Los desafíos de los pueb los originarios en los territorios controlados por el estado ruso

1º de noviembre de 2020

De los más de 190 grupos étnicos que viven en Rusia, 40 son clasificados por la legislación nacional como pueblos indígenas de pocos miembros que habitan el Ártico, Siberia y el lejano este ruso. Su clasificación como pueblos indígenas de pocos miembros significa que el Estado es responsable, a través de un conjunto de leyes, de la protección de su cultura y su forma de vida singular. Con una población cercana a las 250.000 personas, son una minoría incluso en el Ártico y Siberia donde viven rodeados de grupos étnicos más amplios, aunque en algunos distritos rurales remotos sí constituyen una mayoría. Luego de convivir durante décadas con la rigidez del Estado soviético, hoy intentan sobrevivir a las empresas extractivistas que explotan recursos excepcionales de sus territorios.

La colonización de Siberia por el Estado ruso comenzó en el siglo XVI y dos siglos después se encontraba casi completamente concretada. La conquista del territorio que suma tres cuartes partes de la Rusia actual no fue tranquila: las escaramuzas pequeñas y guerras entre los rusos que avanzaban y las poblaciones indígenas que resistían están muy bien documentadas. Sin embargo, una vez terminada la conquista, los intereses del Estado ruso y los migrantes no indígenas se limitaron principalmente a los impuestos y al comercio.

A pesar de que en algunas áreas el arribo de los rusos resultó en un agotamiento de la vida silvestre (el impuesto a las pieles era la principal forma de tributación de los pueblos indígenas del Ártico ruso y Siberia) y que los migrantes llevaron alcohol y enfermedades antes desconocidas, los pueblos indígenas continuaron ejerciendo un control efectivo sobre vastos territorios de la región. Pero la revolución Bolchevique de octubre de 1917 simbolizó el principio del fin de esta relativa autonomía de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas tras la revolución comunista

La transformación total de la estructura de la sociedad rusa y el nuevo modelo político y económico llegaron incluso hasta los lugares más remotos del país. Por un lado, se prestó una mayor atención a los asuntos indígenas, se intentó expandir la educación formal y la infraestructura de salud, se abasteció con alimentos para prevenir el hambre durante el invierno, algo que era muy común para los pueblos del Ártico ruso. Por otro lado, la rigidez ideológica del Estado soviético observaba a los indígenas como una cultura primitiva y esperaba que cambiaran de acuerdo a sus nuevas aspiraciones.

Muchas comunidades nómadas fueron forzadas a adoptar una vida sedentaria, mientras sus hijos eran separados forzosamente de sus familias y enviados a internados. Al mismo tiempo, las autoridades introdujeron el control sobre la caza y la pesca, y confiscaron tierras para obras de infraestructura y desarrollos industriales. Los renos fueron expropiados, mientras que los pastores fueron forzados a unirse con sus renos a los kolkhoz (granjas colectivas).

En la Unión Soviética, el ateísmo era parte de la ideología oficial y, por ende, las autoridades soviéticas fueron especialmente duras con los líderes espirituales y tribales. En las primeras décadas del gobierno soviético, muchos fueron arrestados y perecieron en prisiones y campos de trabajo. Eventualmente, las formas de toma de decisión indígenas fueron reemplazadas con las del Estado soviético, mientras que el liderazgo tribal fue sustituido por una élite cuya lealtad estaba con el Partido Comunista y no con su gente.

De este modo, no sorprende que un impulso tan agresivo hacia el cambio no fuera recibido con mucho entusiasmo por los pueblos indígenas. Muchas regiones han presenciado confrontaciones armadas entre las autoridades soviéticas y las comunidades indígenas, incluida la rebelión Kazym en 1933-34, cuando se rebeló una comunidad Khanty en respuesta a la separación forzada de sus hijos y la insensibilidad espiritual de las autoridades soviéticas y sus agentes locales. La insurrección fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad y dejó alrededor de una docena de muertos en ambos lados. Levantamientos similares contra autoridades comunistas tuvieron lugar entre las décadas de 1920 y 1940 en Yamal, Chukotka y Yakutia.

Otras características del periodo soviético fueron la expansión de las industrias extractivistas y la industrialización en el Ártico ruso y Siberia. Las empresas estatales, a menudo con el uso de trabajo forzado, iniciaron la minería a gran escala de oro, níquel, uranio y carbón. La explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural en Siberia occidental comenzaron a finales de los años 50 y dos décadas más tarde la región fue transformada en uno de los mayores productores de hidrocarburos en la Unión Soviética.

Para facilitar el suministro constante de fuerza de trabajo para las minas y las plantas de procesamiento, se crearon nuevas ciudades y asentamientos, como Norilsk y Vorkuta. El establecimiento de grandes centros urbanos generó dramáticos cambios en la demografía de la región: la proporción de pueblos indígenas en áreas que habían habitado tradicionalmente se volvió cada vez menor. Por ejemplo, en la región autónoma de Khanty-Mansi, los pueblos Khanty, Mansi y Nenets cayó del 20% en 1939 a menos del 3,5% en 1979. El desarrollo de infraestructura extractiva, las plantas de procesamiento, las industrias y los centros urbanos en el Ártico ruso y en Siberia en territorios indígenas nunca respetó su valor económico y espiritual. La estructura de gobierno centralizada y la naturaleza fuertemente ideológica del Estado soviético no dejaban espacio para la autodeterminación.

La liberalización política de finales de los ‘80 creó un espacio para los debates acerca de la historia de la colonización rusa de Siberia y, la relación entre los pueblos indígenas y el Estado Soviético. Este periodo vio el nacimiento del movimiento indígena ruso y la emergencia de líderes que hicieron preguntas críticas acerca de los orígenes de la crisis social y la discriminación que afectaban a las comunidades en la Unión Soviética, así como el impacto ambiental de las industrias extractivas en el Ártico ruso y en Siberia.

Neoliberalismo al estilo ruso

Las reformas políticas en Rusia coincidieron con una crisis económica de enormes proporciones que llevó a la casi desaparición del sistema de seguridad social y empeoró los padecimientos de las comunidades indígenas. Al colapso de la economía del Estado, le siguieron reformas económicas drásticas que incluyeron la privatización de bienes industriales y extractivos. La mayoría fue rápidamente acumulada por un pequeño número de propietarios. La llegada de Vladimir Putin al poder hace dos décadas modificó esta tendencia privatizadora e hizo que el Estado volviese a tener control sobre los bienes más lucrativos y estratégicos, como el gas, el petróleo y la banca.

El modelo de desarrollo económico de la Rusia post soviética está basado en la explotación intensiva y exportación de sus recursos naturales, de los cuales una parte significativa se encuentra en territorio indígena. El aislamiento geográfico de los sitios extractivos y las plantas de procesamiento genera que las compañías sean la única autoridad en las áreas en donde operan. En consecuencia, son responsables del bienestar de ciudades enteras, son las garantes de la mayoría de los empleos, administran un sistema de seguridad social propio, controlan a los medios de comunicación locales e incluso cuentan con su propio aparato de seguridad. Las autoridades municipales dependen por completo de la buena voluntad de las empresas “a cargo”, mientras que las agencias del Estado, incluidas las fuerzas de policía, trabajan codo a codo con ellas. Y a menos que un desastre de grandes proporciones llame la atención de los medios y la opinión pública responda, el Estado tiende a ignorar las irregularidades.

Un caso concreto es el de la ciudad de Norilsk, conocida como una de las ciudades más contaminadas del mundo, que está bajo el control total de uno de los mayores productores de níquel a nivel mundial: Nornickel. La empresa es responsable de más de la mitad de todas las emisiones de dióxido de sulfuro en Rusia, mientras que solo la ciudad de Norilsk representa el doble de las emisiones de Estados Unidos. Luego de un desastroso derrame de combustible, activistas ambientales acompañados por un importante político ruso intentaron tomar muestras del agua en las áreas afectadas para realizar un análisis químico en Moscú. Sin embargo, se les prohibió abordar el vuelo con las muestras de laboratorio por órdenes del servicio de seguridad de Nornickel. El control de la compañía sobre la región es total.

Muchos principios de la industrialización soviética y la explotación de recursos naturales, incluida la destrucción del ambiente y la falta de respeto por los derechos de los pueblos indígenas, se han mantenido indemnes luego del colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, la integración post soviética de Rusia en el mercado mundial significa que muchas compañías con sede en el extranjero tienen negocios en el país y, por lo tanto, comparten la responsabilidad por las violaciones de los derechos indígenas. La multinacional francesa Total posee el 19,4% de la empresa de gas rusa Novatek, así como intereses en un número de otros proyectos de energía, mientras que la británica BP tiene el 19,75% de las acciones del mayor productor de petróleo ruso, Rosneft..

La amenaza al activismo indígena en Rusia

Desde que la disidencia política se volvió posible en Rusia, los defensores de los derechos indígenas han jugado un rol clave a la hora de exponer el abismal historial ambiental de las compañías extractivistas rusas, la inactividad de las agencias estatales a la hora de hacer cumplir las regulaciones ambientales, las usurpaciones en los territorios indígenas y el efecto de la contaminación en el bienestar de las comunidades indígenas y su forma tradicional de vida. Desde principios de 2000, los activistas indígenas Shor han llamado la atención de la opinión pública rusa hacia el impacto ambiental y social de la minería de carbón en sus tierras ancestrales en Kuzbass, en el sur siberiano. Por su parte, la Asociación de Pueblos Indígenas de Evenkiya ha documentado la negligencia de las autoridades con la tala a gran escala en sus tierras que se desarrolló sin cumplir con las regulaciones ambientales y fueron responsables de los incendios en 2019.

Estas protestas causan una reacción mixta de las autoridades: las ignoran y al mismo tiempo intentan persuadir a sus líderes para que se calmen. Sin embargo, cuando la opinión pública comienza a mostrar simpatía por las demandas de los defensores y las noticias llegan a los medios nacionales e internacionales, la presión del Gobierno se incrementa y, a veces, incluye amenazas y hasta violencia. Los líderes de las protestas Shor suelen recibir amenazas e, incluso, las casas de los activistas han sido quemadas.

Las fuerzas de seguridad hacen poco para proteger a los defensores y para investigar los casos. Por el contrario, como suelen estar ligados con los perpetradores, a veces usan la fuerza, amenazan y hostigan a los activistas de los derechos indígenas. Solo cuando la presión de la opinión pública alcanza a las personas más importantes del país, como el presidente, las autoridades locales comienzan a mostrar algún tipo de acción y solidaridad con los defensores.

En las últimas dos décadas, el gobierno ha aumentado el poder de la policía secreta y otras agencias de seguridad, al mismo tiempo que refuerza su control sobre la sociedad civil y compara a los defensores de derechos humanos con espías de otras naciones. Por eso, el activismo es una tarea difícil y riesgosa. El trabajo en defensa en derechos humanos es visto por buena parte de la sociedad y por las autoridades rusas como algo poco patriótico. Esto significa que los defensores dependen de sí mismos. Quienes plantean el derecho a la autodeterminación son acusados de tener simpatías secesionistas, mientras que los defensores que alcanzan plataformas internacionales para exponer el historial de derechos humanos en Rusia son tratados con hostilidad. En 2014, se les impidió dejar el país a un número de activistas que iban a la Conferencia Internacional de los Derechos Indígenas, incluido el experto Rodion Sulyandziga. Los métodos utilizados por las autoridades fueron desde dañar los documentos de viaje en el aeropuerto, hasta someter a los viajeros a chequeos de seguridad extensos por parte de la policía de tránsito. Mientras algunos activistas lograron llegar a la conferencia con un retraso de horas, otros debieron soportar un largo proceso de emisión de nuevos documentos.

Varios activistas indígenas de Rusia, incluido el presidente de la Asociación Rusa de Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON), Pavel Sulyandziga, y su vicepresidente, Dmitry Berezhkov, han sido hostigados y amenazados por la policía secreta rusa, el Servicio Federal de Seguridad (FSB), y han tenido que pedir asilo político en el exterior. La defensora de los derechos de los indígenas Shor, Yana Tannangasheva, quien acusó al gobierno ruso de inacción frente a las graves violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en la sesión 93 del comité de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación racial, sufrió una campaña de desprestigio en su contra a nivel local y nacional. Tras ser forzada a renunciar en el colegio donde trabajaba como maestra y sufrir una serie de amenazas se exilió de Rusia con su familia.

El acoso a activistas de los derechos indígenas no está limitado a los defensores rusos. En 2019, el experto alemán, Johannes Rohr, recibió la prohibición de entrar al país por 50 años. El caso de Rohr fue solo uno en una lista cada vez más grande de activistas de los derechos humanos cuyas visitas a Rusia fueron calificadas como “amenazas a la seguridad nacional” por el FSB y está en línea con la campaña de difamación actual en contra de los defensores en Rusia.

A dos décadas de la llegada de Putin a la presidencia, el movimiento indígena ruso ha sido reducido a un pequeño número de grupos activistas y organizaciones al borde de la supervivencia. La aprobación de leyes draconianas en 2012 que regulan las actividades de organizaciones de la sociedad civil que sean consideradas “políticas” por el gobierno han hecho que sea casi imposible discutir temas críticos para los pueblos indígenas, tales como la expansión del extractivismo en sus territorios o la ausencia efectiva de un proceso genuino de Consentimiento Libre, Previo e Informado en Rusia.

Un gran número de organizaciones indígenas han sido forzadas a cerrar, entre ellas el Centro de Apoyo a los Pueblos Indígenas del Norte, que está acreditado por varias agencias de la ONU y cuyo director es actualmente miembro del Mecanismo Experto sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las organizaciones que sobrevivieron limitan su accionar a actividades no sensibles, como las artes tradicionales, la cultura oral y la asistencia social. A menudo reciben fondos de las mismas compañías que despojan de tierras a las comunidades indígenas y contaminan sus territorios, su aire y su agua.

Sin razones para el optimismo

Al igual que en muchos otros lugares del planeta, los pueblos indígenas de Rusia han sufrido a manos de los intereses que desean sus territorios. Primero fue el Estado ruso en expansión, que sometió a los pueblos indígenas al pago de impuestos, luego fue el Estado soviético que los forzó a adoptar su modelo de sociedad. Hoy son sometidos por las empresas que junto al Estado extraen recursos que se hallan en sus tierras y territorios. Desde el primer encuentro con el Estado ruso, los derechos, intereses y necesidades de los pueblos indígenas rara vez fueron tenidos en consideración. La opinión de los pueblos indígenas acerca de las innovaciones e iniciativas que afectan sus vidas nunca fue consultada genuinamente.

Los primeros 15 años que siguieron a la liberalización de los ‘80 ofrecieron una ventana de oportunidad para que pudieran decidir por ellos mismos. Sin embargo, esa posibilidad fue rápidamente destruida con la llegada de Putin a la Presidencia. A medida que Rusia profundiza su aislamiento político, se agrava el menosprecio de los derechos humanos e indígenas internacionalmente reconocidos. En este contexto, a pesar de la lucha valiente y audaz de los activistas indígenas y sus comunidades es difícil prever una mejora de su situación.

 

Con una formación académica en antropología y ciencia política, Nikita Bulanin es un activista de los derechos de los pueblos indígenas y un miembro del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA).