La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla

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Introducción

La llegada de la pandemia al planeta tierra intensificó los efectos de una pesadilla. La crisis que desató el Covid-19 dejó ver y agudizó las múltiples crisis que ya existían y las condiciones inhumanas en las que ya vivía una buena parte de la humanidad.

El eje del análisis se basa en la hipótesis de que la mayoría de los Estados actuales son estructuralmente incapaces de enfrentar una amenaza como la del SARS-CoV-2 sin estrategias que impliquen actos inhumanos, violatorios de derechos humanos y potencialmente criminales. Estas estrategias tienen que ver tanto con su debilidad estructural como con dinámicas más profundas relacionadas con la forma en que se configuran las relaciones de poder. Nos enfocamos en el poder Estatal entendido como dominio sobre la vida y la muerte de quienes viven o transitan por sus territorios o jurisdicciones, sobre todo en situaciones de “emergencia”.

El análisis parte de la combinación entre la violencia, los derechos humanos y el desarrollo en una situación de emergencia y la lógica del triage social como justificación ética de actos inhumanos. A partir de la revisión de algunos casos que hemos identificado como graves pretendemos identificar las violaciones graves de derechos humanos que se han cometido durante la pandemia por causas preexistentes agudizadas con la crisis sanitaria o bien por la ejecución de las medidas de emergencia. Abrimos la pregunta de si esos actos que han violado derechos humanos configuran crímenes de Estado. El ejercicio de señalar los actos nos parece esencial para desnormalizar lo que pretende imponerse como normal en el contexto de la pandemia.

Aunque nos enfocamos en algunos casos de algunos países del continente americano que permiten tener una visión general de las dinámicas Estatales en la región, vemos este texto como un primer paso en un análisis que valdría la pena hacer a mayor profundidad y en todas las geografías posibles. No es un texto fríamente calculado (aunque los cálculos sean fríos) o con pretensiones de objetividad y asepcia, surge de la indignación por las atrocidades que pretenden ocultarse bajo la tragedia de la pandemia, surge de la inquietud por encontrar rumbo para actuar frente a los crecientes abusos, surge de la urgencia por buscar señales de esperanza en medio de la incertidumbre.

Este texto es un inicio y a la vez es una invitación para construir o compartir análisis similares que puedan darnos una visión más clara de las dinámicas de poder en esta nueva etapa pandémica y de los actores que pretenden usar la crisis para sostener estructuras y relaciones que nos están llevando de una catástrofe a otra hasta que no quede nada más que (tal vez) ellos.

La pandemia

Un virus, un ser infinitamente pequeño, implicó una crisis social planetaria. La metáfora convertida en realidad sobre la fragilidad del mundo globalizado es devastadora. El origen griego de la palabra pandemia, “pan” (todo) “demos” (pueblo) pareciera un estado idílico de la humanidad, el único problema es que lo que en el 2020 une a todo el pueblo de este planeta es una elusiva y compleja enfermedad que demuestra la profunda vulnerabilidad de la humanidad. La pandemia no es resultado únicamente de la existencia del virus SARS-CoV-2, ni de las mutaciones que puede haber tenido, ni de los padecimientos que provoca, es resultado del impacto social que tienen la combinación de contagios, padecimientos y la capacidad de contención y respuesta que podemos tener como humanos y como sociedades. Lo que también hace distinto a una pandemia, y a esta en particular, es su dimensión global.

Desde el año pasado existían advertencias sobre el aumento de enfermedades provocadas por la deforestación en todo el mundo. Se sabía que esta práctica cada vez menos regulada podía implicar el surgimiento de enfermedades infecciosas. (Zimmer, 2019)

Según un reporte especial del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEP, 2020) los virus de origen zoonotico son enfermedades que están emergiendo de los animales y saltando a los humanos. De todas las nuevas y emergentes infecciones en humanos alrededor del 75 por ciento vienen de “especies de salto”, de otros animales a las personas. La mayoría de las zoonosis pasan de forma indirecta a través del sistema alimentario. En el estudio identifican siete factores que pueden estar provocando la aparición de estas enfermedades: 1) el aumento de la demanda humana de proteína animal; 2) la intensificación de la agricultura insostenible; 3) mayor uso y explotación de la vida silvestre; 4) utilización insostenible de los recursos naturales provocado por el acelerado crecimiento de las urbes, el cambio de uso del suelo y las industrias extractivas; 5) aumento de viajes y transporte; 6) cambios en las cadenas de producción y suministro de alimentos; y 7) el cambio climático.

Las condiciones para que llegara esta catástrofe se fueron anunciando. La pandemia es un desastre y lo que lo configura como tal no es la amenaza natural sino las vulnerabilidades o capacidades de enfrentar esa amenaza. El desastre es un fenómeno social que pone en crisis la “normalidad”, en el caso del Covid-19 lo que se pone en crisis es la capacidad de contener los contagios y evitar las muertes, algo que pone a prueba los sistemas sanitarios, económicos y políticos. Como cualquier desastre, la pandemia provoca tiempos acelerados a los que cualquier sociedad responde con aquello que tiene, es decir, lo que hay para enfrentarla es con lo que se puede enfrentar, sean capacidades técnicas, estructurales, económicas o hasta culturales.

Esta pandemia, la del coronavirus, es como cualquier desastre, pero no es cualquier desastre, es uno que ha puesto en crisis prácticamente a toda la humanidad, y en situaciones de crisis, como en un barco que se hunde, surgen todo tipo de reacciones y decisiones, sabias, solidarias, oportunistas y crueles.

 

La crisis de un mundo en crisis

 

Desde que llegó el Covid-19 ciertamente nada es igual que antes, la cruda realidad que se venía creando día a día provocada por el capitalismo desenfrenado que vivimos en casi todo el mundo nos llevó a tener las cifras de terror que tenemos ahora. Hoy en día prácticamente todos los seres humanos del planeta estamos siendo afectados por la incertidumbre que provoca la pandemia del coronavirus. Esa incertidumbre nos está haciendo añorar las crisis globales que teníamos antes de estar en esta crisis, pues como bien dicen muchos analistas como Naomi Klein (2020), el mundo ya estaba en crisis antes de esta crisis, estaba en llamas, en un deterioro ambiental catastrófico, con millones de personas sin posibilidades de sobrevivir y el resto apenas sobreviviendo, con un 1% de excepción. La privatización de la salud en casi todos los países y la situación de olvido en la que viven amplios sectores de la población han jugado un papel fundamental en el impacto que ha generado la pandemia del SARS-CoV-2.

Hemos presenciado miles de contagios, miles de muertes, y zozobra en todo el mundo frente a un enemigo mortal que parece apocalípticamente amenazante. Sin embargo, el viral coronavirus no es un monstruo mitológico invencible, es un organismo que provoca una nueva enfermedad, grave, en proceso de ser entendida, potencialmente mortal, pero con la rápida respuesta de médicos e investigadores en todo el mundo, tratable y curable sin necesidad de magia o soluciones espectaculares, simplemente con hospitales capaces de recibir a los enfermos, doctores bien capacitados y medicamentos adecuados y disponibles podría ser suficiente. Pero a pesar de ser en términos patológicos un problema remediable más allá de la existencia o no de una vacuna, el Covid-19 está resultando una tragedia de proporciones globales.

Más allá de las teorías de conspiración sobre el origen del virus (desde los estofados de murciélago hasta la guerra biológica), la realidad es que nadie estaba preparado. Prácticamente todos los países del mundo tuvieron que tomar medidas para enfrentar la llegada del virus o para tratar de retrasarla o aplanar la ya paradigmática curva de contagios. Algunos países han tenido reacciones más ágiles y efectivas que otros, pero la realidad es que ningún país parece salvarse.

Byung-Chul Han (2020) hace un interesante análisis de las condiciones culturales y políticas que permitieron a los países asiáticos enfrentar la pandemia con relativa efectividad, el resultado a largo plazo de su análisis es casi más preocupante que el virus en sí. China, Japón, Corea, Taiwán logran controlar el primer ciclo de la pandemia porque tienen un control casi total de la cotidianidad de las personas que viven dentro de sus fronteras. Vigilancia digital permanente, cámaras de seguridad en todos los espacios sean públicos o privados, reconocimiento facial, capacidad absoluta de control poblacional, sumisión completa al Estado (o confianza si nos gustan los eufemismos), y eso sí, cubrebocas, muchos cubrebocas.

La crisis sanitaria y humana que estamos viviendo en el mundo está siendo aprovechada sin duda para controlar a la población, aumentar la polarización en cada país y a nivel global, pasar leyes que en otros momentos habrían provocado mayores reacciones sociales, militarizar la vida social y la seguridad pública, vender, especular y continuar con la misma lógica que nos ha dejado en dónde estamos a nivel social, político, económico y ambiental.

 

¿Salvar vidas o salvar la economía?

 

Las respuestas de cada país, de cada persona, han sido diversas y hasta paradójicas desde las compras de pánico (sobre todo de papel higiénico y cervezas, esenciales al parecer para la supervivencia humana) que presuponen que un “otro mezquino” acumulará los recursos; la exigencia de estrategias de cuarentena coercitiva y vigilancia digital; hasta la “confianza” en la civilidad ciudadana. En toda crisis grave saca lo peor y lo mejor de la humanidad, como señaló Rodríguez Lascano (2020) “cada uno comienza a elaborar sus criterios de supervivencia, unos quieren asegurar papel de baño, pero otros se cuestionan una vieja forma de relación social y enseñan una solidaridad horizontal”.

En muchos aspectos, la pandemia, como apunta Zibechi (2020), acelera tendencias preexistentes que van desde la interrupción de la integración económica y el debilitamiento político del sistema hasta profundas transformaciones psicológicas y culturales.

En medio de la incertidumbre y del exceso de información verdadera, falsa y combinaciones entre ambas, algunas cosas se han vuelto evidentes: la primera es que la propagación del virus nos mostró el nivel de interconexión que hay entre los seres humanos de este planeta, contagio tras contagio. Ha sido necesario forzar el distanciamiento social para tratar de disminuir la frecuencia de esas conexiones y así tratar de reducir el número de contagios. La segunda es que los efectos y temores económicos y de abastecimiento de insumos médicos, alimentos, materias han mostrado el nivel de interdependencia global desde las grandes cadenas de producción hasta las cuestiones más cotidianas de la vida. La tercera es que, en tiempos del Big Data, de la nanotecnología, del aparente entendimiento y control minucioso que los humanos teníamos sobre el planeta, el imaginario de nuestra aptitud suprema de supervivencia y dominio sobre la naturaleza se desmorona y hace explícita nuestra vulnerabilidad como especie.

Algo que es importante apuntar es que esta pandemia pudo haberse prevenido, no la aparición del virus, los contagios iniciales, tal vez ni siquiera su expansión por algunos países, pero sí su dimensión global y su letalidad. En su análisis sobre la pandemia y el sistema-mundo, Ramonet (2020) muestra que en varios reportes recientes de las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, en análisis de expertos y en múltiples foros se había planteado la posibilidad de una pandemia de estas proporciones por un virus con las características del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, y en muchos casos se hicieron recomendaciones para establecer las medidas sanitarias para poder prevenirla o enfrentarla.

No eran necesarias medidas espectaculares ni tecnologías de avanzada sino estrategias simples con herramientas tan sencillas como el jabón, herramientas de costura para los tapabocas y la implementación de medidas de distancia, y evidentemente, un sistema de salud pública eficaz. Como señala Ramonet, Vietnam es un ejemplo interesante pues con unos cuantos contagios estableció estrictas medidas de distancia y logró controlar el brote en cuestión de semanas y sin un gran número decesos. Otros casos interesantes de reacción temprana son Nueva Zelanda y Cuba. En el primer caso limitando la hipermovilidad y estableciendo “burbujas” comunitarias que permitieron la interacción entre personas sanas. Los resultados de esas medidas los conocemos, contuvieron los contagios. En el caso de Cuba con un sistema de salud pública robusto, con claros protocolos de respuesta ante una situación como ésta, un importante desarrollo de medicamentos y diagnosticando casa por casa sin necesidad de grandes recursos espectaculares, simplemente con buena práctica médica. Es decir, había la experiencia, la información y las advertencias necesarias para que el mundo, y sobre todo la economía capitalista, aceptara con humildad una pausa en su avance devastador y evitara el número de muertes que se está registrando. Pero lo que se hizo se hizo tarde y con la excusa de la sorpresa, y esto ha tenido efectos graves en la vida de prácticamente todos los seres humanos del planeta, extendiéndose en el tiempo y afectando las relaciones sociales y sí, también las económicas.

A lo largo de la pandemia hemos escuchado reiteradamente la contraposición entre medidas sanitarias orientadas a evitar contagios, en particular las medidas de distancia social, y la economía global que aparentemente requiere volver a las actividades habituales y a la interacción directa entre personas, lo que ha planteado un aparente dilema entre salud y economía. El argumento de las medidas médicas y sanitarias para salvar vidas es directo, la distancia evita contagios, evitar contagios salva vidas. El argumento en favor de la reactivación de las actividades económicas es completamente indirecto, es decir que se basa en la idea de que la reactivación económica, la producción y el consumo, implica evitar el crecimiento del desempleo, de la pobreza y que eso resulta en mejores condiciones de supervivencia para todos. Plantea la idea de que la economía global salva vidas, tantas o más que el evitar contagios. Como si el sistema económico predominante antes de la pandemia beneficiara a todos.

La lógica neoliberal tiene un fuerte componente de sacrificio de poblaciones que dentro del cálculo de costo-beneficio para la economía considera menos valiosas y por lo tanto descartables, como lo señala puntualmente en una entrevista Mbembe (Bercito, 2020). Estas poblaciones suelen ser las mismas de siempre, aquellas que son consideradas menos valiosas o aquellas que sufren una violencia sistemática y estructural, es decir, aquellos que se encuentran en la zona del no-ser como diría Fanon (1973).

Meses después del inicio de esta crisis podemos ver cómo en muchos países los gobiernos están privilegiando la economía por encima de la salud, desde los rostros más grotescos, como el de Trump y Bolsonaro, hasta los llamados gobiernos progresistas. La mayoría han optado por salvar la economía, por presionar a la reapertura de la producción, por invitar a consumir, y por hacerlo con medidas sanitarias de protección individual (cubrebocas, lentes, guantes, etc), por comenzar a acostumbrarnos a lo que llaman una “nueva normalidad”.

Las medidas sanitarias de distancia implican una protección colectiva en donde como dice Marcos Roitman (2020b) el no salir no solo implica cuidarme yo de no contagiarme, sino también el cuidar que yo no contagie a otros, la distancia es una medida de protección colectiva, sobre todo en los numerosos casos asintomáticos que parecen ser característicos de este coronavirus. Estas medidas implican que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de que todos tengan las mejores condiciones posibles de supervivencia dentro de la lógica del distanciamiento. También implica que los propietarios o socios de las empresas privadas tienen que asumir costos por mantenerse inactivos durante un tiempo sin recurrir a despidos que harían más precaria aún la situación de los trabajadores. En este contexto también se requiere de servicios públicos robustos, sobre todo en lo sanitario, en la atención a quienes dependen de la economía informal para sobrevivir cada día y en la regulación de las actividades de producción esenciales (alimentación, energía y comunicaciones). Un Estado que depende de servicios privatizados depende entonces de la disposición del sector privado o de tener los recursos económicos y políticos para su expropiación y así poder asumir los requerimientos de las medidas de distancia. Evidentemente, como se ha visto en varios países, existe también la posibilidad de establecer medidas extremas de distancia sin prever las condiciones de supervivencia de la población más vulnerable, sobre todo aquella que vive día a día de la economía informal.

La reactivación de las actividades económicas presenciales implica un aumento en la interacción directa entre personas y por lo tanto una mayor exposición de la población al contagio del virus, por lo tanto requiere un énfasis en la protección individual. Esto exime a las empresas privadas de tener que asumir costos por las medidas de protección pues les permite reactivar su actividad lucrativa y hace dispensable la necesidad de que los empleadores asuman medidas de protección de la salud de los empleados. Asimismo, el Estado puede desafanarse de la necesidad de asumir la responsabilidad directa de que todos tengan los medios indispensables de supervivencia. Los servicios esenciales pueden seguir su camino de privatización, incluida la salud.

En este último escenario la responsabilidad de evitar el contagio recae completamente en los individuos y en su capacidad por aislar su cuerpo, lo que evidentemente será más o menos fácil dependiendo de su ubicación en las relaciones de producción. Un accionista adinerado de una empresa estará en mejores condiciones para distanciar su cuerpo de los virus que un obrero.

La pregunta aquí es cuántos Estados tienen aún las condiciones institucionales para asumir medidas de protección colectiva ante la pandemia, y cuántos están dispuestos a asumir los costos políticos y económicos para tenerlas. Lo que ya se percibe como una realidad en construcción es un nuevo ciclo de operación de los dos binomios en el proceso del capitalismo neoliberal que identificaba el Subcomandante Marcos (1997) hace más de veinte años: destrucción-despoblamiento y reconstrucción-reordenamiento.

 

El Estado de Malestar en la Cuarta Guerra Mundial

 

Desde hace décadas se fue instalando lo que Rodríguez Azueta (2019) llamó el Estado de Malestar después de que se fue desmantelando su opuesto, el Estado de Bienestar, así que ya teníamos normalizada la anormalidad que implicó que el Estado no gestionara la vida sino la muerte. Esto es lo que los zapatistas (Subcomandante Insurgente Marcos, 1997) llamaron la Cuarta Guerra Mundial, considerando que la Guerra Fría fue la tercera. Para ellos esta Cuarta Guerra es la peor y la más cruel, una que el neoliberalismo libra contra la humanidad. En esa guerra la política se convirtió en organizador económico, ya no en organizadora del Estado nacional. El crimen organizado fue penetrando los sistemas políticos y económicos de los Estados nacionales, las medidas económicas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional impuestas después de la crisis de la deuda mundial de los ochentas agudizaron las crisis de los negocios legales, la crisis de la deuda mundial provocó que los países “subdesarrollados” presentaran una reducción en sus ingresos dando pie al origen de una economía ilegal para llenar el vacío dejado por la caída de los mercados nacionales.

Antes de la llegada del SARS-CoV-2 ya habíamos presenciado rescates económicos y bancarios a costa de la gente. La economía que se instaló entonces ha estado basada y sostenida en la desigualdad. La lógica brutal de la etapa neoliberal del capitalismo trajo consigo una creciente gestión burocrática de la barbarie que se sintetiza en lo que Rodríguez Lascano (2017) define como la nueva ideología del dominio: la guerra humanitaria.

En estas circunstancias, el repliegue en tiempos de crisis de los derechos humanos como herramienta de resistencia ante los abusos del poder es brutalmente claro. De pronto la discusión de los derechos humanos regresó a la preservación de la vida, y a primera vista pareciera que a costa de todos los demás derechos. El año 2001 marcó el auge de los estados de excepción permanentes y de la seguridad como derecho supremo a reclamar, además de como fuente primaria de legitimidad. Poco a poco esta lógica se ha matizado entre escándalos por crímenes de guerra (reconocidos y no) y por la crisis de 2008 que puso en evidencia la fragilidad del sistema financiero global y la voracidad de las corporaciones transnacionales. Pero esas coyunturas que han evidenciado la brutalidad y la debilidad de los Estados se han enfrentado con la agudización de las condiciones que las provocaron. En el caso de la seguridad con el inicio de una guerra interminable en Medio Oriente y con la criminalización de quienes denuncian los actos atroces en esas guerras, como ocurre con el caso de Julian Assange. En el tema financiero la respuesta fueron costosos rescates que llevaron dinero público a bolsillos privados. Tanto la experiencia de 2001 en el campo de la seguridad como la de 2008 en el financiero nos enseña que una palabra que parece generar una aceptación casi mágica de las soluciones más aberrantes es “emergencia”.

Rajagopal (2007) señala que los estados de emergencia fueron un mecanismo para deslegitimar los movimientos de liberación en las colonias europeas y negarles a esos conflictos el estatus de guerra o de desafío al Estado, los reducía a situaciones que requerían el restablecimiento del orden. Por otra parte, el estado de emergencia permitió eliminar la aplicabilidad de normas jurídicas internacionales que podrían tener efectos en una situación normal de desorden interno. Esta experiencia, este mecanismo, se trasladó de los imperios al derecho internacional, que como Anghie (2015) señala deriva de los primeros, y de ahí a todos los Estados que de alguna manera se han armonizado con las formas jurídicas europeas. El efecto de este traslado es que en un estado de emergencia no existen muchas normas jurídicas que puedan aplicarse, no es una situación de guerra por lo tanto el derecho internacional humanitario queda relegado, y no es una situación normal, no es tiempo de paz por lo que los derechos humanos quedan mayormente sujetos a los criterios que el Estado establezca para la emergencia.

Existen algunas normas internacionales como los Principios de Siracusa adoptados por la ONU en 1984 que establecen algunas disposiciones que deben aplicarse cuando por una declaración de emergencia un Estado pretenda limitar o derogar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre otras cosas establece garantías que no pueden ser suspendidas como el derecho a la vida, a no ser torturado, a la libertad de pensamiento, entre otras, y establece criterios de necesidad, legalidad, racionalidad, proporcionalidad y temporalidad para las declaratorias de emergencia. Sin embargo, así como establece protecciones a ciertos derechos insuspendibles, también establece criterios para que los Estados puedan suspender otros derechos en situaciones que consideren de emergencia, aludiendo al mismo tiempo a la responsabilidad de los Estados en cuanto a lo “estrictamente necesario”. En el caso de las emergencias como la que presenta el Covid-19, los Principios de Siracusa determinan que:

 

“La salud pública puede invocarse como motivo para limitar ciertos derechos a fin de permitir a un Estado adoptar medidas para hacer frente a una grave amenaza a la salud de la población o de alguno de sus miembros. Estas medidas deberán estar encaminadas específicamente a impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar cuidados a los enfermos y lesionados.” (UN Commission on Human Rights, 1984).

Estas normas tienen una redacción general y están sometidas a los criterios geopolíticos que determinan su aplicabilidad como ocurre recurrentemente en el derecho internacional. A esto hay que agregar que una catástrofe de la que deriva una emergencia genera un estado de conmoción en la población que la inmoviliza por lo menos temporalmente y que la hace susceptible a aceptar las acciones que determinen quienes aparentan tener el control (Klein, 2007). Esto dificulta la posibilidad de poner la atención sobre normas internacionales poco difundidas y dificulta su aplicabilidad, ya no sólo por el contexto geopolítico global, sino por la dificultad de enfrentar simultáneamente la conmoción y enfrentar los abusos de los agentes del Estado. El estado de conmoción que produce la catástrofe, en este caso la pandemia, aumentado por la acción del Estado deriva en un comportamiento de socialconformismo (Roitman, 2020a) que inhibe la conciencia y paraliza la posible acción colectiva en un estupor que se presenta como responsable. Todo esto permite que durante una catástrofe se dé el ambiente para que la gestión de la vida y la muerte quede en manos de quienes detentan el poder del Estado o están en condiciones de manipularlo.

A este proceso de la emergencia hay que agregar otro elemento que tiene orígenes anteriores a la pandemia. Ulrich Beck (2003) señalaba dos procesos que permean los Estados y las sociedades en el proceso general de globalización, el del régimen neoliberal y el de los derechos humanos. Por una parte, en el período neoliberal los derechos humanos pasaron de ser una forma de defensa contra el poder a ser la concreción del poder como apunta Douzinas (2005). Por otra parte, el neoliberalismo llevó en las últimas décadas del siglo XX a acelerados procesos de privatización en sectores antes bajo el control del Estado, convirtiendo a este último en la representación de una facultad técnica administrativa que posibilitó el crecimiento de una economía global corporativa (Sassen, 2007).

En una especie de armonización entre el régimen neoliberal como forma de estructuración de las relaciones económicas y Estatales en la globalización con los derechos humanos como su discurso moral, toma fuerza otro discurso heredado del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, el del desarrollo. Esta preocupación por el desarrollo surge tanto de las problemáticas que representaban las ex-colonias y ahora nuevos Estados en términos de pobreza en combinación con la necesidad de las antiguas metrópolis por recuperarse tras la guerra (Naredo, 2015). Si bien el concepto de desarrollo en la posguerra tomó un carácter eminentemente pragmático, durante el período neoliberal ese pragmatismo se volvió tan brutal en lo concreto como eufemístico en el discurso. Desde los sesenta y setenta el desarrollo se volvió casi un sinónimo de bienestar, y a finales de los noventa ese bienestar potencial parecía justificar cualquier acción, cualquier proyecto, cualquier violencia.

Como también advierte Rajagopal (2007), la violencia del desarrollo suele ser un punto ciego de los derechos humanos, habitualmente se le ubica fuera de ese campo, a pesar de la cantidad de violaciones sistemáticas que derivan de ella. Si bien la violencia del mercado es regularmente señalada en toda clase de movimientos sociales, foros y discursos para denunciar los efectos perversos del capitalismo, ésta se ha ido adaptando y se oculta bajo esa otra violencia del desarrollo que es menos señalada. Estar en contra del mercado en América Latina puede ser hasta habitual, es ir en contra de los ricos en países mayoritariamente pobres (independientemente de las alquimias estadísticas), pero estar en contra del desarrollo significa ir en contra de los intereses del bien común del país, por lo tanto, la violencia generada por el desarrollo tiende a volverse aceptable.

La justificación de la violencia en nombre del desarrollo resulta en una argumentación capaz de socavar cualquier intento por frenarla desde el discurso de los derechos humanos, porque si bien es posible condenar a quienes cometen abusos puntuales, la causa estructural de esos abusos, los proyectos de desarrollo, suelen seguir su curso.

Una noción que resulta muy útil para referirse a la relación entre comercio y violencia en la economía política contemporánea es la de Necrocapitalismo (Banerjee, 2008) que establece que las formas contemporáneas de acumulación organizacional implican desposesión y sometimiento de la vida al poder de la muerte. En el necrocapitalismo la violencia, el despojo y la muerte, son resultado del proceso de acumulación, ahí se generan espacios que parecen inmunes a la intervención legal, jurídica y política, provocando la suspensión de la soberanía. Las corporaciones aprovechan cualquier situación para implantar estados de excepción y beneficiarse económicamente de ellos. Aquí entran los desastres, las guerras que aplanan el camino para la posterior reconstrucción que implica el endeudamiento de los países y la ejecución de programas de ajuste.

El Covid-19 no llega a un mundo en blanco, se expande en ese mundo, en ese contexto de necrocapitalismo, de violencia, de eufemismos, de bienestar privatizado, de servicios públicos insuficientes y de Estados profundamente dependientes de los actores más poderosos del mercado. En conjunto con esto, en esta crisis de 2020, la del SARS-CoV-2, no nos enfrenta a “otros” humanos, sino a un “otro” invisible y aparentemente incontenible que pone en riesgo nuestra posibilidad de respirar y por lo tanto de vivir. Esto ha generado una enorme incertidumbre sobre lo que queremos proteger de “lo humano” y sobre cómo responder, sobre todo porque está implicando ponerse frente al sistema hegemónico y a sus inocultables contradicciones y sus peligrosas deficiencias.
El Triage Social: ¿Salvar qué vidas para qué economía?

La pandemia del Covid-19 ha explicitado el control poblacional a través de la gestión de recursos de supervivencia limitados, se han desarrollado algoritmos éticos para tener la capacidad de decidir quién debe sobrevivir y quién no a partir de imaginarios sobre el “bien común” o ideologías que resuelven el dilema ético de quién los merece y quién no.

Un algoritmo es una mala pronunciación latina de Al-Khwarizmi, el matemático persa del siglo IX, cuyo nombre durante la edad media se usó para describir cualquier método de cálculo sistemático o automático. Algoritmo actualmente tiene muchas definiciones, es un árbol de decisión, es un sistema al que se le ingresa información y del que se obtienen respuestas, es un conjunto de instrucciones que el usuario sigue de manera mecánica y de las que obtiene un resultado ideal (Steiner, 2012). Desde la edad media el estudio de los algoritmos ha dado resultados interesantes en la búsqueda de respuestas, sin embargo es hasta Claude Shannon que a finales de los treinta combinaría la matemática binaria de Leibnitz con el álgebra booleana para diseñar circuitos electrónicos capaces de guardar información y resolver problemas. Como lo analiza Castells (1999) la importancia de la producción y gestión de información desde ese momento y sobre todo a partir de finales del siglo XX ha transformado las relaciones sociales en el mundo en todos los ámbitos, incluidas las relaciones de poder y la política. Una muestra de la relevancia de la información es la cantidad que se produce y almacena, hasta 1986 la cantidad era de 2.64 billones de gigabytes (entre digital y análoga), para el 2007 (hace 13 años) la cantidad era ya de 294.98 billones de gigabytes, es decir que en 20 años se ha almacenado más de cien veces más información que desde el inicio de la historia hasta 1986 (Hilbert y López, 2011).

Además de la cantidad, la velocidad cuasi simultánea del flujo de información a nivel global ha llevado a requerir y depender de algoritmos capaces de procesar grandes cantidades en poco tiempo que permiten a quienes diseñan y controlan esos algoritmos tomar decisiones. En este sentido los algoritmos se han convertido en una nueva ideología científica para enfrentar la incertidumbre en un mundo global y a la vez reforzar las relaciones de dominación (Rodríguez Lascano, 2020). Los algoritmos se están utilizando para enfrentar problemas sociales y éticos, para tomar decisiones a partir de una lógica que implica ordenar, clasificar y en última instancia discriminar lo que sirve de lo que no sirve y a partir de ello decidir cómo actuar. La aplicación de algoritmos para problemas éticos y sociales implica aplicar rutas mecanizadas de decisión para tomar decisiones que afectan la vida en todos sus aspectos. Esto a su vez implica analizar la base sobre la cual se construye esa ruta mecanizada, es decir su propósito y su origen contextual e ideológico.

Uno de los algoritmos ético-sociales, o de justicia distributiva como argumentan Moskop y Iserson (2007), más conocidos actualmente es el triage médico, que viene de la palabra francesa trier (filtrar, seleccionar, clasificar y separar lo útil de lo desechable) utilizada en la actividad agrícola, cuyo origen se atribuye al Baron Dominique-Jean Larrey, jefe de la Guardia Imperial de Napoleón, que desarrolló un sistema para evaluar y clasificar la atención a los soldados heridos en batalla entre los que requerirían atención inmediata por la severidad de sus lesiones y los que podrían esperar para ser tratados. A mediados del siglo XIX el cirujano naval de la Armada Británica John Wilson agregó la clasificación de aquellos que no recibirían atención por no tener posibilidades de sobrevivir aún con tratamiento. Sobre esta base hay una larga historia de adaptaciones en los entornos militares, médicos y de servicios de emergencia. En todos los casos se utiliza para que en una situación de recursos médicos limitados se pueda ordenar, clasificar y discriminar pacientes.

La idea general es que en un escenario de múltiples víctimas provocado por un evento catastrófico la crisis, en términos médicos, tiene un protocolo claro de triage, de clasificación en grupos: los de fácil recuperación sin intervención, los críticos sin posibilidad de recuperación aún con una intervención y los graves con posibilidad de recuperación con una intervención. Este es un proceso que se puede realizar en varios momentos que van desde el lugar en el que ocurrió el evento catastrófico hasta la atención hospitalaria. El criterio es simple y existen varias versiones y adaptaciones del algoritmo de triage para tomar estas decisiones, pero en el terreno la clasificación depende de los conocimientos científicos, capacidades técnicas y valoración ética de quien decide, y quien decide normalmente será médico o paramédico porque habitualmente son los que están socialmente (moral y legalmente) legitimados para tomar esa decisión.

Ahora pensemos en una situación en donde la humanidad es ese escenario de múltiples víctimas provocado por la catástrofe de nuestras propias acciones. Así ha ocurrido con la pandemia del coronavirus en casi todo el mundo, el Estado está asumiendo las decisiones temporalmente, pero poco a poco el mercado y el Estado-gestor reasumen su relación para una gestión presuntamente “eficiente” de esos recursos limitados que favorece las relaciones de poder asimétricas. Las decisiones frente a la pandemia y sobre las prioridades (sanitarias o económicas) al respecto están estableciendo la clasificación de la sociedad y sobre cómo gestionar los recursos limitados de cada Estado y del mundo.

Sjoberg Vaughan y Williams (1984) definieron el concepto de triage social como el mecanismo mediante el cual las burocracias gestionan a los sectores más “desfavorecidos” de la población. Mientras que en el triage médico, heredado de las guerras napoleónicas, los descartados por ser irrecuperables mueren, en el triage social, a los descartados, las burocracias les sacrifican las posibilidades de acceder a recursos, si continúan viviendo o mueren resulta irrelevante y se vuelve invisible para el “bien mayor”. Un crudo ejemplo de una de las formas más obscuras del triage social es el que se dio en el primer periodo del régimen Nazi en Alemania cuando el gobierno de Hitler asesinó selectivamente a todos los que tuvieran alguna “discapacidad” para evitar que se contaminara la “pureza racial aria”.

En el caso de la actual pandemia el triage ocurre en ambos sentidos, en el médico y en el social. Cada Estado ha definido criterios para adjudicar los recursos sanitarios limitados a la población afectada por el SARS-CoV-2. A partir de criterios de bioética definen algoritmos para otorgar o negar atención médica directa, hospitalización o respiradores artificiales. Por otra parte toman decisiones sobre las actividades económicas, y sobre cuáles se consideran esenciales, sobre a qué sectores favorecer con programas públicos, es decir sobre qué partes de la población aprovecharán mejor los recursos del Estado para favorecer los propósitos del Estado, algo muy similar a la situación pre-pandemia.

Aquí surge un meta-triage, es decir una clasificación sobre qué sistemas de clasificación son más importantes. Se trata de salvar vidas, pero vidas específicas y a la vez de decidir sostener el sistema económico. Este meta-triage social, estas formas de decidir los criterios para clasificar a la población para decidir sobre la vida, la muerte, y sobre todo sobre las formas de vivir, de morir o de sobrevivir tienen que ver con las intervenciones y controles reguladores de la población que caracterizan a la biopolítica (Foucault, 1991) y a esas formas de existencia social características de la necropolítica (Mbembe, 2003), condiciones de vida a las que son sometidos grandes sectores de la población que los dejan en calidad de muertos vivientes.

En un estado de emergencia se hace explícito el triage como forma de poder, en donde todo lo que está formalmente bajo el dominio del Estado se convierte en un campo, en un espacio de excepción que cada vez más tiende a volverse permanente. Ahí y entonces, el soberano, el que puede determinar la excepción y definir los criterios del triage, asume el control para decidir sobre la nuda vida (Agambem, 2001), sobre los humanos como seres biológicos y de ahí determinar quienes tienen la calidad de ciudadanos acreedores de derechos, quienes se convierten en refugiados (más allá de la documentación que tengan o no) merecedores de ayuda humanitaria o persecución policíaca, y quienes quedan como zombies, muertos vivientes, condenados a las formas más precarias de supervivencia o a morir en el olvido.

En la emergencia específica de la pandemia, un criterio de triage es favorecer la protección del mayor número de personas de posibles contagios y evitando así que la demanda de servicios y recursos médicos supere los recursos existentes. Esto implica optar por ocupar mayores recursos públicos para asegurar la supervivencia de aquellos que dependen de la actividad productiva normal y presencial para sobrevivir. Además significa la reducción de ciertas formas de producción y consumo lo que implica, como habíamos establecido antes, una mayor presión sobre las empresas privadas en términos económicos y laborales, y a su vez una mayor presión política sobre los Estados. En este punto es importante anotar que algunos países han priorizado evitar la saturación del sistema de salud (camas y ventiladores) haciendo que las personas infectadas y con síntomas permanecieran en sus casas, algo que ha llevado a que muchos mueran sin llegar a los hospitales o que al llegar sean casos de gravedad extrema.

Otra posibilidad es favorecer la producción y el consumo y asumir el riesgo de mayores contagios y la sobre saturación de los servicios de salud que inevitablemente deriva en más muertes. La decisión de priorizar la actividad económica sobre la protección de la salud implica considerar esenciales a los actores con mayor poder de generación de riqueza y considerar “irrecuperables” o descartables a amplios sectores de la población con menor relevancia económica.

El debate entre la protección de la salud ante posibles contagios y la saturación del sistema de salud, la urgencia por “normalizar” la actividad económica y una especie de reconcientización de la necesidad de tener un planeta “sano” para poder sobrevivir como humanos, resultan en procesos definidos en la mayoría de los casos por unos cuantos “tomadores de decisiones” y “expertos” basados no sólo en una visión filosófica de lo humano ni en un diagnóstico o pronóstico de la sociedad, también en gran medida por coyunturas en las relaciones de poder, en su futuro mediato.

El triage social presenta un algoritmo que permite a los Estados justificar moral y técnicamente las consecuencias de decisiones éticas complejas en el que tienen que ver la gestión de la supervivencia y la discriminación de las poblaciones que rigen, igual que el paramédico, médico o primer respondiente en un escenario de múltiples víctimas donde sus decisiones de triage médico le permiten justificar la muerte de aquellos que determina irrecuperables. En este punto es importante preguntarnos si esas decisiones, bajo la justificación del triage o no, en el contexto del necrocapitalismo, implican violaciones de derechos humanos y si estas implican crímenes de Estado.

Si entendemos crimen de Estado como la desviación organizacional por parte de agencias del Estado que involucra la violación de derechos humanos (Green y Ward, 2000) entonces sí, quizás estemos ante la configuración de éstos considerando que la desviación organizacional se dio por privilegiar el funcionamiento de una economía desigual que ejerce formas estructurales de violencia y que beneficia fundamentalmente a una minoría sobre la necesidad de salvar el mayor número de vidas ante la crisis sanitaria.

 

La pandemia y los derechos humanos en crisis

 

Tanto la conceptualización de los derechos humanos como su aplicación y sus efectos están en una etapa de mucho debate y cuestionamiento. Y en estos tiempos se profundizan las crisis pre-existentes.

Un cuestionamiento central es el tema de su universalidad. La crítica conceptual de los derechos humanos tiene un argumento fuerte en que son producto de la narrativa europea de la modernidad que como señala Mignolo (2010) es la cara visible y benevolente de la colonialidad, por lo tanto su presunta universalidad tiene como centro una concepción eurocentrada en lo humano, patriarcal, blanco, heterosexual y capitalista, donde los que más se acercan a ese modelo se pueden considerar ciudadanos, dejando al resto de la humanidad en calidad de bárbaros peligrosos, salvajes inconscientes o seres antropomórficos sin la madurez genética o genérica para ser sujetos. No es coincidencia que sea precisamente el discurso de los derechos humanos el que se constituya como el discurso moral de la modernidad-colonialidad capitalista, como un vapor que respiramos y nos define sin percibirlo con claridad. En estas condiciones, los derechos humanos, su universalidad tiene un tono imperialista e implica la legitimación del sistema hegemónico instituido. En términos de Laclau (2005), los derechos humanos tienen como límite demandas intra-sistémicas.

Esa lógica intra-sistémica moderno-colonial está en las formas cristalizadas, sólidas de los derechos humanos, en la transformación de norma moral a norma jurídica que se concreta en la forma de garantías constitucionales o tratados internacionales. Aunque es un campo profundamente dependiente de los movimientos de la geopolítica, al convertirse en normas reconocidas dentro de las formas jurídico-institucionales del poder pueden adquirir una característica relevante, obligatoriedad. Evidentemente esta obligatoriedad, cuando existe, está limitada por el juego político, sin embargo, el laberinto jurídico de los derechos humanos ha logrado en algunos casos encontrar salidas a situaciones de injusticia.

En condiciones jurídicas los derechos humanos representan la concepción europea, moderna, liberal y colonial del Estado, y es cierto que su uso confirma las relaciones de dominación, sin embargo, en algunos casos concretos, pueden ser una herramienta complementaria que permite detener abusos, despojos, agresiones e incluso omisiones.

Otra forma de los derechos humanos está sujeta a la lógica de la política coyuntural que surge de la contraposición entre dominación y resistencia. Por un lado el hecho de que los derechos humanos se configuraran como el discurso de justicia y dignidad de la modernidad-colonialidad capitalista los convierte en el discurso de legitimación del poder y por consiguiente del Estado. Esto los hace también una narrativa que alimenta una retórica hipócrita que permite que las injusticias concretas y los abusos del Estado y de quienes ejercen alguna forma de poder se invisibilicen. Es decir, el Estado utiliza los derechos humanos como ideales abstractos, intangibles, desconectados de la cotidianidad política. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la Guerra Fría, los derechos humanos, junto con la democracia y el desarrollo, se han convertido cada vez más en uno de los discursos de legitimación del Estado, que paradójicamente llega a servir para justificar o enmascarar abusos e injusticias.

El otro lado de esa misma moneda es lo que ocurre con los derechos humanos vistos desde quienes padecen esas injusticias y abusos. Hobsbawm (1982) argumenta que en el siglo XVII los reclamos no eran sobre derechos universales sino peticiones sobre agravios concretos. De muchas maneras, los derechos humanos se han convertido en una herramienta más de quienes sufren, para algunos, específicamente aquellos que no logran estar en condiciones para configurarse como sujetos rebeldes, son el único recurso de defensa que les permite condiciones mínimas de resistencia. En estas situaciones, los derechos humanos permiten señalar la hipocresía del Estado, deslegitimarlo desde su propio discurso de legitimación. Esto evidentemente implica muchas estrategias de entre las cuales los derechos humanos son sólo una, pero en ocasiones muy útil.

Durante la pandemia los derechos a la vida, a la salud, a la salud pública y a un medio ambiente sano han tomado relevancia en la arena pública. En simultáneo a esto están las declaraciones de emergencia que ponen en segundo término otros derechos como el libre tránsito o la privacidad. Las mismas declaraciones de emergencia sanitaria están reemplazando a los derechos humanos como discurso de legitimación con uno de justificación sobre sus actos, el del triage social. La lógica del triage social funciona en la situación de emergencia como justificación ética de actos inhumanos y desplaza como discurso legitimador a los derechos humanos. Plantea una nueva narrativa hipócrita, que el cometer actos inhumanos en una situación como la de esta pandemia es justo y en defensa de la dignidad común.

En este punto resulta importante desenmascarar ese nuevo discurso hipócrita, lo que requiere demostrar que la lógica del triage social no es un manejo de recursos limitados en beneficio de las mayorías sino un mecanismo de eliminación o sacrificio de población desechable en beneficio de las minorías más poderosas y señalar la responsabilidad estructural de los Estados al llevar a cabo o favorecer actos inhumanos.

Para el análisis específico de la pandemia y los derechos será útil definir salud y salud pública. Salud es un derecho humano fundamental, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios” (Asamblea General ONU, 1948).

Para la Organización Mundial de la Salud salud es el “estado de completo bienestar físico, mental y social”. (International Health Conference, 2002). Según la OMS los derechos incluyen el derecho de acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar. Además debe prever el acceso al agua potable y al saneamiento básico, la educación para la salud, la mejora de los cuidados materno-infantiles, las condiciones de trabajo seguras. El derecho a la salud para todas las personas según la OMS significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Nadie debería enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no pueda acceder a los servicios de salud que necesita.

La salud pública implica que se consiga la máxima salud posible para el máximo número de personas mediante la aplicación del conocimiento científico acorde a cada contexto social, histórico y político (Benach, 2014). Esto permite afirmar que en la actual pandemia en múltiples casos no se ha respetado el derecho a la salud pública, pues desde antes de la pandemia las condiciones de acceso al agua potable, al saneamiento básico y a los servicios de salud eran de por sí precarias en muchas partes del mundo. Ahora con la crisis sanitaria ha muerto gente por no tener acceso a un sistema básico de protección de la salud.

Esto nos plantea muchas interrogantes hablando de derechos humanos, ¿Podríamos estar ante crímenes de lesa humanidad? Si se retoma lo que dicen los estatutos de la Corte Penal Internacional estaríamos ante los que entran en el inciso k) “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.” (Asamblea General ONU, 1998)

La Corte interamericana de derechos humanos en una jurisprudencia en referencia al artículo 4.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos asentó una idea que es de gran utilidad para analizar los derechos vulnerados en el contexto actual:

 

“El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también del derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”. (Corcuera y Guevara, 2001:142).

 

Esta jurisprudencia da la pauta para afirmar que el derecho a la vida no implica solo el derecho a no ser privado de ella, así podríamos comenzar a afirmar en el presente contexto global que uno de los derechos fundamentales vulnerados sería precisamente: la vida.

Entonces, aunque las violaciones de derechos humanos han sido una realidad cotidiana en el mundo, partimos de que específicamente los derechos a la vida, a la salud y a la salud pública han sido violados frecuentemente desde que llegó la pandemia. Existen otros derechos que han sido vulnerados como el derecho a la libertad de expresión y a la información, entre otros más.

Es importante anotar que además de las cuestiones de salud y salud pública violatorias de derechos humanos hay un complejo contexto de conflictos bélicos o potencialmente bélicos previos al Covid-19 que entrelazan la geopolítica de la guerra y la economía con la de la salud pública. El bombardeo de Israel en contra del territorio palestino de Gaza en plena pandemia pasó prácticamente desapercibido, igual ocurrió con los ataques de Turquía a los suministros de agua del Kurdistán, y en general la guerra que se desarrolla en la región. Están también las señales de una intervención armada que la administración Trump amenazó (y amenaza) con lanzar sobre Venezuela, esto a pesar de los contagios entre personal naval de los portaaviones y destructores estadounidenses.

En otro campo, está el continuo bloqueo promovido por Estados Unidos, aún para asistencia humanitaria, en contra de Cuba e Irán, y los mini-bloqueos que impuso a Alemania y Canadá, por lo menos en lo que respecta al abastecimiento de mascarillas N95. Habría que agregar también las medidas que han derivado en el reforzamiento de modos de control social, como ocurrió con la ley de seguridad China y sus implicaciones en Hong Kong.

En el campo del trabajo, algo que estamos viendo es que como resultado de la deslocalización del capital, la reproducción de la mano de obra en funciones no es indispensable, existe un ejército de reserva global que en el contexto de la pandemia permite reemplazar a los contagiados o muertos, como se ha visto en Brasil, India, Sudáfrica, México e incluso en Estados Unidos.

Además de las respuestas, oportunismos y problemas particulares entre los Estados y de los Estados frente a las poblaciones bajo su dominio o influencia, hay situaciones en las que los actos inhumanos han sido un patrón casi global. Las condiciones en las que se encuentra el personal sanitario son preocupantes a nivel mundial. Hasta este momento han muerto por lo menos 3,000 profesionales de la salud, según un informe de Amnistía Internacional (2020). Las condiciones que provocaron su muerte no tienen que ver solo con la protección que debían tener y con las medidas sanitarias que requerían para atender enfermos de Covid-19 sino con represalias de las que han sido objeto. Según el mismo informe del 13 de julio de 2020 estas represalias han sido: desde el arresto y la detención hasta amenazas y despidos. Los países con mayor número de muertes de personal sanitario hasta ahora son Estados Unidos (507), Rusia (545), Reino Unido (540, incluidos 262 asistentes sociales), Brasil (351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63).

Otra situación que se está viviendo también a escala global es la que padecen los presos ante la pandemia. Si de por si la situación de hacinamiento que se vive en las cárceles en la mayor parte del planeta es muy fuerte, ahora con la pandemia el riesgo de contagio y de muerte es aún más alto. Como lo ha denunciado Zaffaroni (2020) “nos encontramos ante una nueva forma de crímenes de lesa humanidad, como es el caso de las cárceles. Si no se hace nada, se mueren”. Desde casos en los que permiten esto por razones políticas como el de Julian Assange, hasta los de las personas presas por delitos comunes, la constante es que los seres humanos que viven en las cárceles parecen considerarse población desechable.

El 13 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del SARS-CoV-2 llamó a los Estados a enfrentar la grave situación de las personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del Covid-19, así como a asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos (CIDH, 2020). En particular, la Comisión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.

Los centros de detención de migrantes presentan las mismas condiciones que muchas de las cárceles en el mundo y por lo tanto los mismos riesgos de contagio. Esta población creciente en el mundo parece ser también parte de la inhumana lista de los desechables por partida doble, tanto por las condiciones que los expulsan de su país de origen, como por las condiciones con las que se encuentran en los países de destino. El Covid-19 está dando la pauta, la excusa perfecta para que se levanten muros como el que Trump pretende terminar entre América Latina y Estados Unidos, o como la fortaleza que se ha pretendido construir alrededor de Europa para separarlos de sus antiguas colonias en África y Asia. La situación en la que se encuentran los migrantes del mundo ante la pandemia es brutal, en estos momentos deberían de ser atendidos, no expulsados. La violación del derecho a la vida y a la salud en estos casos ha sido grave y vulnerada sistemáticamente.

Los pueblos originarios (como los de Latinoamérica, de Angloamérica y de otras partes del mundo) o las naciones no estatales o no reconocidas formalmente (como el Kurdistán o Palestina) para sobrevivir se ven ahora forzadas a enfrentar no sólo las amenazas que representan los Estados y los mercados sino también a tratar de contener los contagios y evitar más muertes.

El panorama global es complejo y preocupante, y los procesos que se desarrollan en la pandemia requerirán mucho tiempo de análisis y esperemos que de aprendizajes. Sin embargo, para poder hacer un esbozo de lo que todo esto está implicando es necesario escoger solo algunos casos. No porque sean más importantes sino porque pueden resultar ilustrativos de la conjunción de los elementos que hemos mencionado.

 

El continente americano: ¿Derechos humanos o desechos humanos?

 

Después de la diseminación del coronavirus por Asia y Europa, con desenlaces trágicos y poniendo en evidencia la vulnerabilidad humana a nivel global, el epicentro de la pandemia pasó al continente Americano con cifras de contagios y muertes que superaron rápidamente a los demás continentes.

 

Una característica importante en la mayor parte de Latinoamérica (y en menor medida en Angloamérica) son los altísimos niveles de desigualdad, a pesar de tener algunas de las economías más grandes del mundo. De acuerdo con los últimos datos del índice GINI (World Bank, 2020) en los últimos diez años la mayor parte del continente se ha mantenido entre niveles medios y altos de desigualdad. Los índices GINI miden qué tanto la distribución de la riqueza en un país se desvía de una distribución completamente equitativa, en donde 0% de desviación es el una distribución completamente equitativa y 100% es una distribución completamente inequitativa. Un país puede tener un gran crecimiento económico, un ingreso per cápita promedio muy alto, pero en la realidad eso significa que hay un 10% de la población que concentra el 90% de esa riqueza.

 

Otra característica del continente americano es el proceso de privatización que han seguido casi todos los países como parte de las políticas neoliberales impulsadas por organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial y que ha convertido el poder adquisitivo en un factor de filtración en el acceso a la sanidad. La salud es uno de los sectores que ha sido tendencialmente privatizado, algo que cobra relevancia al momento de requerirse atención sanitaria de manera masiva, como ocurre en un caso de pandemia.

 

Además, de acuerdo con las cifras oficiales más recientes, en el continente existen enormes disparidades y deficiencias en la capacidad hospitalaria.

En términos de derechos humanos la situación continental tampoco es alentadora, incluso si sólo se toman en cuenta mediciones cuantitativas muy generales como el índice de fragilidad estatal (Fund for Peace, 2015). De acuerdo con su calificación de violaciones de derechos humanos para los Estados del mundo en 2014, donde 0 es mejor y 10 peor, y que retoman variables como la libertad de prensa, libertades civiles, libertad política, tráfico de personas, prisión política, persecución religiosa, encarcelamientos, tortura y ejecuciones. Aunque el diseño del índice puede tener un sesgo en cuanto a las variables que retoma, sí muestra una situación bastante preocupante en el continente americano, tomando en cuenta que existen pocos conflictos armados reconocidos oficialmente y la mayoría de los países son presuntamente democráticos, con calificaciones medias (si se excluye Canadá y Uruguay).

De acuerdo con el Índice de Astringencia (Hale, 2020) de la Universidad de Oxford que mide qué tantas medidas de distancia y restricción de movilidad aplica un país para evitar contactos entre personas y por lo tanto contagios (cierres de centros de trabajo, escuelas, espacios públicos, aeropuertos, transporte público, limitaciones a la circulación territorial, cuarentenas, toques de queda, etc.), en América Latina la respuesta en estos términos ocurre con mayor intensidad entre marzo y abril de 2020 en donde Argentina, El Salvador y Honduras se encuentran entre los países que aplicaron mayores y más estrictas medidas de distancia social y Brasil, Estados Unidos y México las menores.

 

Con este contexto de telón de fondo, en América hay además un sinnúmero de proceso complejos, de conflictos y crisis previas a la pandemia que se agudizan con esta nueva crisis, que han evidenciado graves injusticias, detonado decisiones inhumanas y actos atroces. Aquí abordaremos casos con antecedentes pre-coronavirus, pero que con la pandemia han desembocado en situaciones graves que podrían representar violaciones a derechos humanos y posibles crímenes de Estado.

La cantidad de actos y decisiones inhumanas o potencialmente criminales de los Estados durante la pandemia difícilmente se pueden agotar en un sólo texto y en un sólo análisis, sobre todo uno que se desarrolla mientras el SARS-CoV-2 sigue siendo el protagonista de la coyuntura global. Lo que tratamos de hacer aquí es presentar algunos casos específicos en algunos países del continente, aquellos que hemos identificado como graves. El propósito no es agotar el análisis y señalamiento de estos actos inhumanos, sino sumar en su impulso.

Elegimos estos casos como una muestra general de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo, algunas detonadas por la pandemia, otras por enfrentarla y otras que se agravaron por la crisis sanitaria.

 

Argentina

 

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional registró 69 asesinatos y una desaparición forzada que involucran a instituciones o agentes estatales entre el 20 de marzo y el 24 de julio de 2020. De ese total, 22 muertes ocurrieron en cárceles, 14 en comisarías y 24 fueron casos de “fusilamiento de gatillo fácil” (cuando la policía dispara sin clara justificación para hacerlo). Además tres feminicidios que involucran a fuerzas de seguridad, dos más en casos “intrafuerza” (intrafamiliar), dos arrollados deliberadamente por un patrullero, y dos detenidos por la policía que aparecieron muertos días después. A esto se agrega el caso de desaparición forzada en el mes de abril de Facundo Astudillo Castro. El 16 de agosto se encontró un esqueleto que podría ser de Facundo (el cuerpo se encontraba en un grado avanzado de descomposición), su madre, Cristina Castro, señaló que a un lado apareció un zapato tenis como el que él usó la última vez que lo vio, el tenis estaba limpio, como ella dice, esto bien puede ser un mensaje. Hasta el momento no hay confirmación de las muestras de ADN (Pedulla, 2020). Los agentes que cometieron estos actos pertenecían a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires dirigida por Sergio Berni, que parece ambicionar algún cargo público de alto nivel y de quién exigen la renuncia, a la Policía Federal, a la Gendarmería, al Servicio Penitenciario Federal y a los servicios penitenciarios y policías provinciales (CORREPI, 2020).

 

Bolivia

 

Bolivia se encuentra con la pandemia en plena convulsión política. Tras el golpe de Estado que llevó al poder a Jeannine Añez, el país se encontraba en una situación precaria, con un régimen que intentaba a la vez consolidar su poder por medios represivos y reestructurar las políticas internas y externas del país de acuerdo con su agenda. Para 2020 estaban previstas nuevas elecciones. El contexto electoral boliviano se combina con intereses en los recursos naturales del país que significaron el apoyo de empresas trasnacionales al golpe de Estado. Un claro ejemplo de esto es el reconocimiento público que Elon Musk hizo en su cuenta de Twitter en apoyo al golpe, en un país con importantes yacimientos de litio, materia prima esencial para la industria tecnológica.

El Covid-19 ha evidenciado la fragilidad institucional boliviana, con una situación sanitaria crítica, hospitales desbordados, cementerios saturados y escasez de agua. A la par de esta situación de crisis sanitaria, la Asociación Nacional de Prensa (ANP, 2020) manifestó su preocupación por la promulgación del Decreto 4231 que en conjunto con declaraciones de varios ministros en las que amenazan con encarcelar a quien difunda “desinformación” parece significar que la intención es castigar penalmente a los medios de comunicación que cuestionen las estrategias de respuesta al coronavirus por parte del gobierno de Añez. Esto complica aún más el contexto cuando al mismo tiempo el gobierno boliviano pretende posponer el proceso electoral, algo que ha detonado grandes movilizaciones.

El contexto político ha hecho que la pandemia se convierta en parte de la pugna electoral, al tiempo que los contagios y las muertes siguen aumentando en Bolivia sin una respuesta institucional de contención efectiva. Oscar Olivera describe la situación de manera cruda cuando dice “Los de arriba muestran mucha inoperancia, pillaje y chantaje. La clase política sólo está interesada en su poder, lo último que les interesa es la gente. Tanto en el gobierno como en la oposición hay un aprovechamiento de la desgracia y de la impotencia de la población abandonada a su suerte. La política de arriba es un circo putrefacto” (Zibechi, 2020b).

Brasil

 

Brasil se encuentra con el coronavirus bajo la administración de Jair Bolsonaro, un presidente que se ha caracterizado por la implantación de políticas autoritarias, cercano al ejército y a las grandes empresas agroindustriales. Su mandato ha sido crecientemente hostil y explícitamente racista hacia las poblaciones indígenas de la región amazónica. En los recientes incendios masivos de la selva, el gobierno de Bolsonaro no sólo tardó mucho en poderlos controlar sino que se negó a recibir apoyo internacional para detenerlos, al tiempo que minimizó la gravedad de las consecuencias ambientales y sociales.

La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil en el diagnóstico de su plan para enfrentar el Covid-19 en Brasil, titulado “Emergencia Indígena” (APIB, 2020) , registra 113 pueblos indígenas afectados con 8847 infectados y 365 muertos hasta el 25 de junio de 2020. De acuerdo con la información de la APIB, el SARS-CoV-2 llegó a los territorios indígenas más remotos a través del Ejército y de los médicos y equipos de la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) del gobierno brasileño. Estas infecciones se dan a la par de los constantes ataques e invasiones de los territorios indígenas por parte del gobierno y empresas interesadas en los recursos que ahí se encuentran.

Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, la situación en la que se encuentran los indígenas del Amazonas es grave, sobre todo desde que se ha comenzado a invadir su territorio. La invasión provocó condiciones parecidas a las que se presentaron en el territorio Yanomami en los ochentas cuando una quinta parte de la población murió de enfermedades después de que un grupo de trabajadores (40 mil garimpeiros) inundaron la reserva. La situación actual es muy similar con los 20 mil garimperos que hay en la zona (Phillips, 2020). Con la actual invasión garimpeiro Bolsonaro dijo que la reserva es demasiado grande para su población de alrededor de 26,000 indígenas, y que sus riquezas minerales deberían ser explotadas. Es importante anotar que Bolsonaro está denunciado ante la Corte Penal Internacional por genocidio desde 2019 (CADHU, 2019).

 

Colombia

 

De acuerdo con la información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ, 2020) desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016 se han cometido casi mil asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La mayoría de los asesinatos han sido cometidos por sicarios “desconocidos” probablemente vinculados a terratenientes, paramilitares, narcotraficantes y a políticos vinculados con ellos. Más de la mitad de las víctimas son campesinos e indígenas y vinculados a conflictos producidos por la minería, posesión de la tierra, recursos naturales, cultivos ilícitos y narcotráfico. De estos asesinatos, las instancias oficiales han documentado menos de la mitad.

La crisis sanitaria no detuvo los asesinatos, tan solo entre el 6 de marzo, cuando se contabilizó el primer caso de Covid-19 en Colombia y el 8 de agosto de 2020, el INDEPAZ (2020b) registró 114 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en diversas regiones. La mayoría de ellos son de la región del Cauca en donde hay procesos organizativos potentes y profundos como el de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (2020) denunció en marzo la agresión del Ejército Colombiano a su guardia indígena responsable del control territorial en el contexto de la pandemia, en algo que identifican como una estrategia del gobierno colombiano no sólo con la intención de atacar sus territorios, sino de usar esos ataques para propagar el virus entre la población indígena, “… nos declaramos en máxima alerta, *por las intenciones de permear nuestro territorios con la guerra y expandir la pandemia”.

 

Chile

 

En los meses anteriores a la pandemia, Chile se encontraba viviendo masivas movilizaciones detonadas por el descontento hacia el gobierno de Sebastián Piñeira, pero que se orientaban a la búsqueda de cambios más profundos y que tuvieron una respuesta violenta por parte del gobierno chileno. Durante esas movilizaciones, entre los meses de octubre de 2019 y febrero de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2020) de Chile documentó 3.765 personas heridas, 500 por balas. Las acciones del Estado derivaron en 1.312 acciones judiciales iniciadas por el INDH, 5 de ellas por homicidios cometidos por agentes estatales, 195 por violencia sexual y 951 por tortura. Un actor central en estas propuestas fue el pueblo Mapuche, que durante años ha denunciado la invasión de sus territorios por parte de empresas agroindustriales y extractivas, y que ha padecido una represión sistemática por parte del Estado Chileno.

Durante la crisis por el SARS-CoV-2, la situación de los mapuches se ha recrudecido aún más. Desde el 4 de mayo de 2020, 27 presos mapuches iniciaron una huelga de hambre que despertó movilizaciones solidarias, que como respuesta fueron reprimidas. Los presos mapuche han sido excluidos de las medidas mínimas de prevención de contagios. Por otra parte, en la región de la Araucanía, los mapuches ocuparon edificios municipales en protesta por la precaria situación de salud de los 27 presos. En esa misma región, el 4 de junio el vocero de la comunidad We Newen, Alejandro Treuquil, fue asesinado y en la agresión otras tres otras personas resultaron heridas (Comunidad Autónoma We Newen, 2020). El 1 de agosto un grupo de civiles armados, con la aquiescencia de la policía, entraron en los edificios violentamente y agredieron a las mujeres, hombres y menores que se encontraban en el interior (Vocería de Machi Celestino Cordova, 2020). El pueblo Mapuche denunció que la policía permitió que ocurrieran los hechos aún cuando los agresores se encontraban violando el toque de queda con motivo del estado de emergencia. Los territorios Mapuche en esa región han sido recurrentemente agredidos por fuerzas estatales y por grupos empresariales interesados en el control de los recursos que se encuentran en esos territorios.

 

Ecuador

 

La situación de Ecuador ha sido difundida como ejemplo de horror en la pandemia. Las imágenes de los cadáveres en las calles de Guayaquil muestran un sistema de salud y de los servicios públicos forenses totalmente colapsados. Sin embargo, la situación no es exclusiva de esa ciudad ecuatoriana, es un problema nacional que tiene sus causas inmediatas en decisiones económicas que derivaron en una crisis estructural.

Desde 2019 el gobierno de Lenin Moreno inició la aplicación de políticas de ajuste del gasto y de la inversión pública, así como de las condiciones laborales y del sistema de pensiones, en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (SAF) suscrito febrero del 2019. Estas políticas han precarizado aún más a los sectores de la población de por sí empobrecidos, beneficiando a empresas trasnacionales, bancos entre otros sectores acomodados. Entre las medidas está la contracción del sistema de salud pública. De acuerdo con datos del Parlamento Plurinacional de los Pueblos (2020), el presupuesto de salud pública se redujo de 353 millones de dólares en 2017 a 186 millones en 2019. Desde 2017 el gobierno ecuatoriano había condonado 4,500 millones de dólares en impuestos a las 500 empresas más grandes. A la par, en marzo de 2020, el gobierno de Moreno decidió realizar un pago de 324 millones de dólares de su deuda externa, precarizando aún más al país y sus posibilidades de enfrentar la pandemia.

Según la OIT en Ecuador en 2019 el número de personas que perdieron su empleo era de 311, 000 y calculan que para finales de 2020 la cifra sea de 850,000 nuevos desempleados. A pesar de esto, para enfrentar la pandemia, el gobierno de Moreno creó la “Ley Humanitaria”, con la que pretende crear un impuesto de facto (contribución) al trabajo que implicaría que los trabajadores ecuatorianos absorbieran el 60% del costo de la crisis.

 

El Salvador

 

Desde inicios de marzo de 2020, la administración del presidente Bukele de El Salvador estableció centros de cuarentena en donde confinaron a viajeros que llegaban al país durante 30 días sin medidas de sanidad ni prevención de contagio adecuadas. En esos mismos centros retienen a personas detenidas por las fuerzas militares y policíacas por violar la orden de quedarse en casa impuesta en la declaración de Estado de Emergencia y el posterior Estado de Excepción. De acuerdo con la información del Gobierno de el Salvador (2020), hasta el mes de agosto más de 16 mil personas habrían sido retenidas en los 23 centros de cuarentena de las cuales 2400 habrían sido retenidas por violar la cuarentena. De acuerdo con el informe sobre violaciones de derechos humanos en la respuesta al Covid-19 del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES, 2020) una gran cantidad de estas detenciones han sido arbitrarias y con un uso excesivo de la fuerza, abusos que no sólo no han sido investigados o frenados por las autoridades sino que han sido alentados por el propio presidente Bukele, violando incluso la decisión de la Suprema Corte de que sólo se detuviera a quienes se considerara infectados.

En paralelo a esto, la administración de Bukele se ha mostrado hostil ante periodistas y radios comunitarias y han obstaculizado el acceso a la información sobre la respuesta gubernamental a la pandemia. Como nota complementaria, Bukele solicitó un préstamo de 389 millones de dólares al FMI al tiempo que redujo en 33 millones el presupuesto de salud.

 

Estados Unidos

 

Lo que Gordon y Green (2020) llaman racismo estructural y que otros han llamado racismo sistémico en Estados Unidos quedó evidenciado con el surgimiento del movimiento social Black Lives Matter después de que George Floyd fuera asesinado a manos de policías. El hecho de que este movimiento se haya convertido en la protesta social más grande en la historia estadounidense (Brooks, 2020) y que esto se haya dado en el contexto de la pandemia resulta sumamente importante. Como dice Brooks, ese movimiento empieza a cuestionar los fundamentos del sistema estadounidense y su injusticia económica, social y política protegida a través de la violencia racista oficial. Como hemos podido ver la serie de burdas declaraciones de altos funcionarios y la ejecución de actos inhumanos se han vuelto cotidianas en Estados Unidos y se han agudizado con la pandemia.

Tras el asesinato de George Floyd y las crecientes protestas del movimiento Black Lives Matter (entre otros) en las principales ciudades de Estados Unidos, la administración Trump decidió utilizar a la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés), perteneciente al Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) y que incluye a la Patrulla Fronteriza, como policía federal para enfrentar a los manifestantes. De acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, 2020), la CBP y la Patrulla Fronteriza han actuado como policía secreta durante años, llevando a cabo arrestos violentos de migrantes sin papeles en todas las ciudades estadounidenses. Tanto la ACLU como otras organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas federales desplegadas por el gobierno de Donald Trump. A esto se agrega el uso también de la agencia de Ejecución de Aduanas e Inmigración (ICE) que ha sido responsable de las brutales deportaciones de migrantes durante los años recientes.

De acuerdo con información de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del gobierno estadounidense la población negra ha sido desproporcionadamente más afectada con mayor necesidad de hospitalización. Muchas de las personas que no pudieron dejar de trabajar y que se contagiaron del virus han sido en su mayoría negros y latinos. De acuerdo con los datos del Rastreo Racial del Covid-19 en Estados Unidos (The Atlantic, 2020), la población negra está muriendo 2.5 veces más que la población blanca (con 74 muertes por cada 100 mil habitantes) seguidos por la población indígena y la población latina (con 40 muertes por cada 100 mil habitantes cada una) y por la población de origen asiático (con 31 muertes por cada 100 mil habitantes).

Es importante resaltar que la CBP se ha convertido en una fuerza militarizada, violenta y con un alto grado de impunidad, la ACLU tiene un registro de 102 personas asesinadas en los últimos diez años en encuentros con este cuerpo de seguridad y muertes en custodia por las cuales ningún agente ha sido enjuiciado. Los agentes de la CBP incurren en actividades criminales fuera de sus tareas oficiales cinco veces más que cualquier otro cuerpo policíaco. El secuestro, violación o desaparición de niños y familias de migrantes a manos de la Patrulla Fronteriza es recurrente.

Esta agudización de la violencia interna en Estados Unidos se da en medio de un contexto más amplio de hostilidad racial y social que ha sido alimentado por la administración del presidente Trump. Un ejemplo claro ha sido su constante hostilidad hacia la población migrante sin papeles, que no ha disminuido con la crisis sanitaria. La expulsión de niños migrantes se ha vuelto cada vez más crítica, entre marzo y abril al menos 915 menores de edad fueron expulsados y al menos 60 fueron deportados desde el interior del país en el mismo periodo, de acuerdo con cifras oficiales. De acuerdo con reportes de diversas organizaciones las deportaciones han sido en plena madrugada y sin que los guardianes legales de los niños fuesen notificados. Algo que se vuelve cada vez más evidente es que Trump está aprovechando la crisis del coronavirus para endurecer sus políticas migratorias y medidas de deportación.

El caso de Estados Unidos es particularmente complejo por la cantidad de abusos simultáneos que se están cometiendo y por el impacto regional y global que tienen.

Guatemala

En Guatemala el gobierno del presidente Alejandro Giammattei declaró entre junio y julio Estado de sitio en varios municipios de la región Q’echi’ y Garínagu (garífuna) de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz y Sololá. Estas declaraciones han sido rechazadas por decenas de organizaciones, sobre todo porque la normatividad del Estado de sitio es la misma que existía durante el conflicto armado interno, dentro de la Ley de Orden Público de 1965, y presenta condiciones para que las fuerzas de seguridad cometan abusos. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH, 2020) y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA, 2020) han documentado y denunciado que el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil han cometido detenciones arbitrarias, han hecho allanamientos ilegales, efectuado interrogatorios incluso a menores de edad y han agredido a mujeres.

 

Honduras

 

La situación en Honduras era ya compleja antes de la llegada del SARS-CoV-2, el contexto político que detonó el golpe de Estado se ha agudizado. Como lo ha documentado el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, se exacerbaron los conflictos territoriales, al mismo tiempo el uso de la policía militar para implementar las medidas de distanciamiento ha desencadenado una ola represiva violenta de detenciones arbitrarias, se han usado armas de fuego en contra de manifestantes y se ha cometido por lo menos un homicidio a manos de agentes estatales como lo denuncian las organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos en Honduras (2020).

Además de la situación general, la población Garínagu (garífuna), que ya sufría condiciones cercanas al apartheid con condiciones de enorme discriminación y el despojo de sus tierras y comunidades con fines turísticos, durante la cuarentena la violencia en su contra se ha acentuado con la aquiescencia y posible colusión del Estado, a pesar de la existencia de una sentencia de la CIDH que exige su protección. La Coalición contra la Impunidad denunció a finales de julio de 2020 la desaparición forzada de cuatro hondureños garínagu y la muerte de otros dos, todo esto enmarcado en el contexto de violencia sistemática en contra de estas comunidades de la costa caribeña (Dávila, 2020).

 

México

 

El coronavirus llega a México en un contexto de crisis humanitaria detonada por la guerra abierta que, el gobierno del expresidente Felipe Calderón desató en contra de los cárteles del narcotráfico a poco tiempo de ser nombrado presidente en un proceso electoral muy cuestionado con funcionarios ahora enjuiciados por vínculos con el crimen organizado y que ha derivado en cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. Esta es una estrategia que continuó con la administración de Enrique Peña Nieto. En la gestión de López Obrador la militarización de la seguridad pública tomo un nuevo giro con la creación de la Guardia Nacional en 2017, compuesta en su mayoría por policías militares, navales y federales y bajo un mando compartido militar y civil.

Esto se enmarca en un crecimiento de la influencia militar, que con la pandemia se acrecentó. Es importante señalar que dentro de la crisis de violencia que se vive en México y con la crisis sanitaria tomando fuerza, el 11 de mayo de 2020 el congreso legalizó la presencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad hasta el año 2024, presuntamente como una medida para dar tiempo a la consolidación de la Guardia Nacional.

Desde el inicio de la pandemia en México, el presidente López Obrador se negó a detener la construcción de grandes proyectos de infraestructura que presentaban fuerte resistencia local y nacional, específicamente el aeropuerto de Santa Lucía (obra en manos del Ejército Mexicano), la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transístmico (proyecto iniciado desde la administración de Vicente Fox en el marco del Plan Puebla Panamá y continuado en las siguientes gestiones). En los cuatro casos, y sobre todo en los dos últimos, proyectos que ya representaban una amenaza para el medio ambiente y para poblaciones locales y sobre las que el gobierno mexicano había establecido una estrategia que derivaría en la confrontación entre actores locales.

El ejemplo más claro, reciente y brutal fue la masacre de 15 personas en San Mateo del Mar el 21 de junio de 2020, en la que un grupo de indígenas Ikoot que se dirigía en autobús a una reunión informativa fueron detenidos en un filtro sanitario para después ser atacadas con armas de fuego por un grupo armado perteneciente a la policía municipal. Tras el ataque las autoridades Ikoot solicitaron la presencia de la Guardia Nacional. Al regresar a su comunidad, Huazatlán del Río, la agencia municipal estaba tomada por un grupo armado. Ante esto la Guardia Nacional no sólo no se quedó a resguardar a la población, sino salieron del lugar agrediendo a las personas que les pedían ayuda (Asamblea de San Mateo del Mar, 2020).

De acuerdo con los comunicados de las comunidades afectadas, que publica el Congreso Nacional Indígena (Alcaldía Único Constitucional San Mateo del Mar, 2020), el retén donde se dio la emboscada, que aparentaba ser un filtro sanitario por el Covid-19, había sido instalado por el presidente Municipal Bernardino Hinojosa Ponce y por su asesor Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, quién, además es socio de la empresa Construcciones Airad y administrador del Grupo Constructor Pritzker dedicados a proyectos de infraestructura y que ha sido protagonista de varias agresiones similares en los últimos cinco años. En esos mismos documentos se encuentran comunicados denunciando agresiones armadas por ese mismo grupo desde principios de mayo de 2020, advirtiendo la posible escalada de violencia y solicitando la acción preventiva gubernamental que nunca llegó.

En San Mateo del Mar había ya una fuerte resistencia al proyecto industrial y de infraestructura transístmica desde sexenios anteriores, en particular contra un proyecto de energía eólica que afectaba a varias comunidades. Asimismo, la consulta que realizó la administración de López Obrador sobre la continuación y desarrollo del Corredor Transístmico fue fuertemente denunciada por privilegiar la consulta en comunidades que no serían directamente afectadas por los proyectos.

Vale la pena anotar que el ambiente político en torno a la crisis sanitaria es complejo pues se enmarca en un contexto de gran agresividad de partidos de oposición al partido oficial y grupos políticos vinculados al expresidente Calderón y algunos gobernadores han tratado de utilizar la respuesta al SARS-CoV-2 con propósitos electorales, lo que ha detonado que las políticas en torno a la pandemia empiecen a estar condicionadas por el conflicto entre partidos políticos, afines o contrarios a la presidencia de López Obrador.

Al mismo tiempo, el 7 de julio el presidente López Obrador realizó su primer viaje internacional con Estados Unidos como destino para reunirse con el presidente Trump con motivo de la firma del Tratado México Estados Unidos Canadá (TMEC). En ese viaje, la comitiva mexicana incluyó a varios de los empresarios más ricos de México, incluidos Carlos Slim, el hombre más rico de México con importantes inversiones en proyectos mineros y Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios que se negaron a adoptar las medidas de astringencia. Este viaje reflejó el peso de la economía en medio de la pandemia, en conjunto con el juego electoral tanto en Estados Unidos en dónde Trump pretende lograr la reelección en noviembre de 2020 y en México donde se avecinan las elecciones del congreso en 2021.

 

Perú

 

El 27 de marzo de 2020 el congreso promulgó la “Ley de protección policial” que había sido aprobada por la legislatura anterior en julio de 2019. La nueva ley implicaba una actualización de normas anteriores que protegen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú de consecuencias penales por provocar lesiones o muerte en el ejercicio de sus funciones. Entre las objeciones que manifestaron numerosas organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH, 2020) hay dos matices de la Ley Nº 31012 que resultan preocupantes: el primero es que impide a los jueces dictar prisión preventiva a los agentes, aún cuando exista riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, lo cual puede en los hechos favorecer condiciones de impunidad; el segundo es que se deroga el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Este último elemento, aunque no exime al Perú de la normativa internacional en la materia, sí significa eliminar un candado legal a los abusos por parte de la policía y el ejército y otorga un cheque en blanco a la violencia por parte de los cuerpos de seguridad que acentúa un contexto de excepcionalidad producto de la emergencia sanitaria.

La situación se complica cuando a los tres días de la promulgación de la Ley de Protección Policial el presidente Martín Vizcarra anuncia medidas de “inmovilización total obligatoria” entre las 18:00 hrs y las 5:00 hrs, medida que implementó la Policía Nacional y que ha resultado en miles de detenciones.

En paralelo la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP, 2020) ha denunciado que durante la cuarentena varios defensores ambientales han sido asesinados y no sólo se ven en la necesidad de enfrentar la crisis del coronavirus sino también las amenazas de madereros y empresas extractivas. Una exigencia de los pueblos originarios peruanos ha sido la ratificación del Acuerdo de Escazú que facilitaría la exigencia de acceso a la información sobre proyectos potencialmente dañinos al medio ambiente, así como de mecanismos de consulta para su implementación en territorios biodiversamente ricos, que coinciden con los territorios indígenas. Grupos empresariales y mineros se oponen a la ratificación del instrumento internacional.

El congreso peruano ha dado mayor agilidad a normativas como la Ley de Protección Policial que establece condiciones de mayor violación de derechos humanos en un país en el que se le permite a la policía incluso dar servicios de seguridad privada a empresas mineras, mientras que rezagan acuerdos como el de Escazú que favorecen condiciones de mayor protección tanto al medio ambiente como a quienes lo defienden y cuidan.

 

¿Crímenes de Estado en la pandemia?

 

Se suele tener la idea de que un crimen de Estado se comete solo bajo regímenes explícitamente autoritarios o en situaciones de guerra, pero no. Generalmente implican actos que por su naturaleza se ocultan porque quien los cometió tiene a su mando el aparato punitivo, la impartición de justicia y el uso del monopolio de la fuerza, es decir que quienes los cometen tienen como garantía la impunidad. Por eso la necesidad de señalar esos actos radica en la urgencia de nombrar lo que normalmente no es nombrado.

Después de analizar el conflicto y la discusión por la que atraviesan hoy los derechos humanos es importante pensar en cómo se pueden empezar a nombrar aquellos actos. Actualmente casi cualquier persona en cualquier parte del mundo reconoce que los Estados cometen violaciones de derechos humanos. Existe toda una aceptación respecto a la existencia de esa realidad. Pero si se pregunta si el Estado cometió un crimen entonces puede haber duda, rechazo o desconcierto. Por eso es necesario retomar algunas ideas sobre los crímenes de Estado.

Los crímenes de estado son prácticas desviadas estatalmente organizadas (Green y Ward, 2004) que incurren en la violación de los derechos humanos. El término desviación es el comportamiento que infringe una regla, en este caso una regla estatal. Para Green y Ward se da una práctica desviada cuando existe cierta aceptación de esa regla, cuando se interpreta ese acto como una violación de la regla y hay disposición de aplicar sanciones importantes o significativas contra el acto que violó la regla.

En muchos casos, y claramente en la crisis del Covid-19, esa desviación es programada porque responde a una lógica de triage social. La desviación programada sumada a la muerte como esencia del necrocapitalismo produce la gradualidad de la muerte social. Las redes de poder que se alimentan del sistema capitalista-colonial necesitan del control de la vida y de la organización y la programación de la muerte para sostenerse, necesitan establecer las condiciones de excepción para que los Estados cometan crímenes y no existan consecuencias ante esos actos.

Estos crímenes son estatalmente organizados, es decir actos legalmente señalados como criminales que son cometidos por funcionarios estatales en el desarrollo de sus funciones (Chambliss, 1989). No se les puede ver como actos aislados o individuales. Bailone (2017) identifica estos como crímenes de poder, y los distingue de los crímenes de los poderosos como aquellos que cometió un individuo que es parte de la estructura estatal. Refiriéndonos a los crímenes ejecutados desde la estructura de poder estatal existe un debate en torno al castigo que hay en respecto a estos. Se les juzga en lo individual, cuando se les debería de juzgar en lo individual y estructural porque generalmente hay una relación entre los actos criminales y la cadena de mando. Hasta ahora no se pueden juzgar entes abstractos, aunque deberían de comenzar a sentarse modos para que esos actos sean juzgados de otro modo. Para Osoria (2016) cuando estos crímenes son investigados y condenados se enfatiza en los individuos que cometieron la acción, no se condena el sistema ni las estructuras gubernamentales que generaron esas acciones y así se despolitiza la criminalidad estatal. Desde esa perspectiva politizarla sería darle sentido a que los actos son estructurales y se han posibilitado no solo por el Estado, sino como estamos viendo a nivel global por la implantación de un sistema que está implicando muerte y que está basándose en desechar gente.

Los crímenes de Estado se cometen bajo el peso de un discurso justificante (Zaffaroni, 2017), muchas veces en nombre de un “bien general”. Esos actos llevan por delante la negación de quiénes los han ejecutado (neutralización) que se manifiesta desde la negación literal “no pasó nada”, la negación interpretativa “lo que ocurrió es realmente otra cosa”, hasta la negación implicatoria “lo que sucedió es justificado” (Cohen, 1955).

Otra característica importante es que los crímenes de Estado causan más daño que los crímenes individuales porque éstos muchas veces generan daños masivos, daños que acaban con la vida de mucha gente o que la lesionan y le causan sufrimientos.

Ward (2013) sugiere las siguientes preguntas para responder si se está ante crímenes de Estado:

 

1. ¿El presunto comportamiento criminal es desviado en el sentido en que cierta expectativa social significativa condena el comportamiento y presiona al Estado para que desista de ese comportamiento?

2. ¿La desviación es organizacional, por ejemplo, llevada a cabo en la búsqueda de los objetivos organizacionales de una agencia estatal?

3. ¿El comportamiento viola los derechos humanos?

 

La combinación entre las declaraciones de emergencia y la lógica del triage social pareciera dar la pauta perfecta para que la ejecución de actos atroces tenga una justificación tal que las decisiones inhumanas se expliquen con cierta normalidad y generando aceptación. Dentro de esta dinámica es necesario detenernos para preguntarnos si los actos cometidos en esa dinámica pueden estar configurando crímenes de Estado. Esto no significa que en todos los casos se estén cometiendo crímenes de Estado, pero hay elementos claros de violencia directa y estructural y de responsabilidad del Estado en ellas, pero por su gravedad y por la crisis coyuntural, resulta importante señalarlos y en otro momento sería importante profundizar en sus implicaciones específicas y en las acciones necesarias para detenerlos.

En los casos en los que los Estados han optado por la economía por encima de la vida de la gente no estamos ante violencia de Estado, aunque bien se le podría encuadrar en un tipo de violencia estructural (Gordon y Green, 2020), hay otros en los que la violencia la ejercen directamente agentes estatales y hay combinaciones entre ambos con la participación de agentes estatales y no-estatales.

La combinación entre las medidas de astringencia social que muestran los índices con el tipo de agresiones y violaciones de derechos humanos dan indicios de las perspectivas de triage social con las que se aborda la emergencia sanitaria. En unos casos se ha enfrentado priorizando la economía y se define como desechable a la población que los Estados consideran que obstaculiza objetivos económicos o que es reemplazable dentro de la actividad económica. En otros se prioriza el control de la movilidad y cualquiera que desafíe o no se someta al ese control es desechable, sobre todo si es parte de poblaciones previamente definidas como desechables, es decir, los de abajo. En ambos casos el elemento de control poblacional se acentúa con la emergencia para contener o eliminar a poblaciones que no responden, resisten o se rebelan a los propósitos de quienes detentan el poder del Estado y de quienes utilizan indirectamente el poder del Estado (el mercado).

Algo que resalta es que en los tres países con menor índice de astringencia (Brasil, México y Estados Unidos) fueron en los que los casos de violencia tienen que ver con violencias estructurales derivadas de intereses económicos y aspectos culturales como el racismo. En contraste, los tres países con mayores índices de astringencia (Argentina, El Salvador y Honduras) es en donde la violencia fue cometida directamente por agentes estatales. Esto pareciera indicar que la respuesta de los Estados a la crisis sanitaria tiene una correlación (o tal vez causalidad) con el tipo de violencia que ejercen directa o indirectamente, por agendas explícitas o dinámicas estructurales.

En algunos casos deliberadamente la decisión de los Estados ha sido sacrificar la vida de la gente, por locura, interés económico o electoral, una versión trágicamente caricaturesca son las frases como “Los abuelos están dispuestos a morir para no dañar la economía” del vicegobernador de Texas, o la ilustre frase de Bolsonaro al inicio de la pandemia, “todos moriremos algún día”.

Lo que estamos viviendo, las imágenes que llueven en medios y redes sociales de los cementerios que desbordan y las filas y filas de ataúdes no son provocados solo por la pandemia, sino como mencionamos antes, por la implantación de un sistema que sacrifica vidas y que para funcionar necesita hacerlo. Como dicen Gordon y Green (2020), la crisis generada por la pandemia también está exponiendo los crímenes estructurales de los gobiernos. Con estructurales hacen referencia a las medidas que los estados han instituido contra sus propias poblaciones, esa criminalidad tiende a precipitar la muerte social, que es gradual. Desde 2004 Ward y Green se plantearon que en diversos desastres naturales el estado había sido culpable de acciones criminales y prácticas negligentes sobre todo relacionadas con las causas estructurales preexistentes.

Las expectativas de que los gobiernos surgidos de procesos de izquierda, los llamados gobiernos progresistas funcionaran radicalmente distinto a aquellos provenientes de las derechas o los múltiples y ambigüos “centros” han resultado en grandes decepciones, más allá de algunos matices, algunos más relevantes que otros. Aunque las personas y grupos que llegan a convertirse en gobierno pueden modificar ligeramente las trayectorias de los Estados y de la dinámica social, están sujetos al mismo sistema, se vuelven parte de ese sistema, para llegar al poder y sostenerse pactan, acuerdan, responden a la misma dinámica. Algo que ha mostrado la pandemia es que los procesos que llevan a lógicas de triage social y a crímenes de estado no dependen de la ideología de unos cuantos funcionarios públicos, son un problema estructural, es un sistema que se alimenta del control y la gestión de la vida y la muerte. Un sistema que saquea, despoja, deja sin territorio, sin recursos, sin sistemas de salud, sin vida. Planteado de una manera más simple, como lo han dicho muchas y muchos antes, no se trata de izquierda contra derecha, es los de arriba contra los de abajo.

Si consideramos que la pandemia está demostrando una situación ambiental que podría repetirse debemos de actuar en la lógica de sentar precedentes, no legales sino sociales, sentar actos de condena colectivos que cierren la puerta a que cada vez sea peor. La tendencia que ahora vemos de normalizar lo atroz debe ser detenida. Bolsonaro y Piñeira ya están estableciendo leyes que impiden que sus actos durante la pandemia sean juzgados. Entonces, las piezas están puestas. Decidir qué se puede aceptar como normal y qué no es algo vital y básico para enfrentar la crisis humana que atraviesa el planeta.

De los casos revisados emergen algunos patrones generales. Por una parte, se hace evidente la incapacidad Estatal para enfrentar las consecuencias sociales de la pandemia, tendiendo hacia formas autoritarias y arbitrarias de toma de decisiones, más allá de las cuestiones específicamente sanitarias y justificadas mediante discursos de triage social. Por otra parte hay una tendencia a aprovechar las condiciones de vulnerabilidad social de la crisis sanitaria para avanzar agendas que afectan a comunidades y sectores de la población que en el fondo consideran desechables, para salvaguardar el sistema económico capitalista o en favor intereses de minorías poderosas.

Por otra parte se han mostrado los intereses electorales y de abuso de poder que han minimizado la pandemia porque no les ayuda a continuar con sus campañas provocando que el modo de responder a la crisis sea básicamente sacrificando a la población. Hay los casos en los que la pandemia ha dado la pauta perfecta, la excusa para que el genocidio se disfrace y la causa de la muerte sea atribuida a hechos naturales, como parecen indicar con mayor claridad los casos de Brasil y Colombia. Para esto, los Estados cometen actos injustos y en muchos casos inhumanos, que además constituyen violaciones de derechos humanos y potencialmente crímenes de Estado, que en un ambiente de excepción como el que presenta una emergencia sanitaria de estas dimensiones permite encontrar justificaciones para actos que en otro momento se considerarían atroces.

La condena social a estos actos se ha manifestado de distintos modos, desde las protestas masivas en Estados Unidos, Bolivia y Chile, hasta la respuesta de desconfianza explícita de comunidades de protegerse solas por la historia de abusos en su contra por parte de policías y militares. Una particularidad en la pandemia es que hay además un amplio porcentaje de la población (mayoritariamente de clase media urbana) que se ha mantenido en confinamiento, obligado o autoimpuesto, que desde el encierro manifiestan regularmente su descontento a través de las plataformas electrónicas.

Otra fuente de protesta muy relevante ha surgido de los médicos y del personal sanitario en casi todo el mundo, reclamando no sólo condiciones laborales y de seguridad mínimamente dignas para poder cumplir con su trabajo en la primera línea, sino también cuestionando las decisiones de quienes gobiernan.

Pero las preguntas y puntos expuestos anteriormente en torno a los crímenes de Estado son preguntas abiertas para ir trazando una ruta de respuesta, para que desde diversas geografías podamos caracterizar, identificar y señalar esos crímenes de Estado y que nos enlacemos para compartir y actuar.

 

¿Qué sigue?

 

En este texto no hemos abordado las contradicciones que también ocurren en el abajo, en la población que de uno u otro modo responde como ha podido y con lo que puede responder. No se puede esperar que millones de personas que viven al día dejen de trabajar y se encierren a morir de hambre. Eso ha demostrado la desigualdad ya muy mencionada en este texto, el contraste tan fuerte que se dio entre los que podían permanecer en aislamiento y los que no puso mucho a pensar en el tipo de relaciones y comunidades que debemos de construir. Por otro lado, también hubo muchas personas que pudiéndose encerrar para evitar contagios siguieron saliendo sin entender que el salir podía provocar más contagios y que eso no era una decisión personal.

La tendencia a asumir que la amenaza es externa a el círculo social de cada persona, así como una costumbre de impunidad y privilegio han llevado a las élites a asumirse inmunes al virus o a sus efectos, sea por creer que el tener acceso a servicios de salud privados puede favorecerlos o porque asumen que quienes los rodean no tienen las mismas características biológicas que ellos. Pareciera que existe la creencia de que el dinero, las conexiones políticas o las jerarquías sociales pueden permitirles controlar el virus o eximirlos de su responsabilidad hacia aquellos a los que contagian.

En contraste existe también una reacción que combina la necesidad de socialización, de consumo y de delegación en el Estado de su sentido de prudencia frente a los contagios potenciales. Esto lleva a amplios sectores de la población a decidir sobre su movilidad a partir de declaraciones o decretos gubernamentales más que desde la información concreta sobre el número de contagios.

Además, está la población que durante la pandemia han tenido que trabajar por estar en sectores esenciales o en empresas que no pudieron o se negaron a cerrar temporalmente, y la que sobreviven del más amplio sector laboral del continente, la economía informal. Para estos sectores hubo condiciones mínimas o inexistentes de protección, lo que también influye en su percepción sobre las medidas sanitarias. Hay que recalcar que fueron también los sectores más afectados, en términos de salud y económicos.

La supervivencia en este contexto quiere decir algo muy distinto para cada sector. Para unos significa mantener su estado de excepción y de inmunidad a los males de la sociedad, y para otros significa seguir sobreviviendo a todos los males de la sociedad, de los cuales la pandemia es el menor.

Lo que es innegable en este momento es que el virus es un mal que ha golpeado a toda la humanidad y que explicitó la interconexión humana. La interconexión tiene varias aristas. No todos los cuerpos pudieron encerrarse y muchos entendieron que la interconexión completamente palpable representa ahora más que nunca nuevas pistas. Una de las tristes realidades que salió a relucir fueron los grandes porcentajes de población que no entendieron los riesgos de la interconexión que quedó expuesta con este virus. Por otra parte está la conciencia de la importancia de la otredad, de la dependencia de la vida de cada uno con la vida y las decisiones de todos los demás. La relación dialéctica entre cuidar-me y ciudar-nos se ha vuelto ineludible.

En estos momentos esa otredad necesita atención tanto para percibir lo que nos enriquece como lo que nos vulnera. Por lo contagioso que ha resultado el coronavirus existe el grave riesgo de criminalizar al otro, de profundizar el aislamiento y la desconfianza. En las ciudades la fragmentación ya era un problema profundo que muy posiblemente esté en aumento y corre el riesgo de agudizarse después de la pandemia.

En algunos lugares se manifestaron modos creativos de no dejar solo al otro y de no criminalizarlo. Se organizaron cacerolas comunes, redes de apoyo en las cuales campesinos apoyaron a personas de las ciudades. Muchos esfuerzos independientes de organizar comedores gratuitos, no sin la gran dificultad que implicó ser solidario con el contagio de por medio. La solidaridad más que nunca cuando fue cuerpo a cuerpo implicó en algunos dar la vida.

Otro ejemplo muy interesante es la Nación Wampis de Perú que en el contexto del saqueo y del extractivismo se determinó autónoma en 2015. Los días 8 y 9 de agosto de 2020, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (2020) acordó declarar su territorio, la naturaleza y su biodiversidad como el Hospital Natural de los Wampis. Esta declaratoria incluye la exigencia de respeto al equilibrio ambiental y a los conocimientos que entraña la biodiversidad de su territorio, así como la creación de un Comando Covid-19 encargado con la tarea de afrontrar la pandemia con acciones de prevención y atención sanitaria. Todo esto ante la desconfianza de las capacidades e intenciones del Estado peruano.

Como dice Zibechi (2020a) las posibilidades de esperanza surgen de las formas de vida heterogéneas, eso resuena con la crítica a la universalidad que podría ser un modo en común de señalar a los de arriba desde nuestras diversidades; también plantea la idea de que cuando el Estado es genocida, los recursos de los pueblos son el único relevo posible para combatir guerras y enfermedades. Esto ya lo venía gritando el movimiento feminista de los últimos años, la necesidad de pensar el cuidado en común, que hoy no solo se ve como un acierto sino como una urgencia.

Una señal de alerta, un síntoma alarmante sobre nuestra forma de relacionarnos como humanidad y con el planeta es que al mismo tiempo que estamos padeciendo una crisis global que tiene en sus causas el deterioro ambiental que hemos provocado, los asesinatos y agresiones de defensores del medio ambiente van en aumento y se han normalizado, y las comunidades que se oponen a proyectos que destruyen los frágiles equilibrios del planeta son criminalizadas y olvidadas.

 

¿Qué sigue?

 

Cuando vemos las respuestas estatales, la crisis del sistema, con la serie de atrocidades que hemos repasado, más una larga lista que no cabe en estas líneas, surge una imagen: La de una humanidad que viaja toda en un gran barco, el timón lo manejan unos irresponsables, desquiciados, borrachos de poder y ambición que nos llevan directo a una colisión catastrófica. Las preguntas y el desconcierto abundan: ¿Qué hacemos? ¿Saltamos? ¿Peleamos por el timón? ¿Cerramos los ojos? ¿Esperamos un milagro? ¿Buscamos salir de ahí para ir a otra embarcación? ¿Improvisamos un bote salvavidas? ¿Nos lanzamos a nadar solos? La única respuesta que tenemos hasta ahora es que sabemos que ya no podemos seguir por ahí, o es trágicamente claro lo que va a pasar. Seguimos navegando a toda velocidad hacia la catástrofe y hemos agotado todo aquello que parecía funcionar y que por más que intentamos remendarlo, reacomodarlo, sigue siendo igual que lo que nos ha conducido a este punto.

 

¿Qué sigue?

 

Para tener esperanza hay que sobrevivir. La esperanza que puede surgir en esta crisis no está en cómo recuperar el rumbo, sino en hacer que todo tome otro rumbo. El sostener el mismo sistema económico, las mismas relaciones de poder, la mismas relaciones con el planeta llevarán inevitablemente a situaciones iguales o peores. No es posible seguir viendo hacia el mismo lugar, es necesario mirar distinto, relacionarnos distinto. Esto no es un ejercicio de ingenuidad o locura, es la más profunda sensatez, es algo que hacen muchas, muchos en muchas partes del mundo, tan distintas en historias y geografías como la Selva Lacandona o el Kurdistán.

 

¿Qué sigue?

 

“Tal vez la pregunta ‘¿Cuál es la velocidad del sueño?’ debería ser acompañada de la pregunta ‘¿Cuál es la velocidad de la pesadilla?’” (Subcomandante Insurgente Marcos (2004)

 

 

Referencias

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