MÁS ALLÁ DE LA COVID-19:
Crisis de acumulación capitalista y respuestas/salidas desde el sur
Karin Nansen
Tomado de “EconomÍa Feminista y Ambientalismo. Miradas del Sur”
Buenos días, compañeros y compañeras de todos los continentes que hoy se suman a este intercambio, a este debate. Nosotras, desde Amigos de la Tierra Internacional, valoramos muchísimo esta instancia y la posibilidad de compartirla con las compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres y de REMTE, pero también con todas las organizaciones sociales que se han sumado a esta discusión. Pensamos que es fundamental nutrirnos mutuamente para poder entender, en profundidad, el origen de esta crisis que va más allá de esta terrible crisis sanitaria, pero también para converger con nuestras agendas políticas y encontrar las respuestas necesarias a la crisis muy profunda que enfrentamos hoy. En este sentido, nos parece fundamental partir del entendimiento de que la crisis que hoy vivimos, la llamada “crisis de una pandemia” o “crisis de la covid-19”, en realidad va mucho más allá de una dimensión sanitaria y tiene que ver con las crisis sistémicas que provoca el sistema de acumulación capitalista. La crisis sanitaria está directamente relacionada con las otras crisis sistémicas, como la crisis del clima, de la biodiversidad, de la alimentación, del agua, la crisis económica y la crisis de los cuidados. Desde nuestro punto de vista, todas estas crisis tienen un mismo origen y se deben a un sistema que está diseñado para la acumulación de capital. Un sistema que no sólo es incapaz de cuidar de los sistemas ecológicos, sus funciones naturales y los procesos que hacen posible la vida, sino que los destruye y destruye también nuestros vínculos como sociedades y nuestros vínculos sociedad-naturaleza. Se trata de un sistema que prioriza el lucro en detrimento de los derechos y la salud de nuestros pueblos y territorios, de los ciclos y equilibrios ecológicos. Eso queda muy claro hoy, tanto en el origen de la crisis como en los efectos que tiene, que son efectos nefastos para la mayoría de la población, para la mayoría de los pueblos del mundo. Esta crisis actual nos muestra de forma muy descarnada lo que significa la globalización neoliberal que se ha impuesto en nuestro planeta, que tiene que ver con el poder de las transnacionales y el gran poder de los grupos económicos, que lo ejercen no sólo en la esfera económica sino también, cada vez más, en el control de los gobiernos y los sistemas de gobernanza. Ese poder les ha permitido imponer sistemas de producción que son profundamente destructivos, como se expresa, por ejemplo, en la continuidad y expansión del sistema extractivo y del agronegocio. El sistema extractivo y del agronegocio tiene un origen colonial, pero mediante la globalización neoliberal y el poder de las transnacionales va avanzando en cada territorio del mundo, desplazando a las comunidades y sistemas de producción locales. Además, se expresa en la destrucción de los derechos de la clase trabajadora, en el desmantelamiento de los servicios públicos, en el desmantelamiento y debilitamiento de la seguridad social y en sistemas de salud muy deteriorados. Estos han sido convertidos en sistemas lucrativos que transformaron la salud en una mercancía y, por lo tanto, son incapaces de cuidar la vida. También se expresa en la explotación del trabajo y del cuerpo de las mujeres, y en una crisis de los cuidados. Esto demuestra que este sistema es incapaz de garantizar los cuidados necesarios para la vida, en la medida que los mercantiliza y privatiza, pero sobre todo porque se sostiene sobre la explotación del trabajo de las mujeres y la división sexual del trabajo para garantizar esos cuidados. Entonces se trata de una crisis múltiple, una crisis que tiene que ver, como decíamos, con la acumulación de capital en el centro y esta ruptura de nuestras sociedades con la naturaleza. No es responsabilidad del conjunto de la población, sino que ha sido diseñada y es perpetuada por estos sistemas de poder a nivel global. En esto yace el origen de la pandemia. Pero aquí cabe señalar que no todas y todos vivimos de la misma manera los impactos de esta crisis sanitaria, porque nuestras sociedades están hoy claramente estructuradas en función de los sistemas de explotación y opresión, el sistema de opresión patriarcal, heteronormativo, racista, colonialista e imperialista, que se impone en nuestras sociedades y organiza nuestras vidas, y eso es fundamental para entender qué tipo de respuestas necesitamos. Necesitamos respuestas que pongan en el centro a las clases populares, a las clases trabajadoras, a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a las comunidades campesinas y todas aquellas comunidades que sufren directamente los impactos de este sistema y de este modelo de acumulación. Desde Amigos de la Tierra ponemos énfasis en que la recuperación no puede ser una vuelta a lo que se consideraba la normalidad, porque justamente ese es el origen de la crisis. Eso no es lo normal, sino algo que ha sido impuesto, construido socialmente a través de la imposición de poderes muy fuertes. Entonces necesitamos revertir eso y avanzar hacia la justicia en todas sus dimensiones — justicia ambiental, social, de género, económica— y también hacia la construcción y el fortalecimiento de la soberanía de nuestros pueblos y del poder popular, del poder de nuestros pueblos para tomar decisiones. En este marco, estamos formulando algunos de los principios que, desde nuestra perspectiva, deberían orientar un proceso de recuperación justa. Son principios que hemos venido discutiendo con nuestras compañeras y compañeros de los distintos movimientos sociales y Pueblos Indígenas con quienes trabajamos. Pero son principios en construcción, son principios que hacen parte de este diálogo que tiene que ser permanente y que surge de la acción política y el compromiso común con la lucha para defender la soberanía de nuestros pueblos y la sustentabilidad de la vida; un diálogo que tiene que ser no sólo para analizar juntas la situación, sino también para construir convergencia y construir agendas comunes. Por un lado, entendemos que queda definitivamente claro que es urgente y necesario abandonar para siempre la doctrina neoliberal, la agenda de liberalización comercial y las inversiones, la privatización y mercantilización de la naturaleza; abandonar las medidas de austeridad y adoptar medidas inmediatas que se basen justamente en la justicia. Entonces eso significa, por ejemplo, repensar el papel del Estado, reivindicar la esfera política y de las políticas públicas, y la capacidad de nuestros pueblos de participar activamente en la toma de decisiones y en ejercer control sobre los sistemas económico, energético, alimentario, etc. El papel del Estado como central, pero un Estado en función de los derechos de nuestros pueblos y de los comunes, un Estado organizado en función de la sustentabilidad de la vida, de lo público, de la defensa del bien común. Lo anterior exige, por ejemplo, políticas públicas, y un gasto público dirigido justamente a priorizar a las clases populares, a las clases trabajadoras, a los Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes, a las mujeres, y a garantizar la autonomía de las mujeres como algo fundamental para la salida de esta crisis. Y, en ese sentido, los gobiernos de ninguna manera pueden asumir los costos que tenga la crisis en términos, por ejemplo, de rescate de empresas transnacionales. Entendemos que el gasto público tiene que ir o estar direccionado a promover la economía productiva, acabar con la economía basada en la especulación, promover las economías locales, los mercados locales, los sistemas de producción autogestionarios. Hay que hacer una opción en términos de hacia qué va a estar orientado el gasto público y tiene que, por supuesto, apuntar a la redistribución de la riqueza. Es fundamental revitalizar y devolver de nuevo a manos públicas el control de los servicios públicos; se ha demostrado una vez más que estos son fundamentales para, por un lado, prevenir este tipo de crisis pero, por otro lado, también para responder a las crisis, y eso tiene que ver con derechos fundamentales. Los servicios públicos no pueden ser mercancía, tienen que estar en las manos del Estado, de los municipios, de cooperativas, pero tienen que ser públicos y no pueden estar organizados en función del lucro. Por otro lado, tenemos que avanzar hacia el internacionalismo. O sea, poner énfasis en la necesidad de la solidaridad y la cooperación entre los pueblos para fortalecernos mutuamente y cambiar la correlación de fuerzas a nuestro favor. La perspectiva y agenda internacionalista deben conducir a un nuevo multilateralismo; un multilateralismo que no esté estructurado y organizado en función de los intereses de las grandes empresas, grupos económicos, empresas transnacionales que son directamente responsables de las crisis sistémicas, sino en función de los derechos colectivos de nuestros pueblos. Hoy ha quedado demostrado una vez más que el multilateralismo tiene que basarse en este internacionalismo que lleve a fortalecer la solidaridad y la defensa del planeta. Hoy lo que vemos es que, mientras hay países que han apostado al internacionalismo —por ejemplo, con médicos, con servicios de salud, como lo ha hecho Cuba—, se impone del otro lado un bloqueo criminal y se impone la brutal ocupación del territorio palestino. Por lo tanto, este nuevo multilateralismo no puede permitir que eso siga aconteciendo. Ese nuevo multilateralismo también tiene que hacer posible un sistema tributario justo, y que no sea posible para las empresas evadir y eludir el pago de impuestos. Hoy las empresas pretenden beneficiarse de la crisis, lucrar con la crisis, y esto tiene que ser impedido por este nuevo multilateralismo. El internacionalismo que queremos construir debe poner fin a las violaciones de los derechos de los pueblos y a la impunidad de las empresas transnacionales responsables de perpetrarlas. Tenemos que garantizar que el acceso a medicinas, tratamientos y vacunas sea realmente universal y llegue a todo el mundo, y eso significa de una vez por todas acabar con el sistema de propiedad intelectual que convierte a la salud en mercancía. Ahí tenemos muchas medidas para proponer y pensar conjuntamente desde los distintos movimientos sociales. También tenemos que entender que para la construcción del internacionalismo también es fundamental la lucha de los sujetos populares, y por eso la necesidad de esa convergencia de agendas, de esa solidaridad internacionalista que se construye mediante la lucha y que tenemos que alimentar. Hoy vivimos esta crisis tan profunda en un contexto en que la democracia está bajo ataque, por eso también consideramos vital defender los derechos de nuestros pueblos y defender y radicalizar la democracia. Ello significa revertir y condenar fuertemente los procesos de golpes de Estado, pero también el avance de la derecha mediante elecciones manipuladas o procesos electorales en los que los grandes medios de comunicación empresariales ejercen un enorme poder. Tenemos que asegurarnos de que se ponga fin al proceso de criminalización de los movimientos sociales que está teniendo lugar en todos los continentes y que pretende silenciar sus voces para mantener y perpetuar los sistemas de opresión. Quienes defienden los territorios, los derechos de los pueblos, el derecho a la vivienda, a la tierra, al agua, a la salud, los derechos de la clase trabajadora, de las mujeres, hoy son profundamente criminalizados y perseguidos. Incluso se intenta deslegitimar la acción de los movimientos sociales con la connivencia del poder político, pero también de los grandes medios de comunicación y otros poderes económicos que ejercen un papel muy importante en este sentido. Y también vemos cómo el avance de la derecha, del conservadurismo, atenta claramente contra los derechos de las mujeres y cómo pretende controlar una vez más la vida y los cuerpos de las mujeres y reproducir los sistemas de opresión e injusticias, incluso negar derechos tan fundamentales como el derecho a la salud sexual y reproductiva, y tornar servicios fundamentales como el aborto en un servicio del cual se puede prescindir, utilizando como excusa la pandemia. También el confinamiento, como decía Nalu, ha llevado a una mayor violencia contra las mujeres, que son obligadas a permanecer encerradas junto a los perpetradores. Es urgente y vital poner fin de una vez por todas a la violencia patriarcal. También resulta fundamental poner fin a la brutal violencia sistemática y sistémica contra todos los pueblos que se levantan, que luchan, que resisten, y que tiene que ver con el ataque contra la democracia. Por otro lado, entendemos que esta salida a la crisis debe ser una salida que aborde las crisis sistémicas, debe dar respuesta al conjunto de las crisis. Por lo tanto, cuando hablamos de las salidas a la crisis de la pandemia en realidad tenemos que hablar de una respuesta a la crisis climática, a la crisis alimentaria, a la crisis del agua, de los cuidados, de la biodiversidad —que es muy grave y que ha jugado un papel clave en el origen de esta pandemia.
Eso significa reivindicar el control sobre nuestro sistema alimentario, por ejemplo. Hoy está clarísimo que necesitamos alimentarnos bien y que eso es un derecho fundamental y debe ser una prioridad. Para eso necesitamos la agricultura campesina, la soberanía alimentaria y la defensa de los mercados locales, que hoy se ven amenazados por muchas de las medidas que se están tomando como supuesta respuesta a la crisis, pero que en realidad responden a los intereses del gran capital. También implica retomar la gestión colectiva de la biodiversidad y los saberes de los pueblos que han sabido organizarse —y hoy también se organizan— para recuperar, defender y nutrir la biodiversidad de forma colectiva, para sacarla de esa lógica del mercado que reduce a la naturaleza a unidades transables para ponerle precio, mercantilizarla y privatizarla. Tenemos que pensar en una salida a la crisis que nos permita alejarnos de la economía dependiente de los combustibles fósiles y avanzar en una transición justa, que ponga en el centro a la clase trabajadora y las comunidades locales, y que garantice el derecho humano a la energía como un derecho fundamental y la justicia climática. Ello exige no sólo un cambio de fuentes en la matriz energética hacia energías renovables, sino cambiar radicalmente el sistema energético para lograr la soberanía energética. Esto implica desmercantilizarlo y desprivatizarlo, y asegurar que las preguntas centrales —como energía para qué y para quién— sean respondidas en forma democrática y con una perspectiva de justicia ambiental, social, de género y económica. Entonces, la salida de la crisis significa también un cambio fundamental de las economías, y este es el tema que nos hemos planteado pensar en economías transformadoras. Nalu ya dio muchas de las pistas que deben orientar ese repensar y esa reorganización de los sistemas y modos de producción y de las relaciones sociales en nuestras sociedades. Esta pasa por la desmercantilización, la reafirmación de lo público, la disputa de la esfera económica y del significado de la economía en función de la sustentabilidad de la vida, del cuidado de la vida, del cuidado de nuestros sistemas ecológicos, de todos aquellos procesos que hacen posible la vida, y pasa mucho por ese fortalecimiento de lo público. El otro tema que debemos tener en cuenta, y muy presente, es que no podemos permitir que la salida a esta crisis lleve a un recrudecimiento de los proyectos destructivos, concentradores y excluyentes, liderados y agenciados por las grandes empresas transnacionales. Estamos viendo cómo en muchos países se trata de poner a las empresas como la solución a la crisis y se permite la continuidad de numerosos proyectos extractivos, contaminantes, que destruyen la vida y las bases de sustento, que acaparan tierras, que destruyen territorios, pero que también fortalecen los sistemas de opresión. Y eso es inaceptable. También se aprovechan las dificultades que enfrentan los pueblos para movilizarse y salir a la calle a manifestarse, como consecuencia de la pandemia, para imponer políticas de ajuste y austeridad, medidas regresivas y un rediseño del Estado, como por ejemplo en mi país, Uruguay, escapando del escrutinio público. Incluso se pretende mostrar la denominada “solidaridad empresarial” como una respuesta a la crisis, al tiempo que, como decíamos, las grandes empresas y los grandes grupos económicos continúan lucrando con esta crisis. Entonces no podemos permitir, por ejemplo, el debilitamiento de la normativa ambiental, apoyándose en esta situación de confinamiento. Para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, pensamos nuevamente que es muy importante la construcción colectiva, la organización desde las clases y los movimientos populares y la reafirmación de los procesos de lucha y de construcción que se vienen dando desde los pueblos. Como bien decía Nalu, los pueblos tenemos respuestas, nos hemos organizado históricamente contra la opresión, contra la destrucción y tenemos la capacidad de movilizarnos para transformar profundamente nuestras sociedades y cambiar de sistema. Entonces nuestro llamado es a una mayor convergencia de los movimientos, a fortalecer nuestra agenda política de lucha y a asegurarnos que permanezca viva esa construcción de la solidaridad que ha permitido, por ejemplo, que numerosas organizaciones sociales organicen ollas populares, como ha ocurrido en mi país. Pero no desde una perspectiva de la caridad como pretenden hacer desde el gobierno y las grandes empresas, sino con una perspectiva de construcción política, de sujetos populares que es lo que finalmente nos va a permitir enfrentar esta crisis.