Días atrás dos niñas argentinas, María Carmen y Lilian Mariana Villalba, fueron asesinadas en el norte de Paraguay (departamento de Concepción) en medio de un operativo militar desarrollado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que desde 2013 mantiene militarizadas diferentes regiones del país. Dialogamos con Vidal Acevedo, uno de los voceros e integrante del equipo de coordinación del SERPAJ-Paraguay, sobre el hecho puntual y el contexto de terrorismo estatal, criminalización de la protesta y resistencia de las comunidades campesinas en el que se inscribe.

–El gobierno paraguayo presentó al comienzo el hecho como un “abatimiento de dos guerrilleras”, pero luego se comprobó que eran dos niñas ¿cuál es la información con la que se cuenta al momento y en qué difiere de la versión que dio el Estado?

-Vidal Acevedo: En relación a lo que ocurrió en la región norte del país, en la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción, casi frontera con Brasil, la primera versión fue la muerte o el abatimiento de dos guerrilleras, se creyó que eran grandes referentes del primer anillo del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP. Se pensó al inicio que era Magna Mesa, una de las personas más buscadas que integra ese grupo, y otras personas que según fuentes oficiales están en el EPP. Incluso el presidente de la República rápidamente viajó hasta el lugar teniendo en cuenta esa información. Sin embargo, con el correr de las horas se fue informando que presuntamente eran dos niñas a las que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) eliminó. Ahora está confirmado que son dos niñas de 11 años que están registradas en Argentina, son hijas de algún miembro del EPP y estaban ocasionalmente en Paraguay. En ese hecho de las dos niñas hubieron muchas irregularidades por parte de autoridades estatales, que hicieron todo muy rápido, eliminaron algunas evidencias, como por ejemplo el uniforme militar que utilizaban supuestamente esas niñas, fueron enterradas de inmediato sin siquiera saber sus identidades, se les enterró en un lugar cercano al cementerio de Yby Yaú, una serie de irregularidades frente a las cuales el Estado paraguayo tiene que estar dando explicaciones a toda la población, porque esta FTC tiene presupuesto general de gasto de la Nación, por lo tanto son servidores públicos y también tienen que dar explicación de todo su accionar en ese lugar. La primera versión difiere totalmente de la que tenemos ahora, muchas organizaciones de la sociedad civil están exigiendo explicaciones con respecto a qué es lo que pasó, se están solicitando informes por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cancillería ha recibido notas por parte de la ONU, hay toda una movida a nivel internacional sobre un hecho que nunca debió haber ocurrido, porque el Estado es el que debe garantizar y proteger a los niños, niñas y adolescentes, ha firmado además muchos pactos y convenios en la no utilización de niños en conflicto armado. Estamos ante una ineficiencia del Estado y cualquiera sea el origen de las niñas caídas en el norte, el Estado tiene que dar una explicación exhaustiva de todo lo que hizo y acorde a lo que debe ser un Estado de derecho, donde deben estar garantizados y protegidos los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

–Sabemos que el departamento donde fueron asesinadas estas niñas cuenta con numerosos antecedentes de violación de derechos humanos y militarización. Sin embargo, no es algo que se conozca en profundidad ¿podrías caracterizar este territorio y qué implica para sus comunidades la intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta?

-VA: La región donde ocurrió este terrible hecho de la muerte de las dos niñas es la zona norte del país. San Pedro, Concepción, Amambay, son territorios donde las tierras son bastante fértiles. También es un territorio donde se planta marihuana, es una cuestión sabida y es un lugar de ruta del narcotráfico donde también existen, además del EPP que surge en 2008, otra vertiente que apareció después que es la Agrupación Campesina Armada, así como otro despedimiento que es el Ejercito del Mariscal López. Todas estas cuestiones que les digo son fuentes oficiales, estatales. A parte de estas fuerzas que reivindican la lucha armada para conseguir sus fines, estos territorios también sufren la ausencia por parte del Estado. En el territorio norte existen miles y miles de hectáreas de soja, y también una producción ganadera. Sufren la ausencia del Estado con la falta de la reforma agraria, del sistema de salud, el tema educativo también es una cosa deficitaria en esos territorios. Al mismo tiempo, es una zona donde hay una fuerte organización campesina, todas las reivindicaciones son la por la reforma agraria y la agricultura familiar campesina en oposición al agronegocio, porque muchas comunidades están siendo avasalladas por fumigaciones e incluso ya se han muerto personas o se han vaciado comunidades por el tema de las fumigaciones en el cultivo de la soja. Avasallados por el agronegocio y la agroganadería, existen numerosas estancias en la zona norte y por otro lado una fuerte oposición a este sistema, que para los campesinos es de muerte porque la contaminación de su medioambiente y de los cauces naturales también es una preocupación. En 2013, a pocos días de asumir Horacio Cartes, se modifica la ley 1337/99 de Defensa y Seguridad Nacional, se constituye la ley 5036/13 y el decreto 103/2013, a través de los cuales se da la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entren a tener competencia en la seguridad interna. Irrumpe en el territorio una Fuerza de Tarea Conjunta. Algo que está totalmente fuera de la Constitución Nacional, ya que en la Constitución dice con claridad que la competencia a nivel de seguridad interna es de la policía nacional y las fuerzas armadas tiene otro rol, que es la de custodiar la soberanía y a las autoridades legítimamente constituidas. Desde el 2013 esta FTC, que componen fuerzas armadas, policía y agencia antinarcótico, viene desarrollando esta tarea de combatir a los grupos que actúan al margen de la ley, específicamente al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. En esa vía de combatir al EPP, la FTC viene teniendo un presupuesto bastante considerable, de 14 millones de dólares al año, que es una suma importante teniendo en cuenta el contexto de falta de vida digna de los pobladores y pobladoras de la zona norte. Concepción y San Pedro están entre los departamentos que tienen más altos índices de pobreza y también de desigualdad en cuanto al acceso a la tierra, así como otros derechos que tienen que tener para la vida digna. Entonces irrumpe la Fuerza de Tarea Conjunta en la cotidianidad de pobladores y pobladoras de asentamientos históricos, tanto en San Pedro como en Concepción. Asentamientos que fueron ganados gracias a la lucha de dirigentes campesinos y campesinas que lucharon desde el comienzo para tener un pedazo de tierra. Hoy día están esos asentamientos, hoy día son distritos, municipios, como el de Arroyito que tiene 30 años, como otros que son emblemáticos, y ha irrumpido la FTC y los organismos de seguridad del Estado paraguayo y han vinculado a las organizaciones campesinas que están en contra del modelo extractivista del agronegocio, con el argumento de un supuesto apoyo logístico del EPP. A partir de ahí entonces se estigmatiza, se criminaliza y se militarizan los territorios. Se han dado casos de muertes extrajudiciales por parte de la FTC que nunca fueron aclaradas. El caso de los hermanos Ovelar en Kurusú de Hierro en 2015, el caso de Vicente Ojeda en 2014 en Arroyito, en 2015 también otro señor de apellido Ojeda, Julián Ojeda Espínola, en Kurusú de Hierro. Todo esto nunca fue aclarado por la FTC. También los militares fueron denunciados porque ponen sus retenes en las entradas a los asentamientos y las chicas, principalmente, son asediadas por parte de los militares, por pesquisas o por coimas que hacen a jóvenes que conducen motos. La FTC tiene en su haber varias denuncias de irregularidades: allanamientos indebidos, casos de tortura, como la de Toledo también en Arroyito, el caso de otras varias personas que fueron públicos y fueron acompañados por organizaciones de Derechos Humanos, pero nunca fueron aclaradas. También el SERPAJ ha trabajado con iniciativas de algunos congresistas en la derogación de la ley 5036, se han hecho numerosas audiencias públicas para derogar esta ley, pero no se puede derogar porque es férrea la oposición por parte de los congresistas que están a favor del agronegocio y el latifundio y en contra de la reforma agraria. Esos territorios desde el 2013 están militarizados y hoy día podemos decir que son parte de una ocupación militar donde tienen sub-áreas de pacificación en varios lugares. Son un territorio en disputa por campesinos que reivindican la agricultura familiar campesina, la organización comunitaria, la solidaridad, los comités de mujeres asociadas, de jóvenes que están desarrollando su tarea para que puedan tener mayor calidad de vida, hoy día están siendo estigmatizados y violentados por los organismos de seguridad. Este último hecho que vino a acontecer en la zona norte se suma a otro montón de hechos que nunca fueron aclarados. La actuación irregular de esta fuerza es de años e incluso el Estado paraguayo ya ha sido advertido por organizaciones internacionales de que debe modificar el tema de la ley 5036, que no es competencia de las Fuerzas Armadas entrar en la cuestión de seguridad interna. Sin embargo, se sigue teniendo vigente la ley 5036 y el decreto 103, por lo tanto la FTC sigue ocupando el territorio en la zona norte, donde hay dos modelos antagónicos: el del extractivismo que corresponde al tema del agronegocio y por otro lado el de la agricultura familiar campesina que sostienen las organizaciones campesinas. Aparte de tener esa violencia armada existe la violencia estructural por parte del Estado que se olvida de la gente, olvidándose de la vida digna que deben tener pobladores y pobladoras de la zona norte.

–La represión y el hostigamiento tiene a adolescentes, jóvenes y mujeres como uno de sus focos principales ¿Qué formas de violencia cotidiana padecen? ¿Cuál es el trabajo en términos de resistencia y de lucha que se viene realizando desde estos sectores?

-VA: El hostigamiento que se da por parte de la FTC, principalmente hacia los jóvenes y pobladores en general, es constante, en particular en determinados lugares donde existen toques de queda. A ciertas horas no se puede estar en la calle, en algunos casos muchos jóvenes denunciaron que cuando están entre grupos de adolescentes, esta FTC, militares principalmente, irrumpen y en ciertos casos coimean para no retener sus vehículos, sobre todo motos, que es lo que más se utiliza en el interior. También las comunidades son permanentemente hostigadas con el tema de sobrevuelo de helicópteros de la FTC que cuando hacen sus intervenciones son bastante aparatosas, poniendo en peligro a la comunidad, entonces son muchos las formas como se hostiga. Otra cuestión fundamental es la violencia estructural por parte del Estado, ya que la falta de políticas públicas en la zona norte es grande y grave. Los hospitales no están en condiciones, más aún ahora con el tema de la pandemia. Los jóvenes tienen que migrar cuando terminan la secundaria, porque en sus comunidades no hay universidades, entonces tienen que indefectiblemente irse. No existen fuentes de trabajo para los jóvenes, por eso algunos de ellos se dedican al cultivo de los marihuanales, porque es una cosa que les deja ganancia. Por otro lado, existe mucha resistencia por parte de las organizaciones campesinas. Reivindican la organización comunitaria, de hecho históricamente se basan en la lucha de las Ligas Agrarias Cristianas. En el norte hay organizaciones que tienen más de 30 años de trabajo, que vienen desarrollando la tarea de organizarse comunitariamente en un territorio bastante hostil, donde son criminalizados, estigmatizados, judicializados e incluso muchos de ellos condenados injustamente. La resistencia es todos los días, la resistencia también se da con la agricultura familiar campesina, con las mujeres que tienen que desarrollar su organización luchando contra una sociedad bastante patriarcal, machista y que tienen que estar permanentemente desafiando muchos obstáculos para que se las considere organizaciones, que están desarrollando también su tarea comunitaria y no como furgón de cola siendo solamente proveedoras de la casa; las mujeres están organizadas, están desarrollando su tarea en proveer los derechos de las mujeres. Desarrollan además tareas de comercialización, de producción, de trabajo en la chacra, de hacer visible y de hacer considerable el trabajo de las mujeres en la casa también. Están peleando codo a codo con sus pares de la organización campesina para ser consideradas activistas políticas. La tarea de resistencia es bastante fuerte. Los jóvenes estudiantes tienen también su organización, tienen su secretaría de juventud en las organizaciones campesinas, y a su vez nosotros, las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, estamos trabajando con ellos en talleres que tienen que ver con cultura de paz, el tema de la desmilitarización, que conozcan los derechos humanos, propiciar el fortalecimiento organizativo. Ahí vamos desarrollando nuestra tarea de años con algunas organizaciones de la zona norte. Hay mucho por hacer, hay mucho por resistir, pero sobre todo hay una cuestión de dignidad en la gente del norte. Ella tiene bastante claro que no reivindican la lucha armada, sino que sus principales armas son las herramientas: el arado, la pala, todas las cosas que tienen que ver con el trabajo de la tierra es su arma fundamental, la organización para contrarrestar cualquier tipo de avasallamiento por parte del Estado y la alianza con organizaciones es lo que reivindican también. En estos territorios ocupados militarmente, estigmatizados y caratulados como apoyo logístico del EPP, hay una resistencia y una dignidad encomiable de las organizaciones norteñas y cada día se ven fortalecidas también con algún tipo de logro que tienen. Nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil ponemos nuestro grano de arena, en algunos proyectos que desarrollamos con ellos, y está dentro del horizonte utópico que estos lugares sean un territorio de paz, de justicia social y sobre todo que tengan una vida digna. Eso es lo que dicen las organizaciones campesinas de la zona norte. Teniendo en cuenta todo el contexto, ellos tienen bastante resiliencia y una capacidad de organización que, más allá de criminalización y la estigmatización, siguen vigentes y continúan desarrollando su tarea para tener mayor fuerza y buscar la justicia social.