A pesar de contar con nueve amparos ganados, alrededor de las 2:15 horas de este lunes, unos 300 agentes de la Guardia Nacional desalojaron a un grupo de ejidatarios que mantenía un plantón desde el año 2016 en la comunidad de Apatlaco, en las orillas del río Cuautla, en defensa del agua y para impedir  la construcción de las obras que culminan la termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM).

Se trata de representantes de un total de 17 ejidos que llevan procesos de defensa contra el “proyecto de muerte”, quienes promovieron una solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras advertir que podrían ser desalojados con el uso de la fuerza durante la epidemia por Covid-19.

Hicieron un llamado urgente a todas las personas, pueblos, organizaciones y organismos nacionales e internacionales a sumarse a la protección del legado zapatista y detener la embestida neoliberal de concluir el PIM pasando por encima de la autodeterminación de los pueblos.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala –por donde pasa el gasoducto- informó que la Guardia Nacional llegó al lugar en resguardo de las máquinas y trabajadores para reiniciar los trabajos del acueducto, y comenzaron a colocar paredes de lámina para evitar el libre tránsito y el derecho de defensa y manifestación de quienes son agraviados por este megaproyecto.

Los campesinos acusaron que el Gobierno Federal aprovecha la contingencia sanitaria para imponer las obras de manera multitudinaria con el ingreso de cientos de policías que forzaron el inicio de los trabajos a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En representación de 17 de los ejidos y comunidades que llevan procesos legales en defensa de sus derechos a la tierra, agua, medio ambiente y seguridad, informó que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atienda el caso bajo el expediente de solicitud de medidas cautelares MC-1056-20.

La demanda –precisó- es que el Estado Mexicano respete la integridad física de los que se oponen al PIM y su derecho de libre manifestación y defensa, así como suspenda el funcionamiento de la obra, respetando los amparos y suspensiones otorgadas que evitan la afectación de los derechos patrimoniales de pueblos originarios y ejidos,  y por la oposición y violación histórica a los derechos humanos generada por este proyecto.

También demandó se revise la imparcialidad y profesionalismo de los jueces y autoridades vinculadas al proyecto, debido a que la petición de  intervención internacional de protección de derechos humanos se realiza con motivo de la falta de justicia e imparcialidad que ha tenido este gobierno sobre el PIM y la grave violación a los derechos humanos que está generando y puede generarse.

AMLO traicionó a su pueblo, a los más pobres

Para los campesinos desalojados del plantón, “hoy se culmina la traición de López Obrador al pueblo campesino de Morelos y pueblos originarios que son afectados por el Proyecto Integral Morelos”.

Recordó que el pasado 10, 20, 23 y 24 de febrero de 2019, López Obrador traicionó a los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala al retractarse de sus promesas de campaña sobre su oposición al PIM, impulsando la termoeléctrica, una consulta ilegitima y el asesinato de nuestro compañero Samir Flores.

El 10 de septiembre de 2020, acusó que el presidente mintió en su conferencia mañanera al señalar que todos los amparos estaban ya resueltos, cuando hay vigentes al día de hoy 19 amparos, nueve con suspensiones del agua, uno con suspensión del gasoducto y uno con suspensión para que no contaminen el Río Cuautla con las aguas de purga de la termoeléctrica.

“Y hoy el Presidente de la República ordena realizar el robo del agua de los ejidos de Ayala, cuna del zapatismo y agrarismo mexicano”, reclamó.

Como Madero hace 109 años, el Frente de Pueblos señaló que López Obrador traicionó al campesino con la promesa de cambio, para favorecer a las empresas transnacionales Saint Gobain, Nissan, Burlington, Continental, Elecnor, Enagas, Gas Natural del Noreste, las empresas mineras canadienses como Alamos Gold, entre otras.

Aseguró que es mentira que la termoeléctrica sea para beneficio del pueblo de México y el fortalecimiento de la industria eléctrica nacional, pues México tiene una capacidad de generación eléctrica 40 por ciento mayor a la que necesita.

“Es mentira que el PIM traerá mayor desarrollo y empleo, la termoeléctrica solo genera alrededor de 30 empleos permanentes en contrapeso a los más de 15 mil campesinos y jornaleros que viven del agua del riego del Río Cuautla y el afluente que proporciona la Planta Tratadora Rociadores de Cuautla (PTAR); López Obrador traiciona a los pobres e impone un órgano militar creado por él para impulsar este megaproyecto”, denunció.

Al final, aclaró que la concesión del agua del Río Cuautla, incluyendo el agua de la Planta Tratadora Rociadores de Cuautla, corresponde a la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), donde se encuentra agremiados 32 ejidos y 14 pequeñas propiedades cuyos derechos se originan por las dotaciones presidenciales otorgadas en tiempos de la culminación de la Revolución Mexicana, restituyendo a los pueblos originarios de Morelos, lo que los hacendados y Porfirio Díaz les habían arrebatado.

A la fecha, el Frente de Puebla sostuvo que no se ha realizado ninguna asamblea general de usuarios de Asurco que pudiera acordar cualquier tipo de cesión de derechos sobre su agua y, por el contrario, los ejidos directamente afectados como lo son Moyotepec, Tenextepango, San Juan Ahuehueyo, Villa de Ayala, Salitre y San Vicente Las Piedras, que hacen uso del agua de manera directa, no están de acuerdo con cualquier convenio o trato que pudiera promover de manera diferente el Comité Directivo de la asociación, pues como lo ha estado haciendo, es invalido.

Por lo tanto, se desconoció a Rogelio Plascencia, presidente del comité de Asurco, por traición a los estatutos y principios.

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Guardia Nacional desaloja plantón de termoeléctrica en Morelos

Desalojaron a campesinos que permanecían desde hace cinco años en el plantón de San Pedro Apatlaco en Ayala

Recordó que el inicio de operaciones de la central generadora fue aprobado de forma mayoritaria por la población morelense, mediante una consulta realizada por el Gobierno federal y por tratarse de instalaciones estratégicas. “En el reinicio de labores participó la Guardia Nacional con el propósito únicamente de salvaguardar el patrimonio nacional”

A través de un comunicado, la dependencia informó que se contó con la presencia de los fedatarios públicos Gerardo Cortina Mariscal, Notario Público número 12 en Cuernavaca, Morelos y Jesús Toledo Saavedra, Notario Público número 2 en Yautepec, Morelos.

También estuvo presente el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Morelos, quien dio fe de que los hechos se realizaron de forma pacífica, ya que las 10 personas que se encontraban en el plantón accedieron a retirarse de forma voluntaria.

Mientras se llevaba a cabo el desalojo, a través de redes sociales personas pidieron apoyo para defender el agua y denunciar “la arbitrariedad y autoritarismo” con que está actuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, aun habiendo amparos vigentes de los ejidos.

“Le pedimos por favor difundir a los medios de comunicación y movimientos puedan apoyar en la difusión y asistencia”, señalaron.

Por medio de un comunicado de prensa integrantes del plantón Zapatista de la Resistencia de San Pedro Apatlaco solicitan el acompañamiento de observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debido al desalojo que se realizó la madrugada de este lunes.

Los ejidatarios señalaron que temen por el despojo del agua y de su vida, por lo que manifestaron estar dispuestos a retomar el Plantón Zapatista y exigir al gobierno federal acabe con la situación que viven los ejidatarios de Ayala, por lo que también solicitan que se decreten de manera puntal medidas cautelares y precautorias para garantizar el respeto por los derechos a la integridad y seguridad personal y psicológica, así como los derechos a la libre manifestación, de protesta y las libertades de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

También piden garantizar que la decisión de la asamblea de ejidatarios sobre este y el acueducto se respete, además de pedir que se dé información verídica y transparente sobre el Proyecto Integral Morelos y las afectaciones que se darán en Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Autoridades federales consultadas informaron que la orden de desalojo se dio luego de comprobar que no había ninguna suspensión definitiva que impidiera continuar con las obras para conectar el río Cuautla hacia la termoeléctrica de Huexca.

La CFE indicó que si esta obra no se lleva a cabo, la central eléctrica de la CFE, cuyo costo fue de 25 mil millones de pesos, construida con dinero del pueblo mexicano, se convertiría en chatarra.