El gobierno Bolsonaro y la Renta Brasil

La discusión política actual en Brasil gira entorno a la política social destinada a población sin empleo que el gobierno de Bolsonaro estaría a punto de reformular. Además de prorrogar hasta fin de año el auxilio emergencial otorgado en los meses iniciales de pandemia una renta permanente sería creada. Sumándose al debate que sectores progresistas y algunos empresarios impulsan en todo el mundo como renta universal, en Brasil la renta aparece como continuidad y superación de las políticas de transferencia de renta que en el país hasta ahora llevaban el sello del Partido de los Trabajadores (PT), gobernante entre 2003 y 2016.

El efecto del auxilio en la popularidad de Bolsonaro y las discusiones sobre su ampliación, vienen concretando un cambio en la percepción sobre la identidad política del gobierno. Aunque formado por sectores diversos, la línea económica tenía hasta el momento un perfil liberal extremo. Esta modulación, que permite rescatar una identidad también presente en el bolsonarismo asociado a iglesias y militares, ayuda también a mostrar los límites del progresismo saliente. El mejor Bolsonaro muestra lo peor del progresismo como un destello de continuidad con la forma de funcionamiento de la sociedade brasilera, independientemente de la ideología y signo político del gobierno.

Siendo iniciativa de la gestión Bolsonaro, el primer auxilio por motivo de la pandemia tuvo su valor aumentado por presión de la oposición, yendo de R$ 200 a R$600 (u$107) mensual, aprobado en marzo. En el momento de extenderla por segunda vez, la renta es ahora impulsada por el gobierno junto a la propuesta de reformulación general. El posiblemente saliente ministro Guedes expresó resistencia desde dentro del gobierno, como voz que le habla directamente a la élite económica ideológicamente contraria a las ayudas estatales de la población más pobre.

Un bolsonarismo más apoyado en sectores militares del gobierno y base política que por su naturaleza vive a costas de gasto estatal, llevan coyunturalmente a una separación con la elite económica y financiera, sin enfrentarla. Se levanta en estos movimientos una imagen de bolsonarismo “popular”, que recuerda un autoritarismo de raíz conservadora y castrense común en la política latinoamericana, desde el cálculo político pragmático y una política de Bolsonaro como administrador, y no ya como comunicador de redes sociales y guerra cultural derechista.

Lecturas intelectuales que ven en Bolsonaro la posibilidad de un neofascismo que movilice la población en una marcha autoritaria se revitalizan con esta medida. Pero nunca hubo en Bolsonaro señales de posible ruptura con la elite. Tampoco proyecto de organización popular que movilice a la población, ni señales de un pueblo que podría responder a un llamado de ese tipo, más allá de pocos fanáticos de amor a la patria, lucha contra el aborto y porte de armas. A diferencia del fascismo histórico, no hay una experiencia de ascenso y movilización popular para neutralizar o disputar. Más bien, Bolsonaro mantiene su apuesta en la misma línea discursiva de los populismos de la derecha global, con una medida útil contra el aumento del conflicto social; al mismo tiempo política y económicamente viable.

Los análisis indican que más allá del núcleo duro leal, Bolsonaro estaría ampliando apoyo de sectores populares, a quienes hasta ahora se dirige la propaganda bolsonarista pero no sus políticas públicas. El auxilio se vuelve central para el movimiento económico de las regiones más pobres, como el Nordeste, donde el PT mantenía mayor apoyo electoral. Con 65,4 millones de beneficiarios (68% de la fuerza de trabajo, según cálculos divulgados por la prensa), el auxilio en análisis supera la fuerza de trabajo registrada. Aunque muchos registros quedaron “en análisis” o no pudieron ser efectuados por dificultades de accesibilidad, el resultado del auxilio es movimiento económico y un factor de peso para que haya aumentado el apoyo a Bolsonaro, acercándose a un umbral de reeleccionabilidad.

El recibimiento del auxilio se articula con una economía que como en buena parte del sur global, se apoya en la informalidad precaria. En un Brasil que se mantuvo en movimiento a pesar del aumento del contagio y muerte por coronavirus, en Brasil bautizado como “Coronga”, y que superan al día de hoy los 120 mil óbitos, el ingreso fue invertido en materiales de construcción, vehículos o herramientas de trabajo para integrarse en un capitalismo que obliga al trabajador a sustentar estos gastos en una economía de pequeños empleos esporádicos y necesidad de rebusques varios.

El bolsonarismo gana fuerza política mostrando un fenómeno político de blindaje frente a posiciones anti populares, incluso de indiferencia con la muerte, sin que una reacción política de oposición renovada se haya expresado. Para sectores progresistas, el apoyo popular resulta de difícil comprensión, como aberración cognitiva de los más pobres. Estas miradas no tienen en cuenta el juego político al que la población está acostumbrada hace tiempo, donde los miedos y proyecciones de la izquierda se muestran artificiales y alejados de una cotidianidad en que el gobierno no es tema de debate para la mayoría.

Para la mayoría, la proclamada superioridad moral de la izquierda no es un hecho que se constate directamente en las condiciones de vida. Que la política más popular del lulismo sea ampliada y aumentada por Bolsonaro es visto con naturalidad o indiferencia. Tampoco otorga a Bolsonaro un poder perenne. La caída del PT, que para sectores de la izquierda latinoamericana fue entendida como derrocamiento de un gobierno popular, en la experiencia de las personas fue parte del juego de un poder alejado, sin reorganización de la sociedad. El quiebre de la alianza del PT con sectores conservadores con que gobernaba, permitió la destitución. La ausencia de movilizaciones masivas o del inicio de una lucha política de resistencia por parte del gobierno desplazado, que tuvo a su lider preso por corrupción, fue seguida por una postura normalizada, que contribuyó a la sensación de continuidad institucional con el gobierno de una nueva derecha.

La burocratización del PT y los movimientos sociales y sindicales de su base, junto a la elección de un camino de conciliación que beneficiaba a los más poderosos, hacen que la diferencia entre Lula y Bolsonaro sea vivida especialmente en términos ideológicos. Políticas conservadoras contra derechos del trabajo, con ajustes de austeridad, y un modelo de desarrollo que Bolsonaro amplia brutalmente, no son una novedad. La nueva Renta Brasil y una misma propuesta de austeridad fiscal, estímulo al empreendedorismo, ampliación de frontera agrícola y desprotección en las leyes laborales, también van en esa dirección.

La modalidad de renta que será adoptada es discutida en sus detalles técnicos, con la reorganización de programas estatales pre-existentes, corte de beneficios fiscales, búsqueda de escape frente al techo de gastos aprobado por el gobierno anterior de MIchel Temer, vicepresidente en los dos gobiernos de Dilma Rousseff. Pero se dan por cierto que el auxilio será prorrogado y que el programa Bolsa Familia, símbolo del periodo lulista, será substituido con un aumento en el valor abonado y en el número de destinatarios.

Las políticas de transferencia de renta siempre fueron tema de discusión en la izquierda. Inicialmente se asociaba al asistencialismo vertical, de la caridad paternalista conservadora, y no a la lógica de lo que un gobierno de izquierda que se apoyaba en banderas como participación y movilización de la sociedad podía proponer. El origen de estas políticas en varios países, llegó de hecho en gobiernos neoliberales, o atendiendo recomendaciones de los organismos multilaterales de crédito. La adopción por parte de la izquierda coincidió con el auge del progresismo en la región. Fue uno de los pocos espacios para iniciativa política que la izquierda del poder encontró en los distintos países.

En la política sudamericana, rentas propuestas como universales para familias pobres serían una marca de los gobiernos progresistas que, donde antes ya habían sido implantados (por Fernando Henrique en Brasil, por De la Rua y Duhalde, en la Argentina) se ampliaron con el Bolsa Familia de Brasil, el programa de Jefes y Jefas de Hogar del kirchnerismo, o programas como los del MAS en Bolivia, para tercera edad y niños en edad escolar. En México, Colombia y otros lugares las mismas políticas se implementaban desde gobiernos de espectro ideológico opuesto. Pero en el sur constituyó un elemento más de una política que prometía acceso al consumo, y una rápida y fácil elevación de la población pobre al nivel de “clase media”.

La bonanza económica que generó ingresos estatales por el camino del avance extractivista, el impulso del agronegocio y ningún cuestionamiento al modelo de sociedad y economía, se complementaba con auxilios y rentas importantes políticamente, aunque insignificantes frente al lucro del sector financiero y el aumento de la desigualdad. Hubo disminución de miseria, durante el progresismo, pero infraestructuras sociales deficitarias y ciudades periféricas colapsadas no permitieron que el crecimiento económico consolide cambios estructurales ni freno al aumento de la precarización y empeoramiento de las condiciones de trabajo.

La ampliación de estas políticas en manos de un gobierno de derecha, como el de Jair Bolsonaro, genera no pocos cortocircuitos en la izquierda que se acostumbró a defender un progresismo neoliberal. Los planes sociales pueden verse de hecho como retribución para la clase trabajadora, aunque permanezca el sentido de dádiva y se espere a cambio de la misma una retribución en el apoyo electoral. El problema, desde una perspectiva de izquierda abandonada por el progresismo, es que esta política fortalece el propio modelo de organización social del capitalismo neoliberal que tenemos que superar.

Brasil vivió en 2013 una fuerte rebelión. Encontró en el gobierno una izquierda alienada de la clase que debía representar, buscando hacer malabarismos entre un discurso progresista y aliados, prácticas, modos de operar conservadores. Después de la destitución de Dilma Rousseff, Bolsonaro conquista el gobierno con un triunfo electoral. Una falsa idea de libertad; la construcción de una imagen anti-sistema meramente discursiva; la crítica hipócrita a la corrupción; y el poder de iglesias y fuerzas de seguridad movilizadas superarían una izquierda que fue incapaz de enunciar una crítica al desarrollo capitalista, al Estado y sus dispositivos autoritarios. El gobierno desplazado confiaba en su fuerza electoral y esperaban que la memoria de sus políticas públicas todavía les garantizaría algo.