La disputa entre grupos sucesores del paramilitarismo, que anteriormente eran aliados, es la causa de múltiples asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados en los seis municipios que conforman el Bajo Cauca antioqueño. A diferencia de otras zonas del país, las advertencias que ha realizado el SAT en los últimos años no se centran en el vacío de poder que originó el desarme de las Farc, sino en los sostenidos enfrentamientos entre ‘Gaitanistas’ y ‘Caparrapos’.

El tono de los informes del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo cambió totalmente tras la dejación de armas de la guerrilla de las Farc en ese rincón de Antioquia que limita con los departamentos de Córdoba y Antioquia.

Atrás quedaron los llamados de atención por los riesgos que se cernían sobre los habitantes de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Tarazá, Nechí y Zaragoza, relacionados con el otrora grupo subversivo más antiguo del continente.

El último de ellos quedó consignado en el Informe de Riesgo 009-16, emitido el 8 de marzo de 2016 para El Bagre, “por la confrontación armada por el control territorial entre integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el grupo armado ilegal post desmovilización de las AUC de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”.

Ese enfrentamiento, que se dio ocho meses antes de la firma del Acuerdo de Paz, pone de presente una de las peculiaridades del Bajo Cauca antioqueño: la construcción y ruptura de pactos entre diferentes grupos armados. Según documentó la Defensoría del Pueblo, en 2011 las Farc y las Agc, que también son conocidas en la región como ‘Los Urabeños’, acordaron distribuirse el territorio de El Bagre y sus rentas ilícitas.

“Así las AGC se ubicaron sobre la zona urbana y las veredas de las tierras bajas de Puerto Claver, mientras las FARC-EP ocupaban las veredas altas y boscosas que colindan con el Sur de Bolívar. Pero a finales del año 2015 este pacto se rompió, ambas organizaciones armadas ilegales reactivaron la disputa por el control territorial, vulnerando de manera grave los derechos humanos de la población del corregimiento de Puerto Claver y cometiendo infracciones al DIH”, explica el Informe de Riesgo.

Con esa ruptura y el proceso de concentración de las tropas de las Farc en las Zonas Veredales y Sitios Transitorios de Normalización en medio de su proceso de dejación de armas, las Agc empezaron a expandirse para controlar los antiguos territorios de la extinta guerrilla. A ello se sumó una avanzada del Eln con el mismo fin y se advirtieron potenciales riesgos para la población civil.

Esos temores se materializaron meses después en el municipio de Cáceres. Así lo reportó el SAT el 22 de enero de 2018, mediante su Alerta Temprana 009-18: “(…) durante las primeras tres semanas del año 2018 (la pugna entre las Agc y el Eln) han provocado graves vulneraciones a los DDHH y el DIH, como el desplazamiento masivo de 150 núcleos familiares, el confinamiento de muchas otras familias que no alcanzaron a salir, homicidios selectivos, combates con interposición de la población civil, restricciones a la movilidad, amenazas y reclutamiento forzado y utilización de Niños, Niñas y Adolescentes”.

El anterior desplazamiento masivo en ese municipio había ocurrido en mayo de 2011 por disputas entre las llamadas ‘Águilas Negras’, hoy conocidas como las Agc, y la alianza que en su momento entablaron ‘Los Rastrojos’, ‘Los Paisas’ y ‘Los Caparrapos’. (Leer más en: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)

Alianzas y pactos

La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ocurrida entre 2003 y 2006 bajo los acuerdos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), no logró que los habitantes del Bajo Cauca vivieran paz. Pronto se conformaron nuevos grupos con integrantes que no se desmovilizaron y con organizaciones criminales foráneas.

La Defensoría del Pueblo identificó que en 2008 arribaron varias estructuras armadas a disputarse la región. ¿La primera? Las entonces autodenominadas ‘Águilas Negras’, provenientes de la región del Urabá antioqueño, que a día de hoy son conocidas como las Agc y reseñadas por el gobierno nacional como ‘Clan del Golfo’.

Posteriormente arribaron ‘Los Paisas’, un brazo armado de la llamada en aquel entonces ‘Oficina de Envigado’, que históricamente ha delinquido en el Valle de Aburrá, y que a su vez tenía una alianza con ‘Los Rastrojos’, brazo armado del asesinado narcotraficante Wilber Varela, excapo del Cartel del Norte del Valle de Cauca. Y, finalmente, aparecieron los ‘Caparrapos’, nombre alegórico al municipio cundinamarqués de Caparrapí, de donde son oriundos varios exintegrantes del desmovilizado Bloque Mineros de las Auc que se rearmaron.

En su Alerta Temprana 028-18, emitida para el municipio de Tarazá el 5 de marzo de 2018, el SAT recordó que las disputas entre ‘Los Paisas’ -con el apoyo de ‘Los Rastrojos’-, ‘Los Caparrapos’ y las ‘Águilas Negras’, cesaron tres años después, cuando alcanzaron un pacto: “A escala regional, hubo una negociación entre las Águilas Negras (hoy AGC) y Los Rastrojos en noviembre de 2011, acordando que estos últimos se retiraban de Antioquia y el Sur de Córdoba, quedando las AGC con el control de toda la producción de cocaína para la exportación en esta zona del país”.

Mientras tanto, “las guerrillas de las FARC-EP y el ELN, buscaban recuperar el territorio perdido en la confrontación anterior y hacían alianzas tácticas, sobre todo de movilidad y de protección de zonas de cultivos de coca, con uno y otro grupo posdesmovilización de las AUC”.

Además de repartirse territorios y labores en la cadena de producción de cocaína que se extendió hasta las Farc, ese pacto trajo una restructuración de los grupos de origen paramilitar, pues tras la salida de ‘Los Rastrojos’, los dos restantes pasaron a ser parte de las tropas ‘Gaitanistas’.

“Tanto Caparrapos como Paisas, pasan a hacer parte de la estructura de los frentes de combate de las AGC, en una especie de concesión territorial para la captación de otras rentas ilegales como la extorsión y la minería no formalizada y participación en la cadena de producción y exportación de la cocaína. La Oficina de Envigado, vio favorecidos sus intereses con estos pactos, reconociendo el valor de las rutas internacionales que controlaban, recibiendo dinero y armas nuevas, producto del tráfico ilegal derivado de grupos narcotraficantes provenientes de Sinaloa, México”, indica el informe del SAT.

Así, tratando de emular a las estructuras que tuvieron en las Auc, para quitarse de encima su etiqueta de grupo de crimen organizado y darse un aire político, las Agc crearon frentes a los que bautizaron con los nombres de “algún personaje significativo para el mundo paramilitar”.

De ese modo, ‘Los Caparrapos’, asentados principalmente en Piamonte, Cáceres, pasaron a ser llamados Frente Virgilio Peralta; y ‘Los Paisas’, ubicados entre La Caucana y El Guaimaro, en Tarazá, se transformaron en el Frente José Felipe Reyes. Mientras tanto, las Agc quedaron con dos grupos propios que seguían sus directrices desde Urabá: el Frente Julio César Vargas y el Frente Francisco Morales Peñate.

Así le dieron vida al Bloque Pacificadores de Bajo Cauca y Sur de Córdoba de las Agc, aunque los frentes surgidos de ‘Los Caparrapos’ y de ‘Los Paisas’, “conservaron cierta autonomía en el control de los territorios y el recaudo de las rentas ilegales”.

Ruptura ‘gaitanista’

 

Esa cohesión y estabilidad se acabaron en 2017. La Alerta Temprana 028-18 marca como el inicio de su agrietamiento el 17 de enero, cuando fue asesinado un exintegrante del Bloque Mineros de las Auc’, quien, tras salir de prisión, intentó recuperar el poder que ostentó en el pasado.

A ello le prosiguió la presunta muerte de nueve miembros de las Agc, aunque sólo se encontraron cuatro cadáveres en el río Cauca; hecho que fue calificado por la Policía Nacional como una guerra al “interior del ‘Clan del Golfo’ (AGC) por el control territorial de las rentas ilegales que afectaba a los municipios de Cáceres y Tarazá”.

Esas muertes, más los golpes asestados por la Fuerza Pública, agudizaron la crisis de los ‘gaitanistas’ y propiciaron disputas internas. Así lo consigna la Defensoría del Pueblo en sus tres Alertas Tempranas emitidas en 2018: “Los recientes hechos victimizantes contra la población civil de Cáceres, puede deberse a que se presenta una ruptura al interior de las AGC, ocasionada por la separación de las facciones de los ‘Caparrapos’ y los ‘Paisas’, como consecuencia de las capturas y muerte de los altos mandos de este grupo armado ilegal, por lo anterior se presenta una pugna por el mando y control territorial”.

La Alerta Temprana 031-18, expedida el 4 de abril para Caucasia reitera que, tras casi ocho meses de tensiones entre los frentes Julio César Vargas y Virgilio Peralta Arenas, y la Fuerza Pública, a la par de capturas y muertes de cabecillas, agudizó el escenario de riesgo en el Bajo Cauca debido a la confrontación interna entre esas facciones. (Leer más en: La guerra se recicla en el Bajo Cauca antioqueño)

Y como hito de esa guerra interna señala que “uno de los hechos más significativos y que marca el inicio de esta confrontación, fue la masacre de 5 personas provenientes de Medellín, quienes fueron asesinadas en el Barrio La Esperanza, el 9 de octubre de 2017”.

Como de costumbre, quienes asumieron las consecuencias fueron los habitantes del campo. Por ejemplo, en el corregimiento de Piamonte, de Caucasia, la guerra entre el Frente Francisco Morelos Peñata y el Frente Virgilio Peralta Arenas, dejó en varias ocasiones a sus pobladores en medio del cruce de disparos, provocando desplazamientos forzados masivos. (Leer más en: Desplazamiento forzado, sin freno en el Bajo Cauca antioqueño)

Y en el casco urbano se registraron sesinatos selectivos contra mototaxistas y presuntos partícipes de las economías controladas por los grupos armados ilegales: “Las personas foráneas son objeto de ataque y señaladas como informantes o miembros de la estructura militar o económica de la facción enemiga”.

En Tarazá también sintieron los estragos de esa disputa, pues las Agc trasladaron parte de sus tropas ubicadas en Córdoba, Chocó y Urabá para recuperar el terreno perdido a manos de ‘Los Caparrapos’. La Alerta Temprana 020-19, del 17 de abril de 2019, llamó la atención sobre ese movimiento de tropas y encendió las alarmas por las afectaciones que podrían sufrir alrededor de cuatro mil personas, especialmente en el corregimiento de La Caucana.

Además, documentó que con el arribo del nuevo personal de las Agc a las veredas Villavicencio, La Esmeralda y Aguas Lindas, se produjeron hostigamientos y enfrentamientos que obligaron a ‘Los Caparrapos’ a replegarse “hacia el centro poblado de La Caucana, situación que incrementaría en sumo grado la vulnerabilidad de la población civil ante una posible toma armada”.

En medio de esa lucha entre antiguos compañeros de armas, quienes están llevando la peor parte son los líderes sociales y organizaciones que le apostaron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). En cuatro de los cinco informes emitidos por le SAT entre 2016 y 2019, se reportaron asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados de personas vinculadas con esa política del Acuerdo de Paz que busca reemplazar cultivos de coca por proyectos agrarios sostenibles. (Leer más en: Líderes comunales del campo, en vía de extinción en el Bajo Cauca)

Finalmente, en medio de la crisis sanitaria producida por la pandemia del Covid-19, el pasado 31 de agosto la Defensoría del Pueblo emitió una nueva Alerta Temprana, la 045-20, catalogando como “extremadamente alto” el riesgo que padecen los habitantes de los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño.

Nuevamente, como principal factor desestabilizador aparece la guerra entre las Agc y ‘Los Caparrapos’. Y esta vez con un agravante: “Un cambio sustancial en la dinámica de los actores armados ilegales, pues mientras en 2018 y 2019 esta se caracterizaba por la expansión hacia los territorios en donde tenían intereses económicos, para finales de 2019 y durante 2020 se observa el interés de atacar lo que se consideran las sedes de mando del enemigo, provocando masacres y desplazamientos forzados”. (Leer más en: En el Bajo Cauca, lógica de “aniquilación del enemigo” afecta a la población civil)

A esa situación se suma una nueva preocupación: el retorno de exintegrantes de los diferentes bloques paramilitares que ya cumplieron sus penas de prisión tras ser condenados por los tribunales transicionales de Justicia y Paz. “Ha servido para avivar la llama de la violencia en la subregión en los últimos dos años y medio, pues la tendencia es que mandos medios de estos bloques recuperaran los territorios que estaban bajo su control antes de la extradición de mayo de 2018”, indica el SAT.

En esta región de Antioquia el impacto del Acuerdo de Paz con las Farc no se sitió realmente porque tampoco surtió efecto el proceso de dejación de armas y desmovilización de las Auc. Además de la guerra entre antiguos compañeros de armas, se suman las amenazas de las disidencias de las Farc y de la guerrilla del Eln. Mientras tanto, en la región impera la ‘Ley del Silencio’ y quienes se atreven a hablar desde el anonimato piden la presencia integral del Estado y que acate las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo.