Comunarios de Tariquía piden a Arce anular contratos petroleros

La postura de los comunarios de la reserva natural es la misma desde el 2015: rechazar la explotación de reservas hidrocarburíferas dentro de las áreas protegidas

Los comunarios de la Reserva Natural de Tariquía solicitaron al presidente Luis Arce Catacora una aclaración sobre el estado de los contratos de exploración y exploración hidrocarburífera dentro del territorio de la Reserva y una pronta anulación de los mismos.

La vicepresidenta del Comité de Defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, del cantón de Chiquiacá, Nelly Coca, indicó que hasta la fecha no hubo un acercamiento, pero en las siguientes semanas los comunarios solicitarán una reunión con Arce y con el nuevo Ministerio de Hidrocarburos para iniciar nuevamente el diálogo sobre la problemática, que ya ha sido evadida por los exministros Luis Alberto Sánchez y Víctor Hugo Zamora. 

La postura de los comunarios es la misma desde el 2015: rechazo total a la explotación de reservas hidrocarburíferas dentro de los territorios de áreas protegidas.

“Por el momento no hemos tenido ninguna conversación con las nuevas autoridades, no se acercaron a dialogar. Nosotros seguimos en pie de defensa de Tariquía, sea el Gobierno que entre. Por el momento no hay movimientos en la reserva, pero nuestra postura continúa”, indicó Coca.

Por su parte, el dirigente de la Reserva Natural de Tariquía, Francisco Romero, explicó que trasladarán el proceso interpuesto por los comunarios, en contra del Gobierno, a un plan internacional para que se anulen los contratos con las petroleras que autorizan los trabajos en el interior de la reserva.

En Tarija se negó la acción popular interpuesta por los comunarios de los distintos puntos que pertenecen a la reserva de Tariquía. La espera a una repuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) continúa. Los comunarios guardan esperanza de que la justicia les permita proseguir sin la necesidad de acudir a instancias internacionales que alargarían el proceso de anulación de los contratos dispuestos por el Gobierno de Evo Morales que permitían el ingreso de las petroleras al área protegida.

“Queremos que se frene la anunciada intervención petrolera. Sabemos que todos los Gobiernos van a tratar de invadir nuestras áreas protegidas. Sabemos que el MAS quiere entrar con más fuerza a explotar los hidrocarburos. Si bien Astilleros, por ejemplo, está supuestamente afuera, es un área de amortiguación y el daño es el mismo”, argumentó.

“Estamos a la espera de que el TCP dé su veredicto del fallo que hubo en Tarija para determinar cuáles serán nuestras próximas acciones. Lo que es cierto, es que los comunarios de Tariquía seguimos en la postura de negar el ingreso de las petroleras porque el daño ambiental y el daño a la salud de las personas nunca va a compensar por más garrafas que quieran darnos. Una reserva no solo beneficia a las personas que viven en ella sino a toda la población. Es educación ambiental lo que les falta a los políticos”, señaló.

Promesas de Sánchez y Zamora no se cumplieron

En mayo del 2018, el exministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó la suspensión de la inversión en exploración de hidrocarburos en el área protegida de Tariquía en Tarija, sin embargo, los contratos nunca fueron anulados. En aquella ocasión, culpó a los comunarios de esa decisión.

Cabe recordar que el 7 de abril del 2018, el entonces presidente Evo Morales promulgó dos leyes para la exploración y explotación de los campos San Telmo y Astillero en Tariquía, en un acto desarrollado en el municipio de Bermejo. Se anunciaba una inversión de 700 millones de dólares: en San Telmo se destinará 193 millones de dólares y en Astillero 489 millones.

Las plataformas ciudadanas del departamento y las organizaciones campesinas se opusieron al proyecto argumentando razones medioambientales y la ausencia de la consulta previa a los pobladores de la región. En el Gobierno de transición de Jeanine Áñez, a través de su ministro del sector, Víctor Hugo Zamora, también se mencionó que los contratos se anularían, pero no se cumplió esta promesa.