La sublevación popular contra la dictadura de Ortega en Nicaragua: génesis y perspectivas

Comandante guerrillera de la Revolución Sandinista. Viceministra de la presidencia y ministra de Asuntos Regionales en la década de 1980. Miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln), diputada por el fsln de 1997 a 2002. Rechazó el pacto con el presidente corrupto Arnoldo Alemán (1999) y comenzó una disidencia beligerante contra la deriva pervertida y autoritaria de Daniel Ortega. Fue diputada del Rescate del Sandinismo de 2007 a 2012. Presidenta de la organización no guber-namental Popol Na, cuya personería jurídica fue cancelada de manera ilegal y sus bienes ocupados por la dictadura en 2018. Es autora de Memorias de la lucha sandinista, en cuatro volúmenes, y otros textos, todos disponibles en https://www.memoriasdelaluchasandinista.org.



LA SUBLEVACIÓN DE ABRIL: GÉNESIS Y PERSPECTIVAS

MÓNICA BALTODANO MARCENARO

http://www.rosalux.org.mx/nicaragua-a-dos-a%C3%B1os-abril-2018?fbclid=IwAR1baYiQu_JNGwwqroe__wmPXODjT7T4LmYlXe6FV6w7ABz0B4l4pMHuUgE

Comandante guerrillera de la Revolución Sandinista. Viceministra de la presidencia y ministra de Asuntos Regionales en la década de 1980. Miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln), diputada por el fsln de 1997 a 2002. Rechazó el pacto con el presidente corrupto Arnoldo Alemán (1999) y comenzó una disidencia beligerante contra la deriva pervertida y autoritaria de Daniel Ortega. Fue diputada del Rescate del Sandinismo de 2007 a 2012. Presidenta de la organización no guber-namental Popol Na, cuya personería jurídica fue cancelada de manera ilegal y sus bienes ocupados por la dictadura en 2018. Es autora de Memorias de la lucha sandinista, en cuatro volúmenes, y otros textos, todos disponibles en https://www.memoriasdelaluchasandinista.org.

 

INTRODUCCIÓN

En 1979 triunfó en Nicaragua la Revolución Popular Sandinista, producto de la acción de un poderoso, coherente y totalizante movimiento político-social, armado. La Revolución fue la suma de numerosas luchas del pueblo por sus reivindicaciones y contra la dictadura sanguinaria de los Somoza, que dominó por 40 años. Este proceso fue vanguardizado por una organización guerrillera, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln), cuyo principal fun-dador, ideólogo y artífice, Carlos Fonseca, cayó en un combate en las montañas, en 1976.La Revolución, con sus novedosos postulados de economía mixta, pluralismo político y no alinea-miento, fue inspiración y acicate de las luchas de los pueblos del mundo por su liberación y emancipa-ción social. Sin embargo, fue agredida de inmediato por el gobierno de Ronald Reagan. Esto desató una nueva guerra, esta vez contra un ejército contrarre-volucionario de 17 000 soldados, financiados y ar-mados por Estados Unidos (EE. UU.).En 1984 se organizaron elecciones y Daniel Ortega, candidato del fsln, asumió la presidencia de la re-pública. En 1990, en nuevas elecciones, Ortega fue desplazado del gobierno.ORTEGA, ANTES DE VOLVER A LA PRESIDENCIADespués de la derrota electoral de 1990, Ortega aplicó la estrategia de “gobernar desde abajo”, que implicaba mantener vínculos estrechos con las instituciones militares, organizaciones populares muy controladas que se apropiaron de los símbolos de la Revolución Sandinista y construyeron un imaginario personalista

6• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEentre la base militante. De la misma manera, se susti-tuyó la formación política por el providencialismo y la religión, se reforzó el control del fsln como “marca” para obtener recursos económicos y crear grupos de choque para toda suerte de operaciones encubiertas y de presión, a veces armadas.Entre 1990 y 1996, el movimiento popular organi-zado durante la Revolución Sandinista protagonizó levantamientos que paralizaron varias veces el país en un intento por defender las conquistas sociales revolucionarias. En esos momentos, Ortega apare-cía y los dirigía desde abajo. Más tarde fue evidente que esas protestas terminaban siempre en nego-ciaciones en las que Ortega conseguía ventajas y seguridades para él y su círculo más cercano, y de-jaba de lado cualquier conquista o agenda social.Cuando el pueblo se cansó de esta dinámica, Ortega ya tenía un férreo control del aparato partidario y pasó a la estrategia del pacto. El entonces presi-dente de la república y caudillo del Partido Liberal Constitucionalista (plc) Arnoldo Alemán y Daniel Ortega reformaron la Constitución en 2000 y se re-partieron los poderes del Estado. Entre otras cosas, la reforma constitucional llevó a:1. Garantizar la inmunidad y continuidad política del presidente saliente, pues se le otorgaba una diputación automática en la siguiente legislatura.2. Reducir el porcentaje de votos necesario para elegir al presidente en primera ronda: 40% o 35% si el primer candidato aventajaba al segundo por al menos 5% de los votos.Por lo tanto, Ortega consiguió disminuir el porcen-taje de sufragios necesario para ganar las elecciones a cambio de prometer “gobernabilidad” y después impunidad para la corrupción abierta de Alemán.1La lucha social fue congelada y las políticas de li-bre mercado y privatizaciones se desplegaron sin resistencia (Baltodano, 2009; 2014).Así, al comenzar la campaña electoral de 2006, no quedaban más que cenizas de los postulados re-volucionarios y el movimiento social. Mientras en Latinoamérica la izquierda rechazaba el Área de Libre Comercio de las Américas (alca), en Nicaragua el fsln1 El Informe global de la corrupción 2004 ubicaba a Alemán entre los diez mandatarios más corruptos del mundo (Transparency International, 2004: 7).votaba a favor del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (dr-cafta, por sus siglas en inglés) y de las privatizaciones. También se concretaba su alianza con la cúpula eclesial, encabezada por el cardenal Miguel Obando, con el voto por la criminalización del aborto terapéutico.2ESTRATEGIA EN EL PODER (2007-2020)Al asumir la presidencia, después de ganar la elec-ción con sólo 37.8% de los votos, lejos de constituir una mayoría social, Ortega se concentró en:■El control de los aparatos armados y la repre-sión. Subordinó a la Policía y desarrolló su propia labor de inteligencia contra la oposición con la utilización temprana de grupos de choque. Poco a poco sometió también al jefe del Ejército, el general Avilés, a quien pagó su docilidad con la reelección por cinco años más a partir de 2015 y de manera insólita por tercera vez en febrero de 2020 (Cajina, 2018).■La alianza con el gran capital. En particular se estableció por medio del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que decretó más de 100 leyes que definieron las políticas mone-taria, fiscal, crediticia, salarial, y el Presupuesto General de la República (pgr). A la par, la política macroeconómica se subordinó a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (fmi) (Feinberg y Miranda, 2019).El modelo corporativo del gobierno quedó es-tablecido en la reforma a la Constitución de 2014, aprobada sólo con los votos del fsln, que entregó al sector empresarial, representado por el Cosep, el derecho a “participar en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos, conforme el modelo de diálogo, alianza y con-senso impulsado por el Estado” (Aguilar, 2014). Este modelo permitió a los grandes empresarios funcionar como colegisladores y beneficiarse de innumerables iniciativas económicas, reformas tributarias, concesiones ventajosas, regulación en materia de contratación pública, competencia, 2 Para saber más sobre el impacto en las mujeres de la prohibición total del aborto terapéutico en Nicaragua, véase Amnistía Internacional (2009).

 

7ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •LA SUBLEVACIÓN DE ABRIL: GÉNESIS Y PERSPECTIVAS inversión y comercio internacional, entre otras (Feinberg y Miranda, 2019).■Fortalecimiento del pacto con el Cardenal Obando.Se le dio un cargo de rango guberna-mental y se aseguró la permanencia de su prote-gido Roberto Rivas en la presidencia del Consejo Supremo Electoral (cse).3 Entre tanto, por medio del sistema educativo, se afianzó de facto el ca-rácter confesional del Estado, aunque éste sea laico según lo establecido en la Constitución.■Relaciones oportunistas con el presidente Hugo Chávez. Esto le permitió a Ortega disponer de un promedio de 500 millones de usd anuales con los que implementó programas de corte asistencialista y clientelar (Jarquín, 2016). El uso privado y discrecional de esos fondos —fuera del pgr— consolidó también los negocios par-ticulares de Ortega y sus allegados.■Buenas relaciones con EE. UU. Ortega inauguró una política exterior esquizoide: por un lado, sostenía un discurso en apariencia antiimperia-lista, y por el otro, en maridaje con el gran capi-tal, aplicaba todas las políticas del consenso de Washington y desarrollaba las mejores relaciones con EE. UU., en particular en temas migratorios y de seguridad.■Control y asfixia de los medios de comunicación. Con cuantiosos recursos y las concesiones en sus manos, Ortega controla ocho de los nueve canales de televisión abierta y es dueño directo de los canales 4, 8, 13 y 22, dirigidos por sus hijos (Keyling T. Romero, 2017; Núñez, 2018).■Control absoluto del Estado. Al llegar al go-bierno, Ortega asumió el dominio de todos los poderes del Estado y las autonomías. En 2011, logró que la Corte Suprema de Justicia (csj) de-clarara inconstitucionales las dos prohibiciones explícitas que le impedían presentarse de nuevo como candidato a la presidencia (Treminio, 2015).También impulsó el continuismo en todas las instancias. Con alcaldes y concejales reelectos de manera automática, usurpó la autonomía 3 El 29 de agosto de 2005 se reeligió el magistrado del cse Roberto Rivas, protegido del cardenal Obando, in-volucrado en un caso de corrupción conocido como el “affaire Coprossa”. Este caso no prosperó por interven-ción de Ortega en el sistema judicial (Medina, 2018).municipal y creó gobiernos territoriales paralelos en las Regiones Autónomas del Caribe (Prado, 2017; Noticias de Bluefields, 2019). La justicia in-dependiente dejó de existir. Magistrados, jueces y Ministerio Público responden a sus órdenes (Icaza, 2016). Los rectores de las universidades son escogidos entre los más dóciles y los organis-mos estudiantiles subordinados son utilizados para reprimir la conformación de movimien-tos críticos y autónomos (Villavicencio, 2018).El control del poder electoral le permitió suspender de manera ilegal los partidos políticos y practicar fraudes sucesivos en los comicios (Peraza, 2016). Así, sólo con sus diputados pudo reformar la Constitución, nombrar a todos los demás poderes y destituir de modo inconstitucional a diputados, hasta llegar al extremo de sacar del parlamento a toda la bancada de la oposición y excluirla del proceso electoral, como hizo en 2016 (Cerda y Miranda, 2016).LA REPRESIÓN COMO SIGNO DEL RÉGIMEN DE ORTEGALa sublevación de abril de 2018 fue precedida por protestas contra el incendio de la Reserva Biológica Indio Maíz (Onda Local, 2018). Sin embargo, como se indicó antes, desde la llegada de Ortega al gobierno todas las movilizaciones, en particular las de conte-nido social, habían sido reprimidas por la Policía y los grupos de choque, con resultado de muertos, heridos, capturados, criminalizados y presos, como sucedió con el movimiento campesino anticanal o las expresiones antiminería. Algunos de los actos de represión más relevantes son:■Contra las protestas por el fraude electoral de las municipales, en 2008 (Agencias, 2008).■Asesinatos políticos en la comarca El Carrizo, vinculados a las protestas contra el fraude en las elecciones nacionales de 2011. Hubo tres muer-tos y tres heridos (La Prensa, 2011).■Ataques de paramilitares contra el movimiento juvenil #Ocupainss (Miranda, 2017).■Contra los cañeros que protestaban por la terceri-zación, con un muerto y varios heridos (Galeano, 2014), y por las afectaciones de los pesticidas, con un saldo de 50 presos judicializados (Desinformé-monos, 2015).

8• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE■Persecución contra los obreros de la mina El Limón. Hubo 23 capturados y una parte de ellos fue judicializada (La Prensa, 2015).■Torturados y asesinados en Ciudad Antigua después de las protestas por el fraude en las elecciones de 2016 (Cruz, 2016).■Persecución trabajadores de zonas francas, con ocho condenados (Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, 2017).Desde años atrás se habían denunciado crímenes contra indígenas de la Región Autónoma del Atlántico Norte: colonos armados invadían las tierras de bos-ques y ricas en recursos naturales, por lo general zonas protegidas, y desalojaban de manera vio-lenta a sus ocupantes. El Estado de Nicaragua no emprendió acción alguna para protegerlos (Rivera, 2016; Confidencial, 2019b).También se habían producido ejecuciones extraju-diciales, en especial contra líderes de grupos cam-pesinos alzados, exasperados por los repetidos fraudes electorales de los que se han denominado “grupos delincuenciales”. Entre 2011 y diciembre de 2017 se reportaron al menos 15 enfrentamien-tos con 22 jefes asesinados (Cajina, 2016). A esto se suman los caídos en La Cruz del Río Grande, una zona campesina en la que el Ejército ejecutó a seis personas, entre ellas un niño de 12 años de edad y una adolescente de 16 (Romero, 2017). Después de abril 2018, la cifra de asesinatos a líderes campesi-nos se incrementó de manera exponencial. Nunca se han hecho investigaciones ni abierto procesos judiciales sobre estas muertes (Confidencial, 2019a).DE ESTALLIDO A SUBLEVACIÓNEl incendio de la Reserva Biológica Indio Maíz y la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (inss), por recomendación del fmi (giei, 2018), dieron lugar a una molestia generalizada que de-rivó en pequeñas manifestaciones reprimidas de manera brutal por grupos de choque del gobierno el 18 de abril de 2018 (giei, 2018; Córdoba, 2018). Esta vez, como respuesta a la represión, la ciuda-danía se movilizó. Al día siguiente, las protestas se multiplicaron de manera autoconvocada4 y cayeron asesinados los primeros muchachos.El 20 de abril el país se levantó y los estudiantes tomaron las universidades.Fueron asesinados 25 jóvenes y pobladores. El día 21 se reportaron 15 muertos. El 22 de abril el saldo fue de 11 muertos. Todos fueron ultimados con disparos de francoti-radores en el pecho y la cabeza (Miranda, 2018). La represión criminal continuó cada día. De manera espontánea, se levantaron tranques5 y barricadas de autodefensa y crecieron las demandas de la po-blación autoconvocada, que ya exigía la renuncia inmediata del presidente.Ortega se vio obligado a derogar la reforma del se-guro social y llamar a una negociación por medio de la Conferencia Episcopal. Los manifestantes con-formaron un grupo que luego se denominó Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (acjd), como se detallará más adelante. Así se organizó la primera fase de un improvisado Diálogo Nacional, que em-pezó el 16 mayo, después de que el gobierno aceptara la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh). Aun en medio de las sesiones del Diálogo Nacional, los sicarios de Ortega siguieron reprimiendo y asesinando a civiles en protesta.¡QUE SE VAYAN!En la apertura del Diálogo, el 16 de mayo, los es-tudiantes dentro del recinto exigieron a Ortega su renuncia. La demanda no sólo era insoslayable en términos morales, sino legítima: más de 70% de la población pedía su salida (Fonseca, 2018). Esta pri-mera fase fracasó porque la acjd exigía al gobierno que dejara de disparar contra la población, liberara a los presos y discutiera la democratización del país, y el gobierno ponía como condiciones para discutir cualquier tema que la protestas pararan y la gente regresara a sus casas. El diálogo se suspendió el 24 de mayo.4 Los ciudadanos que acudieron a protestar se reco-nocieron a sí mismos como “autoconvocados” por no pertenecer a ningún partido o estructura política, y por usar las redes sociales como mecanismo de convocatoria. En un comienzo, los autoconvocados fueron sobre todo estudiantes universitarios, pero luego se sumaron todos los sectores, desde jóvenes sin estudios hasta población campesina.5 En el contexto de las protestas, se refiere a bloqueos de calles con materiales diversos con el objetivo de impedir total o parcialmente el tráfico vehicular.

9ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •LA SUBLEVACIÓN DE ABRIL: GÉNESIS Y PERSPECTIVAS Así, para el 30 de mayo de 2018, cuando tuvo lugar en Managua la movilización más grande en la historia de Centroamérica, el grito unificador de la ciudada-nía fue “¡Que se vayan!”, en referencia a Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y todo el régimen dictatorial. Ese día, policías y grupos paraestatales dis-pararon a los manifestantes y dejaron 19 muertos, junto a decenas de heridos y presos en todo el país.En un primer informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei) contabilizó para ese día un acumulado de 109 muertos, 1 400 heridos y 190 presos, quienes fueron sometidos a tratos crueles y degradantes: raparon y torturaron a los hombres, violaron a mujeres y a algunos hombres (giei, 2018).Al comenzar junio, todo el país estaba paralizado y bajo el control directo de las multitudes articuladas en torno a los tranques y barricadas. El poder de Ortega se disolvió por un momento ante la unidad de todo el pueblo. Con los aparatos políticos y re-presivos neutralizados, las movilizaciones populares dominaron grandes espacios y derribaron con ale-gría los símbolos del poder. Las masas autoconvo-cadas tiñeron el país de azul y blanco, los colores de la bandera nacional. La Nicaragua sublevada vivió con plenitud la horizontalidad proclamada antes por los movimientos sociales. No hubo partidos, jefes ni caudillos dirigiendo el movimiento.Frente a la sublevación, Ortega recurrió sin escrúpulos al tenebroso y viejo fantasma de la Agencia Central de Inteligencia (cia, por sus siglas en inglés) y a la tesis insostenible del intento de un golpe de Estado. De manera muy conveniente olvidó que cualquier presidente con un mínimo de ética que hubiera co-metido los mismos crímenes estaría obligado a re-nunciar y que por su desmedida opresión el pueblo tenía derecho a la rebelión.EL DIÁLOGO NACIONAL Y EL APLASTAMIENTO DE LA SUBLEVACIÓNOrtega utilizó el Diálogo Nacional para ganar tiempo y rearticular sus herramientas. Mientras se mantenían las expectativas por las negociaciones, las fuerzas de choque fueron armadas con fusiles y logística de guerra (radios, granadas). En combinación con poli-cías, atacaron uno a uno los tranques y barricadas, lo que sumó centenares de muertos.Según la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (anpdh), después del abatimiento de la rebelión se contaron más de 500 muertos (efe, 2018). Por su parte, la cidh documentó al menos 328 decesos, de los cuales 24 son niñas, niños y adolescentes. Hubo más de 800 detenidos, acusados de terrorismo. Más de 90 000 nicaragüenses tuvieron que exiliarse para escapar de la represión, entre ellos, 90 periodistas y trabajadores de medios de comunicación indepen-dientes, 400 profesionales de la salud despedidos y 144 dirigentes estudiantiles expulsados de univer-sidades públicas con sus expedientes académicos desaparecidos (Meseni, 2019).Aun bajo una gran coacción, miles de ciudadanos siguieron movilizándose en las calles con marchas y plantones. En septiembre de 2018, mediante una nota de prensa de la Policía, se prohibió toda movi-lización o protesta, en contradicción abierta con la Constitución que consagra el derecho de reunión y manifestación (Romero, 2018). Desde entonces, todos los actos de protesta pública se consideran terroristas y se reprimen con un gran despliegue del aparato orteguista: desde sacar la bandera nacional en un lugar público, tirar confeti azul y blanco en los barrios o elevar globos con los colores nacionales al cielo, hasta convocar a marchas y plantones, todo está prohibido, todo es perseguido.En diciembre de 2018, el régimen de Ortega clausuró de manera expedita y por la fuerza militar nueve or-ganizaciones no gubernamentales (ong), vinculadas a la defensa de derechos humanos, ambientales y polí-ticos (Salazar, 2018). Las instalaciones del canal 10 0%Noticias y el diario Confidencial fueron allanadas. El rotativo La Prensa sufrió durante 18 meses el embargo de abastecimiento de tinta y papel (Despacho 505, 2019; Manetto, 2018). Estas acciones se escudaron tras la acusación de que dichas organizaciones y medios de comunicación eran terroristas y golpistas, y se ejecutaron de forma arbitraria, sin seguir el proceso debido, los allanamientos se llevaron a cabo sin orden judicial y las confiscaciones fuera del ordenamiento legal.6 El mismo mes, antes de que el giei emitiera su informe, la dictadura expulsó de Nicaragua a la cidh.6 Las ong y los medios de comunicación afectados introdujeron todos los recursos legales posibles —de inconstitucionalidad, amparo, acusación contra la Policía, etc.— que debieron haberse evacuado hace meses, pero todos los instrumentos están congelados en las oficinas de la csj y el Ministerio Público. También se han emprendido procesos internacionales ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh).

10• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBELOS ACTORES, DESDE ABRIL HASTA HOYLa revuelta cívica tuvo como actores originales a los estudiantes. Luego se sumaron pobladores y jóvenes de los barrios que levantaron barricadas en toda la geografía nacional. El campesinado, en especial el vinculado al movimiento contra el pro-yecto del Canal Interoceánico, levantó tranques vi-gorosos en las zonas rurales. Francisca Ramírez, una de sus lideresas, los recorría de manera incansable para animar a la gente y tratar de construir un lazo organizativo entre ellos.Los grandes empresarios, articulados sobre todo en el Cosep y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, rompieron el modelo de diálogo y consenso que tenían con Ortega, escandalizados por la magnitud e imprevisibilidad de sus crímenes (Salinas, 2018). No obstante, también se mostraron vacilantes y alarmados frente a la sublevación y su radicalidad, y temieron perder el control y ser arra-sados por ella.La Conferencia Episcopal, convocada por Ortega, organizó y fue testigo del primer Diálogo Nacional, y escogió a su criterio a los integrantes de la parte opositora, que se constituyó en la acjd. Desde un primer momento, la Alianza estuvo conformada por representantes de los grupos estudiantiles creados en abril de 2018, algunos miembros de la sociedad civil, uno del movimiento campesino, y sobre todo, por voceros del sector empresarial. Hoy el director ejecutivo de la acjd es Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación Nicaragüense para el Desa-rrollo Económico y Social (Funides) en el momento del estallido social, el think tank del sector empresarial organizado. Esta composición y el marcado papel político del gran capital son resultado del esquema impulsado por el régimen Ortega-Murillo, así como del grado de desarticulación y dispersión de las fuer-zas sociales —no ajenas a la represión sostenida— y de la naturaleza autoconvocada de la sublevación.La segunda fase del Diálogo, en 2019, comenzó con conversaciones entre Ortega y delegados del Departamento de Estado de EE. UU. Ortega sólo aceptó hablar con los banqueros nicaragüenses para que estos organizaran la nueva fase de nego-ciaciones, de manera que ésta quedó regulada por el gran capital. La jerarquía católica se distanció y su función de mediación fue sustituida por el prag-mático representante de El Vaticano (Edición Digital y Chamorro, 2019). No obstante, algunos sacerdotes honrados y valientes siguen denunciando y en-frentando al régimen con su prédica. Las iglesias se han convertido en un escenario importante de actos de resistencia.La segunda fase del diálogo fracasó después de 35 días. El gobierno no cumplió ninguno de los protoco-los consensuados. Una parte de los presos políticos acusados de terrorismo, intento de golpe de Estado y otros cargos similares no recuperó su libertad producto de estos acuerdos, sino por medio de una Ley de Amnistía autoaprobada por el régimen para proteger y garantizar impunidad a los paramilitares y policías, ninguno de los cuales ha sido procesado por lo que el giei consideró crímenes de lesa humanidad.La Articulación de Movimientos Sociales (ams) surgió al calor de la rebelión para coordinar los esfuerzos de los movimientos y organizaciones de la sociedad civil, así como de las expresiones territoriales de es-tudiantes y pobladores presentes en los tranques. La ams logró construir la Ruta de la Democratización, que partía de la necesidad de expulsar de inmediato a la pareja presidencial del gobierno, ya fuera por renuncia o presión, y abrir cauces para una asam-blea constituyente. La ams representaba el grito de la calle que demandaba que el Cosep llamara a paro indefinido para apuntalar los esfuerzos que la gente hacía desde las barricadas y poner al régimen contra la pared. Sin embargo, en la primera fase del Diálogo el Cosep y la acjd sólo elevaron la demanda de elecciones adelantadas para salir de la crisis.La Unidad Nacional Azul y Blanco (unab), constituida el 4 de octubre de 2018, surgió como un espacio con-certador de la acjd y la ams al que se sumaron más de 90 organizaciones territoriales y fuerzas políticas. La unab dio a la ciudadanía esperanzas de una unidad que superara la evidente dispersión de los actores y permitiera formular una estrategia conjunta en la nueva fase de la resistencia.En una rebelión con liderazgos locales y disper-sión territorial, había necesidad objetiva de una cara visible de la lucha, no sólo en el interior sino también en el terreno internacional, papel que las circunstancias asignaron a la acjd y en la actualidad también a la unab; sin embargo, en las marchas y las actividades de protesta no hubo tarimas con discursos ni líderes nacionales. Para las grandes movilizaciones, fueron las víctimas las que convo-caban, como ocurrió en la marcha del 30 de mayo de 2018, organizada por la recién creada Asociación Madres de Abril (ama).

11ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •LA SUBLEVACIÓN DE ABRIL: GÉNESIS Y PERSPECTIVAS Del Ejército lo único que se esperaba era que cum-pliera con sus obligaciones constitucionales: desar-mar a las fuerzas irregulares — prohibidas expresa-mente en la Constitución— que aterrorizaban a la población e instar a que el Ejecutivo ordenara a la Policía que dejara de disparar contra los ciudada-nos que protestaban. Sin embargo, como se sabe, la comandancia castrense no fue fiel a su mandato constitucional y se alineó con la dictadura, fue cóm-plice al guardar silencio frente a las masacres y la presencia de grupos irregulares armados, y puso toda su capacidad de inteligencia a disposición de la elaboración de los planes represivos (Cajina, 2018).Los partidos políticos no tuvieron ninguna rele-vancia en la coyuntura de abril. Sus dirigencias, en particular aquellas con representación parlamen-taria — como el Partido Liberal Constitucionalista (plc), vinculado al ex presidente Arnoldo Alemán, y el Partido Conservador (pc)— han sido conside-radas por la población como colaboracionistas o “zancudos”, en la jerga nicaragüense. La mayor parte de estas fuerzas se proclama de derecha, sin embargo, sus bases fueron parte de los tranques y las manifestaciones, en particular las liberales. Asimismo, también fue notoria la incorporación de bases que se separaron del fsln y se sumaron a la rebelión.Un actor reciente es la Coalición Nacional, conformada el 25 de febrero de 2020, que integra a la unab, la acjd, una parte del movimiento campesino y varios partidos políticos con o sin representación parlamentaria: el plc, el Partido Indígena yatama, el Partido Restauración Democrática (prd) y el Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (fdn). La Coalición Nacional intenta presentar un rostro unido de la oposición contra el gobierno, pero es apenas un proyecto.En febrero de 2017 ya se había firmado el Memorándum de Entendimiento entre la Organización de Estados Americanos (oea) y Nicaragua con un plan de cam-bios electorales que se suponía estaban en marcha. Por su parte, legisladores estadounidenses promo-vieron la iniciativa de la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), S. 2265, que permitía sancionar al gobierno nicaragüense, y luego la fusio-naron con la iniciativa de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, S.3233, cuyo resultado se conoce como Magnitsky Nica Act, que ha hecho posible aplicar condenas a buena parte del núcleo cercano de Ortega, incluida Rosario Murillo, algunos de sus hijos, el jefe de la Policía (Estrada, 2019), y en fechas más recientes, a toda la institu-ción policiaca.Los informes demoledores de la cidh, la oacnudh, Amnistía Internacional y otros organismos lleva-ron a que la oea votara varias resoluciones de con-dena para crear un Grupo de Trabajo y luego una Comisión de Alto Nivel.En ambos casos, el gobierno de Nicaragua se negó a reconocerlos y recibirlos.Para la población nicaragüense, las sanciones, aunque tienen su impacto, no han modificado la conducta del gobierno de Ortega-Murillo y la oea “se ha que-dado en comunicados”. Las fuerzas nicaragüenses en resistencia quisieran más beligerancia y eficacia por parte de la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea.El sector de izquierda de la oposición democrática, conocida como “los azul y blanco”, insiste en que la situación la deben resolver los nicaragüenses y advierte de los nefastos resultados históricos de la injerencia de EE. UU. en el país. En el ámbito interna-cional, para quienes han sufrido en carne propia las políticas imperiales, resulta repugnante el discurso intervencionista de Donald Trump y sus personeros, aprovechado de manera oportuna por Ortega para justificar su narrativa de golpe de Estado y mano imperialista. Pero más allá de la retórica, la verda-dera preocupación del gobierno estadounidense es la gobernabilidad y estabilidad en la región, que se ve amenazada ahora por la crisis provocada por los crímenes y el autoritarismo de Ortega.EL SANDINISMO Y LA IZQUIERDA DE NICARAGUAEl gobierno despótico de Ortega se presenta como continuador de la Revolución de la década de 1980, parte de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) y con una gestión “cristiana, socialista y so-lidaria”. Para la mayor parte de la población, ya sea a favor o en contra, el gobierno es un rostro de la izquierda, a pesar de que durante más de 20 años varios sectores del sandinismo hemos expuesto de manera crítica el proceso de privatización del fsln y las perversiones del orteguismo.Como es sabido, el régimen Ortega-Murillo trató de justificar los crímenes de lesa humanidad de 2018 como respuesta a “un fallido golpe de Estado, impulsado por la derecha en complicidad con el

12• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEimperialismo”. Es lamentable que los partidos del Foro de São Paulo —con la honrosa excepción del Frente Amplio de Costa Rica— sigan repitiendo la narrativa insostenible e inmoral de Ortega que justifica las masacres, las violaciones a prisioneras y la detención de los presos de conciencia.No obstante, importantes intelectuales de izquierda han condenado la represión y se han solidarizado con el pueblo oprimido: “no hay peor latrocinio que la defraudación política de la esperanza de los pue-blos. No hay peor saqueo que aquel que va dirigido a depredar las energías rebeldes por un mundo justo. No hay peor imperialismo que el colonialismo in-terno que se torna violencia opresiva revestido con retórica anti-imperial” (Rimay Pampa, 2018). En esta misma línea se pronuncia el llamamiento colectivo publicado en Viento Sur (2018):La cuestión nicaragüense no es una anécdota política, es una piedra angular sobre la que de-mostrar nuestro compromiso con esos valores que precisamente definen al bando progresista y de izquierdas, tan elementales como la democra-cia, los derechos humanos, la justicia social y la defensa del planeta. Una izquierda que no sepa leer la realidad en esos términos, y que frente a la verdad elija la lealtad retórica a unas siglas corrompidas y la complicidad de casta no tendrá ninguna autoridad para proponer.Las muertes y la represión también han exacer-bado el antisandinismo y levantado tono contra la Revolución de la década de 1980. Así, el repudio ha-cia el orteguismo se traslada a todo el sandinismo. A Ortega le interesa esa generalización porque favo-rece la cohesión del núcleo duro a su favor, debilita el sandinismo no orteguista y deja sin opciones a una parte de su antigua base.En estas condiciones no existe hoy ninguna orga-nización que se autodefina como de izquierda anti-capitalista. Sin embargo, en la actualidad las ideas de izquierda están muy presentes en Nicaragua y se manifiestan, sobre todo, en las luchas por los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la exigencia de un Estado laico. La izquierda está presente en el cuestionamiento a la concentración brutal de la riqueza, la defensa de los derechos de la naturaleza, el rechazo al extractivismo y la defensa del derecho del campesinado a su tierra y de pueblos indígenas y afrodescendientes a su territorio, len-guas y costumbres.Las ideas de izquierda se expresan en las denuncias contra las grandes transnacionales, la privatiza-ción de la salud y la demanda de más fondos para la educación y menos para la militarización. Las ideas de izquierda fueron y son críticas férreas del maridaje de Ortega con los grandes empresarios, que ha dejado un tinglado de leyes que será difícil desmontar, sea cual sea el próximo gobierno. Las ideas de izquierda se expresan en la solidaridad con las luchas de otros pueblos, como el chileno, el hondureño o el palestino. La izquierda nicara-güense es firme en la exigencia de justicia para los asesinados y las víctimas del régimen orteguista.Todos estos planteamientos están en el debate pú-blico, empujados por la izquierda nicaragüense, in-cluso si no están representados de manera formal en ningún partido ni fuerza política delineada por completo.A MANERA DE CONCLUSIÓNSi queremos evaluar la rebelión de abril, tenemos que reconocer en primer lugar que la dictadura no pudo ser derrotada por la insurrección popular. Los levantamientos masivos pluriclasistas, que sin más bandera que la azul con blanco constituyeron la in-surrección popular pacífica, fueron aplastados de manera dramática. El régimen ha restringido aún más los espacios y ha incrementado la represión, y no muestra ninguna intención de hacer reformas para democratizar el país.El aplastamiento de la sublevación popular abrió las oportunidades para la búsqueda forzosa de una salida que invierta el orden de prioridad nacional. Ahora se trata, para los de siempre, de no poner en riesgo los intereses del capital. Salvar la economía es lo principal, la democracia y los derechos hu-manos —de nuevo— pueden esperar. Más de 70 presos políticos se mantienen en las cárceles, más de 100 000 nicaragüenses están exiliados y todo el país vive un estado de sitio de facto con todas las garantías y derechos conculcados, lo que dificulta enormemente la recuperación de las calles como escenario político. Aun así, los sectores más conser-vadores, en particular el Cosep y los partidos polí-ticos, empujan hacia una “salida realista”: celebrar elecciones en noviembre de 2021.

13ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •LA SUBLEVACIÓN DE ABRIL: GÉNESIS Y PERSPECTIVAS La preocupación de dos años seguidos de recesión —2018 con -3.8% y 2019 con -5.1% de crecimiento económico— y la certeza de un tercero forman parte del argumento. Los banqueros, el gran capi-tal y la cúpula orteguista, que ahora forma parte de la esfera de los ricos, coinciden en que lo primero es recuperar el crecimiento económico, aunque la transformación impulsada por la ciudadanía en abril de 2018 se postergue.Con el movimiento popular en estado de sitio, bien podrían imponerse las elecciones con Ortega en el poder, incluso como candidato, en un proceso sin libertades ni garantías verdaderas. Ése sería el peor de los escenarios posibles. Ortega juega con el tiempo para buscar reformas cosméticas que per-petúen su mandato sino en el ejecutivo, al menos con una fuerza suficiente en el parlamento y sus incondicionales en el Ejército, la Policía y demás poderes del Estado, con el objetivo de imponerse como el actor indispensable en cualquier negocia-ción futura.Con los presos políticos libres, el pueblo en las ca-lles y las organizaciones populares como actores, un escenario intermedio sería conseguir adelantar las elecciones, previas reformas electorales profundas, nuevas autoridades en el cse y todo el aparato elec-toral, un padrón depurado, la posibilidad de cons-truir coaliciones independientes no sometidas a los partidos legales —restricción pactada entre Ortega y Alemán— y vigilancia internacional del proceso, entre otras. ¡Pero las dictaduras no se autoinmolan!Otro escenario sería que los sectores más reacciona-rios de EE. UU. lograran unir a la derecha oligárquica clásica —banqueros, importadores, terratenientes, políticos pactistas—, aliada de Ortega hasta 2018, con elementos de las fuerzas armadas y apostaran por una acción de fuerzas o un relevo político por la vía electoral.Una tercera alternativa es la sublevación. Que las restricciones extremas en las que estamos viviendo abonen a la conciencia para encender un levanta-miento que saque a Ortega del poder y ayude a crear los espacios para una transición democrática. El go-bierno lo sabe, por eso ha incrementado el número de policías en las calles y ha fortalecido el presupuesto para la represión. La pertinencia de este escenario radical se funda en la convicción del derecho legítimo de un pueblo oprimido a la rebelión y en los sobrados argumentos que sostienen que la sublevación no es golpismo (Baltodano, 2018).Promover la más amplia alianza antidictatorial y un plan de lucha alrededor de las necesidades de la gente, y organizar la resistencia son las tareas urgentes del movimiento popular. Poco importa si es una minoría en la estructura de la Coalición Nacional opositora. Lo esencial es movilizar y coordinar a los sectores populares para seguir manteniendo en alto, desde la calle, las reivindicaciones de las y los luchadores insurrectos y de los héroes asesinados desde abril. Sólo el pueblo salva al pueblo.REFERENCIASagencias. 2008, 16 de noviembre. “La oposición de Nicaragua marcha contra el fraude”. El País. https://elpais.com/internacional/2008/11/17/actualidad/1226876402_850215.html.aguilar, alejandro. 2014. Novena Reforma Constitucional 2014. El cambio de las reglas del juego democrá-tico en Nicaragua. Managua: Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.amnistía internacional. 2009. La prohibición total del aborto en Nicaragua. La vida y la salud de las muje-res en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados. Madrid: Amnistía Internacional.baltodano, mónica. 2009. Sandinismo, pactos, demo-cracia y cambios revolucionarios: contribuciones al pensamiento político de la izquierda nicaragüense. Managua: s. e.—. 2014. “¿Qué régimen es éste? ¿Qué mutaciones ha experimentado el fsln hasta llegar a lo que es hoy?”. Envío 382, https://www.envio.org.ni/articulo/4792.—. 2018, 13 de agosto. “Sublevación no es golpismo”. Confidencial. https://confidencial.com.ni/sublevacion-no-es-golpismo/.cajina, roberto. 2016. “Armados con motivos políticos: una tragedia que se repite”. Envío 413. https://www.envio.org.ni/articulo/5222.—. 2018. “Ejército de Nicaragua: ¿espectador o cóm-plice?”. Envío 440. https://www.envio.org.ni/articulo/5552.

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