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De casa al trabajo y del trabajo a casa
El gobierno español va a implantar en los próximos días un toque de queda que, sumado a las restricciones ya aprobadas en todas las Comunidades Autónomas, suprimirá las ya menguadas libertades de movimientos a tres casos: trabajo, estudios o trámites. La ausencia de lecturas críticas sobre la información existente respecto a la pandemia y la aceptación del relato oficial tiene escasos precedentes en la izquierda española.
Origen militar del término
El llamado toque de queda es una institución de carácter militar, adoptada generalmente en escenarios de guerra o de excepcionalidad política (disturbios, crisis sociales) que consiste en la restricción a cualquier persona de permanecer o circular por las calles de manera libre y sin una justificación considerada válida por la autoridad del momento. Hay que retroceder a la época de Franco para recordar la última vez que se implantó esta figura, normalmente anudada a una declaración de Estado de Excepción.
Para apreciar en sus debidos términos toda la charlatanería de «analistas» y «virólogos» que nos van a intentar convencer de lo bueno que esta esta medida, y que despierta un increíble sentimiento de adhesión entre el joven progresista preocupado por «la pandemia» y el Comisario torturador que organiza las patrullas que se «excederán» en el uso de la fuerza cuando vean a una persona por la calle; para poner en evidencia la mezquindad y la fragilidad de todo este movimiento, casi patriótico, que hay detrás de los calificativos de «irresponsables» a quienes no aceptamos que nuestras libertades sean pisoteadas, necesitamos contemplar todo este espectáculo desde un punto de vista situado fuera de los límites estrictos del virus, de la enfermedad o de la aparente disputa política entre Gobierno y Comunidades Autónomas.
Toque de queda y militarización planificada
Un reciente artículo de Carlota García Encina, analista del Real Instituto Elcano, describía la pandemia de coronavirus como «una oportunidad para la OTAN». Concretamente expresaba que «la universalidad del coronavirus hace que la OTAN deba defender a los 30 como si fueran uno solo, pasando del “uno para todos y todos para uno” al “todos para todos”.
En el año 2003, y anticipándose a los hechos como el tramposo jugador de póker que anticipa sus resultados, la OTAN difundió -no fue secreto-el informe Urban Operations in the Year 2020, un análisis socioeconómico de la situación en Europa donde anticipaba una crisis social sin precedentes en la historia del capitalismo, donde la pobreza urbana «podría crecer significativamente en el futuro, conduciendo a posibles sublevaciones, desordenes civiles y amenazas para la seguridad que impondrán la intervención de las autoridades locales«.
El análisis era solo un anticipo de la crisis que el sistema capitalista estaba fraguando. Naciones Unidas evaluó en el año 2019, y contando con los datos a 31 de diciembre de 2018 (es decir, a menos de año y medio de la «crisis del coronavirus»), que el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los menores de 18 años, se encontraban en situación de pobreza. Que más del 55% tuvo dificultades para llegar a fin de mes, y que el 5,4% tuvo carencias severas (acceso a luz, agua potable, calefacción, etc.). El paro oficial era del 13,78%, más del doble de la media de la UE y el paro juvenil era del 30,51% entre menores de 25 años. Insistimos, antes del Estado de Alarma decretado el 14 de marzo de 2020.
«Nueva excepcionalidad»
Desde aquella fecha, España ha vivido la normalización de la militarización de las calles primero mediante la Operación Balmis (que toma el nombre de Francisco Javier Balmis, un médico militar que utilizó a 22 niños huérfanos para experimentar e inocularles la viruela) y luego mediante las paulatinas restricciones a la libertad de movimientos, que serán vigilados de cerca por las fuerzas de seguridad. El pretexto no era como en otras ocasiones un grupo terrorista o una catástrofe climática.
Hay dos formas de analizar las premisas de todas estas decisiones, para luego decidir si debemos cuestionar o no el relato oficial «científico» que las motivan. El primer estado que debemos constatar es, si previo a todas estas restricciones existían motivos de alarma entre el poder político y económico para adoptar, libres de virus, decisiones parecidas. No podemos entrar a examinar aquí, naturalmente, aspectos más precisos de naturaleza biológica que aparentemente son las que guían la acción política del gobierno de coalición, pero sí debe llamarnos la atención la extraordinaria coincidencia de tiempos, decisiones y situaciones de una economía malograda y socialmente explosiva.
Toda investigación de un hecho («crisis del coronavirus») tiene que partir de las circunstancias que la rodean para obtener conclusiones precisas, y no al revés. El origen de esta crisis que está empobreciendo a millones de personas no podemos circunscribirla al 14 de marzo de 2020, porque como hemos visto, el problema venía de mucho antes.
Si a esto le sumamos que muchas de las decisiones que están transformando la sociedad hacia un modelo privatista (encerrado en casa) e individualista (normalizando la supresión de derechos) se hicieron en base a criterios de un «comité de expertos» que no ha existido nunca, podremos activar una alarma de que esto no es solamente cosa de un «puto virus».
Pero la segunda cuestión que necesitamos verificar es el efecto disuasorio del ejercicio de esos derechos implican estas decisiones, porque incluso la izquierda está aceptando el relato oficial de los hechos con una asombrosa pasividad.
¿Debemos cumplir con las restricciones?
Paul Von Hindenburg, quien llegó al poder gracias a su fortuna familiar, y con credenciales fabricadas por dicha fortuna, terminó con la Constitución alemana de Weimar de 1919 al firmar el Decreto de Incendios del Reichstag y marcar el comienzo de algo que en el momento de ser aprobado nadie llamaba fascismo. En el contexto actual, la sucesión de reglamentaciones de esta «nueva excepcionalidad» otorga una delegación extraordinaria de funciones en los agentes de la policía o de la guardia civil.
Con este poder otorgado, no hay lugar para dar marcha atrás. El toque de queda que en las próximas horas va a instaurarse puede ser eliminado algún día del BOE, pero el sentido de esta medida es que la psicología de masas incorpore a su conducta una disciplinada actitud ante la realidad que nos rodea.
Y lo que nos rodea es la que ya conocemos. Frente a la pregunta de si debemos o no cumplir con las restricciones que nos impone el Estado (confinamiento, aislamiento, no reuniones, no ocio), debemos preguntarnos (al igual que debíamos hacerlo antes del 14 de marzo) si estamos dispuestos a aceptar o no que la pobreza y la represión formen parte de nuestras vidas.