Managua, 6 oct (EFE).- La Policía de Nicaragua y grupos paramilitares vigilaron una reunión a distancia sostenida este martes entre familiares de “presos políticos” y varios eurodiputados, a dos días de que el Parlamento Europeo debata sobre dos propuestas de leyes sandinistas que condicionarían la libertad de información y los derechos políticos en el país centroamericano.

Según denunció la Organización de Víctimas de Abril (OVA), al menos cinco patrullas policiales y un número no determinado de civiles armados oficialistas, conocidos como “paramilitares”, rodearon un hotel en las afueras de Managua, donde siete madres y cuatro activistas acudieron para una teleconferencia con los eurodiputados, cuyos nombres no fueron divulgados.

“Hubo mucha tensión, las madres y esposas de los presos políticos estaban alarmadas, la situación para ellas es muy crítica, porque sus familiares en la cárcel llevan siete días en huelga de hambre y han recibido mucha presión para que esto no se sepa”, dijo a Efe una portavoz de OVA, presente en la reunión.

La reunión entre los familiares de “presos políticos” y los eurodiputados tenía como objetivo actualizar la información sobre la crisis política de Nicaragua, que esta semana volvió a recrudecer luego de que 53 reos anunciaron una huelga de hambre, incluyendo a cinco que se cosieron la boca, para exigir su libertad al presidente Daniel Ortega, así como unidad a la oposición, para que logre un cambio de Gobierno en el corto plazo.

Algunos de los convictos con los labios cosidos fueron trasladados a calabozos de aislamientos, en castigo por mantener su decisión, señaló OVA.

CONTROVERSIA POR LEYES

Antes del anuncio de la huelga de hambre la tensión ya había aumentado en Nicaragua, cuando los diputados sandinistas anunciaron los proyectos de “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” y “Ley de Ciberdelitos”, que según diversos sectores, incluyendo la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), cercenarán derechos inalienables, como es el de obtener o dar información, y el de la presunción.

La propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros obligaría declararse como tales a todas las personas que reciban fondos del exterior, salvo pensiones, remesas familiares o inversiones, y estas no tendrán derecho a participar de las políticas internas, incluso si son nicaragüenses o viven en el exterior.

La iniciativa de “Ley de Ciberdelitos” castigaría a cualquier persona o institución que emita información que el Gobierno considere negativa, por lo que desde ya ha sido denominada como “Ley Mordaza”.

Los proyectos de ley, que no tendrían problemas en ser aprobados por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, fueron propuestos a 13 meses de las elecciones generales, que la oposición exige sean “libres, transparentes y observadas”, para evitar un posible fraude que favorezca a Ortega, quien está en el poder desde 2007.

Dichas iniciativas serán discutidas en el Parlamento Europeo, y su aplicación podría poner en riesgo la permanencia de Nicaragua en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, según ha anticipado el eurodiputado español José Ramón Bauzá.

Nicaragua atraviesa una profunda crisis sociopolítica desde abril de 2018, cuando masivas protestas antigubernamentales fueron controladas con ataques armados que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2018 murieron al menos 328 personas como producto de la crisis. Organismos locales cuentan 684 desde entonces. Ortega admite 200 y sostiene que fue víctima de un “golpe de Estado fallido”.

Nicaragua no vivía una crisis similar desde 1980 a 1990, también con Ortega en la Presidencia.