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PARTE I: LAS OPERACIONES PARA SEPULTAR LA INVESTIGACIÓN
El entierro del Caso SQM: así se fraguó la impunidad para el financiamiento político ilegal
16.04.2018
El rol de SQM como principal financista ilegal de la política aún era desconocido para la opinión pública cuando la investigación a la minera sufrió el primer intento de asfixia. Era el verano de 2015, el mapa político estaba al rojo por CAVAL y la inminente formalización de los dueños de Penta. Los fiscales recién comenzaban a tirar la hebra de SQM cuando en La Moneda el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, puso en marcha todos los engranajes para abortar una indagatoria que mancharía desde la UDI al PS, incluyendo las campañas presidenciales de Frei y Bachelet. Tres años después, la causa está a punto de extinguirse con apenas un puñado de condenas simbólicas y un extenso manto de impunidad. Esta es la primera entrega de una serie de CIPER sobre cómo se movieron los hilos del poder para ahogar una investigación que deja una cicatriz imborrable en la historia política y judicial de Chile.
Vea aquí la línea de tiempo del «Caso SQM»
Fue en octubre de 2014 cuando en una oficina del Ministerio Público apareció el hilo de una madeja que dejaría una huella letal en la historia política y judicial de Chile. En esos días, las revelaciones del financiamiento ilegal a políticos de la UDI proporcionado por empresas del Grupo Penta, remecía a ese partido y también a la elite de los empresarios. A ese exclusivo círculo pertenecen los dueños de Penta: Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Los partidos de la Nueva Mayoría y La Moneda contemplaban con satisfacción cómo se desmoronaba la imagen del hasta ese momento principal partido de la derecha.
La investigación del Caso Penta estaba en manos del fiscal Carlos Gajardo, entonces jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, junto al fiscal Pablo Norambuena. Gajardo estaba consciente de que sus pesquisas enfrentaban un muro casi infranqueable: gobernantes y parlamentarios se habían preocupado de que las leyes no tipificaran como delito el financiamiento ilegal de la política. Además, las denuncias por aportes “negros” a las campañas solo podían hacerlas ante el Servel los partidos políticos o los candidatos, con sanciones irrisorias. Un círculo viciado.
El fiscal optó por jugar una ficha que sacudió el tablero: tipificar los hechos como fraude tributario. Los aportes ilegales se habían hecho a través de boletas falsas, por lo que las empresas que desembolsaron los pagos descontaron ese dinero en su contabilidad, disminuyendo artificialmente su carga tributaria. Por eso, la ofensiva de Gajardo partió con una solicitud al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que se querellara por delitos tributarios. El 7 de noviembre de 2014 envió su informe al SII.
Un mes antes, en octubre de 2014, los fiscales Gajardo y Norambuena ya se habían topado con la primera hebra que los conduciría a identificar la empresa que más dinero ilegal puso en manos de políticos: SQM, la gigantesca minera controlada por Julio Ponce Lerou, el ex yerno del dictador Augusto Pinochet. Investigando los aportes ilícitos hechos por Penta, los fiscales detectaron varias boletas pagadas por SQM a dos sociedades que en 2013 habían prestado servicios a la campaña senatorial del ex alcalde Pablo Zalaquett (UDI). Las sociedades eran Reactor Spa y Asesorías Cristina Zúñiga EIRL.
En febrero de 2015 el pánico por los avances del Ministerio Público hacia la minera de Ponce Lerou se instaló definitivamente en los partidos oficialistas y en La Moneda, que recién asimilaba el duro golpe por las noticias de CAVAL (vea el especial con los reportajes de CIPER sobre ese caso). La UDI ya nunca más estaría sola en el rincón de los acusados, le acompañarían numerosos políticos de la Nueva Mayoría y hasta las campañas presidenciales de Eduardo Frei y Michelle Bachelet quedarían irremediablemente manchadas por el financiamiento ilegal.
Fue en ese mismo verano de 2015 que la investigación se enfrentó al primer intento de sepultarla, gatillado desde el corazón del palacio presidencial. Pero no sería hasta mayo de ese mismo año que la ciudadanía se enteraría de la operación que montó el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), para bloquear a Gajardo. La revelación la hizo CIPER (vea el reportaje “Presión de Interior y Hacienda para postergar querella contra Martelli provoca quiebre en el SII”). Apenas tres días después de la publicación de CIPER, Peñailillo y el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas (PS), salieron del gabinete.
SQM Y EL SII A LA CANCHA
El informe que en noviembre de 2014 envió el fiscal Gajardo al SII, pidiendo las querellas, contenía una sigla que activó los botones de pánico de todo el espectro político: SQM. Todos los hilos subterráneos del sistema político se pusieron en movimiento para impedir que la minera y los políticos a los que por años financió fueran juzgados y sancionados
Ese informe de la fiscalía marcó el inicio de una historia política y judicial que durante más de tres años (cerca de 41 meses) acumuló más de 180 imputados. En el camino, no solo sacó a dos ministros de primera línea de Bachelet (Peñailillo y Arenas), sino que provocó el descabezamiento del SII (con la caída de Michel Jorratt en mayo de 2015) y la renuncia de los dos fiscales que empujaron el carro de las investigaciones (Gajardo y Norambuena, en febrero de 2018), entre varios otros coletazos.
Pero el efecto más letal fue uno que no se cuantifica: la investigación judicial y periodística develó tal nivel de corrosión en el sistema, que la sensación de impunidad para políticos y grandes empresarios se instaló en amplios sectores de la ciudadanía.
Algunos datos: de los 180 imputados, a la fecha hay solo ocho personas con condena, alrededor de 120 ya dejaron de ser investigadas, el 14 de febrero pasado la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la suspensión condicional del único proceso judicial en contra de SQM como persona jurídica y el 2 de marzo último la Corte Suprema rechazó desaforar al senador Fulvio Rossi (aunque la Fiscalía pidió su formalización ahora que salió del Senado).
Pero en esos días de noviembre de 2014, cuando Gajardo recién hacía entrar a la cancha al SII, la real magnitud de lo que posteriormente se conocería como “Caso SQM” era imposible de dimensionar.
LA MONEDA ENTRA EN ACCIÓN
El 10 de noviembre de 2014, tres días después de que el fiscal Gajardo remitiera su informe, el entonces director del SII, Michel Jorratt, recibió una llamada que lo sorprendió. Al otro lado del teléfono estaba Andrea Palma, jefa de gabinete del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, autoridad de la que depende Impuestos Internos.
Palma le transmitió a Jorratt que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quería saber por qué el SII había citado a Tatiana Aránguiz Palacios, quien había emitido boletas a la UDI, a la Fundación Jaime Guzmán y a SQM. Hasta hoy es un misterio cómo Peñailillo se enteró de una información que solo se conocía en el estrecho círculo de los superiores del SII, los fiscales y, muy probablemente, entre los líderes de la UDI.
El director del SII no tuvo respuesta para Andrea Palma, porque el responsable de las investigaciones era el subdirector jurídico de su servicio, Cristián Vargas.
La jefa de gabinete del ministro Arenas se encargó de que al director del SII le quedara claro que Peñailillo, la mano derecha de la presidenta Bachelet, estaba preocupado por esas indagaciones.
Dos meses después, el viernes 9 de enero, el SII interpuso una querella en contra del ex subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner (UDI), y su cuñada, María Carolina de la Cerda. Los ilícitos que se les imputaban incluían una boleta falsa emitida por De la Cerda a SQM. El nombre de Wagner había llegado a las carpetas de los fiscales Gajardo y Norambuena porque el ex subsecretario recibía dinero del Grupo Penta a través de boletas que se pagaban a su cuñada. Pero Carolina de la Cerda también había hecho una boleta para SQM que despertó sospechas en la Fiscalía.
Lo más importante venía en un acápite de la querella: el SII le pedía a la Fiscalía que solicitara a SQM toda su contabilidad entre 2009 y 2014.
La preocupación del ministro Peñailillo se transformó en furia contra los directivos del SII que habían dado luz verde a la querella. La acción legal abría a los fiscales Gajardo y Norambuena el camino para una investigación que haría historia.
Ese mismo 9 de enero, el teléfono de Jorratt volvió a sonar. Esta vez para citarlo a una reunión urgente en el piso 11 del Ministerio de Hacienda. Allí llegó Jorratt junto al subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas. Los esperaba el abogado Samuel Donoso, quien fue presentado como asesor del ministro Peñailillo. Ambos –Donoso y Peñailillo– militaban en el mismo partido: el PPD.
En la reunión, Donoso criticó el actuar del SII. Les dijo a Jorratt y Vargas que debían desistirse de las acciones penales, ya que, a su juicio, la práctica de las boletas falsas no constituía delito y bastaba la vía administrativa –cobrar una multa “por ventanilla”– para resolver el problema. Solo días después Jorratt y Vargas supieron quién era el “asesor” que habían tenido al frente: el abogado Donoso había asumido la defensa de Patricio Contesse, el histórico gerente general de SQM y mano derecha de Ponce Lerou, quien figuraba como el gestor de los pagos fraudulentos al mundo político.
Las presiones sobre el SII tuvieron efecto inmediato. El lunes siguiente (12 de enero), el servicio acotó la querella: limitó el periodo investigado solo a julio de 2009, mes en que Carolina de la Cerda emitió una boleta a SQM de $7,5 millones, por “asesorías financieras”. Los secretos que escondía el resto de la contabilidad de la minera parecían quedar a salvo.
Cuando De La Cerda declaró en la Fiscalía, afirmó que nunca prestó servicios a la minera, que la boleta se la solicitó Ernesto Silva Bafalluy (fallecido en 2011, empresario, dirigente de la UDI y padre del diputado Ernesto Silva), y que el dinero lo depositó en tres cuentas corrientes: una de Silva Bafalluy, otra de la asesora comunicacional y lobbista Cristina Bitar y la tercera de Lorena Espinoza. Los tres estuvieron vinculados a la campaña de Joaquín Lavín en 2009 (cuando compitió por un cupo senatorial en Valparaíso).
Sobre la base de los registros contables de SQM acotados a julio de 2009, el fiscal Gajardo solicitó a la PDI pesquisar a otras 19 personas que habían hecho boletas a la minera ese mismo mes. Y fue entonces que comenzaron a aparecer los primeros nombres que explicaban la furia de Peñailillo: el diputado Roberto León (DC) y el senador Fulvio Rossi (PS), ambos de la Nueva Mayoría