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Los responsables principales e inmediatos de este silenciamiento masivo son los grupos de la delincuencia organizada que operan en el estado, pero el periodismo guerrerense debe hacer frente además a autoridades locales que ven en la información una potencial amenaza a sus intereses o que por temor o complicidad son incapaces de garantizar su libre ejercicio; a estos factores se agregan los protagonistas de conflictos agrarios, los taladores e incluso curas parroquiales.
Los datos disponibles indican que en Guerrero los conflictos políticos y sociales suelen entrelazarse con fenómenos delictivos, lo cual se traduce en una ruptura del estado de derecho en muchos de sus municipios y regiones e incide en el fortalecimiento de la impunidad. Pero el hecho de que muchos informadores hayan sido silenciados por diversos medios hace pensar que la realidad de la entidad es incluso más grave de lo que se piensa, en la medida en que resulta imposible sacar a la luz mucho de su acontecer, especialmente en lo que se refiere a violencia y descomposición.
Por eso mismo, garantizar el libre ejercicio del periodismo en Guerrero no sólo es una obligación de Estado para asegurar el cumplimiento de un derecho humano básico, sino que también resulta crucial e indispensable si se aspira a restaurar el tejido social y a emprender procesos de construcción de paz.
En términos más generales, si bien es cierto que el gobierno federal no representa amenaza alguna a la libertad de expresión, debe reconocerse que ésta continúa siendo una dolorosa aspiración en diversas regiones del territorio nacional, en las que los poderes económicos, políticos o delictivos, así como la connivencia entre dueños de medios y autoridades, hacen imposible contar los hechos o bien obligan a los informadores a distorsionarlos o minimizarlos. No podría este diario soslayar que tales circunstancias, que en 2017 derivaron en los asesinatos de nuestros corresponsales en Chihuahua, Miroslava Breach, y en Culiacán, Javier Valdez, siguen dolorosamente presentes en diversas zonas del territorio nacional. Y en la medida en que no se garanticen la seguridad y la vida de los periodistas, será imposible conocer situaciones que exigen la intervención de las instituciones nacionales y, en consecuencia, concretar de manera efectiva los propósitos de bienestar, paz, seguridad y democracia del actual gobierno
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Huyen periodistas, cierran diarios y vetan la nota roja
Domingo 3 de enero de 2021, p. 21
Chilpancingo, Gro., Por presiones de la delincuencia organizada y de políticos locales, varias regiones de Guerrero son consideradas zonas silenciadas
, donde los periodistas no pueden realizar su trabajo. Una de esas es Iguala, en el norte de la entidad, donde varios reporteros han debido salir tras amenazas de grupos del crimen organizado, a pesar de las denuncias ante instancias de gobierno.
El alcalde morenista de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, se ha negado a garantizar el trabajo de los reporteros. Entre quienes huyeron están Jonathan Cuevas, Wendy Obispo, Alejandro y Héctor Guerrero; este último obtuvo medidas cautelares, y Blanca Díaz y Natividad Ambrosio salieron del país.
En la actualidad sólo continúan el Diario de Iguala, Tiempo Suriano y Diario XXI; pero el Diario de la Tarde dejó de circular. Los reporteros de nota roja
dejaron de cubrir la fuente y desapareció esa sección.
Las presiones y amenazas comenzaron con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en septiembre de 2014; y aumentaron con el hallazgo de fosas en los años recientes, aunque desde siempre ha existido con la disputa de territorio de los grupos delincuenciales. A raíz del asesinato del periodista Francisco Pacheco, en el municipio de Taxco, en 2016 sus hijos Priscila y Alí Pacheco tuvieron que abandonar el país.
Al menos 12 reporteros tienen que sortear a diario el peligro de reportear en Iguala y, debido a las amenazas, en los hechos tienen vetado cubrir la información en los vecinos municipios de Tetipac, Pilcaya e Ixcateopan de Cuauhtémoc.
Otra región donde los periodistas se vieron obligados a salir es la Montaña Baja, principalmente en Chilapa de Alvarez.
Entre 2000 y 2014 circulaban los diarios La Voz de Chilapa, Visión Urbana, El Imparcial, El Despertar de la Montaña y Jaguar Guerrero, pero desde 2014 dejaron de circular. Incluso, periódicos de circulación estatal como Pueblo, Vértice, Diario de Guerrero y El Sur, y otros de cobertura nacional como La Jornada, El Universal y Proceso fueron vetados en Chilapa.
La misma suerte tuvo la emisora La Palabra Verdadera, que operó en las instalaciones de la Preparatoria número 26 Albert Einstein, de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en el acceso al crucero de la comunidad El Paraíso, al sur de Chilapa, que es el paso obligado a la comunidad de Tlanicuilulco, del municipio de Quechultenango.
Un grupo de voceadores que se trasladaba de Chilpancingo dejó de vender periódicos en Chilapa desde 2014, al parecer por órdenes del entonces alcalde priísta Francisco Javier González (2012-2015), pues se dijo que la delincuencia organizada lo amenazó; a raíz de eso, al menos tres periodistas abandonaron el municipio y hoy laboran en Chilpancingo.
Los reporteros de Chilapa, denunciaron que el rector de la catedral, Javier N, decía en sus homilías que la prensa publicaba cosas feas de Chilapa
. Tampoco llega ningún diario a los municipios vecinos de Zitlala, Ahucuotzingo, José Joaquín de Herrera, Atlixtac, Acatepec, Zapotitlán Tablas, Mochitlán y Quechultenango.
En Tixtla, los reporteros tampoco pueden cubrir la nota roja
debido a las amenazas de grupos delincuenciales, y a los voceadores les prohibieron vender los periódicos en las calles o entregarlos a domicilio.
En Tierra Caliente, de los 14 municipios que la constituyen, sólo en Ciudad Altamirano circula El Despertar del Sur desde hace 15 años. Otros diarios o semanarios han desaparecido por diversas causas.
Pero los periodistas locales tienen vetado cubrir la nota roja
y los problemas sociales, que incluyen el desplazamiento forzado de personas, la tala de madera en San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.
Brenda Escobar, reportera de El Sur, fue amenazada por su cobertura periodística en los municipios de La Unión y Coahuayutla, en la Costa Grande, hace dos años, mientras indagaba sobre el asesinato en Zihuatanejo de una doctora que descubrió el robo de medicamentos.
Hercilia Castro, de La Jornada Guerrero, fue amedrentada a partir de que se pararon las obras de una ciclovía, y eso molestó al alcalde priísta Jorge Sánchez Alec, quien envió gente a amenazarla, junto con Érika Serrano Farías, abogada ambientalista y activista, a quien intentaron violar.
La periodista denunció que el 24 de agosto pasado, sujetos armados irrumpieron en su domicilio y sólo robaron su computadora, pero la siguen amenazando de muerte.
Otros dos periodistas salieron de Zihuatanejo hace dos años, entre ellos Omar Bello, amenazado por pistoleros de Petatlán, y Leonardo Martínez Peralta, al que tres policías estatales le apuntaron en la cabeza y el estómago al tiempo que le exigían borrar unas fotos que había tomado durante un enfrentamiento entre hombres armados en la colonia El Embalse, de Zihuatanejo.
Zonas silenciadas
En el municipio circulan ABC de Zihuatanejo y El Despertar de la Costa, pero desde 2014 no hay nota roja
, porque molesta al edil priísta. Además, los reporteros tienen vetado cubrir y visitar los municipios de Coahuayutla, La Unión y Petatlán, zonas silenciadas
donde hay desplazados provenientes del poblado Vallecitos de Zaragoza del municipio de San Miguel Totolapan, y de la sierra de Petatlán.
En la Montaña Alta la situación no es diferente: en la cabecera municipal de Tlapa los pocos reporteros que laboran no cubren los problemas sociales en Zapotitlán, donde hay gente desplazada, y tampoco pueden llegar a los de Atlixtac y Copanatoyac. Tampoco pueden cubrir conflictos agrarios, ni acudir a los municipios de Malinaltepec, Cochoapa el Grande y Metlatónoc, donde también hay casos de desapariciones.
En ninguno de los 19 municipios de la Montaña Alta se imprime o edita un periódico; sólo se hace cada mes para facturar con las autoridades municipales que publicitan las obras que realizan. Debido a la pandemia de Covid-19, sólo los martes se puede adquirir La Jornada y El Universal, lo mismo que el diario local El Sur, pero ya no llegan a Tlapa.
En Acapulco, los periodistas locales tienen vetado cubrir en la zona de La Parota, principalmente en la comunidad de La Concepción, donde grupos delincuenciales han provocado enfrentamientos con pobladores que se oponen a la construcción de una presa, lo que ha dejado varios muertos en los dos años recientes. Tampoco se les permite llegar a las colonias La Zapata y Renacimiento.
Los reporteros Jacob Morales y Bernardino Hernández, entre otros, se vieron obligados a abandonar el puerto en los dos años recientes. Incluso el periodista de Novedades de Acapulco, Martín Méndez Pineda, salió del puerto en 2017 y pidió asilo en Estados Unidos, pero le fue negado y estuvo detenido más de dos meses en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en El Paso, Texas.
Egresado de la UAG, Méndez Pineda fue amenazado por elementos de la Gendarmería mientras cubría un incidente automovilístico.
Desde 2000, en el estado de Guerrero han sido asesinados 14 periodistas y hay uno desaparecido.