Por diferentes motivos, y con diferentes argumentos, Donald Trump, el gobierno de Maduro y la oposición extremista articulada en torno a Juan Guaidó, tienen en común la voluntad de hacer todo lo posible por generar desconfianza en las elecciones y limitar, al máximo, la posibilidad de que los ciudadanos de sus respectivos países puedan expresar su voluntad política con la participación electoral.

Trump lo tiene claro. Las encuestas de opinión se lo dicen en forma contundente día a día, por más que él pretenda descalificarlas como “fake news“, que la mayoría de la población de los Estados Unidos rechaza su gestión y que tiene, de acuerdo a estas encuestas, limitadas posibilidades de ser re-electo en noviembre. Esto ocurre como consecuencia, de sus desastrosas políticas ambientales, que ponen en riesgo la vida en el planeta, sus políticas patriarcales, sus políticas conducentes al acelerado incremento de las desigualdades, su profundo racismo, su respaldo a las organizaciones armadas de la extrema derecha supremacista blanca, y su colección interminable de mentiras.[1]

A todo lo anterior se han sumado tres severas crisis que atraviesan hoy al país. En primer lugar, la pandemia del COVID-19 que, gracias a las erráticas e irresponsables políticas de Trump, que en todo momento puso sus intereses políticos personales (la reelección) por sobre la vida de los estadounidenses, ha afectado a dicho país mucho más que a cualquier otro. De acuerdo al registro oficial del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, para el 23 de agosto del 2020, se habían registrado en el país 5.643.812 casos de infectados y un total de 175.651 muertes,[2] muchas más que la sumatoria de las muertes de soldados estadounidenses en las guerras de Corea, de Vietnam y todas las aventuras militares posteriores de los Estados Unidos. Con solo 4% de la población mundial Estados Unidos tiene 22% de los contagiados y aproximadamente 20% de los muertos por COVID-19.

En segundo lugar, una profunda crisis económica, con una caída del producto nacional más acelerada que la ocurrida durante de la Gran Recesión de la década de los veinte del siglo pasado, y una tasa de desempleo que se ha triplicado en pocos meses. Era precisamente la supuesta bonaza económica lo que le servía a Trump de sustento para sus expectativas de reelección.

En tercer lugar, el asesinato de George Floyd ha producido las movilizaciones de protesta más amplias, más social y étnicamente diversas y más extendidas geográficamente de la historia de los Estados Unidos en contra del racismo sistémico, no solo de los cuerpos policiales, sino del conjunto de la sociedad. Esa sociedad se ha tenido que mirar al espejo. La reacción fundamentalmente represiva ante estas movilizaciones por parte del gobierno de Trump confirma de qué lado está en estas confrontaciones.

Ante la creciente preocupación de que podría perder las elecciones, Trump se ha dedicado en forma sistemática a crear desconfianza en relación a éstas. Se ha negado a afirmar que reconocerá los resultados en caso de perderlas y, aunque como presidente no tiene atribuciones para eso, ha amenazado con posponerlas.

En este contexto, el voto por correo se ha colocado como un tema central del debate electoral. Más del 60% de la población afirma en las encuestas que le daría miedo salir a votar en condiciones de pandemia y la mayoría de los estados han tomado medidas para facilitar el voto por correo. Trump ha respondido a esto llevando a cabo una sistemática campaña para deslegitimar y obstaculizar el voto por correo.

Hay en los Estados Unidos una larga tradición de voto por correo. El voto en ausencia ha sido una práctica generalizada, utilizada por quienes, como resultado de enfermedad, de su edad avanzada o de encontrarse en otra localidad, no pueden acudir a su centro de votación. Varios estados, desde hace algún tiempo, realizan la totalidad de sus procesos electorales por correo. No se han constatado en estas variadas experiencias casos de fraude electoral. El sistema de correos es una de las instituciones más respectadas del país, y como institución federal, cualquier interferencia con su funcionamiento está penada con fuertes sanciones.

Después de la guerra civil y la emancipación de los esclavizados, las élites blancas del Sur, con el fin de preservar su poder, impusieron restricciones legales a la posibilidad de que los ex-esclavizados pudiesen votar: las llamadas leyes Jim Crow. Solo con la aprobación de la Ley de derecho de voto de 1965, en el contexto del gran movimiento nacional por los derechos civiles, durante el gobierno de Lyndon Johnson, fueron prohibidas todas las restricciones al derecho al voto basadas en la llamada “raza”. Desde entonces, los Republicanos han continuado haciendo todo lo posible por restringir la participación electoral de los sectores más pobres de la población, fundamentalmente, pero no solo, la población negra y latina. Entre los mecanismos más eficaces han sido las leyes que impiden que los ex-convictos puedan recuperar sus derechos ciudadanos una vez cumplida su sentencia, negándose de esa manera el derecho al voto. Consecuencia del profundo racismo que ha caracterizado a ese país desde antes de su fundación, una elevada proporción de los ex-convictos son pobres, negros, latinos, y otros migrantes, grupos demográficos que tienden a votar por el Partido Demócrata.

Un asalto en gran escala al derecho al voto lo avanza Trump bloqueando el financiamiento que requiere el correo para funcionar adecuadamente. Trump ha afirmado en forma reiterada que la “votación universal por correo” conducirá a “la elección más inexacta y fraudulenta de la historia”. Negarle el financiamiento al correo se ha convertido en un mecanismo expresamente reconocido por Trump como vía para limitar el voto por correo.

| “Ahora necesitan ese dinero para que la Oficina de Correos funcione y pueda recibir todos estos millones y millones de boletas. … Pero si no lo reciben, eso significa que no puede haber una votación universal por correo.”[3]

Ha nombrado como Director General del Servicio Postal a Louis DeJoyl, financista del Partido Republicano y de Trump. Dueño de millones de dólares en acciones en una de las empresas privadas que se beneficiaría con un deterioro o la privatización del correo, lo que ha sido un objetivo de dicho partido durante décadas. Para limitar la capacidad del correo para procesar las boletas electorales ha producido un conjunto de cambios en el funcionamiento del correo. Ente otras medidas, ha eliminado el sobre tiempo y retirado un gran número de máquinas de clasificación automática de correspondencia, produciendo con ello serios retardos en la distribución del correo.

Con ello se buscan simultáneamente dos objetivos. Reducir el número de votos por correo, dificultándolo y creando desconfianza de que serían contados y, a la vez, crear una crisis, inclusive un caos el día de las elecciones. Si una proporción mayor de votantes demócratas que de republicanos votan por correo, el día de las elecciones lo votos que se contarían primero favorecerían a Trump. Los votos por correo, mayoritariamente demócratas, podrían retardarse varios días e incluso llegar a los centros de votación demasiado tarde para ser contados. Esto crearía las condiciones para que Trump declarase que ganó las elecciones, y la posibilidad de que sus milicias armadas de ultraderecha salgan a las calles a defender su victoria. No sería la primera vez que las elecciones se decidiesen sin contar todos los votos. Este fue el caso de la elección de George Bush, en el año 2000 cuando la Corte Suprema suspendió el conteo de votos en Florida y declaró que Bush había ganado las elecciones en ese estado y por lo tanto se había impuesto sobre a Al Gore en las elecciones nacionales.

Muchos analistas están hablando de la perspectiva de una muy severa crisis constitucional si Trump se niega a reconocer los resultados de las elecciones. Se han realizado incluso pronunciamientos públicos llamando a los militares a intervenir en caso de que eso ocurra.

En todo caso, se trata de una estrategia doble. Por un lado, hacer todo lo posible por limitar la participación electoral y, por el otro, generar el máximo de desconfianza en el proceso de manera de ir preparando el terreno para desconocer los resultados si no le son favorables.

¿Y el gobierno de Maduro y el guaidoismo?

¿Qué semejanza puede tener todo esto con las elecciones en Venezuela? ¡Mucha!

Por motivos diferentes, tanto el gobierno de Maduro como el guaidoismo están haciendo todo lo posible por generar desconfianza en las elecciones parlamentarias y por limitar al máximo la participación electoral.

Los grupos políticos y partidos articulados en torno a la figura de Guaidó, han denunciado estas elecciones como fraudulentas y anunciado su llamado a la abstención incluso antes de conocer las condiciones en las cuales estas se realizarían, condiciones no necesariamente muy diferentes a aquellas en las cuales los partidos de oposición ganaron las parlamentarias del 2015 por amplia mayoría. Esto por varias razones. Bajo la directriz del gobierno de Trump de “cambio de régimen” como la única opción aceptable, han rechazado toda posibilidad de acuerdo político y visto las elecciones como una reafirmación de la Constitución del año 1999, Constitución que quieren eliminar. Tienen claro igualmente que, en unas elecciones libres, aún en las mejores condiciones posibles, habría un cambio en la composición de la Asamblea Nacional. Saben que el respaldo a Guaidó, y a los partidos y fracciones de partido que lo respaldan hoy, es mucho menor que lo fue hace cinco años, incluso hace un año.

El país ya no está caracterizado por la polarización de años anteriores. De acuerdo con la encuesta Delphos del mes de agosto 2020, la mayoría de la población rechaza a Maduro, pero no por ello se identifica con Guaidó, ni con los partidos que lo acompañan. Todas las encuestas de opinión destacan que una proporción creciente de la población no se identifica ni con el gobierno, ni con los partidos de esa oposición. A diferencia de la situación a comienzos del año 2019, cuando quienes reconocían a Guaidó como presidente superaban ampliamente a quienes reconocían a Maduro como tal, hoy 50% de la población reconoce a Maduro como presidente y solo 16,2% reconoce a Guaidó. Mientras 81,1% afirma que está “poco satisfecho” o “nada satisfecho” con “los resultados mostrados por Nicolás Maduro en su desempeño como político”, la cifra correspondiente a Guaidó es aún mayor: 89%. El 52% de los encuestados considera que la “vía más realista y posible para superar la crisis” es “mediante acuerdos pacíficos y negociados” entre gobierno y oposición, una elevada proporción de quienes se identifican con esos partidos de oposición, a la vez que rechazan la participación electoral, consideran que la superación de la crisis pasa por una intervención militar internacional (42,9%). Más encuestados se sienten identificados con el PSUV (24.4%) que la sumatoria de quienes se sienten identificados con los cuatro partidos del llamado G4 (15,6%). Más personas afirman que estarían dispuestas a votar por candidatos del gobierno que por candidatos de los partidos de esa oposición, y más estarían dispuestos a votar por candidatos independientes, que por candidatos de esos partidos.

Sabe este sector de la oposición que con estos significativos desplazamientos políticos y los efectos de la mejoría en la representación proporcional, la composición de la Asamblea Nacional, aun en unas elecciones con un máximo de garantías, cambiaría sustancialmente. Sería una asamblea mucho más diversa en la que ningún sector tendría hegemonía y por lo tanto pasaría a ser un ámbito en el cual, para tomar decisiones, habría que llegar a acuerdos, sería indispensable negociar con los contrincantes políticos. Saben que, sin lugar a dudas, Guaidó dejaría de ser presidente de la Asamblea y con ello se vendría abajo todo el andamiaje de su gobierno paralelo. Le resultaría difícil a lo que los Estados Unidos llama “la comunidad internacional” seguirlo reconociendo como “presidente legítimo”. La opción ha sido entonces la de negarse a participar, desconocer de antemano las elecciones y sus resultados, hacer lo posible por deslegitimarlas, y buscar el máximo de abstención. Todo esto parece conducir a la creación de un gobierno en el exilio con un destino incierto.

La prioridad de estos sectores es exterminar la experiencia bolivariana y controlar el poder del Estado cueste lo que cueste. La mejor demostración de esta disposición a colocar sus intereses políticos y/o personales sobre los intereses de la población es, no solo su apoyo a las ilegales sanciones económicas unilaterales que le ha impuesto el gobierno de Trump a Venezuela, sino sus sucesivos llamados a incrementarlas. Estas sanciones no afectan al gobierno de Maduro, que las utiliza para cerrar filas en las fuerzas armadas y en el PSUV e, igualmente, justificar la profundidad de la crisis. Afectan severamente al conjunto del pueblo venezolano. En las condiciones de la severa crisis humanitaria que vive el país, profundizada por la pandemia, apoyar el bloqueo a la exportación de petróleo –principal fuente de ingreso de las divisas requeridas para importar alimentos y medicamentos- obstaculizar o impedir la importación de insumos y apropiarse, como piratas, de gasolina propiedad del Estado venezolano en aguas internacionales, buscando detener la actividad productiva del país, ilustra dónde están las prioridades de este sector. Es una política directamente criminal.

El gobierno de Maduro busca, igualmente, promover al máximo la abstención electoral. Necesita las elecciones para cumplir, por lo menos formalmente, con la Constitución, buscar algún mínimo de legitimidad, y para salir de Guaidó. Pero sabe que si es elevada la participación electoral, dado el muy amplio rechazo de la población tanto a él como a su gobierno, saldría aplastantemente derrotado. Se propone por lo tanto movilizar al máximo a su hoy más reducida, pero existente, base electoral, y buscar por todos los medios que el resto de la población se abstenga como ocurrió en las elecciones de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que terminó siendo conformada en un 100% por representantes del gobierno.

Para lograr estos objetivo se ha dedicado, y con seguridad continuará haciéndolo, a colocar todos los obstáculos posibles a la participación electoral, cometiendo una amplia gama de arbitrariedades e ilegalidades, dándole en bandeja de plata a los abstencionistas de la oposición guaidoísta, todos los argumentos requeridos para justificar su política abstencionista. La lista de estas ilegalidades, obstáculos y arbitrariedades es amplia. Como ilustración basta con señalar algunas: la limitada actualización del registro electoral, los apretados lapsos del cronograma electoral, la forma como se nombró a la directiva del Consejo Nacional Electoral y como, violando todas las normas, el TSJ nombró al nuevo vice-presidente del cuerpo. Sin embargo todo esto pasa a un segundo plano en comparación con la más autoritaria y arbitraria ilegalidad: la intervención por parte del gobierno, vía TSJ, de los partidos de la alianza guaidoísta, su descabezamiento y el nombramiento de nuevas directivas más favorables al gobierno. La intervención del Movimiento Tupamaro, de la UPV, y del PPT permite constatar que organizaciones de izquierda, aliados que se atreven a asumir posturas críticas, son igualmente sometidas.

Las elecciones son un ámbito privilegiado de la democracia. Como en los Estados Unidos, los múltiples obstáculos que se ponen en el camino para limitar la participación electoral, venga ésta de donde venga, constituyen una violación al derecho que tiene la población a elegir sus representantes y gobernantes.

Tanto en los Estados Unidos como en Venezuela, son muchos los obstáculos que hay que superar para votar. En Venezuela no hay que votar porque se considere que estas son unas elecciones limpias, equitativas, libres. Hay que votar a pesar de esos obstáculos, a pesar de esas provocaciones, precisamente porque se reconoce que estos dos polos extremos que han dejado de representar al país están haciendo todo lo posible porque no votemos, por negarle la voz a la mayoría.

Las elecciones, por sí mismas no son una solución mágica. Por sí mismas, obviamente, no nos conducen a la superación de las profundas crisis que vive Venezuela. Pero podemos utilizarlas como un referéndum para expresar nuestro masivo rechazo a estos dos polos que han sido cómplices en la destrucción de la nación, y que nos están conduciendo hacia niveles de violencia extremadamente peligrosos. Ofrecen la posibilidad de comenzar a expresar y articular las fuerzas necesarias para recuperar su
Constitución y reconstruir el país.

25 de Caracas, agosto 2020

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[1]. De acuerdo al Washington Post, que ha dedicado un equipo al seguimiento de cada uno de sus pronunciamientos, desde su inauguración como presidente hasta el 13 de julio del 2020, Trump había enunciado 20 mil afirmaciones falsas o engañosas. https://www.washingtonpost.com/politics/2020/07/13/president-trump-has-made-more-than-20000-false-or-misleading-claims/

[2]. Centers for Disease Control and Prevention, 23 de Agosto 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html

[3]. Aaron Blake, “Trump blurts out his true motive on mail-in voting”, The Washington Post, 13 de Agosto, 2020. https://www.washingtonpost.com/politics/2020/08/13/trump-blurts-out-his-true-motive-blocking-post-office-funding-mail-in-voting/