Unas 2.000 familias se enfrentan a una orden de desalojo inminente en la localidad bonaerense de Guernica, escenario de una masiva ocupación de tierras desde mediados de julio. Los ocupantes, en su enorme mayoría desempleados, pusieron el dedo en la llaga de un problema endémico en la región: falta de viviendas y prioridad judicial a los derechos de propiedad empresarial

Las primeras familias ya estaban instaladas para el viernes 24 de julio. Por aquella fecha emitieron un comunicado en el que presentaban un proyecto de urbanización que contempla la construcción de viviendas, una plaza pública, una sala de primeros auxilios, una escuela y un centro cultural. «Toma ilegal de tierras», llamaron al hecho tanto el gobernador bonaerense Axel Kicillof como la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. La Nación, Clarín e Infobae hablaron de «usurpación».

Son 100 hectáreas las ocupadas en la localidad de Guernica, a unos 60 quilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. Primero fueron unas 300 familias, a las que más tarde se fueron sumando nuevos contingentes, hasta llegar a unas 2 mil, según datos de hace dos semanas relevados por el gobierno provincial.

Las tierras se ubican en una zona descampada cuya titularidad pretende obtener la empresa dedicada a negocios inmobiliarios El Bellaco SA, que busca establecer allí y en zonas aledañas cinco barrios cerrados. Otros reclamantes se han presentado, también, ante el juzgado de Garantías de Cañuelas, al que compete el caso. Pero tanto desde la oficina del juez Martín Rizzo como de la Gremial de Abogadas y Abogados, que representa a las familias ocupantes, se señala que tanto El Bellaco como los demás «están flojos de papeles».

La situación se produce en plena pandemia y en el primer tramo de una administración nacional que por primera vez en la historia había otorgado rango ministerial al problema habitacional. La titular de la flamante cartera de Vivienda, María Eugenia Bielsa, tenía en carpeta una serie de planes nacionales que prometía ejecutar en compañía de un equipo de especialistas que viene del trabajo social, la demografía, el urbanismo y la militancia social. Pero la pandemia aceleró los tiempos de una crisis que ha estallado en las manos de la nueva gestión.

Radiografía de los ocupantes

Entre el 18 y 19 de setiembre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, dependiente del gobierno provincial, llevó a cabo un censo entre los ocupantes. Los resultados muestran a las claras la situación de precariedad y vulnerabilidad de todos ellos. Hay 1.904 familias censadas con 2.797 niños y adolescentes, a lo que se suman 304 adultos solos. Apenas 404 personas tienen empleo estable, 271 son trabajadores informales, otras 20 son jubilados y discapacitados y 1.859 son desocupados. Del total de censados, 1.544 aseguran que ocuparon las tierras por no encontrar trabajo y estar imposibilitados de pagar un alquiler. Unos 51 lo hicieron por situaciones de violencia de género y 32 por estar en situación de calle. Como se ve, pobres entre los pobres.

«Construir una vivienda en estos predios ocupados lleva un promedio de entre cinco y diez años», asegura a Brecha Santiago Nardín, sociólogo, magíster en estudios urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento e integrante del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. «En Argentina, el acceso a la vivienda es caro, pero el acceso al suelo urbano lo es mucho más. Por suelo urbano entendemos tierras con la infraestructura para generar un hábitat adecuado para la persona humana, es decir, con acceso a servicios de agua potable, cloacas, energía eléctrica y gas, por ejemplo», señala.

Según un informe elaborado por el Ministerio de Seguridad provincial, durante la pandemia se produjeron 140 intentos de ocupación de tierras en el conurbano bonaerense, algunos impedidos mediante la represión policial. «Lo que está en juego es una disputa por el acceso al suelo urbano periférico, en un país donde ese suelo está históricamente muy desregulado y donde los actores inmobiliarios empresariales tienen mucho peso», agrega Nardín.

Historia silenciada

En 2018 se llevó a cabo el Censo Nacional de Barrios Populares. El Estado argentino considera «barrio popular» a «los barrios vulnerables en los que viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)». El censo arrojó un total de 4.416 de estas formaciones en todo el país –el 40 por ciento de ellas en la provincia de Buenos Aires–, habitadas por unos 3,5 millones de personas.

«Toda el área metropolitana de Buenos Aires se construyó históricamente en forma desorganizada, ya desde fines del siglo XIX. Los poblados se instalaron en las cercanías de estaciones ferroviarias que confluían –y que todavía confluyen– hacia la capital del país», expresa a Brecha la socióloga María Maneiro, especialista en conflicto social y en estudios de periferias urbanas. «Desde los años setenta del siglo XX se practica el loteo popular, que implica la compra de parcelas, a veces, de manera formal, otras, de modo informal, lo que da lugar a conflictos. Pero ya a partir de los años ochenta, con la dictadura militar, se dan las ocupaciones de tierras por la falta de viviendas populares y la disputa de suelos en manos de emprendimientos privados.»

Nardín apunta cuatro formas de acceso a una vivienda por parte de los sectores populares: «El primero es el mercado formal de viviendas, ya casi vedado hasta para las clases medias; el segundo son las políticas estatales de viviendas desmercantilizadas a través de planes sociales; el tercero es la ocupación directa de tierras, y el cuarto, complementario del tercero, es el mercado informal, donde tras la ocupación de tierras se producen subdivisiones irregulares e informales de los lotes».

«Las políticas públicas en materia de vivienda son deficitarias en este país», señala Maneiro. «Durante el segundo gobierno del kirchnerismo hubo un intento tibio e insuficiente de mejorar la legislación, pero por falta de fondos no se llegó a una política de Estado que contemplara estas demandas y que las solucionara», agrega. «El problema es económico y no moral», sentencia por su parte Nardín, que remata: «Las condiciones de ocupar una tierra y aguantar los conflictos, el frío, la falta de servicios básicos en casas precarias, son terribles, hasta que se logra construir la vivienda y alcanzar un hábitat adecuado para el grupo familiar. Y de eso no se habla. No sólo la gente padece lo incontable, sino que hay quienes mueren a causa de esas condiciones de vida».

La ley es tela de araña

Sobre la toma de Guernica pesa ahora una orden de desalojo que el juez Rizzo decidió posponer hasta el 15 de octubre. Mientras tanto, las familias volvieron a presentar un escrito ante el magistrado en el que reclaman el cumplimiento de la ley provincial de acceso al hábitat, sancionada en 2013. La norma plantea la interacción entre el Estado provincial, los grupos sociales interesados y las organizaciones de la sociedad civil para generar nuevos espacios habitables en la provincia.

«En general, los jueces nunca juegan a favor de estas familias», se lamenta, sin embargo, Nardín. «Y en este caso hay que decir, además, que primero llegó la represión, de la mano del ministro de Seguridad [Sergio] Berni, y muy tarde, hace apenas un mes, apareció el ministro de Desarrollo de la Comunidad para buscar salidas negociadas.»

La eventualidad del desalojo se dirime, mientras tanto, entre los ocupantes, el gobierno provincial y el municipal. Pero es prematuro pensar en un triunfo de los ocupantes. Los intereses en juego son grandes. «Entre las experiencias similares a la de Guernica podemos contabilizar unos 1.400 entramados sociales que resultan exitosos y son viables. Pero ninguno tiene las dimensiones de este caso, que por eso resulta tomado por los medios y genera tanta preocupación a los intereses económicos inmobiliarios», señala Maneiro.

«La cuestión central es el lugar que se le da a la propiedad privada», agrega. «Los jueces y el poder político casi nunca apuestan a quienes reclaman por la falta de viviendas. A decir verdad, la democracia no logró resolver esta carencia social.»

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Una larga ausencia

En 1981 se produjo la primera ocupación de tierras en el barrio San Francisco Solano, en el partido de Quilmes, aún en plena dictadura militar. Fue como respuesta popular a los desalojos hechos por el gobierno de facto en la ciudad y en el Gran Buenos Aires para hacer lugar a la construcción de autopistas.

Cinco años más tarde se produjo una nueva ocupación en los municipios de Quilmes y La Matanza, a partir de la organización de las Comunidades Eclesiales de Base de la Iglesia Católica y de los llamados Curas Tercermundistas, inspirados en la Teología de la Liberación. A ellos se sumó más tarde un sector del peronismo progresista encabezado por el diputado Luis Brunatti, que trabajó para que el Estado reconociera la problemática. Lo logró. El gobierno provincial del peronista Antonio Cafiero estableció, entonces, un Consejo de Asentamientos bonaerenses en el que se discutía con los referentes de esas barriadas algunas políticas públicas. El acceso a la tierra en esos años estuvo dado por una ley que pretendía otorgar tierras fiscales para urbanizar.

La nueva oleada de ocupaciones llegó ya en los años noventa con el menemismo. «Como resultado de la enorme crisis social en la que se encontraba sumido el conurbano bonaerense, los movimientos de trabajadores desocupados reactivaron una acción territorial autónoma», señala Santiago Nardín en su trabajo «Pasado y presente en las tomas de tierras en el Gran Buenos Aires», publicado en setiembre en la revista digital de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Tras la crisis de 2001 vino una recuperación de la obra pública que permitió un avance, entre 2003 y 2015, de la construcción de viviendas. Esta se desarrolló, no obstante, dentro del mercado formal y comercial. Así, fruto de los desalojos de inquilinos, el aumento de los precios de alquiler y el agotamiento de las tierras urbanas habitables, a partir de 2008 se produjo una nueva oleada de toma de tierras. Fueron ocupadas tierras en Lomas de Zamora, en el barrio campo Tongui, y en 2010 fue tomado el Parque Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati, en la capital. La pandemia arrojó, en los últimos meses, a muchas familias a una situación compleja en términos habitacionales en todo el país. El caso Guernica es un ejemplo de ello.