembre de 2003 perdieron sus puestos varios funcionarios del gobierno ligados al MST, incluido el presidente del INCRA.

En 2003, los movimientos agrarios habían requerido al Gobierno de Lula el establecimiento de 400 mil familias sin tierra. El gobierno dijo inicialmente tener capacidad para asentar 140 mil familias en su primer año, después bajó la promesa a 60 mil familias. Terminando el año, sin embargo, habia poco más de 20 mil familias asentadas. Del presupuesto destinado a la reforma agraria fue cortado el 65 % como parte de su política de “superavit primario” para garantizar el pago de la enorme deuda pública (principalmente interna). A finales de 2005, sin embargo, la “redistribución de tierras” estaba paralizada en Brasil, evaluaron los 45 movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales del Foro Nacional por la Reforma Agraria y la Justicia en el Campo. La acción del gobierno en esa área se redujo a «un mero programa de asentamientos», en cantidad inferior a la prometida, que no cambiaba el cuadro brasileño de concentración de la tierra ni daba lugar a la expansión de la agricultura familiar y campesina. Refiriéndose a 2005, dijo el secretario ejecutivo (viceministro) del Ministerio de Desarrollo Agrario, Guilherme Cassel: «este fue el mejor año de la reforma agraria en la historia de Brasil se entregaron tierras a 111.200 familias desde el inicio del año”.

Joao Pedro Stédile, del MST, lo refutó afirmando que, al contrario, el gobierno estaba usando «los mismos fraudes» de la administración anterior, contando como nuevos asentamientos la simple regularización de familias ya asentadas o la sustitución de las que abandonaron la tierra recibida: la mayoría de las familias quedaron aisladas en la Amazonia, «viviendo en pésimas condiciones» y sin posibilidad de producir ni de vender sus cosechas. No se están cumpliendo los principales puntos acordados en mayo entre el Gobierno y el MST, como la meta cuantitativa y la prioridad para los grupos familiares que viven acampados. Según el MST, hay 140.000 familias de campesinos sin tierra viviendo en campamentos precarios, en carpas de plástico al borde de carreteras o en predios ocupados, a la espera de que el gobierno les asigne una parcela. Según el Gobierno, cerca de 20.000 familias asentadas este año provienen de los campamentos controlados por los movimientos campesinos.

En los dos primeros años del gobierno de Lula, 2003 y 2004, el Instituto de Colonización y Reforma Agraria anunció haber asentado a 117.555 familias. Aun cumpliendo la cuota de ese año, quedarían más de 160.000 familias para alcanzar la meta en 2006, de lo que no se está ni cerca. Durante los ocho años en que gobernó Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) se asentaron oficialmente 524.000 familias, un dato también cuestionado por el MST. “Este gobierno no logra promover una verdadera reforma agraria porque le da más importancia al agronegocio exportador y se ha sometido a los grandes terratenientes y adoptado una política económica que favorece al sector financiero, a las empresas transnacionales y a la gran agricultura de monocultivos”, dijo un documento oficial del movimiento campesino.

(Véase : de Osvaldo Coggiola (Universidade de São Paulo) La cuestión agraria en Brasil,http://www.rebelion.org/docs/39143.pdf).

En 2017 la FAO informaba que Latinoamérica es la región con la distribución de la tierra más desigual del planeta (https://www.dw.com/es/latinoam%C3%A9rica-es-la-regi%C3%B3n-con-la-distribuci%C3%B3n-de-la-tierra-m%C3%A1s-desigual-del-planeta/a-38316653).

Según la FAO, la región supera ampliamente a Europa, África y Asia, con 0,79 en el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad en una escala del 0, «total igualdad», al 1, «total desigualdad») aplicado a la distribución de la tierra.

Por su parte, en el mismo coeficiente Europa registra un 0,57, África un 0,56 y Asia un 0,55. En Suramérica la desigualdad es aún mayor que el promedio regional (alcanzando un coeficiente Gini de 0,85), mientras que en Centroamérica es levemente inferior al promedio, con un coeficiente de 0,75.

Brasil tiene, en materia de desigualdad agraria, uno de los coeficientes de Gini más elevados en Sudamérica con 0,854 en 2012 después de nueve años de gobiernos petistas.

En un detallado estudio de 62 páginas publicado en 2012 sobre la cuestión agraria en Brasil titulado

Gobernanza de la tierra en Brasil Estudio geo-histórico de la gobernanza de la tierra en Brasil por Bernardo Mançano Fernandes, Clifford Andrew Welch, Elienai Constantino Gonçalves

(http://www2.fct.unesp.br/nera/ltd/governanza_tierra_brasil-bmf_caw_ecg.pdf) puede leerse :

« Brasil es un país del tamaño de un continente, el quinto mayor del mundo. Según el Instituto brasileño geográfico y estadístico (IBGE), tiene una superficie de 8.5 millones de kilómetros cuadrados. El potencial agropecuario de este vasto territorio es enorme pero así son también sus desigualdades. Entre éstas se encuentra una de las estructuras de tenencia de la tierra más concentradas, que llega al 0,854 del índice Gini (un 1.0 indicaría máxima desigualdad, en la que un individuo o empresa lo poseería todo), con las grandes empresas nacionales y transnacionales como propietarias de la parte del león. Estas empresas controlan las políticas de desarrollo económico, disfrutan de la mayoría del crédito agrícola, monopolizan los mercados a todos los niveles y definen las tecnologías productivas. Al producir, de manera preponderante, productos básicos, los intereses de la agroindustria en Brasil constituyen un poder hegemónico que determina la planificación agraria y relega a los pequeños agricultores, que son precisa e irónicamente quienes producen la mayoría de los alimentos destinados al mercado interior, a un papel subordinado. Como principal productor de soja, café, azúcar, carne de vacuno, pollo, legumbres secas, naranjas y tabaco, Brasil es uno de los países agrícolas más importantes (Welch 2006a). Tiene una superficie total de 851.487.659 hectáreas, pero durante el período 1996-2006 sólo se utilizaron para la agricultura 330 millones de hectáreas, según el censo agrícola más reciente (IBGE 2009a, 2009b). Durante el período 1975-1985, la superficie cultivada fue mayor, con un total de 375 millones de hectáreas. Esto significa que en cualquier caso, en esos 20 años, Brasil utilizó entre el 39 y el 44 por ciento de su territorio para la agricultura, una de las mayores proporciones de tierra cultivada entre las naciones del mundo. Las persistentes desigualdades rurales se vuelven dramáticamente evidentes al comparar la agricultura familiar con las empresas agroindustriales. El censo de 2006 contó 5.175.489 establecimientos agrícolas (familiares o empresariales) de los que el 84,4 por ciento (4.367.902) eran unidades familiares y el 15,6 por ciento (805.587) eran explotaciones empresariales. La superficie total de las unidades familiares era de 80.250.453 hectáreas mientras que las grandes empresas representaban 249.690.940 hectáreas. Según el censo de 2006, si bien la agroindustria utilizó el 76 por ciento de la superficie cultivada, el valor de su producto anual bruto fue sólo del 62 por ciento (44.500 millones de dólares) del total de la producción, mientras que los agricultores campesinos o familiares fueron responsables por el 38 por ciento (27.000 millones de dólares) de valor anual bruto aunque sólo utilizando el 24 por ciento de las tierras agrícolas. Estadísticas adicionales revelan mayor desigualdad. Aunque los campesinos utilizaron sólo el 24 por ciento de la superficie agrícola, emplearon un 74 por ciento de individuos con un compromiso económico en el sector (12.322.225 personas), mientras que el segmento agroindustrial más rico dio empleo al resto del 26 por ciento (4.751.800 personas). Esto significa que cada 100 hectáreas de tierra de la agroindustria han sostenido como promedio a dos personas, mientras que la misma superficie de tierras campesinas ha sostenido en torno a 15 personas. Las relaciones de empleo son significativamente distintas en ambos sectores ya que la mayoría de los trabajadores campesinos son miembros de la familia, que viven en las explotaciones, mientras que la mayoría de los empleados de la agroindustria son trabajadores temporales o a jornada parcial que no viven en las explotaciones sino en zonas urbanas » (págs. 11 y 13).

1. El capital financiero.

Bruno Lima Rocha (http://www.alterinfos.org/spip.php?article6559) escribe acerca de la lógica rentística en Brasil :

« En Brasil, el capital financiero opera por dentro del presupuesto del Estado, tasando el valor de la riqueza y consumiendo el volumen de impuestos recogidos por la Unión.

El gobierno federal concentra en torno al 66% del total impositivo logrado por la recaudación. De los órganos en Brasilia este presupuesto es compartido a través de rúbricas y destinos diversos. En este laberinto kafkaniano que es la pieza presupuestaria federal, los estados y municipios reciben poco y casi siempre el envío del presupuesto tiene que ser acompañado de contrapartidas y justificaciones en formato de proyecto. Como la mayor parte de las administraciones municipales ni siquiera tiene condiciones para operar una oficina de proyecto, esto genera una economía paralela de servicios, donde operadores tercerizados “aprueban y venden” su proyecto tanto a municipios como para firmas de enmiendas parlamentarias. Aun así, el nivel básico de gobierno (los 5564 municipios) vive de limosnas y podría recibir más del doble de los presupuestos si no hubiera dos barreras.

La primera barrera sangra directamente al Tesoro Nacional. Sería simplemente revolucionario colocar contra la pared a la plantilla de capitalismo rentista, donde el pago de la deuda pública consume más del 42,04% de los presupuestos federales. En la previsión para el año de 2014, esto implicaría casi la mitad de los R$ 2.383 millardos a ser gastados (o invertidos) por la Unión este año. Esta deuda quema por día R$ 4 mil millones de reales, cuyo destino principal es la caja de los compradores de títulos públicos, en su mayoría bancos o fondos de inversión, incluyéndose los fondos de pensión. Sólo en la ejecución presupuestaria de 2014, según la Auditoria Ciudadana de la Deuda, el país gastó más de R$ 203 millardos, cerca de 65% de los gastos federales hasta el segundo mes del año. La segunda barrera es la odiosa DRU (Desvinculación de las Recetas de la Unión), ley que regularmente retira recursos de la sanidad, salud, educación e infraestructura para “contingencias”; buena parte de las veces esta ocurre a favor de los financistas. La DRU era provisional y fue creada en 1994, con el justificativo de intentar mantener la estabilidad macro económica. Viene siendo prorrogada –generalmente por consenso– en el Congreso en los últimos 20 años. Con la DRU, el Ejecutivo puede asignar libremente 20% del presupuesto anual, vaciando la capacidad de inversión del país, que no pasa de un irrisorio 18% al año, contra una media del 25% de los demás miembros de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Conclusión. Si todo lo que es sólido se deshace en el aire, es porque en la economía real, alguien hace que la riqueza se evapore y se haga un dígito rescatable, en algún paraíso fiscal. A través del casino financiero, se regulariza el espolio sobre el trabajo colectivo.

El poder de los bancos sobre la economía real brasileña

[1] Véase mi nota La esclavitud (asalariada) contemporánea. Un enfoque,  entre otros, para tratar de entender la tragedia barasileña  en https://www.alainet.org/es/articulo/196127 y en http://www.elsalmon.co/2018/10/la-esclavitud-asalariada-contemporanea.html. Cabe hacer notar que el perfil sociológico de los votantes indica que en líneas generales ganó Bolsonaro en las regiones habitadas por las clases acomodadas y los trabajadores industriales y del sector terciario con mejores salarios. En el Nordeste, la región más pobre del país, ganó ampliamente Haddad, el candidato del PT. Quizás porque la región fue privilegiada con los programas sociales del PT.

Fuente: http://www.elsalmon.co/2018/11/el-progresismo-colapsado-en-america.html?m=1