Extractivismo colonial y política monetarista (r)

La concepción desfachatada de la economía
Capitalismo andino amazónico e ilusión estadística
Síntesis incongruente



Extractivismo colonial y política monetarista

Raúl Prada Alcoreza

 

Índice:

La concepción desfachatada de la economía                                                   

Capitalismo andino amazónico e ilusión estadística                                    

Síntesis incongruente         

                                                                                       

La concepción desfachatada de la economía

Se ha dado una variedad de teorías económicas, a partir de lo que podríamos llamar una consciencia de la experiencia económica capitalista. Estas teorías han sido conocidas y difundidas sobre todo durante el siglo XVIII  y XIX; después, durante el siglo XX, se reflexiona sobre ellas, se trabaja sobre sus consecuencias, se contrastas las teorías con la realidad, se producen teorías o mas bien disciplinas operativas y matemáticas, directamente vinculadas con la administración pública y las políticas económicas de los gobiernos. En este último caso, de lo que se trataba no era tanto de explicar, como en el caso de las corrientes teóricas, sino de garantizar su aplicación. Sobresalen, en principio, las teorías neoclásicas, marginalistas y monetaristas. Después las llamadas teorías del equilibrio macroeconómico y, de una manera más especificas, las llamadas teorías neo-liberales; todo esto en lo que respecta a lo que podríamos llamar la continuidad de las corrientes teóricas burguesas. También hay que mencionar las teorías económicas vinculadas a la planificación, en el caso de la continuidad operativa de la crítica de la economía política. En este caso, son sobresalientes las tesis del economista polaco Michał Kalecki. Estas corrientes teóricas contrapuestas, unas apuntando al manejo de la administración capitalista, otras orientadas a la planificación de la construcción del socialismo, no han dejado de producir sus intersecciones, sus cruces. Uno de ellos es el modelo propuesto por John Maynard Keynes para resolver la crisis económica estructural del capitalismo desatada en 1929. Se dan analogías entre la teoría de Kalecki y la teoría de Keynes. Éste último economista británico incorpora la planificación y el pleno empleo, basándose en las dinámicas de la demanda, en una política de intervención del Estado en la economía. Las grandes planificaciones quinquenales de la URSS y de la República Popular China, si bien no contaron con el acompañamiento de teorías operativas, fueron acompañadas por metodologías supuestamente deducidas de la crítica de la economía política. Estas políticas de construcción socialista no escaparon de la teoría del valor, empero se justificaron con la “ideología” del valor de uso, que supuestamente enfocaba la satisfacción de las necesidades y no de la ganancia. Desde el derrumbe del III Reich y su derrota demoledora, comienzan a circular las teorías económicas que conoceremos como neo-liberales, gestadas ya durante la década de los treinta. Estas teorías retomaron la tesis liberal del libre mercado y el supuesto de la mano invisible de Smith, empero no se convirtió esta conjetura en el eje central de su propuesta; la tesis central neo-liberal fue la competencia y la libre empresa.

Todo esto forma parte de la historia de las teorías económicas, a lo largo de por lo menos tres siglos. No es nuestra intensión, en este ensayo, evaluar estas teóricas, tampoco contrastarlas con su aplicación. Sino tan solo nombrarlas en su propia secuencia. Lo que nos interesa es anotar una sorpresa. En la actualidad, no parece haber un esfuerzo por explicar, menos por aplicar, ningún interés de construir modelos operativos; todo lo contrario, se manifiesta una cierta dejadez y se prefiere optar por la propaganda y publicidad de supuestos logros del crecimiento económico. Se prefiere expresar discursos improvisados que sustituyen a las teorías, a los modelos, a las preocupaciones por los seguimientos objetivos del acontecer económico. Se opta por una especie de desfachatez discursiva, que busca convencer con argumentos anecdóticos sobre los avances de la economía. Se escuchan argumentos como que se ha dado un crecimiento económico sin precedentes, no acaecido por lo menos en setenta años de la historia económica del país; que este crecimiento económico, que puede ser interpretado como bonanza, se constata en el crecimiento de la clase media, en la disponibilidad de la clase media de gastar su dinero en los Shopping, en la expansión del consumo en las urbes y en las áreas rurales; por ejemplo, se dice que el crecimiento económico se constata en el cambio del techo de paja por el techo de calamina en las casas del campo. Para apoyar esta inocente explicación se recurre a estadísticas macroeconómicas generales, el incremento de las reservas monetarias, los índices del PIB, el incremento de las exportaciones, la inversión estatal. La debilidad anecdótica de la primera parte de la argumentación se cubre con estadísticas macroeconómicas.

Como se puede ver estamos ante un mínimo esfuerzo explicativo, descriptivo y de seguimiento operativo. Lo que interesa es la propaganda, no el análisis, menos la objetividad, mucho menos garantizar la realización efectiva de las políticas económicas. Ninguna de las teorías, anteriormente mencionadas, sean promotoras del capitalismo o diseños económicos de construcción del socialismo, pueden respaldar estas improvisaciones discursivas. Esa situación se agrava cuando hay  además pretensiones de transformación, de lograr disminuir las desigualdades sociales. Es ciertamente anecdótico querer demostrar el crecimiento económico por la presencia arquitectónica de shopping, por el cambio de los techos en las casas del campo; la utilidad de este discurso deriva en la expresión de los espejismos más caricaturescos de las imagines más pueriles del progreso. Decirlo es una desfachatez.

En relación a la segunda parte de la argumentación, la que tiene que ver con el uso de los indicadores macroeconómicos, se puede comprender que se lo haga, empero, en la medida que son indicadores sueltos, des-contextuados de su estructura, escapan de las exigencias del análisis económico. Si se usan estos indicadores, entonces deben estar presentes todos los indicadores macroeconómicos, organizados de acuerdo a su estructura, de tal forma que permitan el análisis macroeconómico, de tal forma que puedan explicar su incidencia y su impacto en la economía, de tal manera que puedan permitir significar las tendencias económicas. En los discursos emitidos propagandísticamente se eluden estos requerimientos, se dejan demasiados vacíos en la información, pretendiendo con esto embaucar a una población a la que se considera pasiva.

Una revisión rápida de la estructura del PIB, de la estructura de las exportaciones, de la estructura de las importaciones, de la estructura de las inversiones, de la estructura del presupuesto, de los indicadores socio demográficos, de la estructura de la deuda externa y de la estructura de la deuda interna, además de preguntarnos sobre el sentido del incremento de las reservas monetarias, en un periodo de subida de los precios de las materias primas, nos muestra la manifiesta debilidad de los argumentos que quieren exhibir las variaciones del crecimiento económico como verificación del “desarrollo” y de la mejora estructural de la economía del país. Las impresiones que se sacan de esta revisión es que Bolivia no ha dejado de configurar una estructura económica extractivista, dependiente de la explotación y exportación de las materias primas; es más, es preponderantemente una economía extractivista. El peso gravitante, masivo, y mayoritario de las exportaciones son las relativas a las materias primas. La estructura del PIB dibuja una considerable preponderancia de las actividades de servicios, estructura en la cual la industria tiene un peso francamente minoritario; la producción, incluyendo la producción agrícola, se encuentra estancada, salvo ciertos rubros destinados a la exportación. El presupuesto refleja un porcentaje estrecho destinado a la educación,  ganándole en participación porcentual lo destinado a defensa, también al gasto corriente, el costo del aparato burocrático. Sólo con estas apreciaciones nadie puede ufanarse con los índices del crecimiento económico. Las cifras y  los porcentajes tienen un valor relativo, dependen, para interpretarlos, de las estructuras de datos de donde emergieron. Al respecto, llama la atención las descripciones cuantitativas que no se respaldan por un análisis estructural. La situación empeora cuando ni siquiera se hace una comparación cuantitativa, tan solo se usan datos des-contextuados, como si respondieran a una variación lineal. Esto ya no es solo un fetichismo de las cifras, que sería algo, en tanto “ideología” cuantitativa burocrática, sino es la muestra de una desfachatez despreocupada, pues se pierde la mínima conexión que debería darse en el uso de los datos. Esta veleidad sólo se la puede entender si se explica en tanto retórica de propaganda, que nada tiene que ver con las mínimas condiciones de un análisis económico.

No se tiene que ser economista para darse cuenta que la llamada bonanza económica se debe a la alza de los precios de las materias primas, principalmente de los minerales, aunque también del petróleo. No se requirió talento para acceder a este beneficio de los avatares del mercado de materias primas; habría que agradecerles, en todo caso, a los compradores, principalmente a la potencia industrial y tecnológica emergente China,  comprendida en el grupo BRIC (Brasil, Rusia, India, conocidas como superpotencias emergentes. En contraste con esta suerte, la política económica ha sido conservadora, caracterizada por formulas esquemáticas derivadas del monetarismo; no se requirió gran cosa para efectuar esta política, bastó una práctica de cajero, que repercutió beneficiosamente en el ahorro. Se está muy lejos de lo que plantea la Constitución en cuanto a la Organización Económica del Estado, que apunta a un modelo productivo, producente, enfocado en la soberanía alimentaria; muy lejos del cambio de modelo económico, que como dijimos es extractivista. No se tiene una estrategia ni una política de inversiones; cuando estas se dan, a mucha insistencia, aunque de una manera altamente improvisada, no se ejecuta o tiene muy baja ejecución. Los “diseñadores” de estas inversiones improvisadas están afectados por un fetichismo de las cifras, creen que por arte de magia el destino de un monto se convierte en industria. No observan, ni por asomo, que entre el monto destinado, su ejecución y la realización material del proyecto, se tiene un conjunto de mediaciones y condicionantes, acompañados por políticas especificas y detalladas, por ingenierías y por implementaciones, acompañadas por administraciones rigurosamente controladas. Cuando fracasan, que es lo que más ocurre, se sorprenden y no saben a quién culpar por este desenlace. No se pueden sustituir estos dispositivos y agenciamientos técnicos con la propaganda y la publicidad, ocultando información, incluso al propio presidente. Son lamentables y tristes la mayoría de las historias individualizadas de las empresas públicas, incluyendo lo que pasa con la planta piloto del litio de Llipi-Llipi, que ya se inauguró como seis veces, sin saber en las últimas qué se inaugura y para qué. Varias veces se han confundido en los informes las etapas de la producción, se ha desmontado y vuelto montar la planta. Todo esto se lo hace con tremendas propagandas, como si la bulla ocultara la endeble y contradictoria realidad, acompañada con escándalos, como es el caso de los convenios con Corea del Sur, que alcanzaron al vicepresidente de ese país, quien ha sido juzgado y encarcelado por corrupción, precisamente por los compromisos con Bolivia.

Pero, no estamos ahora para denunciar; estamos lejos de eso. Lo que queremos es poner en mesa el papel de un discurso con pretensiones de análisis, cuando sólo alcanza a repetir de una manera trillada la letanía de una propaganda poco creíble. En esta puesta en mesa es indispensable definir el marco de la discusión, así también aclarar lo que se debate, para evitar confusiones, sobre todo cuando el gobierno recurre en su defensa a la comparación con los gobiernos anteriores, sobre todo con los gobiernos del periodo neo-liberal. En primer lugar, no está en discusión esta apreciación del gobierno, no está en debate la diferencia con los gobiernos neo-liberales. La crítica se desprende del contraste entre el ejercicio de gobierno y la Constitución, el ejercicio de gobierno y las exigencias de la transformación, las exigencias de la transición. Son las contradicciones mismas del gobierno respecto a los postulados del proceso de cambio lo que lleva a las observaciones críticas. Esto se acentúa cuando se trata de evaluar las políticas económicas. El gobierno cree que es cuestión de demostrar que hay crecimiento económico usando estadísticas macroeconómicas, cuando lo que se tiene que evidenciar son las transformaciones cualitativas de las estructuras económicas. Esto no se demuestra cuantitativamente sino cualitativamente, mediante la constatación de desplazamientos fuertes de un modelo extractivista a un modelo productivo y ecológico-económico, tal como propone la Constitución.

En relación a las dificultades que se enfrentan lo que menos sirve es este discurso propagandístico, que no convence a nadie. Se requiere de análisis minuciosos de las dinámicas económicas en la transición, incluso análisis críticos de los obstáculos y las resistencias que hay que vencer. En el mejor de los casos un debate abierto sobre los problemas de la transformación y de la transición. Empero, el gobierno considera estos análisis, esta crítica y este debate como peligrosos y hasta conspirativas. Es difícil aclarar el panorama, en plena espesa niebla, con estos recaudos y defensas exacerbadamente celosas del gobierno. Este comportamiento defensivo clausura toda posibilidad de análisis. Al encerrarse el gobierno en sí mismo termina atrapado en el propio espejo que se ha construido para auto-contemplarse. Es pues un círculo vicioso del que no se puede salir.

Lo que está en discusión es la interpretación de lo que acontece en la economía, teniendo en cuenta la característica de sus estructuras. Después de la nacionalización de los hidrocarburos –  que para unos es una nacionalización plena, hablamos del gobierno, y para otros, es parcial e inconclusa, hablamos de los críticos, de los que creo formar parte -, nacionalización que efectivamente mejoró los ingresos del Estado y del Tesoro General del Estado, mejorando los alcances de la distribución en departamentos, municipios, universidades y el mismo presupuesto, no se nota la continuidad y la irradiación de la medida en el sentido de las transformaciones estructurales e institucionales del modelo económico. Ocurre como que la nacionalización haya reforzado la condición del Estado rentista. No vamos a entrar aquí a describir el control técnico y el monopolio que conservan las empresas trasnacionales de los hidrocarburos, supuestamente de servicio; ya lo hicimos en otro documento[1]. Lo que inquieta es comprender por qué la nacionalización no ha tenido su continuidad política y económica. No nos referimos a las otras “nacionalizaciones” posteriores, que no son otra cosa que compras de acciones, lo que comúnmente se hace en las bolsas de valores y en las transacciones capitalistas. Nos referimos a las transformaciones estructurales de la economía del país. Podemos decir que la economía ha engordado cuantitativamente, empero no se ha transformado cualitativamente. Este es el problema; es este problema el que nos obliga a discutir, poner en debate, analizar y criticar las contradicciones del proceso, del gobierno y de sus políticas económicas. Sin dejar de sorprendernos por los devaneos extremadamente débiles del discurso económico del gobierno.

Ahora que está rayada la cancha, podemos analizar el problema. Obviamente no se trata de que haya más shopping ni que haya más techos de calaminas para demostrar que hay crecimiento económico, tampoco, mejorando la argumentación oficial, de demostrar el incremento en la variación estadística, sino entender que el incremento estadístico se convierte en crecimiento económico cuando materialmente crecen y se consolidan las empresas involucradas, sobre todo, en este caso, las empresas estatales. Cuando la magnitud del crecimiento es absorbido por el fortalecimiento de las estructuras y las instituciones económicas, y no se pierde en una gestión rentista. Ahora bien, desde la perspectiva de la transformación y la transición del proceso, es indispensable que la magnitud del incremento cuantitativo repercuta en la transformación estructural e institucional de la economía, desplazando el modelo extractivista hacia un modelo eco-productivo. En otras palabras, sólo se puede hablar de crecimiento efectivo cuando éste se da materialmente, no sólo estadísticamente y como atesoramiento dinerario, que puede derivar en gasto y consumo, comercio y especulación.

La anotación anterior tiene que ver con la interpretación del crecimiento;  ¿se va a reducir su interpretación a la variación de las cifras en sentido positivo o se va interpretar el crecimiento como fenómeno integral, que afecta a la totalidad de la economía, en el sentido de su expansión? Una mayoría de analistas y comentaristas se circunscriben en la primera descripción de las cifras, muy pocos se lanzan a analizar el fenómeno del crecimiento en términos estructurales. Por otra parte, sería inapropiado atribuir la construcción de shopping, el aumento del consumo, el cambio de los techos de paja a la calamina, a la causa del crecimiento económico. Esta apreciación no tiene ninguna base empírica; los flujos comerciales, la expansión de sus recorridos, la aparición de ofertas concentradas como los shopping, la modificación de los materiales de la construcción, tienen  sus propias lógicas, sus propias historias, sus propios dinamismos. Es muy ingenuo aseverar que son el resultado directo del crecimiento económico. Los shopping están fuertemente ligados a la aparición de formas de crédito digitales, a políticas financieras vinculadas al crédito, a las tarjetas de crédito, a cadenas comerciales, a la publicidad audiovisual en expansión y subliminal, a la construcción de estas islas de concentración de la oferta múltiple. Las pautas de la construcción tienen que ver con la migración, el transporte, la modificación de los habitus, el acceso y el abaratamiento de algunos materiales de la construcción, la desaparición de la oferta de paja y la ampliación de la oferta de calamina. En fin, las dinámicas diferenciales del mercado, de la construcción, de los flujos migratorios, del transporte, de la modificación de la oferta de las ferias rurales; es decir, las dinámicas diferenciales sociales se mueven de acuerdo a sus propias lógicas, sin atender directamente al impacto del crecimiento, aunque esto pueda ocurrir. Es en el imaginario del economista donde el crecimiento económico adquiere una dimensión desmesurada, hasta explicativa. Esto forma parte del fetichismo de las cifras.

Es menester comprender las dinámicas económicas en su complejidad diferencial, no suponer que la economía es un todo homogéneo, que se mueve sólo por el impacto de la variación de las cifras, a lo que se ha reducido la significación del crecimiento. Es por esta razón que la gente común suele sorprenderse de las aseveraciones de los economistas, mucho más si se trata de voceros gubernamentales, cuando contrastan con la realidad que se experimenta cotidianamente. El cuadro estadístico es una interpretación cuantitativa, a través de medidas, de las tendencias abstractas, definidas por el aparato de medición, de lo que supuestamente ocurre en la economía, concebida como estructura de la producción, del ingreso y del gasto. En la teoría neoclásica, los indicadores macroeconómicos no tienen la pretensión de explicar las dinámicas económicas y sociales, sino contar con un cuadro sincrónico, sintético y cuantitativo que permita valorar y comparar las secuencias y los periodos económicos. La ocurrencia de querer usar estos indicadores para explicar la realidad, económica y social, corresponde a la audacia insostenible de los analistas económicos y los voceros gubernamentales.

No vamos a evaluar aquí otro concepto involucrado, el concepto de desarrollo, que ameritaría un tratamiento más amplio y nos llevaría a una discusión más exigente, debido a su problemática más compleja. Nos remitimos a lo escrito en la Crítica de la economía política del desarrollo[2]. Tampoco vamos a tocar aquí un problema mucho más exigente y complejo, que tiene que ver con el cambio de modelo económico, pasar de un modelo extractivista, sustentado en la ilusión del desarrollo, a un modelo ecológico y productivo, basado en la soberanía alimentaria y en la perspectiva del vivir bien. Este tratamiento requeriría mucho más dedicación. Nos remitimos también, en este caso, a lo escrito en Figuraciones del vivir bien, así como a Descolonización y transición. De todas maneras, dejaremos anotado que estos problemas, los relativos al desarrollo y a la crítica al desarrollo, así como los relacionados al cambio de modelo económico, dejan en evidencia las manifiestas debilidades del discurso propagandístico gubernamental sobre el crecimiento económico. Nuestra tarea es más modesta en este texto, caracterizar este discurso político y de propaganda, definir su rol en un proceso en crisis, encontrar en su locución los síntomas de la crisis del poder. Por eso mismo se entenderá que, ahora, no nos interesa discutir estadísticas, aunque lo hagamos brevemente; lo hicimos ya en otra ocasión, en el Diagrama del poder trasnacional[3]. Lo que nos interesa es la interpretación crítica del discurso gubernamental sobre el crecimiento económico.

Deconstrucción del discurso del crecimiento económico

¿Qué papel juega este discurso político y de propaganda sobre el crecimiento económico? No corresponde, por cierto, a un análisis económico, a pesar de sus pretensiones; esto es lo que menos les interesa. Este discurso no somete sus “hipótesis” a contrastación, no evalúa el alcance de la información a mano, no se detiene en describir y analizar las dinámicas y las estructuras económicas; menos someterlas a las exigencias de la Constitución. Lo que interesa es convencer del beneficio del crecimiento económico y de que éste responde a la Constitución, que genera inmediatamente repercusiones positivas en beneficio de la población. Qué el gobierno cumple con el proceso, que todo lo que hace es superar etapas, conformando un aparato industrial y cumpliendo con la conformación de un bloque científico e investigativo. Sólo por decirlo, ya debe ser convincente. Hay como una confianza en una especie de capital simbólico, como que los que emiten este discurso representan al proceso y de por sí lo que dicen es una verdad. No hay ningún esfuerzo por demostrar nada, sólo la espera de la credibilidad del pueblo, basados en el prestigio de los mandatarios. Tampoco les interesa debatir; cuando se enfrentan a interpretaciones contrarias, recurren a la descalificación. Con esto se solucionó toda la discusión. Sanseacabó.

En todo estos gestos no sólo se manifiesta la excesiva confianza, se muestra una pretensión de verdad, que no corresponde al discurso débil, ni a los ambivalentes argumentos, sobre todo anecdóticos, sino que aparece la marca borrada de la crisis de las estructuras de poder, la crisis múltiple del Estado-nación. Las cifras del crecimiento, que expresan los avatares del mercado internacional de las materias primas, develan nuestra más profunda dependencia  de la demanda industrial de las potencias, las antiguas y las emergentes. Estas cifras también son magnitudes entonces de nuestra dependencia. Del mismo modo, también son las cifras de una economía extractivista y de un Estado rentista. Si podemos aseverar algún crecimiento es el de nuestra dependencia. No es posible hacer propaganda de esto. Decir que esta es la base para invertir productivamente y socialmente, es parte de la argumentación retórica del discurso, pues precisamente esto no se lo hace. Con la política de los bonos, que es de redistribución, no se sustituye la inversión social y la inversión productiva. La política de los bonos es coyuntural y la política de inversiones es a mediano y largo plazo; se juega al corto plazo.

El discurso político y de propaganda es, a la vez, un recurso retórico de convencimiento, y un mecanismo enunciativo de legitimación. Acompaña a las políticas económicas no como análisis sino como publicidad, en el sentido más burdo de la palabra. La pregunta no es ¿por qué ocurre esto?, sino ¿por qué ocurre sólo esto? ¿Por qué todo se ha convertido en propaganda? Incluso las unidades que deberían estar dedicadas al análisis son también de propaganda, sólo que lo hacen de una manera aparentemente descriptiva, pero sus cuadros buscan remarcar los grandes logros. Todo el accionar institucional está destinada a la propaganda, como si el gobierno estuviera entrabado en una eterna campaña electoral. Todo lo que dicen los mandatarios, los ministros, los funcionarios, los voceros, los asambleístas mayoritarios, los dirigentes de las organizaciones               que apoyan al gobierno, los dirigentes del partido oficial, está encaminado a hacer propaganda. No ha quedado un solo lugar donde se haga otra cosa, han desaparecido los espacios de análisis y deliberación; incluso cuando se está entre partidarios, entre convencidos, en los grupos estrechos del gabinete, no se intenta, ni por asomo, efectuar un balance crítico. Si acaso éste balance se diera ocasionalmente, será visto sospechosamente como discurso enemigo. Extraña este comportamiento, pues no hay necesidad de hacer tal cosa, convencerse entre convencidos. Esta ocupación absoluta del espacio público por la propaganda es el síntoma más llamativo de la forma política, del ejercicio político, particularmente de los gobiernos, en la actualidad. ¿Qué nos dice este síntoma? ¿Por qué esta insistencia total en la propaganda? ¿Hay qué auto-convencerse de que lo que se dice es cierto?  

Hipótesis

La apuesta total por la propagando es una desesperada medida de defensa. Atosigado por la presión de sus contradicciones, que aunque las oculte o las ignore, de todas maneras perturban, de una manera pesada y silenciosa, como una atmósfera espesa, que de todas maneras está ahí. Afligido por el fracaso de las empresas públicas, salvo las antiguas, que ya formaban parte del panorama económico. Compungido por el dilatado avance de las supuestas transformaciones, y aquejado por la crítica y observaciones de las organizaciones sociales, el gobierno intenta defenderse de una “realidad” accidentada que no controla, a pesar de su ilusa confianza en el poder absoluto. El discurso de propaganda y la exacerbada publicidad son mas bien una muestra de la debilidad del gobierno, su crisis interna, su desbarajuste político y la repetición del modelo económico extractivista dependiente.

Revisando algunas cifras

El Producto Interno Bruto (PIB) del 2011 es del orden de $51.46 miles de millones, en comparación con lo que ocurrió el 2010, que fue del orden de $48.96 miles de millones, y con lo calculado el 2009, que es del orden de $47.02 miles de millones, se tiene una variación positiva y ascendente de la curva comparativa de la secuencia. Las tasas de crecimiento real[4]han variado entonces también positivamente, pasando de un 3,4%, correspondiente al 2009, al 4,1%, correspondiente al 2010, llegando al 5,1%, correspondiente al 2011. Ahora bien, ¿cómo interpretar estas cifras? ¿Qué significan desde el punto de vista estructural de la economía? Teniendo en cuenta la composición de los sectores, la pregunta es ¿qué sectores crecen? Hagamos una revisión de la composición sectorial del PIB.

La participación del sector social en la composición del PIB fue de 2,2% el 2005 y llegó al 2,6% el 2010. La participación del sector comunitario fue de 7,2% el 2005 y disminuyó al 6,3% el 2010. La participación del sector privado fue del orden de 54,8% el 2005 y disminuyó a 52,6% el 2010. El sector privado extranjero tenía una participación de 21,9% el 2005, en cambio el 2010 tiene una participación  de 18,6%. La participación estatal era del orden de 13,9% el 2005 y subió a una participación del 19,9%[5]. Como se puede ver, hay variaciones mínimas, sin embargo, la estructura económica sectorial se mantiene, preponderando la participación del sector privado del país, habiendo crecido poco la participación del sector estatal.

Carlos Arce del CEDLA anota a propósito de este cuadro sectorial del PIB lo siguiente:

Como destacan los datos, la estructura del PIB está dominada por la presencia de la producción realizada por unidades productivas de propiedad privada de ciudadanos bolivianos, es decir de unidades económicas en las que prevalecen relaciones mercantiles capitalistas, con 55% y 53% de participación en el PIB de 2005 y 2010, respectivamente.

En el año 2005 el sector que se ubicaba segundo por su magnitud relativa era el sector privado extranjero con 22%, quedando el Estado con una participación menor de 14%, el sector comunitario con 7% y el social/cooperativo con 2%.

En la estructura del PIB de 2010, se puede apreciar que el cambio más relevante fue el incremento de la participación estatal que alcanzó 19%. Los cinco puntos porcentuales de diferencia se explicarían por la reducción en la participación del sector privado extranjero en 3% y del sector privado nacional en 2%. No está por demás recordar que en el caso del PIB correspondiente al sector estatal, se debe considerar que un 10% corresponde a los “Servicios de la administración pública”, tanto en el año 2005 como en el 2010, razón por la que al excluir esa su participación en el PIB a valores básicos, la presencia estatal caería a sólo 4% y 10%, respectivamente.

Otro aspecto interesante de esta modificación en la participación de los distintos sectores económicos –que conforman la, denominada por el gobierno, “economía plural”- es que el sector comunitario tiene una presencia muy pequeña en la generación del producto contabilizado en las cuentas nacionales, con apenas 7% en el año 2005 y que habría sufrido una reducción de 1% hasta el año 2010. Contrariamente, el también pequeño sector social que participaba con el 2% en 2005, habría incrementado su presencia en un 1% hasta el 2010[6].

La revisión de estos datos nos muestra que el Estado no se ha hecho cargo de la economía, como exige la Constitución; el campo económico sigue su curso, movido por la iniciativa de los sectores, particularmente del sector privado del país, que es preponderante, y ciertamente el sector privado extranjero, que sigue siendo estratégico. El Estado sigue ocupando un lugar modesto en esta estructura sectorial repetida desde periodos anteriores al gobierno. Entonces, ¿qué sector ha crecido materialmente? Interpretando los datos podemos lanzar la siguiente hipótesis: no se puede hablar de un crecimiento material de los sectores, salvo el ocasionado por las repercusiones de la nacionalización, sobre todo en lo que respecta a YPFB; lo que acontece es un crecimiento cuantitativo, un crecimiento de las cifras, debido a la variación de los precios de las materias primas. Esto se refleja en los alcances de la tributación.

Es sabido que los ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos y minerales es crucial para la economía boliviana; una revisión de la participación de estos ingresos nos muestra que la participación del Sector Público No Financiero (SPNF) y la participación por concepto de tributación subieron a lo largo de la década; llegando el primero al orden del 29% y el segundo al orden del 45%. Carlos Arce escribe a propósito:

Los datos revelan la enorme dependencia del Estado de los ingresos provenientes de hidrocarburos y minería que alcanzan, como promedio de los últimos cinco años, al 29,8% del total de ingresos del Sector Público No Financiero (SPNF). En términos absolutos, los ingresos provenientes de las dos industrias extractivas subieron de 2.763 millones de bolivianos en 2004 a 17.962 millones en 2010, equivalentes a 347 y 2.540 millones de dólares, respectivamente[7].

Continúa:

Su relevancia es aún mayor si consideramos únicamente los ingresos tributarios, donde la renta de estos recursos naturales se eleva hasta el 47%, como promedio para el mismo período[8].

De todas maneras hay una diferencia de los aportes de la minería y de los hidrocarburos, debido a la diferencia de los regímenes fiscales.

La contribución fiscal de la minería –que tuvo un crecimiento inusitado en el período- es apenas una séptima parte de la de los hidrocarburos, a pesar de que su participación en el PIB es mayor en 1,7 veces a la del otro sector. Esta situación se deriva de la existencia de regímenes fiscales diferentes: mientras en el sector hidrocarburos prevalece un régimen de regalías e impuestos fijos al valor bruto que llegan al 50% y de una participación de YPFB en las utilidades netas, en la minería se grava a las ventas con un único impuesto/regalía con reducidas alícuotas que varían de acuerdo a la cotización de los minerales y con un impuesto a la utilidad extraordinaria -superado cierto umbral de precios internacionales[9].

Estamos ante un modelo económico extractivista con dos regímenes fiscales, uno para hidrocarburos y otro para la minería. ¿Por qué ocurre esto? ¿Mayor complejidad de la minería debido a la presencia de distintos perfiles de explotación? No sólo debido a la diferenciación de los tamaños de las empresas mineras involucradas; minería chica, minería mediana, gran minería; sino a la presencia de distintas composiciones técnicas del capital; cooperativas, empresa privada del país, empresa pública, empresa privada extranjera. Algo distinto a lo que ocurre en hidrocarburos, donde sólo se presentan la empresa pública y la empresa trasnacional. En todo caso, ¿Por qué tienen tantas ventajas las empresas trasnacionales en minería, sobre todo por el menor aporte tributarios en comparación con los hidrocarburos? ¿Qué significan estas diferencias en la composición del modelo económico extractivista? Volviendo al tema, vemos también la íntima relación entre extractivismo y Estado rentista. En el contexto de las economías extractivistas, los estados rentistas mejoran sus ingresos, extienden cuantitativamente su administración económica, mediante mejoras en el régimen tributario, además de contar con el recurso soberano de las nacionalizaciones. Entonces, podemos comenzar a apreciar que lo que crece, cuando se habla de crecimiento económico, en estas economías extractivistas, es el modelo extractivista y el Estado rentista, que mejora sus ingresos. No se trata de un crecimiento integral en toda la estructura económica, sino de un crecimiento en los ingresos que, generalmente se destinan a la reproducción del Estado rentista y la economía extractivista. Pueden darse excepciones, cuando el Estado-nación transforma la composición de su estructura económica recurriendo a la inversión industrial y social en gran escala, como de alguna manera ha ocurrido en las llamadas potencias emergentes. Pero, estas son las excepciones que confirman la regla.

Por lo tanto, es menester comprender los significados del crecimiento económico; no hay uno sino muchos. Es problemático reducir el significado del crecimiento económico al ingreso del Estado o sólo reducir su lectura a la variación porcentual del PIB. No es pues sostenible empíricamente el discurso de propaganda; ante un mínimo análisis estructural de la economía, se desmorona. Ante la problemática dibujada, vemos que la propaganda no ayuda a sostener un gobierno a largo plazo; al contrario, le quita sus defensas, lo ilusiona y lo confunde con sus propias “mentiras”, obstaculizando las posibilidades de cambiar el curso de la secuencia del circulo vicioso de la dependencia y la reproducción del modelo extractivista. Un gobierno atrapado en las contradicciones del modelo extractivista y la economía rentista no dura a largo plazo. Entonces, la propaganda, en vez de ayudar obnubila, aunque momentáneamente produzca el efecto de la autosatisfacción.

Por otra parte, la lógica extractivista y la lógica rentista asociadas tienden a incrementar sus gastos burocráticos, los gastos en cuenta corriente y compras estatales, provocando un desbalance debido al crecimiento de la deuda interna. Esto se puede sostener mientras haya ingresos suficientes, incluso para generar ahorro, en el mejor de los casos; empero, esta situación no es perdurable. Una economía dependiente de las exportaciones de materias primas se encuentra sometida a los vaivenes del mercado y de los precios de los recursos naturales. La supuesta bonanza es altamente vulnerable. En la historia económica del país esto ha sido demostrado varias veces.

Si tomamos en cuenta que lo que está en cuestión es el proceso político que se ha propuesto transformaciones estructurales, cambiar el modelo extractivista por un modelo eco-productivo, basado en la soberanía alimentaria, el recurso al discurso de propaganda como procedimiento de legitimación termina siendo un sabotaje al propio proceso. Es como un encandilamiento mediante la ilusión que impide actuar en el mediano y largo plazo en el sentido de las transformaciones estructurales e institucionales, que nos liberen de la dependencia y del modelo extractivista.

Capitalismo andino amazónico e ilusión estadística

El vicepresidente comenzó la conmemoración del tercer aniversario del “Estado plurinacional” con un discurso teórico, que emite términos como “topología”, geografía homogenizada, poli-centrismo, ciclos largos del Estado; quizás también quiso decir ciclos largos económicos; la estructura argumentativa del discurso ratificó la tesis, lanzada hace unos años, del capitalismo andino amazónico. Tesis guardada rápidamente, dada la discusión y la crítica que suscitó; la tesis fue suplida por la propuesta del socialismo comunitario, que contiene, sin embargo, la misma estructura argumental de la tesis del capitalismo andino amazónico. Al respecto de la pervivencia del capitalismo, hay que recordar que el modo de producción capitalista, contenido en la economía-mundo y el sistema-mundo capitalista, es el gran operador de la homogeneización del espacio, de la reducción de la geografía plural al espacio estriado[10], capturado por el Estado moderno. Como puede verse la homogeneización espacial es una consecuencia de la expansión y mundialización  capitalista.  Persistir en la homogenización del espacio es, en otras palabras, persistir en la desterritorialización capitalista, reterritorializada en el Estado-nación.  Aunque se use metafóricamente el lenguaje matemático de topología,  el estudio  de los espacios abstractos, a partir de su conexidad y compacidad, se está referenciando al espacio homogéneo producido por el capitalismo[11].

El modelo del capitalismo andino amazónico se asienta en un conjunto de vértices, comprendidos como polos de desarrollo. Se divide la geografía política en áreas especializadas, de acuerdo a sus vocaciones territoriales, restringidas a los recursos naturales de la región, según la división del trabajo que requiere este modelo de desarrollo, concebido como una “topología” política y económica. En el discurso se busca distinguir la “topología” del “Estado plurinacional” de las “topologías” de los estados coloniales y republicanos. La diferencia radica en la oposición del poli-centrismo, del espacio correspondiente al “Estado plurinacional”,  respecto del uni-centrismo, del Estado colonial y el Estado republicano. Hay también otra diferencia marcada; las dos civilizaciones pre-coloniales, anteriores a la invasión europea, la andina y la amazónica, lograron, a su modo, homogeneizar el espacio, abarcarlo, desde una perspectiva poli-céntrica. Estas civilizaciones, fueron portadoras de ciencias, tecnologías, saberes agrarios que revolucionaron la producción alimentaria; añadiríamos, manejando el genoma de las plantas, sobre todo de los tubérculos.

Estas dos diferencias históricas, en el pasado y en el presente, plantean un interregno colonial que nos convirtió en dependientes, sometidos al control y al dominio imperialista, dando lugar a una sociedad estructurada a partir de desigualdades. Esta hipótesis interpretativa, histórica y política, concibe al periodo de transición, desde el 2006 hasta la fecha, como etapa de recuperación soberana de la condición plurinacional, que también se dio, en sus propios contextos y temporalidades, en las formaciones administrativas de las civilizaciones andina y amazónica. Esta hipótesis supone una conexión con el pasado pre-colonial; este es el sentido de nombrar lo andino-amazónico como referente y matriz del modelo político y económico del Estado plurinacional. Tal parece, hasta aquí, que la interpretación histórica y política del Estado plurinacional encuentra su matriz en las civilizaciones andinas y amazónicas pre-coloniales. Hasta aquí la hipótesis se parece a otras interpretaciones  histórico-políticas, que critican la dominación cuyo origen data de guerra de conquista[12]. Empero, lo que ya no aparece como crítica a la dominación, lo que se diferencia de las teorías histórico-políticas, es una suerte de apología del capitalismo, en su posible versión local y regional, andina y amazónica.  Lo que es incongruente, en esta interpretación histórica y política, es la concepción capitalista de lo andino amazónico. No sólo por qué es difícil sostener que esas civilizaciones fueron capitalistas. En todo caso, usando todavía el concepto de modo de producción, se puede comprender que se trataba de otros modos de producción, diferentes al modo de producción capitalista. En este caso, no podría haber una re-conexión con los “modelos económicos” andinos y amazónicos; en contraste, en desconexión mas bien,  la transición todavía experimentaría el condicionamiento capitalista del sistema-mundo. Es notorio que, si bien, el capitalismo andino-amazónico no se lo menciona en el discurso, es, sin embargo, el contenido de la tesis  “topológica” poli-céntrica del Estado integral.

Entonces la hipótesis interpretativa histórica y política adolece de esta incongruencia conceptual, respecto a la mantención de un modelo de desarrollo que sigue siendo capitalista. Está claro que no se puede caracterizar de capitalistas a las civilizaciones andinas y amazónicas; sin embargo, ¿se puede seguir manteniendo esta estructura económica acumulativa, de valor abstracto, en la transición del Estado plurinacional? Ante esta pregunta, hay dos respuestas alternativas posibles; una, que sostenga que en la transición no se puede hacer otra cosa que ir transitando bajo los condicionamientos del sistema-mundo capitalista, empero creando condiciones para superar esta marco capitalista. La otra respuesta, es la que propone como estrategia una variante de este modelo de desarrollo capitalista; por lo tanto, se define este modelo como horizonte histórico, aunque no se lo mencione, empero se lo muestra en toda la estructura argumentativa y propositiva estratégica. Es esta segunda opción la que aparece en el discurso “topológico” poli-céntrico, que interpreta el mismo modelo de desarrollo capitalista con otros términos y en una perspectiva “espacial matemática”. No es esta última la mayor incongruencia de la interpretación histórica y política en cuestión; pues la mayor parece ser la de referirse a las civilizaciones andinas y amazónicas desde la perspectiva de la experiencia del capitalismo y la modernidad, como si el capitalismo hiciera inteligibles estas sociedades antiguas[13]. La otra incongruencia, la de una transición capitalista, es problemática políticamente. Pues, si se emerge de luchas sociales anti-neoliberales, anti-coloniales, que son, por el contenido social y cultural de las movilizaciones, anti-capitalistas, no se puede persistir como objetivo estratégico en un modelo de desarrollo que supone el modo de producción capitalista. En todo caso, se puede decir que en la transición se debe tener en cuenta el condicionamiento del sistema-mundo y la economía-mundo capitalista, en el que estamos insertos; empero, no se puede, consecuentemente, proponer un modelo de económico alternativo que suponga la acumulación capitalista. Aunque no se la mencione como tal, por su nombre, los vértices del modelo de desarrollo, los polos de desarrollo, no son otra cosa que ejes del capitalismo periférico, a pesar que se intente insistir en éstos provisionalmente para salir de la dependencia, a través de la industrialización y la soberanía alimentaria. Una transición tiene que ser transformadora respecto a los condicionamientos del capitalismo, una transición no puede llegar a ser transformadora si se repite el modelo de desarrollo capitalista. No se puede reducir a las regiones y a los territorios de acuerdo a su vocación en recursos naturales, configurar una división del trabajo más eficiente y abarcadora, que al final de cuentas está destinada a la exportación de materias primas. No se puede apuntar a la expansión y al crecimiento económico mediante este modelo de desarrollo, basado en las vocaciones territoriales para su explotación, que no puede ser otro que la explotación del capital, que es el que se alimenta con estas materias primas en sus procesos de producción. La industrialización no transforma el modelo extractivista sólo por el hecho de su mayor participación en la estructura económica; mientras la estructura económica esté articulada a la demanda de la acumulación capitalista a escala mundial sigue siendo un modelo extractivista, pues la matriz del mismo siguen siendo la explotación de los recursos naturales, reducidos a objetos de la transformación y acumulación capitalista.

El discurso “topológico” poli-céntrico no es más que otra versión de la misma tesis del capitalismo andino amazónico. De todas maneras, llama la atención que se vuelva a insistir en el contenido de esta tesis con un discurso ya no del socialismo comunitario, sino “topológico”. Lo que se nota es una preocupación por explicar  mejor lo que se está haciendo, por adecuar mejor su justificación a la Constitución, por mostrar que no se ha abandonado el proceso y el proyecto. Hay como un atisbo a reflexionar sobre el proceso, cosa que no necesariamente ocurría antes, en discursos anteriores, cuando parecía mostrarse una reiteración afirmativa de lo que se hacía. Estas pequeñas variaciones, estos desplazamientos imperceptibles en el discurso, pueden mostrar ciertos cambios en la condición subjetiva, no sólo de los gobernantes, sino también en la relación intersubjetiva entre gobernantes y pueblo.

El segundo discurso, esta vez más largo, pronunciado como informe del residente, es mas bien descriptivo. Aparece como balance económico. El segundo discurso entonces corresponde al de la exposición económica; una larga disertación sobre los logros del gobierno en sus dos gestiones, comparando el contraste entre los alcances económicos de los gobiernos anteriores y el gobierno popular. Lo que se muestra es el crecimiento de las cifras, en cuadros y en histogramas. La diferencia es notoria en la variación positiva del PIB del país, en el crecimiento abultado de las reservas internacionales, también en los PIB departamentales, en los ingresos del Estado, del Tesoro General del Estado, en el ingreso de las gobernaciones, municipios y universidades. También se describen los avances en las exportaciones. Del mismo modo se muestran los datos de la inversión; se hace notar que es importante el monto de la inversión, como no ocurrió nunca antes; esta inversión está destinada a la producción, a la industrialización, al incremento del valor agregado. También se muestran los montos destinados a los bonos sociales, su impacto en número de beneficiarios. Se presentan indicadores que muestran la reducción de la pobreza extrema, interpretada por el gobierno como avances en la meta del milenio, en paralelo al fenómeno de la movilidad social, con el crecimiento de la clase media y su disponibilidad dineraria. Como se podrá ver, este panorama es la mejor propaganda de los cambios habidos en el proceso. Sin embargo, hay dos explicaciones para todo este llamado crecimiento económico; primero, obviamente la nacionalización de los hidrocarburos modifica la estructura de ingresos del Estado, mejorándolos notablemente. Ingresos que se van a repartir en todas las instancias administrativas del país; gobierno central, gobernaciones, municipios y universidades, además del ejército, la policía y el sistema educativo. La otra explicación tiene que ver con la subida sostenida de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Los ingresos del Estado son mayores; para que ocurra esto no se necesitaba mucha genialidad económica,  bastaba con beneficiarse de la alta temporada de altos precios para los recursos naturales. Entonces estamos ante un incremento de cifras, al que no se puede reconocer como crecimiento estructural de la economía. No se puede caer en el fetichismo de las cifras. El problema es que la estructura económica sigue siendo la misma; la preponderancia expansiva del modelo extractivista, el perfil dominante de un Estado rentista. Las cifras han crecido, empero no se ha transformado la estructura económica. De este crecimiento económico cuantitativo, los mayores beneficiarios fueron los bancos, por lo tanto, su lógica especulativa financiera salió beneficiada. También la empresa privada se beneficia con este “crecimiento económico”, el Estado tiene más para gastar, aunque muchas veces no ejecuta su propio presupuesto. Hay más grasa, pero el cuerpo sigue siendo enfermo; hablamos de una economía dependiente[14].

En lo que respecta a las inversiones, también se sufre de un fetichismo de las cifras; se cree que por el sólo hecho de destinar montos a la inversión, ésta se realiza materialmente, como arte de magia[15]. Si las condiciones para la realización material, la transformación productiva, no están dadas, estas inversiones no son ejecutadas o se pierden en gastos insulsos, hasta en desvíos corruptos. La experiencia del fracaso del proyecto siderúrgico, en el caso del Mutún, es categórico. El engaño de la empresa de producción del carbonato de litio, la Planta de Carbonato de Litio de Llipi-Llipi, inaugurada siete veces, con montajes y desmontajes de la planta, equipada y desmantelada con materiales y equipos alquilados, a pesar de los montos destinados a la construcción de la planta; además del fraude de la compra de carbonato de litio en Chile, que se le presentó al presidente como si fuese hecha en la planta; acompañando esta historia con otras tramoyas, con simulaciones toscas de un trabajo técnico, marcadamente ausente,  pretendiendo que esto parezca ocurrir. Sumándose a esto el conflicto con los coreanos, quienes se llevaron una cantidad grande de salmuera para experimentos científicos, sin permiso del Congreso; experimentos que terminaron con descubrimientos de nuevas tecnologías, que no la comparten con Bolivia, tecnologías que mas bien quisieron cobrarle como parte del contrato[16]. Todas estas anomalías muestran la cruda realidad. Se puede constatar entonces que, efectivamente, no se efectúa una real transformación de la matriz productiva; hablamos de fracasos y de bluff. Si a esto le sumamos las incursiones en la petroquímica, la Planta de Amoniaco y Urea que se la proyecta instalar en el Chapare y no en Puerto Suarez, donde parece que es aconsejable, por la proximidad de la fuente de gas y del mercado. Planta que se instalaría en tierras regaladas por el Estado a campesinos, que ahora serían indemnizados por una rara confiscación de las tierras.

Como se puede ver, estamos ante un panorama nada alegador en lo que respecta a los proyectos industriales estratégicos. La instalación de plantas separadoras de gas, que no corresponden exactamente a procesos de industrialización, como hace creer el gobierno, pasaron por historias de escándalos de corrupción, sobre-precios, que hasta ahora no se han aclarado. Siguiendo con las tristes historias, las inversiones menores en empresas industriales estatales como PAPELBOL, CARTONBOL, LACTEOSBOL, no lograron parar empresas industriales tal como se proyectaron. Unas están estáticas, otras están muy lejos de llegar a ser empresas que puedan funcionar por sí mismas. Ante esta realidad, el discurso de las inversiones cae por su propio peso. La única empresa pública que parece haber funcionado es EMAPA, pero no en los marcos en que ha sido constituida, que es la de producción de alimentos, sino en marcos más estrechos; circunscritos al acopio de productos, con el objeto de controlar y nivelar los precios, distribuyendo, además, en los pequeños y medianos productores, insumos para la agricultura. En este panorama gris, esperemos que la empresa estatal de la castaña, Empresa Boliviana de Almendra y Derivados (EBA), pueda cumplir su papel; apoyar a las comunidades, a las cooperativas, a las trabajadoras castañeras, rompiendo el monopolio privado de la castaña, donde Bolivia es el principal exportador mundial.

YPPF y COMIBOL son indudablemente las dos más grandes empresas estatales estratégicas, que captan la mayor parte de los recursos de la estructura económica del país; sin embargo, no hay que olvidar que estas empresas existen desde los años de la revolución nacional (1952-1964). También se puede citar a ENTEL, la empresa estatal de telecomunicaciones nacionalizada, así también a otras empresas nacionalizadas, en el rubro de los hidrocarburos, así como recientemente la empresa nacionalizada de servicio y distribución de energía eléctrica, como herencias del pasado. Todo este conjunto de grandes empresas ya existía; no se pueden mostrar como parte de la transformación de la matriz productiva. Para que se pueda hablar de este cambio es menester la creación de nuevas empresas estratégicas de gran alcance e impacto, de tal forma que logren modificar el perfil de la estructura económica.

El fetichismo de las cifras no sustituye a la realidad; no se puede confundir el crecimiento cuantitativo con el crecimiento cualitativo, que es el real. No se puede tomar en serio los montos destinados a la inversión, si no se cumplen con las condiciones de posibilidad para su realización material. No se puede vivir de propagandas y de informes positivos, que enorgullecen al presidente, al vicepresidente y al ministro de economía. La necesidad de las transformaciones estructurales e institucionales en la economía requiere de transformaciones materiales, de condiciones objetivas y subjetivas, de transferencia de tecnologías y formación científica.

La arcas del Estado han crecido, ni duda cabe; esto no está en discusión. El problema es que no se trabaja en la creación de condiciones de posibilidad material y subjetiva para la transformación de la matriz productiva. Se prefiere apostar al fetichismo de las cifras, experimentando en la imaginación la transformación productiva y el soñado “desarrollo”. El problema del gobierno popular es su concepción monetarista de la economía. Un gobierno popular, colocado en la transición que debe ser transformadora, no puede proyectar políticas económicas transformadoras desde una concepción económica conservadora, como el monetarismo. Sin embargo, es a esta concepción económica monetarista, a esta eficiencia a la que apuesta el gobierno, a la eficacia de las cifras. El gobierno que tiene que responder a la Constitución, a la Organización Económica del Estado, debería desarrollar una concepción materialista y dinámica de la economía, apostando a la movilización productiva generalizada, inyectando inversión en los sectores productivos comunitarios, empresariales, sociales, incluso cooperativas, garantizando que se cumpla con el estatuto social de la cooperativa. Obviamente, la inversión en las empresas estatales es estratégica; para que esta inversión sea estructural, es indispensable una transformación radical de la llamada empresa pública; desburocratizándola, convirtiéndola en una institución de ingeniería productiva, compuesta por científicos, profesionales y obreros altamente calificados. Puede ser que para dar estos pasos se requiere de un macro operador de planificación integral y participativa, con enfoque territorial, como establece la Constitución. En contraste, el gobierno ha optado por desmantelar el Ministerio de Planificación para el Desarrollo, reduciéndolo a la mínima expresión. La planificación quedó reducida al núcleo estrecho de clarividentes que definen las políticas públicas. Por otra parte, siguiendo con las condiciones de posibilidad institucionales, para una planificación integral y participativa se necesitaba urgentemente de un censo científico, que cuente con una actualización cartográfica, antes de realizarse, incorporando variables para la construcción de indicadores específicos y diferenciales, útiles para la planificación participativa y las políticas públicas. En discrepancia, el gobierno ha preferido seguir con un censo que no contaba con la actualización cartográfica, cuya boleta ha sido desarmada, sin cumplir con las preguntas de la comparación internacional, que es un requisito, menos introducir preguntas para indicadores específicos y diferenciales. La pregunta que se mantuvo es la de opción de auto-identificación con algún pueblo indígena; pegunta de opinión, que requiere otros soportes y controles, que tampoco se introdujeron. En otras palabras, nos quedamos sin soga ni cabra. El gobierno quiere cubrir estas abismales falencias con propaganda. Si el censo no es científico, está mal implementado, no cuenta con el requisito básico de la actualización cartográfica, no se puede esperar alguna utilidad apreciable de sus resultados.

El gobierno vive una ficción estadística, quiere que también el pueblo viva de esta ficción; sin embargo, esto no es posible. Los gobernantes pueden darse el lujo de alimentar el imaginario de una economía en crecimiento; de manera diferente, el pueblo, que se encuentra en otros planos, en los planos donde experimenta la evidencia cualitativa de las dinámicas sociales y económicas, de sus procesos recurrentes, no llega a entusiasmarse con cuadros e histogramas.

Como dijimos al principio, llama la atención el atisbo de reflexión y elaboración discursiva sobre el proceso, una especie de desplazamiento de retoma en el discurso de preocupaciones emancipatorias. Se introducen términos como de la madre tierra,  el vivir bien, se critica al capitalismo, a la dependencia de los mercados, al dominio del capital financiero, se alude a la necesidad de respetar a la madre tierra y estar en armonía con ella, por lo tanto de diseñar un desarrollo que equilibre “progreso” y respeto de los derechos de la madre tierra. Al respecto, algo que ya deberíamos haber aprendido de la enunciación discursiva es que la introducción de estos términos no garantiza una concepción no-desarrollista, no-extractivista, no-depredadora. Puede darse un discurso que incorporé estos términos, pertenecientes a otras concepciones, por ejemplo, a las cosmovisiones indígenas, pero, se lo hace, para colonizar estas concepciones, adecuándolas a una ideología modernista. Incluso, puede esperarse que los que emiten el discurso creen que logran equilibrar tendencias contradictorias, la indígena y la moderna, la desarrollista y la ecológica; pero, no puede obviarse que las prácticas discursivas no garantizan su deducción en prácticas no-discursivas; en este caso, en la efectuación de políticas y prácticas que logren armonizar y equilibrar tendencias efectivas, de evidente contraste. Los gobernantes creen que por que hablan de madre tierra se respetan sus derechos, consagrados en la Constitución, creen por que por que hablan del vivir bien, ya se encaminan en este horizonte y expresan esta perspectiva. Nada se resuelve en el discurso, salvo su propio desplazamiento y emisión, muchas veces contradictorio. Si el gobierno se mantiene en el modelo extractivista, nada ha cambiado, sigue una política económica depredadora.

Es anecdótico, que en el mismo discurso el gobierno se traicione, termine develando sus ocultas intenciones; el presidente ha dicho que va erradicar la extrema pobreza del TIPNIS, y esa tarea se encargará al ministro de la presidencia. Ese es el respeto a los derechos de la madre tierra y a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El presidente ha dicho que el gobierno ha sido exageradamente democrático – ¿cómo se puede ser exageradamente democrático? -, que ha hecho la consulta en el TIPNIS, cuando no le correspondía, pues se trata de una carretera y no de temas administrativos y fiscales que afecten a los pueblos indígenas. Ha dicho que ha consultado a las comunidades del TIPNIS, las que de acuerdo al informe oficial, han aceptado la suspensión de la intangibilidad, interpretada por el gobierno como aceptación de la construcción de la carretera. El presidente ha recurrido, en su argumentación, a una consulta que no es consulta, que no cumple con la estructura normativa y conceptual de la consulta con consentimiento, previa, libre e informada. Ha dado cifras de preguntas hechas a familias, no a comunidades, mostrando forzadamente que la mayoría del TIPNIS ha aceptado la construcción de la carretera. Una vez conocido el informe del gobierno, se ha visto al detalle todas sus falencias; se sabe ya lo que significan sus cifras. También se sabe que de ahí, del informe de la consulta, a pesar de que solamente son familias y no comunidades las que respondieron, no se puede deducir la construcción de la carretera. Sin embargo, el gobierno persiste en una interpretación insostenible. También se conoce el informe de Defensoría del Pueblo, así como el informe de la comisión verificadora de la consulta, compuesta por Derechos Humanos, la iglesia católica y una oficina interamericana, informes que arrojan lucen de la violencia sistemática, la violación de derechos fundamentales, la manipulación grotesca de la consulta gubernamental. Hasta se dio el caso del rapto de una familia de Gundonovia, que fue trasladada a Trinidad, a un cuartel donde fue adoctrinada, para posteriormente hacerle la consulta en una hacienda. Sin embargo, el presidente persiste en seguir utilizando como argumentos estos mecanismos alterados.

Como se puede ver, se sigue optando por la persistencia de la fuerza, de las demostraciones de fuerza, en el uso ilegitimo de la mayoría congresal, a pesar de la evidencia de los crasos errores, el deterioro alarmante, la expansión de la corrupción y las derrotas electorales, en la elección de magistrados y en el departamento del Beni. Tal pareciera, que el gobierno ha llegado a un lugar de la curva del tiempo político del que ya no se puede retroceder. Ya está atrapado en una lógica de poder que se desencadena indeteniblemente. El gobierno no va optar por una evaluación crítica de lo que ha pasado en los ocho años de gestión, no se le ocurre revisar su comportamiento político, tampoco piensa contrastar lo que efectivamente hace respecto de lo que establece la Constitución. Esto ya no va ocurrir, el caballo de los acontecimientos ya está desbocado.

Lo que ha ocurrido en la conmemoración del aniversario del llamado “Estado plurinacional”, que no es otra cosa que el mismo Estado-nación, solo que folklorizado, pues no se han efectuado las transformaciones estructurales e institucionales, que sostengan la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, es una clara manifestación de lo que ocurre. Se moviliza un auditorio popular, se traen organizaciones, que ya no acuden espontáneamente, se arma un desfile cívico y militar, repitiendo lo que se hizo años atrás; solo que ahora, ya no se nota el entusiasmo, como al principio de la primera gestión de gobierno. Se trata de una “movilización” formal, armada por el mismo gobierno; estamos lejos de las convocatorias a la movilización para profundizar el proceso. Estos actos se han convertido en una inercia repetitiva. Por otra parte, se tiene al verdadero público de los discursos, los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa, quienes sí aplaudieron los discursos del vicepresidente y del presidente, con aparente entusiasmo. El público que asistió a la Plaza, fuera de las organizaciones que desfilaron,  fue por los festejos, la presentación de los conjuntos musicales. Fue a divertirse. Por último, tenemos a los propios miembros del gobierno, quienes no son público, sino actores de las políticas públicas que estaban contempladas en el informe del presidente. En este estrato privilegiado están los mandatarios, quienes dieron los discursos. Habría que preguntarse: ¿A quienes se dirigen? ¿Quiénes son sus interlocutores? ¿El pueblo boliviano? ¿Cuántos del pueblo realmente vieron y escucharon los discursos? Ya no ocurre como antes, al principio de la primera gestión, cuando la gran mayoría estaba atenta a lo que decía el presidente. La gran mayoría se sentía comprometida con el proceso. Ahora, en cambio, se siente desplazada por los funcionarios, los políticos profesionales, los gobernantes, que siempre tienen la razón, no escuchan, todo el rato se justifican y explican asombrosamente sus errores más garrafales. A propósito, una figura exagerada puede mostrarnos lo que patéticamente parece ocurrir: Los oradores se dirigen a su propio espejo; se miran a sí mismos en la épica estadística de sus grandes logros. También se miran a sí mismo en el espacio “topológico” de una trama donde aparecen como los héroes incomprendidos.                       

Síntesis incongruente

Gilles Deleuze frente a la síntesis dialéctica de Hegel, que supera las contradicciones en una unidad tensa, opone una síntesis disyuntiva, que plantea una síntesis que no supera las contradicciones sino que las mantiene en el pluralismo del acontecimiento, entonces se trata de una composición dinámica de la multiplicidad de las singularidades. De manera muy distinta a estas opciones, podríamos interpretar que se propone otra forma de síntesis en los trece pilares diseñados por el gobierno, como parte de su programa estratégico hasta el 2025. Esta forma de síntesis la vamos a llamar síntesis incongruente; usamos este nombre pues se intenta una síntesis política no tanto de contradicciones como de temas y tópicos incongruentes. Algo así como se buscara hacer políticamente congruente lo incongruente; cosa que parece sólo se puede lograr en el discurso político. Por ejemplo, tratar de sintetizar progreso y madre tierra, la concepción de desarrollista con la cosmovisiones indígenas. La ideología del progreso y la comprensión de la madre tierra son incongruentes, como el agua y el aceite; sin embargo, los trece pilares del gobierno buscan políticamente hacerlas congruentes. Esto sólo puede hacerlo el discurso político, que no responde a la lógica, sino al interés de asociar lo incompatible para cumplir con los desafíos de la coyuntura. Cuando ocurre esto en el discurso, en contraste, en la práctica, uno de los componentes incongruentes se impone efectivamente al otro componente. El otro componente se mantiene en el imaginario, como un fantasma magullado que justifica la realización imponente de su verdugo. El cuadro es el siguiente: la victoria efectiva de lo opuesto se festeja sobre el cadáver de la víctima; además se legitima esta victoria a nombre de la misma víctima. A lo largo de las dos gestiones de gobierno, sobre todo después de aprobada la Constitución, se ha buscado realizar esta síntesis incongruente. La historia es dramática; en lo que respecta a la conjunción política de la ideología desarrollista y las cosmovisiones indígenas, de la ideología del progreso y la defensa de la madre tierra, se tuvo que asistir al lúgubre canto del vencedor, la ideología desarrollista y la ilusión del progreso, pisando el cadáver de las víctimas, las cosmovisiones indígenas y la madre tierra.

¿Cómo se puede interpretar del quinto al noveno pilar? ¿Qué se entiende por soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero? Disgregando y analizando cada uno de los conceptos integrantes del “enunciado” soberanía comunitaria financiera, tenemos: a) Soberanía, concepto de legitimación del poder, en el caso de la democracia, legitimación del Estado-nación a nombre del pueblo, el portador de la soberanía; b) comunitario, concepto referido a la condición social de lo común, a lo que es común, en términos de posesión y de goce, también de acceso, de los bienes comunes; financiero, concepto referido al dominio del capital virtual sobre el capital industrial y el capital comercial, dada en la última fase del ciclo capitalista. Ahora bien, ¿cómo podemos reunir estos tres conceptos disímiles en un “enunciado” como si no explotaran al juntarlos? La comunidad indígena no requiere legitimación, es potencia social; la legitimación la requiere el poder; en la república la soberanía es la legitimación del Estado-nación. El sistema financiero es, en esencia, especulativo; valoriza el dinero de manera especulativa. No se trata de una valorización efectuada en la producción. ¿Cómo puede darse una soberanía comunitaria financiera, además sin servilismo al capitalismo financiero?

Lo financiero es propio del capitalismo, el sistema financiero se da como operador principal de los circuitos del capital. ¿Cómo puede darse un sistema financiero comunitario, que además no sea capitalista? Hasta donde se sabe, las comunidades ancestrales de Abya Yala no se movían por un sistema financiero, sino por sistemas, si se puede hablar así, de complementariedades y reciprocidades, por el manejo, la administración de códigos de los circuitos y recorridos del don, lo que se llama la plusvalía de código. ¿Es esto lo que sugiere el quinto pilar? No, pues lo que propone es seguir moviéndose en el sistema financiero internacional; por lo tanto, no nos ilusionemos con que podemos ser soberanos cuando, en realidad, estamos sometidos a los dictámenes del orden mundial financiero. Este pilar no es otra cosa que una anestesia.

Otro “enunciado” parecido es el del sexto pilar, que propone soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista. Esta vez el concepto de soberanía se usa en sentido económico, en sentido productivo. Hasta donde podemos entender, se propone un modelo productivo soberano, no dependiente. La clave de este modelo estaría en la diversificación de la economía y en el desarrollo integral, que además no debe estar sometido a la dictadura capitalista. ¿Cómo puede haber un modelo económico soberano, comprendiendo ahora el término soberanía como autonomía, independencia, si se propone para realizarla la figura de desarrollo integral? El desarrollo integral no es más que una de las versiones del paradigma general del desarrollo; concepto que responde a la lectura moderna del desenvolvimiento capitalista; itinerario concebido en la perspectiva del evolucionismo social. El desarrollo integral quiere decir que todas las piezas del rompecabezas se integran armoniosamente; esto es lo que ha ocurrido en la historia de la expansión, hegemonía y dominación del sistema-mundo capitalista. Ha integrado las piezas bajo la irradiación de su hegemonía y dominación. Aunque el discurso gubernamental de desarrollo integral incorpore la armonía con la madre tierra y la noción del vivir bien, como lo ha hecho en su Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien impuesta; esta incorporación produce la colonización de la madre tierra y el vivir bien por la ideología desarrollista.          

El séptimo pilar plantea soberanía sobre nuestros recursos naturales con la nacionalización y comercialización en armonía y equilibrio con la madre tierra. ¿Qué quiere decir este “enunciado”? control y dominio propio de nuestros recursos naturales; pero de quién. La Constitución establece que el propietario de los recursos naturales es el pueblo boliviano, ya no es el Estado; esta macro-institución es solo administradora de los intereses del pueblo boliviano. El que decide lo que se hace es el pueblo boliviano. Para esto se requiere consultarle lo que se va hacer. Los gobernantes no pueden decidir por sí solos el destino de los recursos naturales. ¿Para qué es este control y dominio del pueblo? ¿Con que objeto? ¿Explotación extractivita para alimentar la vorágine del capitalismo? La Constitución es clara al respecto, los recursos naturales no son mercantilizables, son bienes destinados al vivir bien. Además la Constitución prohíbe exportar materias primas. Son estas condiciones constitucionales las que deben quedar en claro. El séptimo pilar no dice esto, oculta estas condiciones, que son mandados de la Constitución, para esconder lo que efectivamente se hace; se sigue la ruta del modelo colonial extractivita del capitalismo dependiente. Esta ruta no es el recorrido de la soberanía. Se le añade al enunciado con la nacionalización y comercialización. ¿Qué se quiere decir con esto? Se está avalando precisamente lo que no permite la Constitución; una nacionalización parcial, inconcluso, que además, se ha encaminado hacia la desnacionalización, con la firma y la legitimación de los contratos de operaciones, que entregan el control técnico de la explotación de los hidrocarburos a las empresas trasnacionales. Por otra parte, el “enunciado” avala la comercialización de los recursos naturales en condiciones de materias primas. Como se puede ver, este pilar, en realidad, desarcata los mandatos constitucionales. Esta entrega al modelo extractivista se encubre con la demagógica culminación de la frase que dice en equilibrio y armonía con la madre tierra. Se nombra a la víctima, la madre tierra, para justificar el atentado que se ejerce contra ella, en contra de los derechos de los seres de la madre tierra.

Como se puede ver, en los pilares estratégicos del gobierno hasta el 2025 se expresan las profundas contradicciones del proceso de cambio, la ensanchada distancia del gobierno respecto a la Constitución, a la madre tierra y al vivir bien. Se emiten estos “enunciados” incongruentes sin tener mucha consciencia de lo que se dice; es más, parece que se cree en lo que se dice, considerándolo una garantía de cumplimiento con el proceso y la Constitución, cuando efectivamente se ocasiona el distanciamiento respecto a ambos acontecimientos histórico-políticos; el proceso, como acontecimiento histórico abierto por la movilización prolongada indígena y popular; la Constitución, como acontecimiento político, que continua la movilización como proceso constituyente. ¿Qué papel juega, en este caso, el discurso político? No es un dispositivo de acción, menos de acción transformadora; es un dispositivo “ideológico” de encubrimiento, un dispositivo “ideológico” que aparece como espejismo en el desierto capitalista, la aparición de la ilusión que engaña al caminante exhausto y lo empuja a seguir adelante, hacia su propia periclitación.

El octavo pilar dice: Soberanía alimentaria[17]a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien. La soberanía alimentaria sugiere una autodeterminación alimentaria; esto implica fortalecer la producción campesina y comunitaria de alimentos, recuperando semillas y variedades, en peligro de extinción o ya desaparecidas, lo que a su vez significa recuperar saberes locales y tecnologías tradicionales. Oponerse a las semillas transgénicas, monopolizadas por ocho o nueve empresas trasnacionales. El antecedente de la Ley de Revolución Productiva, donde se introducen dos artículos que avalan la introducción de transgénicos, muestra el camino optado por el gobierno, más aún cuando ha comenzado hacer insinuaciones, apoyando la versión de los empresarios agroindustriales y soyeros, de que los transgénicos garantizan la soberanía alimentaria. ¿Saben lo que dicen? El concepto de soberanía alimentaria se opone precisamente a la incorporación de los transgénicos a la agricultura, recupera los modos de producción propios y locales, defendiendo la autonomía y la independencia de los productores campesinos y comunitarios. Se añade a la frase a través de la construcción del saber alimentarse para el vivir bien. El saber alimentarse tiene que ver con el vivir bien, forma parte de la composición vivencial, de los habitus, si podemos hablar así, del vivir bien. Definido, por las resoluciones de la Conferencia Mundial de los Pueblos contra el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (Tiquipaya-Cochabamba), como modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Estas resoluciones son vinculantes para Bolivia y los países del Alba, firmantes de las resoluciones; empero, nadie las cumple. Entonces, ¿Por qué se habla del vivir bien si no se cumplen con sus postulados? ¿El vivir bien es un término legitimador en el discurso gubernamental? ¿Se habla del vivir bien para decir que se comparte la cosmovisión indígena del suma qamañay el suma kausay, aunque, en la práctica, se haga todo lo contrario?

El noveno pilar se propone soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la madre tierra. ¿Autodeterminación ambiental? Esto significaría reconocer los derechos de los seres de la madre tierra, reconocer el condicionamiento del equilibrio ecológico y la armonía complementaria y dinámica de la biodiversidad; todo esto implica respeto a los bosques, a los ciclos del agua, del aire, de los suelos, de los seres. En contraposición, se tiene la efectuación irreversible del modelo extractivista. El ataque al territorio indígena del TIPNIS es una muestra fehaciente de que no se respetan los derechos de los seres de la madre tierra y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Se ha hecho de todo, mostrando el desenvolvimiento desmesurado del poder, para imponer la carretera que atravesaría el núcleo del TIPNIS. Después de todo esto, de esta experiencia dolorosa de la regresión política, desde el premeditado convenio con el gobierno de Brasil, el contrato con OAS, el préstamo del BNDES, sin consulta previa, en el 2008, hasta la imposición de una consulta espuria, que no cumple con la estructura normativa y conceptual de la consulta con consentimiento, previa, libre e informada, pasando por todo un recorrido sinuoso de acciones violatorias de los derechos fundamentales y de la Constitución, se insiste en lo mismo, en la misma descarnada violencia. El presidente ha dicho que va extirpar la pobreza extrema del TIPNIS. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va extirpar? ¿A las comunidades indígenas, a sus instituciones, normas y procedimientos propios, al territorio comunitario?

La síntesis incongruente, aunque no sea un concepto realizado, y sea mas bien un “enunciado” forzado políticamente, expresa de la manera mas desnuda la “tragedia”, si podemos hablar así, de la política. La tragedia de Edipo rey de Sófocles narra el sufrimiento del rey Edipo, que se casa con su madre y asesina a su padre sin saberlo. La “tragedia” de la política sería al revés, asesina a su madre, la madre tierra, y se casa con su padre, el Estado-nación; esta vez, empero, no sin saberlo, sino teniendo pleno conocimiento de sus actos, entonces desplegando acciones deliberadas.

Del primero al cuarto pilar las propuestas estratégicas del gobierno repiten derechos constitucionales.

En la primera parte de la Constitución, en Bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías, en lo que corresponde al Título II, desde el artículo 16 hasta el artículo 20 se definen los derechos al agua y a la alimentación, a la educación, a la salud, al hábitat y a la vivienda adecuada, al acceso universal y equitativo, a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, telecomunicaciones y transporte.

En el capítulo sexto, Educación e interculturalidad, en lo que corresponde a la sección IV, Ciencia, tecnología e investigación, en los artículos 105 y 106, se establece el deber del Estado en garantizar el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Así como su responsabilidad en asumir como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así como también su deber en promover y fomentar la investigación y el desarrollo de conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos como factor estratégico para la transformación y el desarrollo económico, industrial y diversificado del país.

Los pilares mencionados no hacen otra cosa que retomar los mandatos constitucionales en estos tópicos mencionados. Estas son ya tareas encomendadas por la Constitución; no se trata de repetir sus enunciados, sino de cumplirlos. Han pasado ya cuatro años desde la aprobación y promulgación de la Constitución; ¿qué se ha hecho al respecto? De acuerdo al informe del presidente del 22 de enero de 2013, hay avances en la instalación del agua potable en las ciudades, en la instalación de infraestructura de salud, construcción de escuelas, construcción y entrega de viviendas, instalación de gas domiciliario y telecomunicaciones. En lo que respecta a la alimentación, al hábitat, al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de alcantarillado, electricidad y transporte, parece notarse un rezago problemático ante la creciente demanda. Si bien se muestran estadísticas en lo que respecta al agua potable, a la infraestructura en salud, en la construcción de escuelas, de viviendas y la instalación de gas domiciliario y telecomunicaciones, éstas están lejos de cubrir la demanda. Es más, no se dice nada de la alarmante y catastrófica corrupción denunciada en lo que respecta a la construcción y entrega de viviendas. Ha sido denunciado y conocido por los propios ministros de obras públicas y vivienda lo acontecido en los programas de vivienda; empresas fantasmas, desaparición de montos destinados, involucramiento de vice-ministros, inauguraciones sin entrega de viviendas. No se trata de mostrar estadísticas de ejecuciones financieras, cuando de lo que se trata es de mostrar una transformación estructural de las condiciones de la vivienda popular. Lo que es más notorio en las ciudades es el boom de la construcción de edificios de departamentos de lujos, que responden a la especulación de préstamos bancarios para las construcciones de edificios, con venta de departamentos caros, donde presumiblemente también se dé el lavado de dinero.

A propósito de los llamados pilares estratégicos del programa de gobierno a largo plazo, lo que le tiene que quedar claro al gobierno, es que no se puede confundir las estrategias políticas con campañas electorales donde se promete de todo, sino del cumplimiento constitucional, de la realización y materialización de las transformaciones estructurales e institucionales que demanda la Constitución, del cumplimiento de los derechos fundamentales. Parece no haberse salido del teatro político y de la compulsión electoral.

El décimo pilar plantea la integración complementaria de los pueblos con soberanía, orientada a unir a los pueblos. Si hay integración complementaria de los pueblos, éstos ya están unidos, integrados, a partir de y por las dinámicas de las complementariedades. La complementariedad es la dinámica de cohesión social y territorial de los ayllus; que estas dinámicas se extiendan a los pueblos, se manifestarían como una irradiación de formas organizacionales comunitarias a los pueblos. Esta estrategia transformadora de las estructuras organizacionales sociales es ciertamente una opción alternativa y alterativa a la modernidad. Empero, ¿es esto lo que quieren decir los gobernantes? ¿O es que usan lo complementario como nombre atractivo para adornar el discurso político, así como ocurre con el vivir bien y la madre tierra? El enfrentamiento con las organizaciones indígenas originarias de tierras altas y de tierras bajas, el ataque a los territorios indígenas, considerados latifundios por el discurso oficial, los obstáculos puestos en la Ley Marco de Autonomía a las autonomías indígenas, el conflicto del TIPNIS, manifiestan, en los hechos, la efectuación por parte del gobierno de otra tendencia, de ninguna manera complementaria, sino de exclusión de las opciones comunitarias, en beneficio de las opciones desarrollistas, ilusionadas con el progreso.

El undécimo pilar plantea la soberanía y transparencia de la gestión pública. La gestión pública sigue siendo liberal; no se efectuaron las transformaciones institucionales requeridas para la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico; se mantiene la institucionalidad homogénea del Estado-nación y la normativa de la gestión pública neoliberal, la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), Ley 1178. Nunca se discutió el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e Intercultural (2008), presentada por el equipo interministerial, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es muy difícil sostener que ha habido transparencia en la gestión pública, menos en la contratación de bienes y servicios, sobre todo en aquellos que implican grandes montos financieros, en los montos destinados a la construcción de carreteras, de plantas separadoras de gas, de plantas industriales. ¿Va cambiar esta práctica opaca y nebulosa de la gestión pública? Esa es la responsabilidad de un gobierno popular en la transición al Estado plurinacional.

El duodécimo pilar propone disfrute en felicidad plena con nuestras fiestas, música, ríos, selva, montañas y nuestros sueños. Ni duda cabe que disfrutamos nuestras fiestas, así como nuestra música; empero parece que no respetamos los derechos de nuestros ríos, de sus ciclos, tampoco respetamos las selvas y los bosques; al contrario, los talamos y ampliamos la frontera agrícola. Las montañas son horadadas por la minería extractivista. ¿Disfrutamos nuestros sueños? Por ejemplo, el sueño de la descolonización. Parece que no; lo evidente es la reiteración de la colonialidad en la transición, en las formas más grotescas, folklorizando los ritos y ceremonias ancestrales, convirtiendo en ornamento simbólico el nombre de Estado plurinacional, expandiendo el modelo extractivista, restaurando la institucionalidad del Estado-nación, sus gestiones y sus prácticas, desplegando a gritos la “ideología” desarrollista y la ilusión de progreso. ¿Podremos soñar y realizar nuestra fantasía teniendo en cuenta estos antecedentes?

El último pilar dice: Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad con nuestro mar. En el título siete de la segunda parte de la Constitución, en Estructura y organización funcional del Estado, en el séptimo título sobre Relaciones internacionales, fronteras integración y reivindicación marítima, se tiene, en el capítulo cuarto,  el mandato de la Reivindicación marítima. La conducción política del gobierno en relación a este mandato constitucional ha sido problemática. Al principio se trabaja en la Cancillería sobre dos principios básicos, la diplomacia indígena y la diplomacia de los pueblos. En esta perspectiva se avanza, sobre todo en la diplomacia de los pueblos, quedando como postulado teórico lo de la diplomacia indígena. En lo que respecta a las relaciones con Chile, la diplomacia de los pueblos surte efecto; se logra el apoyo del pueblo chileno, sobre todo popular y estudiantil, a la causa marítima boliviana. En este contexto se logra una agenda de 13 puntos, donde se encontraba la discusión sobre el puerto sin soberanía. Se quedó en esto; la salida del entonces cónsul general en Chile, José Pinelo, por rumores y serruchadas de piso, típicas en las instituciones gubernamentales, interrumpe el avance, aunque se siga tratando la agenda. La diplomacia de los pueblos ya no es practicada. Después de algunos años, a algún alto jerarca del gobierno se le ocurrió repentinamente que no se había avanzado, que la tardanza beneficiaba a Chile y no a Bolivia, que lo que había que hacer es interrumpir el tratamiento bilateral, trasladándose a una estrategia multilateral. Llevando el caso del diferendo marítimo al Tribunal de la Haya. Lo que se había avanzado quedó en suspenso; se ingresó a una relación conflictiva con Chile, bajo el criterio de que se trata de un gobierno de derecha y no de izquierda, como era el gobierno de Verónica Michelle Bachelet Jeria. En estas decisiones improvisadas, sin ninguna evaluación seria de lo que se había hecho, se descentralizó el atributo del tema marítimo de la Cancillería, conformando una Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR), que hasta ahora no ha dado ningún resultado; es más, esta dirección muestra señales preocupantes de estar bastante perdida en el dominio y manejo del tema. La denuncia al Tribunal de la Haya todavía no logró los resultados esperados, que parecen modestamente pedirle al tribunal internacional que exija a Estado chileno a dialogar, que es lo que ya se hacía, y reconozca que tiene un conflicto con el Estado boliviano, que es lo que el Estado de Chile no reconoce. A estas alturas, de una experiencia tan embrollada del tratamiento reivindicativo marítimo, no parece el gobierno haberse dado cuenta de su intrincada situación. Ahora, por insistencia de la Cancillería, se quiere retomar el tratamiento de los trece puntos pendientes. Este itinerario tan enmarañado nos muestra a claras luces que no hay ninguna estrategia diplomática y política respecto al tema marítimo; si había atisbos para armar una estrategia, al principio, se los ha perdido en el camino, en este recorrido tan atropellado de la política marítima boliviana. ¿Se va a trabajar seriamente en una estrategia, suponiendo la realización de investigaciones y análisis objetivos, evaluaciones críticas de las políticas bolivianas al respecto, retomando la diplomacia de los pueblos? No parece ser esta la voluntad del gobierno. Su discurso reivindicativo cada vez se parece al discurso demagógico de los gobiernos anteriores, que lanzaban el tema marítimo cuando se encontraban envueltos en crisis de legitimidad.

 La síntesis incongruente no se logra conceptualmente, como dijimos, es mas bien un “enunciado” político forzado, para atender los dilemas y conflictos que atraviesan las políticas en periodos y coyunturas problemáticas. Aparece entonces como recurrente figura de bricolaje, que connota representaciones provisionales, para atender al desafío de lo disímil y de lo incompatible, que busca ser articulado por razones políticas, por razones de Estado. La síntesis incongruente puede ser también tomada como recurso “barroco”, como procedimiento de mezcla, empleado en discurso político para legitimar la práctica efectuada por el poder.                        

                           

              

Advertisement

Report this ad

[1]Ver de Raúl Prada Alcoreza Diagrama del poder trasnacional; Bolpress 201; La Paz.

[2]Raúl Prada Alcoreza: Crítica de la economía política del desarrollo. Bolpress 2012; La Paz. 

[3]Raúl Prada Alcoreza: Diagrama del poder trasnacional. Bolpressm 2012; La Paz.

[4] La definición de la tasa de crecimiento real es la de una variable que calcula el crecimiento anual del PIB ajustado por la inflación y expresado como un porcentaje.

[5] Fuente: CEDLA, elaboración con base en datos de INE, UDAPE e información sectorial de gremios empresariales, empresas privadas e instituciones públicas.

[6]Documento publicado en el libro de la Fundación Rosa Luxemburgo dedicado a las transiciones en Sud América. Quito.

[7]Ibídem.

[8]Ibídem.

[9]Ibídem.

[10]Término usado pro Gilles Deleuze y Félix Guattari; ver Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia II. Pre-textos. Barcelona.

[11] La topología se define como estudio de los espacios abstractos,  dedicada al análisis de las propiedades de los cuerpos geométricos, que permanecen invariables  a pesar de las transformaciones continuas. La topología estudia las propiedades de los espacios topológicos  y las funciones continuas. La Topología se ocupa de estos tópicos usando conceptos como proximidadnúmero de agujeros, además de comprender el tipo de consistencia que presenta un objeto, comparar objetos y clasificar, entre otros múltiples atributos donde destacan conectividad, compacidad, metricidad y otros atributos. El término de topología tiene dos connotaciones; primero, en términos generales, el estudio de los espacios abstractos y sus propiedades; segundo, comprende familias de subconjuntos de un conjunto  dado, familia que cumple unas reglas sobre la unión y la intersección.

[12]Revisar de Michel Foucault Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976). Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

[13]Marx y Engels hicieron famoso el enunciado presentista de que el capitalismo alumbra a los otros modos de producción y formaciones sociales-económicas, haciéndolas inteligible. La frase más conocida es que la anatomía del hombre es la clave para comprender la anatomía del mono. 

[14]Revisar de Raúl Prada Alcoreza La concepción desfachatada de la economía; Bolpress 2013; La Paz.

[15] Revisar de Raúl Prada Alcoreza Critica de la economía política del desarrollo; Bolpress 2012; La Paz.

[16]Lo que se refiere a la Planta de Carbonato de Litio se basa en denuncia de los trabajadores de la planta.

[17] El concepto de soberanía alimentaria fue incorporado con mayor relevancia por Vía Campesina  en Roma (1996), con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se entiende soberanía alimentaria  como el derecho de cada pueblo en diseñar sus políticas agrarias y alimentarias de manera soberana. La soberanía alimentaria se inscribe en el paradigma del desarrollo sostenible y seguridad alimentaria  Este modelo comprende la protección del mercado doméstico, que se tiene que defender de la competencia desigual del mercado internacional, que comercializa productos excedentarios, vendidos a bajos precios; también exige luchar contra la práctica del dumping, venta por debajo de los costos de producción, pues se trata de productos subvencionados por sus estados. Este concepto de soberanía alimentaria, supone una ruptura con el paradigma económico comercial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A diferencia del concepto de seguridad alimentaria, definida por la FAO, concepto que se circunscribe en la disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria hace hincapié en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Pone en mesa de la discusión las consecuencias que tiene la importación de alimentos baratos, sobre todo en lo que respecta a la destrucción de la producción alimentaria y productores agraria locales.