En este día Mundial de la Alimentación es obligatorio subrayar que la crisis agravada por el covid-19 ha destapado muchas fragilidades, entre ellas las deficiencias de un sistema agroalimentario que no es capaz de producir alimentos saludables, sostenibles y accesibles para todo el mundo. Un sistema cuyas actividades de elaboración y procesado, envasado, transporte y distribución de alimentos generan entre el 21 y el 37% del total de las emisiones netas de gases de efecto invernadero, agravando la crisis climática en la que nos encontramos. Un sistema cuya actividad se ha vinculado con la aparición y transmisión de pandemias. Se estima que el 31% de los brotes de enfermedades emergentes están relacionadas con la invasión humana y la deforestación, asociada entre el 75% y el 80% a la expansión agrícola para obtener pastos o la producción de piensos, según el informe ‘Sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales, de la crisis climática a la covid-19’

Podemos afirmar con rotundidad que el sistema agroalimentario actual nos enferma, nos contamina, nos explota e incluso nos mata de hambre. Según las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  la pandemia del covid-19 podría provocar a finales de 2020 un aumento de 130 millones en el número de personas afectadas por el hambre crónica en todo el mundo. Y para acercarnos un poco más a nuestra realidad, recordemos las ‘colas del hambre’ que van creciendo en nuestros barrios mientras paradójicamente, se desperdician un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo anualmente. Este año se nos habla mucho de salud y bienestar. Pero… ¿qué salud y bienestar con un sistema que no garantiza el acceso a una alimentación sostenible y adecuada al conjunto de la sociedad?

La producción, elaboración y distribución de alimentos para lograr una alimentación y nutrición adecuada de las poblaciones son cuestiones estratégicas para los países. Sin embargo, existen diferentes enfoques políticos para alcanzar dichos objetivos

 

Desde 1948, la Organización Mundial de la Salud define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En 1997, la misma organización indicaba que entre los requisitos para que una población sea sana se encuentra la alimentación adecuada.  La producción, elaboración y distribución de alimentos para lograr una alimentación y nutrición adecuada de las poblaciones son cuestiones estratégicas para los distintos países. Sin embargo, existen diferentes enfoques políticos para alcanzar dichos objetivos.

Un primer enfoque es el del concepto de seguridad alimentaria, que según la FAO, “se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”

Un segundo enfoque es el de los Derechos Humanos, entre ellos el Derecho a la Alimentación, recogidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, formada por la  Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 

Además de formar parte de la Declaración Universal de los DD HH (Art.5), el Derecho a la alimentación aparece numerosas constituciones, leyes de seguridad alimentaria y nutricional; y leyes sectoriales. La Constitución española (art 10, apdo 2) indica que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades […] se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España”. Además la firma del PIDESC por los distintos Estados obliga jurídicamente a adoptar medidas para lograr el derecho a una alimentación adecuada y lucha contra el hambre.

Por último, desde los movimientos campesinos y sociales, para subsanar las deficiencias en el concepto de la seguridad alimentaria, surge la Soberanía Alimentaria. Su definición más aceptada es la que se generó en Nyéléni (Malí) en 2007 en el Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria  como “el derecho de las personas a alimentos adecuados desde el punto de vista saludable y cultural obtenidos a través de métodos sostenibles y ecológicos y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas”. 

Desde el punto de vista práctico y de implementación estos tres enfoques se diferencian entre sí sustancialmente. La Seguridad Alimentaria es la definición de un objetivo y por lo tanto es un término que ha sido interpretado muy ampliamente, sin recomendar automáticamente un programa específico.  El Derecho a la Alimentación no descansa sobre un conjunto particular de políticas, sino que se concentra en las obligaciones de los Estados y en permitirles a las personas que se realicen las acciones jurídicas necesarias para que sus derechos sean reconocidos. Los Estados deben garantizar el Derecho a la Alimentación pero tienen un amplio margen de discreción sobre cómo implementarlo. La soberanía alimentaria se transforma en una batería de propuestas de políticas más precisa, cuestionando la inactividad política u otros fracasos en el seguimiento de políticas adecuadas .

Según el ex relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, la agroecología contribuye a este derecho en varios niveles disponibilidad, asequibilidad, adecuación, sostenibilidad y en la participación de los agricultores

 

Como propuesta para avanzar a un modelo más justo, y en estrecha relación con la soberanía alimentaria, la Agroecología propone un enfoque alternativo para los sistemas agroalimentarios. Según el ex relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, la agroecología contribuiría a este derecho en varios niveles: disponibilidad (aumenta la productividad sobre el terreno), asequibilidad (disminuye la pobreza rural), adecuación (contribuye a mejorar la nutrición), sostenibilidad (contribuye a la adaptación al cambio climático) y en la participación de los agricultores (difusión de buenas prácticas). 

Tanto la soberanía alimentaria como la agroecología plantean la necesidad de relocalizar la cadena agroalimentaria para, al hacerlo, generar un cambio en las estructuras de poder de la misma, frente una definición de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles aprobada por numerosas instituciones como aquellos “que garantizan la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas […] sin poner en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de la seguridad alimentaria de futuras generaciones”. Esta visión institucional no incorpora la enorme desigualdad e inequidad del sistema, donde la distribución ejerce el poder y el control sobre las demás etapas. De esta forma surgen los Sistemas Alimentarios Alternativos, sistemas paralelos de producción, elaboración, distribución y consumo de alimentos, que  reequilibran las relaciones en un territorio y momento definido, especialmente en cuanto a los aspectos institucionales y políticos. 

En nuestro país existe un creciente número de personas que tienen dificultades para acceder a una alimentación saludable y sostenible. A menudo pertenecen a segmentos de población con elevadas tasas de obesidad y sobrepeso y que sufren consecuencias graves en términos de bienestar, calidad de vida y salud. Existe una relación entre unidades familiares de bajos ingresos y una alimentación con escasas frutas y verduras y con un exceso de grasas y azúcares, y un patrón alimentario orientado hacia alimentos más calóricos y saciantes que en el resto de la población.

Los medios de comunicación son los actores principales encargados de la transmisión de la información nutricional dirigida a las personas consumidoras. Existe evidencia del potencial de los medios para contribuir a modificar los hábitos alimentarios y, de forma habitual, la información que representan responde a los intereses de la gran industria y distribución agroalimentaria.

Se hace urgente y necesario avanzar hacia sistemas alimentarios locales, respetuosos con el medio ambiente, sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados que aseguren el acceso a una comida sana al conjunto de la población y que además potencien el empleo local. La campaña #alimentacionessalud, pretende señalar la relación entre salud y nuestra alimentación y defender este derecho porque estamos convencidos/as de que comer bien es un derecho y empujaremos para hacer posible lo acordado internacionalmente hace ya más de 70 años.