Mientras se preparan las asambleas de los pueblos que conforman el Congreso Nacional Indígena (CNI) para responder a la invitación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de recorrer con ellos los cinco continentes, empezando por Europa en abril del 2021, el abogado Carlos González, del CNI, explica que este 12 de octubre, en el marco del 528 aniversario de lo que se conoce como el Descubrimiento de América, diversos pueblos originarios del país se movilizarán para denunciar “las políticas de guerra” del Estado contra las comunidades indígenas.

Con el actual gobierno federal, advierte González, se han profundizado las políticas de despojo de los territorios y tierras de las comunidades indígenas: “Existe una política de guerra del Estado a los pueblos originarios, que se expresa de manera muy clara en los grandes megaproyectos, en la imposición decidida del Proyecto Integral Morelos a pesar de la oposición de los pueblos de la región; en la imposición del Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos; y en la imposición del llamado Tren Maya, por mencionar tres de los grandes proyectos en zonas indígenas”.

Estos tres megaproyectos, explica el especialista en derecho agrario, “tienen como finalidad no sólo el despojo y que la población de las comunidades se convierta en mano de obra barata para las maquilas que piensan desarrollar, sino que también pretenden reordenar las fronteras del norte de América en función de los intereses de Estados Unidos”. Aunado a esto, denuncia, existe otro proceso paralelo y silencioso para imponer una serie de planes y de políticas extractivistas como la minería con el otorgamiento de nuevas concesiones en el actual gobierno, y la entrega de los bienes nacionales como playas, manglares y lagunas con fines turísticos e inmobiliarios.

Y simultáneamente, continúa González, “crece la privatización del agua, pues sin agua no hay minería, no hay política energética, no hay explotación de petróleo, no hay explotación de gas, y los grandes megaproyectos, como el Tren Maya o el PIM, se desfondan”.

−¿Qué implicaciones para los pueblos tiene la Ley de Aguas? La parte nodal, desde que el neoliberalismo empezó a imponer transformaciones o cambios legislativos con relación a la tierra y a los bienes naturales que se encuentran en ella, fundamentalmente el agua, ha sido imponer un régimen de concesiones o de contratos donde en apariencia el agua es el tipo de recurso que está en manos de la nación o de los pueblos y comunidades, pero es de a mentiritas.

Desde 1992 se aprobó una nueva ley de aguas nacionales en la que se establecía que los particulares podían solicitar la concesión de aguas que les otorga un título, el cual podía entrar al mercado, lo que hace que el agua esté como una mercancía privada pero disfrazada de concesión, es decir, en apariencia sigue bajo control del Estado. La minería funciona del mismo modo, mediante el otorgamiento de títulos de concesión a través de los cuales se otorga la facultad a los particulares para explorar y explotar recursos mineros que se encuentran en el suelo.

En el caso de la energía eléctrica la privatización ha sido de manera libre desde hace años. Se ha permitido a las empresas producir para ellas, para los particulares y comercializar los excedentes. En el caso del petróleo y del gas se inventaron, con la última reforma estructural, que el petróleo no va a salir de manos de la nación y que, por lo tanto, no habrá concesiones. Pero hicieron algo peor, generaron todo un régimen de contratos más flexibles y adecuados para la gran industria petrolera y extranjera, en este contexto de la privatización.

−De manera paralela a lo que explicas, operan los programas de bienestar del gobierno con recursos para las familias indígenas. ¿Cómo se están recibiendo estos programas y cómo afectan la vida comunitaria?

Todos los programas que está aplicando el gobierno son individualizados y generan un corporativismo social. Esto ya lo vivimos con Carlos Salinas de Gortari, cuando llegó al gobierno totalmente deslegitimado por el fraude electoral cometido en agravio de Cuauhtémoc Cárdenas y aplicó el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).

En el caso de AMLO ocurre lo mismo. Se trata de una suerte de programas que están inscritos dentro del esquema liberal para ser otorgados de manera individual, son programas que quiebran la organización colectiva y que además tienen un impacto en la base de las comunidades.

Hay programas muy específicos, como Sembrando Vida, que están generando una enorme división y quebrantamiento del tejido social en las comunidades. Los jóvenes o titulares de derechos ejidales o comunales reciben dinero y hay otros que no reciben, y cuando se trata de definir tareas en la asamblea, están surgiendo confrontaciones sin que se pueda generar consenso.

−¿Y qué papel están jugando el Ejército y la Guardia Nacional? Hay una profunda militarización en las comunidades a través de la Guardia Nacional, que es un cuerpo conformado y comandado por militares, pero sobre todo por el Ejército y la Marina de manera directa. El ejecutivo federal ha emitido una serie de acuerdos que les dan facultades para intervenir en la seguridad pública de aquí al año 2024.

En las comunidades vemos la presencia de estos grupos militares en una lógica de guerra y de invasión. Se ha documentado el despliegue de la Guardia Nacional y efectivos militares en estados que tienen poca actividad criminal, pero que son importantes por la presencia de la población indígena y los proyectos que pretenden desarrollar, como Oaxaca o Chiapas.

−Hay un discurso presidencial sobre la defensa de cultura de los pueblos y se habla hasta de pedirles perdón por agravios históricos.

Si hay un ataque al territorio, hay un ataque a la comunidad en su conjunto. La cultura de los pueblos se desarrolla en la relación que tienen con su territorio, que tienen como comunidad. La política de despojo, la imposición de proyectos, el hecho de que continúe la migración hacia las ciudades, impacta de manera notable en la cultura.

No ha habido un solo cambio en la política educativa del Estado hacia los pueblos indígenas. Sigue la política de educación bilingüe, que es de asimilación cultural y que ha llevado a la destrucción de las lenguas.

Por otra parte, la perspectiva sobre la conquista de los pueblos indígenas y la exigencia del perdón por parte de España y del rey, finalmente también es una pantalla, un encubrimiento de las políticas que actualmente generan guerra y sangre en los pueblos indígenas.

−Los cárteles del narco ¿cómo operan en las comunidades? Hay carteles profundamente involucrados en los territorios indígenas. Se encuentran en todo el país, pero en las regiones indígenas tienen presencia importante, y donde no la tienen es a costa de una lucha y organización permanente y desgastante de los pueblos y las comunidades cercadas por los criminales. Eso es lo que tendría que estar atendiendo el ejecutivo federal, si efectivamente le preocupan los agravios que han sufrido los pueblos originarios.

−¿Y la resistencia?

Existe la resistencia en donde quieren imponer proyectos mineros, proyectos de energía, gasoductos. Existe de manera notable en los pueblos zapatistas de Morelos, Puebla y Tlaxcala que están luchando contra la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto y el acueducto; en comunidades de Oaxaca y Veracruz contra el Corredor Interoceánico; en la Península de Yucatán y en Chiapas contra el Tren Maya, y así en el resto del país.

Pero el movimiento y las comunidades indígenas estamos viviendo desde hace meses en un aislamiento con relación a otros sectores de la sociedad civil que antes se habían pronunciado en favor a los pueblos y que ahora están confundidos con las políticas de la cuarta transformación. La idea ahora es generar una serie de acciones que rompan ese aislamiento y que permitan desenfundar la máscara de la cuarta transformación.