Más de 8.000 indígenas, campesinos y afrodescendientes llegan a Bogotá para denunciar las masacres que se están produciendo en toda Colombia con la complicidad del Gobierno de Iván Duque.

“Guardia, guardia. Fuerza, fuerza”, corean miles de jóvenes levantando sus chontas (bastones de madera), mostrando la decisión de los pueblos originarios, negros y campesinos de defender la vida y el territorio, durante la Minga que ha llegado el domingo 18 de octubre por la noche a Bogotá. Son 8.000 voluntades que recorrieron 450 kilómetros desde Cali, en el sur del país, hasta la capital, movilizando 500 vehículos, muchísimas chivas (autobuses abiertos de las regiones rurales) y caminando en forma ordenada, flanqueados por la Guardia Indígena.

Es la única movilización organizada con objetivos precisos, capaz de poner en movimiento a la sociedad colombiana. Prueba de ello es que todos los medios, aún los más derechistas, están cubriendo la Minga, y que la ultraderecha del Centro Democrático, el uribismo —partidarios del ex presidente Álvaro Uribe—, interpuso una denuncia porque, dicen, “la movilización está violando los protocolos de bioseguridad y poniendo en riesgo a la ciudadanía”.

Lo cierto es que la llegada de miles de indígenas, afros y campesinos a Bogotá movilizó a buena parte de la capital, donde fue recibida por los jóvenes que ganaron las calles en noviembre pasado, durante el paro nacional, y las ocuparon nuevamente el 9 y 10 de setiembre en respuesta al asesinato de un abogado por la policía. Las chivas multicolores circulaban rebosantes al son de pitos y tambores.

La alcaldía de Bogotá, de centro-izquierda y opuesta al uribismo, encabezada por Claudia López, acondicionó el Palacio de los Deportes para que miles de marchistas pudieran alojarse en condiciones, algo que negaron alcaldes de la derecha por donde paso la Minga. En tanto, el presidente Iván Duque mantiene su negativa a dialogar directamente.

¿Buscar al presidente o a los pueblos?

El nombre completo de la movilización es “Minga Social y Comunitaria por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz”, y se desarrolla cada vez que los pueblos se sienten profundamente agredidos. Hubo muchas mingas desde la Constitución de 1991 que incorporó los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Porque a pesar del reconocimiento de sus territorios y de un enfoque diferencial en términos de salud, de educación o de justicia propias, los pueblos originarios necesitan garantías, precisan de cierto nivel de equilibrio y armonía territorial para poder desarrollar esos derechos.

Estas grandes marchas salen casi siempre del suroccidente del país, sobre todo de los 84 resguardos de los ocho pueblos indígenas del departamento del Cauca, motor rebelde e histórico escenario de procesos de transformación social en Colombia. El epicentro de la diversidad de comunidades suele encontrarse en Santander de Quilichao (Cauca) o Cali (Valle del Cauca), como sucedió esta vez.

La legitimidad social y política de las mingas, conformadas en torno al sujeto colectivo indígena, con destacada participación del pueblo nasa y del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), es tan amplia, que ningún gobierno las rechaza frontalmente. Durante el recorrido de cuatro días, miles de personas la rodearon con cariño y solidaridad. Hasta un grupo de Hare Krishna les entregó alimentos y agua en su llegada a Bogotá, mientras familias y vendedores ambulantes les acercaban agua y gaseosas de manera espontánea.

Las mingas suelen presentar demandas al Estado colombiano, que desde las reformas constitucionales de 1991 aporta ingentes recursos a los cabildos indígenas. Sin embargo, la principal demanda en esta ocasión es por la vida, contra la represión y las permanentes masacres que desangran Colombia. “Hacemos el llamado para que nos levantemos pacíficamente, para que dejemos de ser pisoteados, ¡ya no más desconocimiento al pueblo!”, gritaba el vocero de la Consejo Regional Indígena del Departamento de Caldas a su llegada a la Plaza Bolívar de la capital.

En lo que va de año, en el Cauca hubo nueve masacres con 36 víctimas, cifra que se eleva a 67 en todo el país. “El Gobierno colombiano está atentando contra la pervivencia de los pueblos indígenas del Putumayo con la implementación de políticas extractivistas”, aseguraba el vocero de los pueblos indígenas del Putumayo. “Tenemos un Gobierno que no gobierna, tenemos un Gobierno que nos masacra, nos desaparece”, aseguraba la vocera de la organización de Ciudad en Movimiento.

Los territorios indígenas, negros y campesinos son codiciados por las grandes multinacionales mineras y por el narcotráfico, que buscan despejar poblaciones para hacerse con tierras para explotar recursos. Esa es la causa última de la violencia, la misma que provocó una guerra de cinco décadas que no consiguieron frenar los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC.

La respuesta indígena ha sido negociar para que el Estado aumente los recursos que traspasa, que en esta ocasión el Gobierno de Duque —heredero de Uribe—, promete serán hasta 2.600 millones de dólares solo para los indígenas. Ante tamaña legitimidad social de la Minga, el Gobierno una vez más dice estar dispuesto al diálogo, pero todos los gobiernos dicen lo mismo y luego incumplen lo firmado.

En este punto, la movilización indígena oscila entre dos variables: exigir un debate político con el Gobierno que posicione el derecho a la vida y a un territorio en paz o establecer dialogo con pueblos y sectores sociales, en particular urbanos, para tejer una red de alianzas contra el modelo neoliberal extractivo. No son contradictorias, pueden incluso ser complementarias, pero el debate se centra en las prioridades.

Pero en esta ocasión es diferente, la única demanda es por la vida. La mayora Blanca Andrade del programa Mujer del CRIC, resume el debate a su modo: “Vamos a salir porque hay mucha violencia, mucha indignidad, la gente ya no puede transitar tranquila por la comunidad. Los pueblos tenemos dignidad y no pueden pasar por encima nuestro. Uno ve cómo matan campesinos, sectores urbanos y no pasa nada. No hay justicia que haga respetar los derechos de los pueblos y los sectores sociales y tenemos que salir a decirlo”.

Denuncia el terrorismo del Estado y asegura que “este Gobierno ha sido el más terrorista y está violando el pacto de paz, pero nos dice terroristas a los pueblos”. Y aquí viene el punto: “Nosotros queremos verlo para decirle esto. No para lo económico, porque para resolverlo trabajamos. No vivimos de plata que nos den sino de la tranquilidad de la vida. Para mí no es importante ir a Bogotá, es una pantalla y allá no sirve ir. Acompañar a los otros sectores y reunirnos con ellos es más importante que ver al presidente. Cuando queremos hablar con el gobierno ahí se embolata (entrevera) la autonomía”.

Una autoridad masculina del resguardo de Corinto, agrega: “La Minga sale a Bogotá porque el Gobierno no quiere dialogar. Pero lo fundamental no es encontrarnos con el Gobierno sino con los sectores sociales, es una ruta política porque nos están matando”.

La potencia de las comunidades

Movilizar entre 8.000 y 10.000 personas durante 15 días, entre la espera inicial a Iván Duque en Cali, el recorrido hasta la capital y luego el acampe de cara a la huelga general del miércoles 21 de octubre, donde se espera una masiva y maciza movilización, requiere una fuerza de base que ningún otro sector de la sociedad es capaz de enseñar. La fuerza indígena se concentra en las estribaciones andinas del Cauca, en sus fabulosos valles donde las comunidades mantienen la diferencia de sus culturas y cosmovisiones con increíble tenacidad.

Sería injusto decir que los indígenas caucanos reproducen su cultura, sin más. También la van modificando, en un ejercicio espiritual y colectivo de actualización. El papel de las mujeres, por ejemplo, ya no es el mismo de cinco décadas atrás, cuando se fundó el CRIC. Ellas tienen cargos en comunidades y resguardos, en medios de comunicación, en la Guardia Indígena y en todos los espacios, aunque con menor intensidad en las cúpulas que, cero novedad, tienden a ser masculinas.

La forma de elegir autoridades, también va mutando. Del modo “electoral”, en sintonía con la cultura política hegemónica, van pasando a modos más comunitarios de elección, anclados en sus cosmovisiones, que implica elegir por la calidad de los valores y las conductas, más que por la facilidad de palabra de la persona.

La fuerza de las comunidades puede medirse en dos direcciones. La primera, más directa, como sostén de la vida material, de la cotidianeidad, en la que la diversidad de cultivos, las ferias de trueque, los rituales de armonización, la medicina y la justicia propias, son algunas de sus manifestaciones más potentes. Durante la pandemia multiplicaron las formas tradicionales de intercambio, como el trueque sin dinero pero también sin equivalencias (un quilo por un quilo), sino en base a las necesidades de cada familia.

Esas prácticas no capitalistas sustentan una autonomía real, potente en las bases territoriales y más difuminada a medida que se “sube” en la estructura. La Guardia Indígena es la clave de bóveda de la autonomía del movimiento, en general, y expresa la potencia de sus comunidades, en particular.

Pero hay una segunda dimensión de esta fuerza colectiva. Se relaciona con la capacidad de influenciar a otros y otras que no son indígenas, como sucede ahora en la Minga. La cultura de la resistencia, ya no es la misma de 1971, año de fundación del CRIC. Cinco décadas es un tiempo suficiente para evaluar la influencia de los pueblos originarios en la cultura política de abajo. Sus experiencias se expanden horizontalmente, como manchas de aceite.

Entre los 102 pueblos originarios de Colombia, agrupados en la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), ya son 70.000 guardias organizados. Además se han creado las Guardias Cimarronas entre los pueblos negros, la primera en 2009 en Palenque, y las Guardias Campesinas están dando sus primeros pasos desde 2014, recuperando las “guardias cívicas” de la lucha por la reforma agraria de 1974.

Desde 2018, se realizan encuentros interétnicos e interculturales entre las guardias indígena, campesina y cimarrona. Entre los desafíos que se plantean estos encuentros, figuran la articulación zonal, regional y nacional de las guardias, la formación política y operativa, con el objetivo de fortalecer el control territorial para defender la autonomía.

En el Cauca, cuna y núcleo del movimiento resistente, el Proceso de la Liberación de la Madre Tierra es probablemente la punta de lanza de la acción directa colectiva. En los últimos cinco años recuperaron 12 fincas del agronegocio de caña, alrededor de 4.000 hectáreas, cuya “liberación” ha costado vidas y cárcel, pero marca a fuego los objetivos del movimiento.

Por ahora, pese a todas las dificultades externas y tensiones internas, los pueblos indígenas, negros y campesinos de Colombia pueden celebrar: Bogotá los recibió con los brazos abiertos, dialogan con la población y confluyen con las centrales sindicales en una enorme jornada de lucha. Rompieron el cerco militar, paramilitar y mediático, que no es poco en tiempos de guerra contra los pueblos.