El pasado 15 de septiembre, se publicó el Informe de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con las conclusiones detalladas sobre la Violación de los Derechos Humanos en el país.

El informe viene a constatar, de manera contundente, lo que hemos denunciado de forma reiterada: el gobierno de nicolás maduro, viola los Derechos Humanos de sus ciudadanos, persigue, encarcela, tortura y mata. Así lo hemos documentado ante la oficina de la Alta Comisionada de los DD.HH. de la ONU Michelle Bachelet, en reunión sostenida el pasado 23 de enero de 2019, en ocasión de denunciar la persecución política de la que soy víctima por parte de este gobierno criminal, que me mantiene exiliado y sin garantías, ni derechos de ningún tipo para volver a mi querida patria.

Este primer informe de la Misión resulta un documento demoledor para el gobierno y abre las puertas para la actuación de la Corte Penal Internacional al determinarse la responsabilidad del Estado venezolano, así como responsabilidad penal individual para sus altos funcionarios, incluyendo al presidente nicolás maduro, varios de sus ministros, oficiales militares y policiales y al fiscal general, en la comisión de crímenes de lesa humanidad, definidos así por el Estatuto de Roma, ratificado por Venezuela en el año 2000 y por los Tratados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional, de los cuales Venezuela es parte.

Este Informe se preparó por mandato de la Resolución 42/25, del 27 de septiembre 2019, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, y de la cual Venezuela es parte, para “que investigue las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuenta de los autores y la justicia para las víctimas”. En la misma Resolución, el Consejo de los Derechos Humanos pidió a la Misión que presentara un informe sobre sus conclusiones, durante su 45avo. período de Sesiones, en septiembre de 2020.

Lo anterior indica que su presentación, el pasado 15 de septiembre, NO TIENE NADA QUE VER CON LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS DEL PRÓXIMO 6 DE DICIEMBRE, como han declarado los voceros del madurismo, y como ha dado a entender la respuesta oficial del gobierno del día de ayer, sábado 19, hecha por el canciller Arreaza y el fiscal Tarek William Saab quienes, por cierto, están señalados como responsables en dicho Informe.

La declaración de estos voceros desde la fiscalía, denigrando y desprestigiando el trabajo de la ONU, tal como hicieron en su momento contra el Informe de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU Michelle Bachelet, refleja justamente uno de los problemas denunciados en el Informe por la Misión, como lo es la subordinación de todos los Poderes del Estado, en particular, del Ministerio Público y el Poder Judicial, al Ejecutivo Nacional, como una de las razones fundamentales para la impunidad, la ausencia de Estado de Derecho y la perpetración de graves violaciones de los Derechos Humanos en el país.

Es importante aclarar que el trabajo de esta Misión Independiente es distinto al de la Oficina de la Alta Comisionada de los DD.HH., Michelle Bachelet. Se trata de una Misión Independiente, creada por el Consejo de DD.HH. para investigar y determinar específicamente, es decir, “ad hoc“, la comisión de delitos contra los Derechos Humanos en el país. Sin embargo, ambos organismos de la ONU, han llegado a una conclusión, que debería estremecer a la conciencia nacional: la Violación de los Derechos Humanos durante el período del gobierno de nicolás maduro, se ha convertido en una POLÍTICA DEL ESTADO VENEZOLANO, en violación tanto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como del Derecho Internacional.

La Misión concluye, luego de haber documentado e investigado 274 casos de violaciones de los Derechos Humanos en el país, que “tiene motivos razonables para concluir que los actos y conductas descritos en el presente informe constituyen una violación de las obligaciones internacionales del Estado Venezolano, que son reconocidas como crímenes por el Derecho Nacional e Internacional” y que “Las violaciones y crímenes documentados en el presente informe, dan lugar a responsabilidad penal individual y corresponden a conductas que pueden calificarse jurídicamente, en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, como crímenes de lesa humanidad”

Los Crímenes de lesa Humanidad, en virtud de los establecido en el Estatuto de Roma investigados por la Misión Internacional Independiente de la ONU en Venezuela son, entre otros: el asesinato o ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles o humillantes y la persecución por razones políticas o de opinión.

Las Misiones Internacionales Independientes de Determinación de hechos (”Fact Finding Mission” en su traducción en inglés) forman parte de los instrumentos que tiene a su disposición el Sistema de Naciones Unidas para velar por el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho internacional de los Derechos Humanos.

Este mecanismo, establecido desde 1949 por la ONU, se ha utilizado en distintas situaciones para determinar violaciones de los Derechos Humanos y situaciones específicas en Los Balcanes, Palestina, Alemania o Suráfrica, así como, la muerte en 1961 del Primer Ministro Patrice Lumumba en la República Democrática del Congo, y del Secretario General de la ONU, Dag Hammarskjöld en Zambia.

Es a partir de 1961 que se sistematiza este instrumento como un mecanismo de determinación de hechos por parte de la ONU. Desde entonces se ha hecho uso de él en lugares como: Yugoslavia, Darfur (Sudán) y la República Centro Africana; en Georgia, Timor- Leste y Guinea-Conacri; Líbano, Côte d’Ivoire, los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino ocupado; y Siria, durante la guerra contra el ISIS, entre otros.

Estas Misiones actúan según prácticas y criterios metodológicos que garantizan la objetividad y fundamentación de los hechos, así como la protección de las víctimas y testigos sujetas a retaliaciones por parte de las autoridades. En algunos casos, como por ejemplo, las Misiones a la Franja de Gaza en 2009, Siria en 2011 o Myanmar en 2018, la Misión de Investigación de la ONU no tuvo acceso al terreno, por circunstancias propias del conflicto o por la negativa expresa de los gobiernos o fuerzas involucradas, como sucede en el caso venezolano, cuando el gobierno negó el acceso al país a los miembros de la Misión, a pesar de las reiteradas comunicaciones y solicitudes a las autoridades.

En estas circunstancias, las Misiones de la ONU, utilizan una metodología estándar, establecida para este tipo de Misiones por parte de las Naciones Unidas. Es por ello que la Misión Internacional Independiente para Venezuela, en consonancia con otras Misiones de determinación de los hechos establecidas por el Consejo de los Derechos Humanos, utilizó como estándar de prueba “los motivos razonables para creer“, en la cual se recaba “información de fuentes directas, fiables y creíbles“.

El estándar de “los motivos razonables para creer” se cumple cuando “se ha establecido información fáctica que satisfaga a un observador objetivo y normalmente prudente de que el incidente se ha producido, tal como se ha descrito, con un grado razonable de certidumbre”. El estándar “es suficientemente alto para indicar que se justifica la realización de ulteriores investigaciones, de acuerdo a los procedimientos penales”.

Las fuentes confiables y creíbles son: entrevistas con las víctimas, familias, abogados y testigos de los hechos; expedientes de casos legales; entrevistas con funcionarios gubernamentales y militares; entrevistas con miembros de las fuerzas de seguridad actualmente en servicio (realizadas bajo estricta confidencialidad); información digital verificada, en particular videos, fotografías e imágenes de satélites; informaciones contenidas en redes sociales; declaraciones o información de acceso público sobre hechos pertinentes emitidas por instituciones y representantes del gobierno, incluida las declaraciones televisadas; y las leyes, políticas y directivas del gobierno de Venezuela.

Todas las informaciones de casos e incidentes que se basan en una fuente de información directa son corroboradas independientemente por, al menos, otra fuente de información creíble. La Misión investigó 223 casos, de los cuales, 48 se analizan en detalle en el Informe.

Contrariamente al intento de los voceros oficiales de desacreditar al mecanismo de las Misiones Internacionales de Investigación de la ONU y sus resultados, paradójicamente por el hecho de no estar en el país, luego de habérsele negado el acceso al territorio, la metodología de trabajo de la ONU, descrita anteriormente, ha sido aceptada por la Comunidad Internacional, en casos tan difíciles como la situación de violación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos ocupados, donde, debido a que la potencia ocupante, Israel, no le permite el acceso al territorio, los informes se preparan con base a los mismos procedimientos descritos. Sus resultados, por supuesto, siempre son cuestionados por Israel.

Los voceros del gobierno tratan de deslegitimar el mandato y trabajo de la Misión Internacional Independiente, obviando el hecho de que la misma es producto de una decisión del Consejo de los Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados Miembros de la ONU, electos por la Asamblea General de la misma, donde hay países de todo el mundo y todas las regiones están representados proporcionalmente, donde incluso está Venezuela. Por cierto, los Estados Unidos, se retiró del Consejo, el 19 de junio de 2018, por no estar de acuerdo con su composición y decisiones; probablemente, el gobierno de maduro, opte por hacer lo mismo.

Las investigaciones y documentación de la Misión de determinación de hechos en Venezuela, se concentró en identificar en el país, la comisión de los siguientes crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por organismos del Estado:

1. Ejecuciones Extrajudiciales, es un crimen vinculado al uso de armas de fuego por parte de Policía, Ejército, Organismos de Seguridad o agentes no estatales, que actúen en apoyo a las autoridades, con una intención deliberadamente letal, prefigurando un uso arbitrario de la fuerza, que podría equivaler a una Ejecución Extrajudicial.

Cuando las autoridades tienen o deben tener conocimiento de privaciones de la vida potencialmente ilícitas, están obligadas a investigar, y cuando proceda, a enjuiciar a los autores de esos incidentes, incluidos los incidentes donde haya denuncias del uso excesivo de la fuerza con consecuencias letales.

El hecho de causar ilícita e intencionadamente la muerte de un ser humano, en el contexto de un ataque generalizado, constituyen el crimen de lesa humanidad de asesinato.

1. Desaparición forzada, se produce cuando se combinan 3 elementos: la privación de libertad contra la voluntad de la persona; la participación de funcionarios gubernamentales, al menos por tolerancia o aquiescencia y la negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del paradero de la persona desaparecida. Una desaparición forzada sustrae a la persona desaparecida de la protección de la ley y pone su vida en constante y grave riesgo, del que el Estado es responsable internacionalmente.

Este delito conlleva a la violación de otros Derechos Humanos, entre ellos, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura o de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, la libertad y la seguridad de la persona y el Derecho al reconocimiento de la Personalidad Jurídica.

Una persona puede considerarse víctima de desaparición forzada cada vez que no se reconoce su privación de libertad o no se revela su paradero en el momento en que esta persona debe comparecer ante un Juez.

Toda persona privada de libertad deberá ser mantenida en un lugar de retención oficialmente reconocido.

Dada la gravedad del delito, la correspondiente obligación de investigar y castigar a los responsables, es una NORMA IMPERATIVA del Derecho Internacional.

1. Detención arbitraria, una detención se considera arbitraria cuando no se ajusta a la legislación nacional o a las normas internacionales pertinentes, cuando viola el Derecho a un Juicio Justo y a la Garantía del Debido Proceso. La noción de arbitrariedad incluye elementos de inadecuación, injusticia, falta de previsibilidad y de garantías procesales, así como elementos de racionalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad.

Constituye un crimen de lesa humanidad cuando la detención arbitraria se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil. La Constitución Venezolana preserva el Derecho a la Presunción de la Inocencia y su artículo 44 exige que una persona privada de libertad sea llevada ante un juez en un plazo de 48 horas.

1. Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, se define como actos que causan dolor o sufrimiento grave, ya sean físicos o mentales, infringidos intencionalmente y con la participación de un funcionario público, directa o indirectamente.

Los actos de tortura se cometen con un propósito específico, como la obtención de una confesión, la obtención de información. El castigo, la intimidación, la humillación, la coacción o cualquier acción basada en la discriminación, la violencia sexual, tratos crueles, inhumanos o degradantes son actos de tortura.

La tortura constituye un crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque sistemático o generalizado, sin embrago, según el Estatuto de Roma, el crimen de lesa humanidad de la tortura, no requiere que el acto se cometa con un propósito específico, se considera un crimen de Derecho Internacional, incluso cuando se comete fuera de un contexto generalizado o sistemático.

1. La persecución por razones políticas o de opinión, ocurren cuando el Estado utiliza todos sus medios de propaganda y el sistema de justicia para perseguir, exiliar o detener a ciudadanos por disentir o diferir en sus posiciones políticas o sus opiniones, utilizando la judicialización de la política, para escamotear los derechos y garantías de los ciudadanos.

La Misión señala en su informe que “Las principales víctimas de estas violaciones suelen ser críticos del gobierno con perfiles públicos elevados o personas que han alcanzado una prominencia…” lo que “incluye funcionarios públicos seleccionados”.

No puedo dejar de mencionar que, en este apartado, se hace referencia específica como crimen de lesa humanidad a la persecución política, el ensañamiento y la instigación al odio de la que yo mismo he sido víctima por parte de nicolás maduro y el fiscal general, lo que ha generado permanentes operaciones de judicialización de la política en mi contra, que me mantienen exiliado del país.

Las dos vertientes de la violación de los DD.HH. en el país.

La Misión identifica dos poblaciones objetivos y motivaciones distintas en la comisión de los delitos de lesa humanidad, por parte del Estado Venezolano: la actuación sobre la población por razones políticas específicas, sean éstos civiles o militares; y la actuación en contra de la población pobre de los barrios y campos del país, en una suerte de “limpieza social”, fundamentalmente dirigida a reprimir y realizar ejecuciones extrajudiciales en los sectores más humildes del país, para ejercer control social, justificadas por una supuesta lucha contra la inseguridad.

Violación de Derechos Humanos contra objetivos políticos específicos:

Se documentan con mucho detalle los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad durante el período de máxima tensión política en el país. Se documenta el uso letal de armas de fuego por parte de fuerzas militares y policiales que arrojaron, solo en ese periodo, más de 165 muertes, la mayoría de estos casos siguen impunes.

Se recogen con mucho detalle los casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, encarcelamientos sin proceso; se describen con precisión el infierno de los centros de detenciones políticas: La Tumba, Boleíta, El Helicoide, así como una cantidad importante de sitios de detención clandestinos identificados por las víctimas y precisados satelitalmente.

En todos estos sitios de detención provisionales se practica de manera sistemática la tortura, la humillación, los tratos crueles, violaciones, agresiones sexuales, amenazas, castigos físicos y psicológicos contra los detenidos y detenidas. Todos los espacios de detención están diseñados para mantener al detenido en permanente condición de tortura física y mental y violación de sus derechos fundamentales.

Las fuentes directas del informe identifican a los perpetradores de estos crímenes, sus nombres están en el Informe y están en reserva de la Misión para ser sometidos a instancias penales internacionales.

El ensañamiento contra los militares y sus familiares reproduce en las conducta de las fuerzas represivas las peores prácticas de represión y tortura.

El asesinato en tortura del Capitán Rafael Acosta Arévalo, las crueles torturas a las que fue sometido, la muerte del concejal Fernando Albán y las absurdas versiones de suicidio dadas por las autoridades, así como la ejecución de Oscar Pérez y 9 personas de su grupo, son solo los ejemplos más visibles de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

En este grupo de violaciones queda en evidencia y quedan reflejadas las responsabilidades de funcionarios policiales y militares, tanto de la GNB, de la PNB, SEBIN, DGCIM, CONAS, FAES, implicados directamente como perpetradores. Por otra parte, la Misión documentó la presencia de Altos Oficiales, sobre todo de la estructura de mando del SEBIN y DGCIM en la comisión de estos delitos, así como testimonios directos de funcionarios y ex funcionarios de los Cuerpos militares y de seguridad, que indicaron que altos funcionarios del gobierno, entre ellos nicolás maduro, dieron instrucciones directas de actuación en contra de las víctimas.

Igualmente, la Misión ha recopilado todas las declaraciones públicas hechas por estos altos funcionarios, entre ellos el presidente nicolás maduro, el fiscal general Tarek William Saab y el ministro de Información, Jorge Rodríguez, donde incitaban a los actos de represión, generando un ambiente de odio dentro del cual se sentenciaba y condenaba a las víctimas antes de que se produjeran las detenciones o desapariciones forzadas.

El informe concluye determinando que hay suficientes elementos que indican que estos altos funcionarios del gobierno tienen responsabilidad personal en la comisión de estos crímenes, por lo tanto deben ser investigados por instancias penales internacionales.

El informe hace mención especial a la falta de acción por parte de los órganos competentes que son constitucionalmente responsables de velar por el respeto a los Derechos Humanos y al Debido Proceso, en particular el fiscal Tarek William Saab es señalado como responsable de la comisión de crímenes de lesa humanidad, al impedir que las víctimas tengan acceso a la justicia y actuar con negligencia y omisión en la investigación de todas estas violaciones, las cuales eran de su conocimiento directo o eran hechos públicos y notorios. Se señala que william saab, desmanteló la Fiscalía General para designar fiscales temporales, sujetos a remoción, al considerarlos “personal de confianza”.

El Poder Judicial, en particular el Tribunal Supremo de Justicia, y la Sala Constitucional, es señalado como responsable de violar el debido proceso y de convalidar las actuaciones del Ejecutivo Nacional por medio de decretos y reformas inconstitucionales de leyes que permitieron concentrar todo el poder del Estado en manos de nicolás maduro.

Los relatos de estos abusos y violación de los Derechos Humanos hay que leerlos, es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Es una lista de violaciones que aún está incompleta, al Informe le falta reflejar todas las violaciones de los Derechos Humanos de los trabajadores de PDVSA, las detenciones arbitrarias a las que han estado sujetos, la violación a todos sus derechos al debido proceso, la falta de audiencias, las humillaciones y castigos, así como la muerte en custodia del ex ministro Nelson Martínez.

Llama la atención que los familiares y víctimas de los abusos contra los trabajadores de PDVSA, de Corpoelec, dirigentes políticos y sociales del chavismo, no estén reflejados en estos informes, por el terror que tienen los familiares a las represalias que se tomen contra las víctimas presas, y porque algunos, como el caso de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, todavía sostienen que “el camarada maduro NO está al tanto de los hechos“.

Si algo enseña este Informe es que los familiares y los que son víctimas de la violación de sus derechos, en particular los del campo Chavista y revolucionarios, están en el deber de denunciarlo públicamente ante las instancias correspondientes nacionales e internacionales, porque en la medida en que la impunidad subsista en el país, van a seguir sucediendo violaciones a los Derechos Humanos, como parte de una política de Estado.

El silencio de los familiares por temor u otras consideraciones políticas, mantiene a las víctimas en el horror permanente, de un gobierno que se ensaña particularmente contra la disidencia del campo revolucionarios.

Escribiendo este artículo escuche un audio del Comandante del 27 de noviembre, William Fariñas, donde denunciaba la desaparición del General César Mejías Camacaro, muy cercano a Carlos Lanz, desaparecido hace ya bastante tiempo, así como recibí información de la arremetida que hay contra los dirigentes de partidos de Izquierda que, al mostrar desacuerdos con maduro, se los están llevando presos, acusados de delitos comunes. La represión no se detendrá por mucho silencio que se guarde al respecto. Es un patrón de conducta, una política, de un gobierno degradado y desesperado.

La “Limpieza Social” de maduro:

El Informe revela con crudo detalle los asesinatos y operaciones de exterminio que han llevado a cabo las fuerzas policiales del Estado, PNB, GNB, FAES, CICPC, Policías Regionales, DGCIM, SEBIN y CONAS, en operaciones conjuntas y con gran despliegue de recursos, armamentos, hombres sobre el terreno para, en verdaderas “razzias”, aniquilar principalmente a los jóvenes de las barriadas pobres del país, con el aparente objetivo de desarticular bandas criminales, en operaciones masivas de falsos positivos y control social.

En las barriadas populares, donde siempre estuvo la base social del chavismo, las fuerzas policiales y militares han cometido toda clase de ejecuciones extrajudiciales, las cuales han sido denunciadas por los familiares de las víctimas, y cuentan con abundantes testigos, algunos de estos casos fueron investigados cuando estuvo al frente del Ministerio Público la Fiscal Luisa Ortega Díaz.

De acuerdo a declaraciones del propio ministro del interior, General Néstor Reverol, en el periodo de realización del Informe, han muerto 24.343 jóvenes venezolanos, el 99 % hombres, de las barriadas populares del país, por “resistirse a la autoridad”. Este número, desproporcionado a todas luces, supera a las víctimas de la guerra en Yemen y reflejan lo que ha sido la instauración, en la práctica, de la PENA DE MUERTE para los pobres en el país, estimulada por las más altas autoridades del gobierno, principalmente por nicolás maduro, quien creó la FAES y permitió que las fuerzas policiales entraran ENMASCARADOS e impunes a imponer el terror en los barrios pobres venezolanos.

Este tipo de acción contra las barriadas populares JAMÁS había ocurrido en el país, no con esta dimensión, con esta violencia, con esta impunidad y mucho menos con la aquiescencia y el apoyo masivo y sin tapujos del Estado Venezolano.

Se han implantado distintos mecanismos y métodos, que han resultado en verdaderas campañas de “limpieza social”, bajo distintos nombres, como las OLP, las OLPS, que han dejado miles de muertos y detenidos en las barriadas pobres del país.

Existen suficientes testimonios y relatos de víctimas, familiares y testigos, por lo cual la Misión pudo determinar que existe un PATRÓN DE ACCIÓN característico de operaciones de limpieza y asesinatos extrajudiciales, donde funcionaba totalmente la cadena de mando, los sistemas de comunicación y la disciplina interna de las fuerzas públicas. Existen indicios para la Misión que indican que “el presidente o el ministro estaban presentes durante las discusiones de varias operaciones específicas”.

Todos los testigos y fuentes directas de información coinciden en relatar que las fuerzas policiales y militares en operaciones conjuntas, donde según el ministro Reverol, se han movilizado hasta 95 mil funcionarios, cercan en horas de la madrugada barrios enteros, usando vehículos artillados, tanquetas, francotiradores y helicópteros y van “peinando” el barrio de arriba abajo, entrando en los ranchos y casas humildes sin ningún tipo de procedimiento legal, sin presencia de fiscales del ministerio público, con una lista de nombres de personas que buscan, producto de un trabajo previo de inteligencia, donde muchas veces la información es alimentada por grupos de interés.

Las fuentes directas y testimonios indican que una vez que las fuerzas conjuntas de seguridad entran a la vivienda, sacan de forma violenta a las mujeres y ancianos, potenciales testigos, y de inmediato se escuchan detonaciones, donde al final, siempre resultan muertos los civiles que fueron capturados. Hay suficientes relatos de familiares y testigos que vieron a las víctimas desarmadas, con vida, rodeadas por funcionarios policiales, y luego aparecieron en “la Morgue”.

De acuerdo a los testimonios, las autoridades policiales simulan enfrentamientos armados “sembrando” armamento a sus víctimas. Crean “falsos positivos”, lo cual se refleja en el hecho de que en casi ninguno de estos operativos se producen bajas de las fuerzas policiales. La mayoría de testigos y fuentes de información directa declaran que las instrucciones de aplicar la “pena de muerte” en los operativos, eran recibidas de forma directa por los superiores, de forma presencial o por radio.

Algunas investigaciones que adelantó la Fiscalía hasta 2017 y testimonios de forenses, indican que la mayoría de las víctimas, y así consta en los expedientes, tienen tatuajes de pólvora en zonas vitales, tales como, tórax, cabeza y cuello, lo que indica tiros de “gracia” y tiros a muy corta distancia.

Todas las víctimas, familiares y testigos, declaran que las fuerzas policiales, al abandonar las viviendas de las víctimas, se roban el dinero, pertenencias e incluso alimentos. Las fuerzas policiales lo llaman “un botín de guerra” que estimula la comisión de falsos positivos.

El informe de la Misión señala que existe suficiente evidencia, pública y notoria, del apoyo y el estímulo de las máximas autoridades del gobierno, nicolás maduro, el ministro Reverol, y el entonces vicepresidente Tareck el Aissami, a este tipo de operaciones.

Ante el llamado de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en su Informe sobre Venezuela de junio de 2019, de disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), debido a las informaciones y testimonios recibidas en su Oficina de que este cuerpo era responsable de miles de ejecuciones extrajudiciales, la respuesta de maduro fue darle todo su respaldo a las FAES, todos los recursos y apoyo a un cuerpo que ha sido fuertemente cuestionado por la población y organismos de Derechos Humanos, donde la Misión ha determinado que el 65% de las ejecuciones extrajudiciales que tienen registradas, fueron realizadas por las FAES.

La estructura de mando de estas fuerzas conjuntas es muy estricta y verticalizada, por lo que no existen dudas para la Misión, de que los Altos Mandos de estos Cuerpos, así como los Altos Mandos del gobierno, están al tanto de lo que sucede con estas miles de ejecuciones extrajudiciales.

La Misión de la ONU establece responsabilidades penales individuales en la perpetración de crímenes de lesa humanidad, en estos operativos de “limpieza social” o exterminio del gobierno, en los que se señalan a nicolás maduro, Néstor Reverol, Tareck el Aissami, el General en Jefe Padrino López y Tarek William Saab como Fiscal General.

El fiscal general, es señalado por una OMISIÓN permanente en su responsabilidad de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y el debido proceso y, además, por faltar a su responsabilidad de investigar las violaciones públicas y notorias a los derechos humanos de las víctimas.

El general Padrino López es señalado por el involucramiento de la FANB en actos de crímenes de lesa humanidad en estas operaciones de limpieza social impulsadas por el gobierno.

Era impensable, hace apenas 7 años, que la FANB mancillase su uniforme y la Doctrina Bolivariana, modificando su normativa para involucrarse en operaciones policiales que resultaron en el asesinato de inocentes.

La Misión de la ONU, refleja en detalle el caso de Barlovento que involucra a oficiales y tropa del Ejército Bolivariano. Con base en los expedientes y en las entrevistas con testigos y familiares de las víctimas, documenta en detalle cómo se realizó una operación militar de gran envergadura en el estado Miranda, involucrando al Batallón 323 Caribe, estableciendo teatros de operaciones en el sector El Café, donde se procedió a la captura y ajusticiamiento de pobladores de la zona acusados de pertenecer presuntamente a bandas criminales.

En ese caso se ha determinado que las víctimas fueron sometidas a torturas y dos de ellas ejecutadas directamente por el Oficial a cargo y las 10 restantes fueron localizadas en una FOSA COMÚN en la localidad de Aragüita, muertos por golpes de armas blancas, que se presume era un machete. ¡Un crimen espantoso!

Allí, en el Informe de la ONU están los nombres de los señalados como responsables, aparecen oficiales del 4 de febrero, acaban con su carrera y su reputación de soldados del pueblo, para ser señalados por cometer crímenes de lesa humanidad.

Pero estos actos de crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas policiales y militares en el marco de los distintos operativos adelantados por el gobierno, no es producto de que nuestras fuerzas militares y policiales se desquiciaron y cometieron actos individuales.

No, esta actuación criminal es el resultado de una ORIENTACIÓN POLÍTICA Y DE LA ACTUACIÓN ESPECÍFICA DEL GOBIERNO ORIENTADO A ANIQUILAR Y MANTENER EL CONTROL SOCIAL DE LOS BARRIOS, CON LA EXCUSA DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA.

El discurso de maduro, sus mentiras y sus programas de odio, el “tum-tum” y las amenazas, la propaganda y las declaraciones irresponsables de Jorge Rodriguez, Tarek William Saab y demás jefes políticos y militares, estimulan la ejecución de violaciones a los Derechos Humanos. Entre llamados a la violencia, acusaciones sin fundamento, el linchamiento mediático, las fuerzas policiales y militares actúan a sus anchas en el país, con la certeza de gozar de total impunidad, contando con el aval del gobierno, ministerio público y poder judicial

Estos procedimientos, además de ilegales y criminales, son absolutamente inefectivos. Es público y notorio que el “coquí” sigue operando en la Cota 905 y que las bandas criminales ponen en jaque a toda la ciudad cuando deciden dirimir sus diferencias a plomo limpio en los barrios de Petare.

El gobierno de maduro hace lo mismo que, consuetudinariamente, hace la policía y el ejército brasileño en las favelas de Río de Janeiro o las fuerzas paramilitares en las barriadas pobres de Colombia: el exterminio. Una respuesta violenta, de derecha, al problema social de la delincuencia.

Hay que leer los cientos de testimonios de las víctimas y de los familiares de las víctimas fallecidas, los cuales se identifican con un código en el informe para proteger sus vidas, para que nos demos cuenta que algo muy malo está pasando o ha pasado en nuestro país.

Recuerdo cuando leí el libro de Ernesto Sábato, Nunca Más, donde recogía los testimonios y los hechos de los 9.000 casos que se pudieron documentar de las víctimas y desaparecidos (se estima que fueron 30.000), de la Junta Militar en Argentina, el horror del fascismo cuando las fuerzas militares y policiales de ese país violaron masivamente los Derechos Humanos del pueblo argentino, con base en la doctrina de seguridad y defensa del Plan Cóndor vigente para el Cono Sur.

Las torturas, crímenes y desapariciones se producían en todo el territorio, mientras el miedo y el mundial de fútbol celebrado en esos años en el país, desviaban la atención sobre el horror que vivieron millones de argentinos: jóvenes, estudiantes, trabajadores, dirigentes obreros y gente humilde.

Recuerdo que pensaba en ese momento: ¿cómo es posible que esto suceda en una sociedad?, ¿cómo es posible tanta crueldad?, ¿cómo es posible tanta ausencia de leyes y de algún vestigio de humanidad?

Leer este Informe de la Misión Internacional independiente de la ONU y, sobre todo, leer los testimonios de las víctimas y sus familiares es un deber que tenemos todos los venezolanos. Es algo que debe estremecer la conciencia de todo el país.

Los hombres y mujeres de izquierda, Bolivarianos, ni de ningún sector político, podemos ceder, ni aceptar la tortura, el crimen, la persecución. No podemos excusar estos crímenes bajo ninguna circunstancia. No se trata de comparar crímenes, ni denunciar unos y callar otros. Toda violación de los DD.HH. es repudiable y condenable, es un acto de crueldad reñido con cualquier proyecto político de transformación de la sociedad.

¿Qué ha pasado en el país desde 2014? ¿En qué ha convertido nicolás maduro a nuestras instituciones? ¿Cómo ha trastocado esta élite los sueños de todo un pueblo, en una pesadilla? ¿Hasta cuándo nuestras fuerzas militares van a seguir apoyando y participando de estos crímenes, de esta actuación cruel e ilegal? ¿Hasta cuándo las fuerzas morales progresistas y patriotas del país y de la región pueden seguir excusando tantos crímenes y tantas violaciones? ¿Hasta cuándo los dirigentes políticos del país, los que siguen sosteniendo su apoyo a maduro, los que se siguen llamando “hijos de Chávez”, van a guardar silencio ante estos actos de barbarie, ante este desprecio por la vida humana, por el pueblo?

El tiempo me sigue dando la razón, tal como lo he denunciado, maduro ha creado una situación compleja y desconocida, donde la traición, la felonía, la destrucción y la entrega del país viene acompañada de violencia económica y social, que arrasa con los derechos del pueblo, y de violencia criminal contra los jóvenes y los más pobres.

A la actuación de este gobierno hay que ponerle punto final. Tenemos que dejar de lado los chantajes y el miedo y movilizarnos para restablecer el orden constitucional, el equilibrio espiritual de la sociedad y los Derechos Humanos Fundamentales de todos y para todos.

Los perpetradores de estos crímenes sin duda pagarán, es cuestión de tiempo, los crímenes cometidos pesarán sobre ellos toda su vida. Más temprano que tarde, tendrán que rendir cuenta ante los tribunales de la República y ante los tribunales internacionales, ante la Corte Penal Internacional, de la cual somos parte.

No hay excusa para que estos crímenes se sigan perpetrando, violando la Constitución Bolivariana y los principios fundamentales del Derecho Internacional, arrasando con los derechos humanos de todo el país.

Cuando esta pesadilla pase y se restablezca la soberanía popular, habrá que decir, como el título del libro de Ernesto Sábato, NUNCA MÁS vamos a permitir que se vuelva a vivir esta situación en nuestro país.