Poco a poco se van reanudando las actividades económicas en El Salvador a pesar de que la curva de contagios y el número de muertos, producto de la COVID-19, no deja de subir. Estos meses de estricto confinamiento dejan un país con una grave crisis económica y política, un aumento de la violación de Derechos Humanos y una acusación, por parte de los movimientos sociales y organizaciones de Derechos Humanos, al Presidente Nayib Bukele, al que culpan de aprovecharse de la situación para afianzar un poder autoritario.

El Presidente Bukele, al frente del partido GANA (escisión del ultraderechista ARENA), y después de ser alcalde de San Salvador con el FMLN, logró alzarse con la victoria en las elecciones presidenciales de febrero de 2019. En todo este tiempo han sido continuos los enfrentamientos con la Corte de Constitucionalidad y con la Asamblea Legislativa, a la cual no dudó en enviar a las Fuerzas Armadas el 9 de febrero para obligarle a aprobar un paquete de medidas legislativas. Bukele se presentó como el “candidato del Cambio” ante los dos partidos ARENA y FMLN que habían monopolizado la política salvadoreña desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Al igual que Donald Trump, utilizó las redes sociales como instrumento para hacer llegar su mensaje a una parte de la población, apelando a los sentimientos y careciendo la mayor parte de las veces de sólidos argumentos.

Así, Bukele ejerció su política durante los meses más duros de la pandemia mediante decretos, al margen de cualquier pacto con el poder legislativo, donde está en franca minoría, y al margen de la legalidad como arguye la Corte de Constitucionalidad. Para mejorar su imagen prometió una ayuda de $300 para las familias más vulnerables, cantidad claramente insuficiente para afrontar la canasta básica y que no llegó a la mayoría de la población necesitada, pero sí contribuyó a mejorar su imagen entre los salvadoreños y salvadoreñas.

Durante todos estos meses de pandemia el ejecutivo echó mano del estado de excepción para hacer cumplir sus decretos y recurrió al ejército y a la policía. Así mismo amenazó con el cierre a los medios de comunicación y alentó ataques físicos a periodistas. En el período de marzo a septiembre hubo más de 2.300 denuncias por violación de los Derechos Humanos, llegaron a 7.000 las personas retenidas en centros de contención y cientos de salvadoreños/as quedaron desprotegidos/as en diferentes países del mundo al no poder regresar a su país y sin apoyo consular. Además, según el Defensor del Pueblo, se incrementaron las denuncias por violencia machista e intrafamiliar, así como  las detenciones ilegales y el maltrato físico y psicológico por parte de las Fuerzas de Seguridad.

En este escenario de crisis, el gobierno no dispone de recursos suficientes para hacer frente al pago de los salarios de los funcionarios ni para apoyar a la mayor parte de la población que depende del sector informal de la economía

 

En esta situación de crisis sanitaria y humanitaria, Bukele enfrenta un país que inicia el mes de octubre con cerca de 29.000 casos de personas contagiadas, 850 personas fallecidas, con la tasa de mortalidad de médicos más alta de Centroamérica y una economía que según datos de la CEPAL contraerá el PIB en 2020 en un 8,6%,  provocando un descenso importante en los niveles de empleo (esta pérdida se situaría en unos 200.000 puestos de trabajo) y que conducirá  a que  un 40,2% de la población se encuentre  en situación de pobreza y un 11,9%  en pobreza extrema.  A ello hay que sumar un desplome de las exportaciones e importaciones, una caída de un 15% de las remesas internacionales, un 12% en la recaudación fiscal y además una previsión del 13% de déficit y una deuda del 90% del PIB.

En este escenario de crisis, el gobierno no dispone de recursos suficientes para hacer frente al pago de los salarios de los funcionarios ni para apoyar a la mayor parte de la población que depende del sector informal de la economía, de la pequeña empresa o del trabajo agrícola. Así mismo, carece de una política que constituya un escudo social de protección a los sectores de la población más desprotegida.

Las organizaciones de Derechos Humanos recuerdan al Presidente que “las medidas sanitarias de protección de las personas deben sustentarse en criterios legales y científicos, debiendo prevalecer el enfoque sanitario y no represivo, llevando implícito el respecto a la dignidad de las personas”. En este sentido se dirigen las declaraciones de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Pareciera que Bukele pretende afianzar una imagen de ruptura con el pasado que representan Arena y el FMLN y aprovecharse de ello para erosionar la incipiente democracia y afianzar su autoridad. En esa línea se vende a través de las redes sociales como un personaje moderno que actúa, toma decisiones y se enfrenta al “establisment” y todo ello con el horizonte de posicionarse para las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021.

El presidente Bukele no debiera ignorar la historia del país y no debiera dejarse llevar por la alta valoración de su imagen entre la población salvadoreña y sus expectativas electorales, pues la cruda realidad le recuerda que El Salvador es un país dolarizado y dependiente de los altibajos de la economía internacional, con una alta deuda pública y con una estructura económica débil para enfrentar la crisis que se avecina y que se profundizará en los próximos meses. Para afrontarla necesitará estabilidad política, diálogo con todos los sectores del país, respecto a los Derechos Humanos y una apuesta decidida por consolidar un estado democrático. De lo contrario, sus decisiones llevarán a un incremento de la crispación y la movilización social a la que pudiera estar tentado a seguir respondiendo con restricciones a los derechos fundamentales de la población, mayor represión y un reforzamiento del autoritarismo como forma de ejercer el poder. Esto le puede acarrear réditos electorales, que están por ver, pero el país no está para aventuras autoritarias que, una vez más, pagarán los sectores populares.

El reto es generar un Plan para salir de la crisis económica y sanitaria que esté basado en un consenso social e institucional, que priorice a los sectores sociales más vulnerables y que respete los derechos fundamentales de la ciudadanía. En los próximos días podremos ver cuál es el camino emprendido por el Presidente Bukele.