El año próximo deberían celebrarse elecciones para presidente en Nicaragua, y para integrar una nueva Asamblea Nacional. La buena fe del régimen, si la tuviera, debería estarse demostrando desde ahora, en busca de crear garantías democráticas suficientes que permitan a los ciudadanos elegir de verdad, sin trampas, y que todo el proceso estará sometido a la observación internacional. Sería la única manera de superar pacíficamente la crisis política, social y económica que agobia al país.

Pero está ocurriendo todo lo contrario. El régimen ha tomado más bien la iniciativa de apretar las tuercas antidemocráticas a través de dos medidas legislativas que están ya en marcha: restablecer la cadena perpetua como castigo a los delitos de odio, con la intención de castigar a los adversarios; y perseguir a esos mismos adversarios, estigmatizándolos como agentes extranjeros.

No se trata, en el primer caso, de castigar el odio racial, o el odio contra las minorías, sino a quienes adversan al régimen. Esto quedó claro en un discurso de Daniel Ortega el pasado 15 de septiembre, día de la independencia, al referirse a su propuesta de cárcel de por vida:

“Ellos quieren ya seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas, provocar destrucción, más destrucción de la que provocaron en abril de 2018… no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo. Están llenos de odio. Son criminales…”. Estos serán, pues, quienes irán a prisión perpetua, condenados por delitos de odio.

La otra medida es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, presentada a la Asamblea Nacional por el partido oficial, la cual obligará a registrarse como tal a todo aquel que “se desempeñe o trabaje como agente… de un organismo extranjero… o cuyas actividades sean directa o indirectamente supervisadas, dirigidas, controladas, financiadas o subsidiadas en su totalidad o en parte por gobiernos, capital, empresas o fondos extranjeros…”.

Todos estos ciudadanos pasan a formar una clase aparte de parias antipatrióticos, porque se presume que cometen acciones contra la seguridad del Estado, ya sea que los fondos sirvan para financiar un seminario de formación democrática, promover los derechos humanos, o proveer mascarillas preventivas contra la pandemia, y que por eso mismo deben registrarse en una lista negra. Y el Estado queda autorizado “a intervenir los fondos y bienes muebles e inmuebles de la persona” que se niegue. Y una vez registrados, quedan prohibidos de toda actividad política. Llamar a todas estas personas “agentes extranjeros” es un eufemismo. El régimen, bajo los términos de esa ley, los considera agentes al servicio del enemigo, sean gobiernos, entidades financieras o agencias de cooperación. Todos se hallan en el campo enemigo, y deben registrar a sus agentes.

En Rusia se llama igual, ley de agentes extranjeros, votada por el parlamento fiel a Putin en 2012. En 2019, la categoría fue ampliada por Putin para incluir a los medios de comunicación, periodistas independientes y blogueros que se considere están al servicio de gobiernos o instituciones de otros países. Una ley contra la que el Parlamento Europeo emitió una resolución de condena en diciembre de 2019, por violatoria de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La ley de agentes extranjeros que va a aprobarse en Nicaragua no solo viola las convenciones internacionales de derechos humanos, sino la propia Constitución Política, pues pasa por encima de las garantías y derechos ciudadanos de manera flagrante. Es una obsolescencia que trata de afianzar un modelo totalitario, igual que la cadena perpetua es otra obsolescencia, piezas de un museo ideológico.

O peor que eso. Piezas para armar la fantasía de un poder para siempre que más imposible se vuelve mientras más se cierra sobre sí mismo, y enlista a quienes se le oponen como enemigos a muerte, condenados a cadena perpetua, o al estigma excluyente de agentes del enemigo.

Sergio Ramírez
www.sergioramirez.com