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Tila, el lugar donde se encuentra la imagen de ébano, conocido como tierra de milagros, es simultáneamente un ejido, un poblado y un municipio en el estado de Chiapas. Desgraciadamente, es lugar de paso no sólo de peregrinaciones religiosas, sino ruta por donde transitan, provenientes de Centroamérica, migrantes indocumentados, armas y drogas.
Desde finales de 1994, el norte de Chiapas es conocido no sólo por ser la sede ceremonial del Cristo Negro, sino, también, por la sanguinaria violencia desatada en sus municipios y comunidades por el grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia. Aunque la organización nacida de Solidaridad Campesino-Magisterial formalmente se escindió, y dio origen a dos agrupaciones distintas, a las que bautizaron como Unión de Comunidades Indígenas, Agropecuarias y Forestales (Uciaf) y Organización de Productores Agrícolas Campesinas (Opac), siguen actuando con protección oficial como civiles armados.
A pesar de los años transcurridos desde entonces, los ataques contra los choles rebeldes no cesan. Apenas el pasado 11 de septiembre una manifestación de ejidatarios de Tila fue agredida con armas de fuego por paramilitares. Al menos dos personas murieron.
El conflicto no es en esencia un problema entre pobres ni entre indígenas. Tampoco un problema religioso o intercomunitario. Su matriz es otra. En Tila hay un terrible cacicazgo, ligado, entre otras fuerzas, a la familia chiapaneca que con distintas siglas partidarias gobierna el estado, y a la política de contrainsurgencia contra los procesos autonómicos zapatistas y de los pueblos que integran el Congreso Nacional Indígena (CNI).
El cacicazgo en Tila está encabezado por el arquitecto y constructor de Petalcingo Límberg Gregorio Gutiérrez Gómez y su esposa, Sandra Luz Cruz Espinosa, originaria de Pijijiapan. Con las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han ocupado ininterrumpidamente la presidencia municipal, directamente o a través de sus familiares, desde el periodo 2008-2010 (https://bit.ly/2ZS7A5K).
Antes de esa fecha, Límberg –entonces militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– se desempeñó como director de Obras Públicas durante la alcaldía de Juan José Díaz Solórzano (2005-07), involucrado con Paz y Justicia. Lo acusaron de utilizar el presupuesto para financiar su campaña política para alcalde, dejando varios proyectos en malas condiciones y otros sin concluir.
Concluyó su primer periodo como presidente municipal con ranchos, ganado de registro, caballos cuarto de milla, residencias, vehículos de lujo y concesiones de transporte público de las rutas Salto de Agua-Palenque
. Lo sustituyó en el cargo, entre 2011 y 2012 , su esposa Sandra (https://bit.ly/3mxvw7Y). La junta de buen gobierno del caracol zapatista Que habla para todos denunció amenazas de muerte, robos, daños en propiedad privada y despojos contra la comunidad San Patricio, por parte de los paramilitares de Paz y Justicia y sus derivados.
Límberg fue electo alcalde de nuevo para el periodo 2012-15, en medio de acusaciones de compra de votos, fraude y violencia (con varios heridos y un muerto entre simpatizantes del Verde y priístas).
Para la administración 2015-18, el arquitecto pone como alcalde a su primo, el profesor Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, y a su esposa como diputada local, su esposa la licenciada Sandra Luz Cruz Espinosa, ambos por el Partido Verde. Finalmente, argumentando paridad de género, el Verde postuló como candidata a la juanita Fabiola Velázquez, quien, después de ganar, solicitó licencia indefinida para que llegara a la presidencia municipal el primo de Límberg, acusado después por varias comunidades de robo (https://bit.ly/2Hc93×2).
Para reforzar su dominio, Límberg se hizo nuevamente de la presidencia municipal de Tila para el periodo 2018-21. Cuenta para ello con el apoyo de constructores (se le acusa a él mismo de serlo), transportistas, comerciantes, ganaderos, paramilitares de Paz y Justicia y derivados, la familia chiapaneca y fuerzas del orden.
El cacique ha enfrentado con todo, paramilitares y terror incluidos, a los ejidatarios choles de Tila, a las bases de apoyo zapatistas y a los agentes de la pastoral que recuperaron el ejido Tila, expulsaron de su territorio al municipio el 16 diciembre de 2015 y comenzaron a gobernarse a sí mismos sin pedir permiso.
Además de rechazar entrar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), los ejidatarios de Tila han ganado, una tras otra, las batallas legales que han emprendido para que regresen a sus manos las 130 hectáreas del Fundo Legal, que el ayuntamiento ha pretendido quitarles.
La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia.
Twitter: @lhan55