Un aparatoso despliegue policial se realizó en Yakye Axa. Detuvieron a dos miembros pertenecientes a la primera comunidad indígena en recibir un fallo a favor de la CIDH.

Por Claudia Colmán, desde Paraguay, para La tinta

El jueves 5 de noviembre, una comitiva fiscal, en compañía de agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), llegaron a tempranas horas al borde de la ruta PY05, que une Pozo Colorado con Concepción (Chaco paraguayo), donde se encuentra la comunidad indígena Yakye Axa, perteneciente al pueblo Enxet Sur. Gran parte de las 60 familias, entre ellas, niñas y niños, que viven en el lugar, fueron testigos de un aparatoso despliegue policial que culminó con la detención de dos de sus integrantes, Inocencia y Benilda, por un supuesto caso de extorsión a la familia del ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado desde el 9 de setiembre por el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En medio de la incansable lucha que lleva adelante la comunidad por recuperar sus tierras ancestrales, y la demora de décadas por parte del Estado paraguayo en garantizar sus derechos, ese día, el gobierno desplegó rápidamente todas sus fuerzas represivas para llevar adelante las detenciones. “No hay peligro de fuga, están ahí desde aproximadamente 25 años. El Estado sabe mejor que nadie”, expresó a La tinta Rodrigo Villagra, presidente del directorio de Tierraviva, organización no gubernamental que cuestionó el uso desproporcionado de las fuerzas policiales.

El procedimiento, que se llevó a cabo sin consultar con los líderes y sin respetar la autonomía de la comunidad indígena, forma parte de un sistemático ataque de las “fuerzas opresivas”, traducción literal de la palabra enxet “selpextetamo”. La policía ya había ingresado al lugar en reiteradas ocasiones, incluso en defensa de los intereses de los terratenientes de la zona.

Yakye Axa lleva más de 20 años de lucha organizada contra el despojo histórico de sus tierras, actualmente rodeadas por establecimientos ganaderos en manos de grandes latifundistas. Inocencia, una de las detenidas, es una de las líderes que, desde los inicios, defendió con agudeza la recuperación de su territorio. Junto a su comunidad, fue forzada a vivir al borde de la ruta durante las últimas décadas, lo que ha implicado mantenerla en un estado de vulnerabilidad alimenticia, médica y sanitaria, que amenaza en forma continua la supervivencia no solo de ella, sino de todos los miembros. Se enfrentó a las amenazas de los dueños de las estancias, que prohibían a los niños y a las mujeres circular para sacar leña, proveerse de agua y alimentos. A causa del peligro de vivir al costado de la ruta, en 2004, dos jóvenes de la comunidad sufrieron accidentes de tránsito. Wilfredo Gómez Fernández falleció, mientras Arsenio Ramos perdió una pierna.

 

La serie de injusticias llevó a Inocencia a ser uno de las testigos claves de la denuncia que hizo la comunidad contra el Estado paraguayo, elevada en 2000 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2005, la CIDH falló a favor de la comunidad y reconoció que el Estado paraguayo no garantizó el derecho de propiedad ancestral, y ordenó la restitución territorial. 

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Recién a finales de este año, mediante la promulgación de la Ley 6.607, el Estado paraguayo habilitó la construcción de un camino que permita a Yakye Axa acceder a su tierra. Tardaron más de una década para velar por los derechos humanos de una comunidad indígena que, en medio de operativos policiales, persecuciones y falta de condiciones para una vida digna, sigue firme en la lucha por la recuperación de su tierra.

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Esta semana, familiares de Inocencia y Benilda se manifestaron al costado de la ruta para exigir la inmediata liberación de las detenidas y el esclarecimiento de la causa.

La CIDH ordena la restitución de tierras

Tras ser expulsados de sus tierras, a inicios de la década de 1990, Yakye Axa inició la solicitud de reivindicación territorial. Las empresas propietarias de las estancias donde se encontraban las tierras reclamadas se opusieron a la solicitud de expropiación. 

Las autoridades dieron la espalda al reclamo. A principios de 2000, en compañía de organizaciones como Tierraviva, la comunidad realizó la denuncia contra el Estado paraguayo en la CIDH, donde, cinco años después, recibieron una sentencia a favor y la orden de restitución de sus tierras. Este fallo se convirtió en el primero en el país y el segundo en las Américas por parte del organismo internacional.

Luego de siete años, en 2012, el Estado paraguayo adquirió a favor de la comunidad 12.312 hectáreas. Pero recién este año, se dispuso la construcción de un camino que dé acceso al territorio recuperado y conexión con tierras de otras comunidades indígenas.

Durante todo este tiempo, la comunidad tuvo que afrontar los intereses de los ganaderos y la complicidad del Estado, que reiteradamente buscaron cambiar el curso del camino a fin de no afectar los intereses internos, como los del actual senador Fidel Zavala, uno de los beneficiarios de la apropiación ilegal de tierras públicas durante la tiranía de Alfredo Stroessner, y quien integra la Comisión de Caminos.

El Estado es responsable

Más de 15 años ha tardado el Estado en reparar una demanda histórica, con un fallo internacional a favor de la comunidad, para avanzar en el derecho constitucional de los pueblos indígenas al acceso a la propiedad colectiva de la tierra -asiento de su hábitat tradicional-, poniendo en peligro la existencia de todo un pueblo y su cultura.

El gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, hijo del ex secretario privado de Stroessner, quien también fue beneficiario de las llamadas “tierras malhabidas”, ha demostrado seguir respondiendo a los intereses de la oligarquía paraguaya.

 

 

En el cuestionado proyecto del Presupuesto General de la Nación 2021, se planteó un recorte del 16 por ciento al financiamiento del Instituto Nacional del Indígena (INDI), mientras se aumentaron el de otros sectores estratégicos para proteger los intereses de las empresas agroganaderas, como los propuestos a los ministerios de Defensa o del Interior.

“El recorte al INDI es una expresión acabada del nivel de retroceso a nivel Estado. Un Estado que ha venido endeudándose, elevando la deuda para hacer rutas que no tienen que ver con las necesidades de los pobladores, sino que están en función de los grandes intereses”, expresó Villagra.

En uno de los países más desiguales en la distribución de la tierra del mundo, como lo es Paraguay, la comunidad Yakye Axa resiste y lucha contra las fuerzas opresivas por el derecho a vivir en su territorio y dignamente.

*Por Claudia Colmán para La tinta