Estado, violencia y protesta en Colombia en tiempos de pandemia

ESTADO, VIOLENCIA Y PROTESTA EN COLOMBIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA:

ENTRE LA PROFUNDIZACIÓN DEL MODELO NEOLIBERAL Y LA DISPUTA DE LA HEGEMONÍA POLÍTICA

 

Luisa Natalia Caruso y Miguel Angel Beltrán1

estadosalteradosdigital

 

Las decisiones del actual presidente de Colombia, Iván Duque, se han caracterizado, en medio de la pandemia del Covid 19, por una profundización de la agenda neoliberal que ya traía antes de la misma. Meses antes de que declarara ‘la emergencia económica, social y ecológica’, el afianzamiento de estas medidas trajo consigo el creciente inconformismo de una gran parte de la población, que tuvo su mejor expresión en las masivas acciones de protesta de múltiples sectores sociales y políticos, en las ciudades y en zonas rurales, que protagonizaron el Paro nacional del 21 noviembre de 2019. Si bien la cuarentena forzada por los riesgos de contagio del virus, trajo un inicial congelamiento de estas movilizaciones, muy rápidamente dichos sectores se reactivaron y nuevamente salieron a las calles para reclamar salidas a la crisis ahondada por el Covid 19. Estas protestas, aunque no logran una completa articulación, cuentan con un potencial importante de incidencia para futuros cambios. Las jornadas del pasado 9 y 10 de septiembre en rechazo a la brutalidad policial, así como la movilización de la “Minga por la vida, el territorio y la Paz” de los pueblos indígenas, afros y campesinos hacia la capital, sumado a la realización de un paro nacional el pasado 21 de octubre, hacen parte de estas iniciativas. En este sentido, 1 Natalia Caruso es Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. lncaruso@pedagógica.edu.co; Miguel Angel Beltrán es Profesor Asociado, Departamento de Sociología, Universidad Nacional de Colombia. mabeltranvi@unal.edu.co 62 Luisa Natalia Caruso y Miguel Ángel Beltrán Villegas nuestro objetivo en este ensayo es analizar tanto los procesos de profundización del modelo neoliberal como las propuestas alternativas a este Estado excluyente, que han tomado curso en los últimos años. Para cumplir con este propósito, iniciaremos nuestro artículo presentando algunos elementos histórico-estructurales que caracterizan el ejercicio del poder por parte de las élites políticas y económicas; luego examinaremos los alcances y limitaciones de los Acuerdos de Paz firmado en 2016, entre la ex guerrilla de las FARC, y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y su incidencia en el momento actual, para finalmente señalar algunos elementos de coyuntura que den cuenta tanto del rumbo que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque durante este período de Pandemia, como las articulaciones, agendas y reivindicaciones, que sujetos políticos diversos vienen liderando, ya sea desde la perspectiva electoral para ser gobierno, o desde miradas más autonómicas frente al Estado.

 

COLOMBIA: UN ESTADO QUE SIEMBRA EL TERROR Y EL MIEDO

 

El Estado colombiano que ha representado históricamente los intereses de una clase dirigente, subordinada a las políticas intervencionistas de los Estados Unidos y al modelo desarrollista extractivista, pese a tener una escasa legitimidad y legalidad, ha logrado proyectar ante la comunidad internacional una imagen de cierta “institucionalidad democrática”, que se alimenta de mitos como el ser una de las naciones del continente que cuenta con la democracia más antigua y sostenida en la región. De acuerdo con esta narrativa oficial mientras en otros países de América Latina y el Caribe se generalizaron las dictaduras militares, en Colombia se sentaron las bases para consolidar la paz a través de un acuerdo bipartidista que garantizó la permanencia de las instituciones democráticas (Giraldo; 2015). Según este relato, dicha vocación democrática en Colombia se afianzó en los decenios siguientes con la continuidad de los procesos electorales y por el hecho que en 1991, -a través de un proceso constituyente- se logró aprobar una Carta política avanzada que consagró una serie de mecanismos para la protección de los Derechos Humanos y la participación popular; reconoció los derechos culturales y territoriales de los grupos étnico y abrió la puerta para la promoción e impulso de procesos de negociación con movimientos armados insurgentes que lograron su conversión en organizaciones políticas legales, permitiendo que antiguos guerrilleros se integraran al aparato gubernamental. En años recientes, la elección popular para la Alcaldía de Bogotá 63 Estado, violencia y protesta en Colombia en tiempos de pandemia: entre la profundización del modelo neoliberal y la disputa de la hegemonía política convivencias sociales y políticas de un ex guerrillero; junto con el nombramiento de un vicepresidente que durante años estuvo comprometido con las luchas obreras y sindicales; así como la exitosa materialización de un nuevo proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla -para 2016- más antigua de continente, que posibilitó el tránsito de ésta última a la vida política, sobre la base de un “Acuerdo para la terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera”, reforzarían este imaginario democrático de un país que -recurriendo a las vías del diálogo y priorizando los intereses de las víctimas- ha logrado poner fin a un conflicto interno con ribetes políticos, pero degradado por sus vínculos con las mafias del narcotráfico y su afectación creciente a la población civil (Pecaut; 2001). En contraste con estas falaces imágenes y discursos -creados por las élites colombianas y alimentados por académicos y medios de comunicación hegemónicos- lo que se observa es un país al borde de un estallido social, con crudas cifras de desigualdad, pobreza, desempleo, asesinatos y genocidio de poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y partidos políticos de oposición; una participación altamente restringida de los sectores populares; un régimen neofascista, cada vez menos preocupado por mantener los mecanismos de la democracia formal; unos acuerdos de paz con las antiguas FARC totalmente incumplidos, unas medidas económicas que beneficia los grandes capitales transnacionales y deprime aún más a las clases menos favorecidas y una escala de destrucción de la naturaleza incalculable que consolida un despojo territorial creciente. Colombia vive hoy un exterminio de lideresas y líderes sociales, que en el sólo período que va de la firma de los acuerdos de paz el 26 de noviembre de 2016 alcanza ya la dolorosa cifra de 1039 muertos; a lo cual se suma el asesinato de 234 ex combatientes asesinados (51 de los cuales se cometieron en los 10 primeros meses del presente año). Se está cometiendo así un genocidio contra los firmantes del Acuerdo de Paz y contra un colectivo de personas que ejercen un liderazgo social como reclamantes de tierras, defensores del territorio, de los derechos ambientales y humanos, que luchan contra las fumigaciones y los planes desarrollistas, con proyectos autónomos sustentados en la ancestralidad y el equilibrio con la naturaleza; y que integran Juntas de acción comunal, comunidades étnicas o sindicatos agrarios. Éstos son vistos como un obstáculo para los proyectos extractivistas. Estamos entonces ante un Estado que a través de un conjunto de prácticas, instituciones y estructuras -que incluso niegan ese mismo ordenamiento jurídico legal-sigue ejerciendo la violencia para 64 Luisa Natalia Caruso y Miguel Ángel Beltrán Villegas sembrar el miedo y el terror entre la población civil, recurriendo a la construcción de un gigantesco aparato militar que combina doctrinas confeccionadas por la misma élites en su accionar contrainsurgente con teorías foráneas como la Doctrina de la Seguridad Nacional, para enfrentar la supuesta infiltración de un “enemigo interno” llámese éste comunismo o terrorismo, pero que en realidad busca exterminar cualquier expresión de protesta popular que confronte el Stablishment (Vega Cantor; 2016). Aunado a ello está el uso arbitrario del sistema jurídico que judicializa temerariamente a los líderes y lideresas sociales, sin tener pruebas o recurriendo a pruebas ilícitas e ilegales y falsos testigos, que, con la intervención directa de los organismos de seguridad del Estado, configuran los llamados “montajes judiciales”. Práctica que se ha llevado a cabo a lo largo y ancho del país, siendo la cárcel un instrumento de silenciamiento del pensamiento crítico y de desarticulación de las organizaciones sociales que, a su vez, son criminalizadas al amparo de la tipificación de “conductas delictivas” donde sólo existen expresiones legítimas de protesta o a lo sumo comportamientos beligerantes en el marco de la misma. Los sectores más afectados por esta persecución jurídica han sido los integrantes de la oposición política y social, así como estudiantes y egresados de las universidades públicas del país, a quienes se les ha pretendido vincular con organizaciones armadas como el Ejército de Liberación (ELN) o las disidencias de las FARC, con el recurrente y desgastado discurso de una “infiltración armada” en las protestas pacíficas. En ese mismo sentido, se ha pretendido estigmatizar y penalizar con el calificativo de “vándalo” a quienes ejercen ciertas modalidades de protesta que “alteran el orden público” o por el sólo hecho de utilizar elementos que, como la capucha, impiden identificar su rostro. Paralelo a este andamiaje jurídico, militar y mediático, y en estrecha relación con el Estado, siguen actuando las estructuras paramilitares producto de una compleja alianza de grupos de narcotraficantes, ganaderos, élites políticas nacionales y regionales, así como integrantes de las Fuerzas Armadas, orientadas al cumplimiento de labores contrainsurgentes, y fundamentalmente a ampliar la riqueza de empresarios y terratenientes a través del despojo a los campesinos de sus bienes y tierras. Este proceso de larga duración, nos remite a los tiempos de la mal llamada “violencia bipartidista”, donde actuaron -guardando sus particularidades- bajo la denominación de “pájaros”, “aplanchadores” o “guerrillas de paz”. Un dato que corrobora este des- 65 Estado, violencia y protesta en Colombia en tiempos de pandemia: entre la profundización del modelo neoliberal y la disputa de la hegemonía política convivencias sociales y políticas pojo es el desplazamiento forzado de 16190 personas de su territorio, en el primer semestre de 2020.2

 

EL ETERNO RETORNO: NI PAZ NI POSCONFLICTO, INCUMPLIMIENTO ESTATAL DE LOS ACUERDOS

 

En medio de la pandemia, los incumplimientos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradero -suscrito por el gobierno de Juan Manual Santos y la Guerrilla de las FARC, luego de un largo y accidentado proceso de negociación que se prolongó por más de cuatro años (2012-2016)- fueron más evidentes. El acuerdo se constituyó en una importante apuesta por la superación definitiva del conflicto social y armado, partiendo de su reconocimiento y de la necesidad de erradicar las causas que dieron origen al mismo. En esa perspectiva, permitió colocar sobre la arena pública temas como la reforma rural integral, la participación y la apertura democrática para construir la paz, la solución al problema de los cultivos de uso ilícito, al tiempo que lo que logró activar la movilización social. Pero si bien desde sus inicios las FARC manifestaron su compromiso con los acuerdos pactados, haciendo dejación de armas y avanzando hacia la conformación de un nuevo partido político legal, muy pronto los sistemáticos incumplimientos del Estado empujaron el proceso de paz hacia situaciones que recordaban hechos históricos pasados, como la ausencia de garantías reales y efectivas para la reincorporación a la vida social, política y económica del país de los ex guerrilleros, derivando en el exterminio sistemático de los firmantes del Acuerdo de Paz. Estamos entonces ante un Estado que históricamente ha incumplido con los acuerdos que firma, no sólo con las organizaciones insurgentes sino con los diferentes sectores sociales, al punto que éstos permanentemente tienen que movilizarse para exigir al Estado sus compromisos con lo suscrito. En el caso específico de los Acuerdos de La Habana, tras el triunfo del “no”, en el plebiscito de octubre de 2016, el cual se había convocado para refrendar los acuerdos de paz, condujo a una modificación de los mismos, restringiendo aspectos relacionados con los escenarios de participación democrática que se pretendía abrir. Cierto es que disminuyeron los enfrentamientos ar2 “El desplazamiento aumentó un 96,8 % este año, según informe”. El Tiempo, agosto 20 de 2020, en https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/informe-sobre-desplazamiento-e-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-2020-530232 66 Luisa Natalia Caruso y Miguel Ángel Beltrán Villegas mados con la fuerza pública y se redujo la muerte de jóvenes soldados, en su mayor parte provenientes de los sectores populares. No obstante, la apuesta por erradicar la violencia como método de acción política, se redujo al desarme de la insurgencia armada, sin que el Estado colombiano asumiera el desmonte de sus estructuras paramilitares, cuya actividad ha persistido bajo nuevas denominaciones, copando antiguos territorios que hicieron parte del control de las FARC y estableciendo nuevas alianzas estratégicas con el fin de adelantar su labor delincuencial bajo la protección tácita o activa de empresarios, del poder político y del Estado3 . Como parte de sus estrategias desinformativas, en el discurso oficial del gobierno estos grupos han sido presentados como expresiones aisladas o “remanentes” del conflicto, acuñando la difusa sigla de GAO (Grupos Armados Organizados) para difuminar su naturaleza contrainsurgente y diluir la responsabilidad estatal en los crecientes hechos de violencia que han estremecido al país4 . Al mismo tiempo se pretende desvirtuar el carácter político de organizaciones insurgentes, las cuales configuran un amplio y complejo espectro que va desde el Ejército de Liberación Nacional (ELN), convertido hoy en la guerrilla más antigua del país y el continente, hasta algunas disidencias armadas que asumen el legado de los fundadores de las FARC, pasando por las autodenominadas FARC-EP segunda Marquetalia, lideradas por quienes en su momento estuvieron representando a esta guerrilla en la mesa de negociaciones. 3 Sobre el llamado neoparamilitarismo ver: Silvia Juliana Becerra Ostos. Lecciones para aprender del eterno retorno de la guerra. Bogotá: Comisión Colombiana de Juristas. 2018; y Teófilo Vásquez Delgado (Coord.) Grupos Armados Posdesmovilización (2006-2015) Trayectorias, rupturas y continuidades. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016. 4 De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional los grupos Armados Organizados, se definen como aquellos “que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (Ministerio de Defensa Nacional, Directiva Permanente, abril 22 de 2016, p. 5), teniendo como característica el uso de “la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado, la población civil, bienes civiles o contra otros grupos armados. b. Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere la de los disturbios y tensiones internas. c. Que tenga una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en áreas del territorio nacional (Ibid., p. 5) 67 Estado, violencia y protesta en Colombia en tiempos de pandemia: entre la profundización del modelo neoliberal y la disputa de la hegemonía política convivencias sociales y políticas

 

DUQUE: CRISIS DE LEGITIMIDAD AGRAVADA POR LA PANDEMIA

 

El 17 de junio de 2018, tras llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial, los colombianos eligieron a Iván Duque, del partido Centro Democrático, como primer mandatario de la nación. Con 10.373.080 votos (según los reportes de la Registraduría General de la Nación)5 . El nuevo titular del ejecutivo contó con el respaldo mayoritario de la clase dirigente, incluyendo el apoyo de sectores que se proyectaban como independientes, teniendo como contradictor al candidato de la “Colombia Humana”, Gustavo Petro, que con 8.034.189 votos logró recoger la inconformidad de amplias franjas sociales, que aunque no necesariamente se identificaban con sus propuestas de gobierno ni su talante político, vieron en él una intención de cambio, asociada a la idea de mantener los ya deteriorados acuerdos de paz. Como ha sido reiterado en los procesos electorales colombianos, los fantasmas del fraude y la corrupción estuvieron presentes, esta vez por cuenta de las acusaciones de la ex congresista Aída Merlano, detenida hoy en Venezuela, quien afirmó que la campaña del presidente Duque habría incurrido en compra de votos en la región Caribe. El escándalo conocido como la “Ñeñe política”, puso de presente el ingreso de dineros del narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte (asesinado recientemente en Brasil) y más conocido como “El Ñeñe”, quien estuvo al frente de la organización de la campaña presidencial en los departamentos de Guajira y Cesar. Numerosas fotos de Duque abrazado con el mafioso y un expediente abierto por el Tribunal electoral colombiano al primer mandatario, dan cuerpo a esta acusación6 . No menos impacto ha tenido la revelación sobre la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en el sentido de que su hermano había sido condenado en 1997 a cerca de cinco años de prisión en los Estados Unidos por traficar heroína desde Aruba a ese país. La fianza para su libertad fue pagada por la ahora vicepresidente y su esposo Álvaro Rincón, quienes a su vez han sido señalados de tener relaciones comerciales con el narcotraficante colombiano Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido como “Memo Fantasma”. Desde los tiempos de la presidencia de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), no se había visto la figura del ejecutivo expuesta a tantas burlas públicas. La utilización del avión presidencial para llevar a niños y sus madres a una fiesta infantil de su hija; la exhibición ante 5 “Iván Duque es el nuevo presidente con más de diez millones de votos”. Bogotá: El Tiempo, junio 17 de 2018. 6 “El Fantasma del Ñeñe” en Revista Semana, 3 de julio de 2020 68 Luisa Natalia Caruso y Miguel Ángel Beltrán Villegas la Asamblea General de las Naciones Unidas de fotos que buscaban demostrar la participación del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el entrenamiento de grupos armados y narcotraficantes y que resultaron ser imágenes tomadas años atrás en territorio colombiano. Todo lo anterior, sumado a su aparición pública con un chaleco de la policía, expresando su solidaridad con los ataques de que fueron objetos los Centros de Atención Inmediata (CAI) de esta institución, en protesta por el asesinato del ciudadano Javier Ordoñez, llevaron a que fuera aún mayor la ilegitimidad del gobierno. Colombia, a partir de 1991 -cuando consagró una nueva Constitución-, abrió las puertas a las políticas de apertura económica y la implementación del modelo neoliberal, con todos sus devastadores efectos en lo social y ambiental. Con el COVID-19, estas problemáticas se han profundizado, al tiempo que se han visibilizado de manera cruda y descarnada las agudas desigualdades del actual régimen. Según el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2019, Colombia es de los países del mundo con las condiciones más indignas para trabajar7 . Lo que se expresa también en que una gran parte de la población tiene un trabajo informal, sin ningún tipo de garantía laboral, y que vive del ‘rebusque’ diario. Según el DANE entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, la población trabajadora informal correspondía al 47,8% de la población ‘ocupada’, en las 23 ciudades y zonas metropolitanas8 . A esto se suma que las tasas de desempleo -que históricamente han sido una de las más altas de la región- se incrementaron aún más con la pandemia, según el DANE, perdieron su empleo 4,902.000 personas, en mayo de este año, que correspondería a 21,4% de desempleo a nivel nacional. Frente a la desigualdad estructural, Colombia es el segundo país más desigual después de Brasil9 , a lo que se suma las amplias brechas entre el medio urbano y rural; la desigualdad regional; y las inequidades de género, entre otras. Según las estimaciones de Fedesarrollo, la pobreza aumentará hasta en un 38% en el 2020; según el informe del 7 Ver: Índice Global de los Derechos de la CSI, 2019. Violaciones de los derechos de los trabajadores. En: https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rightsindex-2019-infographic-violation-workers-rights-es.pdf y Índice Global de los Derechos de la CSI, 2019. Los perores países del mundo para los trabajadores. En: https:// www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-es.pdf 8 “La realidad de los trabajadores informales durante la crisis”. El Tiempo. Bogotá: 10 de junio 2020. En: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/trabajo-en-colombia-las-cifras-del-empleo-informal-durante-la-cuarentena-por-covid-19-487578 9 Ver: Panorama Social de América Latina CEPAL, Santiago: 2019, p. 42. En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf 69 Estado, violencia y protesta en Colombia en tiempos de pandemia: entre la profundización del modelo neoliberal y la disputa de la hegemonía política convivencias sociales y políticas CEDE de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en el actual escenario de crisis del Covid-19, “7,3 millones de personas” ingresan a la condición de pobreza, con una “caída de ingresos mensuales que ronda los $4,8 billones”10. En este panorama de desigualdad y exclusión, en octubre las personas contagiadas del virus del COVID -19 superaron el millón de personas con más de 31.515 mil muertos. La velocidad del contagio aumentó, por las recientes medidas del gobierno en septiembre que -atendiendo las demandas de los sectores empresariales y comerciales del país- decidió levantar la cuarentena sin acompañar estas decisiones con garantías para los sectores menos favorecidos, ni mucho menos realizar cambios en el precario sistema de salud, privatizado desde 199311. Esto derivará en un incremento en las curvas de contagio y mortalidad en los próximos meses.

 

DECRETOS DE PANDEMIA: MÁS PARA LOS RICOS Y MENOS PARA LOS POBRES

 

En el contexto (y con el pretexto) de tomar medidas para atender la emergencia generada por la llegada del Covid-19, el presidente Duque declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, al amparo del cual se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), administrado por el Ministerio de Hacienda, seguido de un Decreto que autorizaba al ejecutivo manejar los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (unos 14 billones de pesos)12, constituido como la principal fuente de financiamiento 10 “¿El país retrocedería 20 años en la reducción de pobreza?” en Portafolio, Mayo 20 de 2020. 11 A partir de la Ley 100 de 1993, cuyo ponente fue el entonces senador y hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez, se da la privatización plena de salud en Colombia, el medico Floro Hermes Gómez plantea que fue “un diseño político institucional hecho por la élite política nacional colombiana para enriquecerse y enriquecer a los intermediarios financieros del sector” Ver: https://www.eltiempo.com/archivo/ documento/CMS-13617257. El doctor José Ricardo Navarro, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), planteó que “Ley 100 es otra pandemia para el país” Ver: https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/ ley-100-es-otra-pandemia-para-el-pais/. A pesar del desastroso balance, en medio de la pandemia se presentaron proyectos de ley para aumentar aún más los recursos hacia las aseguradoras de salud privadas, tal como lo denuncia el doctor Mario Hernández. Ver: https://sxxi.net/2020/08/02/la-salud-publica-y-el-sistema-de-salud-en-colombia-entrevista-a-mario-hernandez/. 12 A la fecha el presupuesto del FOME remonta la cifra de los 30 billones de pesos, lo cual equivale a la cifra propuesta bajo la figura de “Renta Básica de Emergencia”, por algunos congresistas de la oposición que busca beneficiar 9 millones de hogares colombianos, a través de un auxilio, equivalente a un salario mínimo vigente, duran- 70 Luisa Natalia Caruso y Miguel Ángel Beltrán Villegas del mencionado organismo, permitiendo que éstos facilitaran liquidez al sector financiero, a través de la adquisición de bonos de deuda y acciones, y la concesión de créditos a empresas privadas, mixtas y públicas perjudicadas por la emergencia y que sean consideradas como de interés nacional. Por esta vía se ha beneficiado al Grupo Aval, que controla más de las dos terceras partes del sistema financiero privado y que ha estado vinculado al escándalo de corrupción de Odebrecht. Así, se profundiza el Estado clientelista y corrupto, que guarda estos recursos para el salvamento de empresas privadas -y algunas que tienen un porcentaje público-, para lanzar un salvavidas a los más ricos. Un informe presentado por la Procuraduría General de la Nación, a finales de agosto, llama la atención que de los $8.2 billones destinados para la atención de la emergencia sanitaria y para el aseguramiento en salud de los colombianos, el Ministerio de Salud sólo ha hecho efectivo cerca de medio billón de pesos, a la vez que advierte que “no se han ejecutado los rubros correspondientes al aseguramiento, ampliación de la oferta de servicios y el fortalecimiento de la salud pública, para garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía”13. Entre tanto, se incrementa la deuda con el Fondo Monetario Internacional a través de la línea de Crédito Flexible supuestamente para gestionar los riesgos generados por la pandemia. Siguiendo estos mismos lineamientos, el gobierno de Duque otorgó un gigantesco préstamo de USD 370 millones a la compañía aérea Avianca declarada en quiebra, que tiene un porcentaje mayoritario de capital privado extranjero, particularmente de Panamá. Una empresa que no sólo ha desarrollado una política de persecución laboral contra sus trabajadores, sino que además cuenta entre sus altos ejecutivos con la ex viceministra de Comunicaciones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y con la hermana del presidente, María Paula Duque, quien se desempeña como vicepresidenta senior de Relaciones Estratégicas y Experiencia al Cliente de dicha compañía aérea. Las protestas desde varios sectores sociales y políticos, así como las demandas jurídicas, llevaron a que en este momento el crédito se encuentre suspendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca14. te tres meses, y medio salario mínimo durante el cuarto y quinto mes. 13 Procuraduría General de la Nación “Deuda con IPS privadas, públicas y mixtas del país asciende a más de 40.1 billones de pesos” en Procuraduría, Boletín 585, https://www.procuraduria.gov.co/portal/Deuda-con-IPS-privadas_-publicas-y-mixtasdel-pais-asciende-a-mas-de-40.1-billones-de-pesos_-Procuraduria.news 14 “La Justicia colombiana frena el salvataje estatal a Avianca” en hosteltur. Edi- 71 Estado, violencia y protesta en Colombia en tiempos de pandemia: entre la profundización del modelo neoliberal y la disputa de la hegemonía política convivencias sociales y políticas Sumado a este Decreto se han expedido otros 160 que poco o nada tienen que ver con la búsqueda de soluciones a la pandemia y que sí revelan claras intenciones de profundizar el modelo neoliberal, el expolio de los recursos y la violencia contra la oposición. Otro de estos controvertidos decretos fue el Decreto 811 de 2020 que le permitía al Estado comprar acciones en cualquier empresa en riesgo en el marco del Estado de Emergencia y luego venderlas. Con esto se buscaba enajenar las empresas públicas, entre ellas ECOPETROL, medida que ya venía planteando el gobierno antes de la pandemia, y que ahora pretendía hacerse efectiva con el argumento de que era necesaria su venta para solventar la crisis del Covid-19. En medio de las protestas de la Unión Sindical Obrera, a finales de septiembre el Decreto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. La nueva reforma pensional, que estaba en proyecto el año pasado -y que fue una de las razones del paro del 21 N en el 2019- ha seguido su curso, y con ella toda la propuesta de mayor flexibilización laboral, dejando en claro que los billones de pesos del fondo, lejos de ser convertidos en ayudas a la población, para mitigar y soportar la crisis económica y darle un mayor soporte financiero a la salud pública y a la educación pública, lo que hasta ahora hemos visto es que todos los gastos generados a partir de ese dinero han sido insuficientes, mal invertidos o inexistentes. El Estado, a través de sus bancadas en el Congreso, se ha negado tajantemente a otorgar la renta básica pedida por un número significativo de parlamentarios y organizaciones sociales, para paliar la miseria de nueve millones de personas. Paralelo a ello, se profundiza el modelo extractivista, minero-energético. Así, desde la firma del acuerdo con las FARC ha aumentado, sin ningún tipo de control, la deforestación en todos los territorios de colonización, y de frontera, aunado a la vulneración de las comunidades rurales que están en estos territorios de disputa de los grandes intereses extractivos. Se pretende responsabilizar de esta deforestación a las disidencias y a los grupos armados organizados (GAO), eludiendo de esta manera la responsabilidad del Estado, que en medio de la pandemia ha expedido una serie de decretos para continuar explotando la Amazonía. Asimismo, ha reactivado la fumigación de cultivos de uso ilícito e intentado dar vía libre a la implementación del Fracking, presionando, a su vez, una nueva normatividad que flexibilice la consulta previa, como mecanismo para entrar a los territorios de pueblos ción Latam, sept. 14 de 2020. https://www.hosteltur.com/lat/139230_la-justicia-colombiana-frena-el-salvataje-estatal-a-avianca.html 72 Luisa Natalia Caruso y Miguel Ángel Beltrán Villegas indígenas y afrodescendientes. De este modo, intentó formular una consulta previa virtual, cuando la mayoría de estos pueblos carecen de conectividad. Por otro lado, en medio del incumplimiento de la ley de tierras, que buscaba devolver las tierras usurpadas en medio del conflicto armado, el gobierno pretende reglamentar las Zonas de Desarrollo Empresarial que “abriría paso a la entrega de baldíos a empresas nacionales o extranjeras, y a la violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, si se destinan las tierras a privados en vez de priorizar la formalización de sus territorios”15. En el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la pandemia ha sido utilizada por el gobierno para acelerar la entrada de megaproyectos extractivos a sus territorios. El interés por ‘regular’ la consulta previa venía desde el gobierno de Santos, pero con la nueva contingencia sanitaria, el Ministerio del Interior llegó al absurdo de expedir una circular16 que autorizaba la realización virtual de consultas previas. Ante las protestas de las organizaciones étnicas, derogó la normativa, pero dejó abierta la posibilidad de realizar estas consultas virtuales si se tenían los accesos de conectividad virtual, lo que para el Proceso de Comunidades Negras (PCN) significa una estrategia “de aprovechamiento circunstancial a causa de la pandemia, toda vez que las poblaciones se encuentran más vulnerables” 17. A esto se suma las propuestas de los sectores empresariales, aliados con el actual gobierno Duque y su bancada en el Congreso, encaminadas en flexibilizar los criterios para la expedición de licencias ambientales, que permitan agilizar los proyectos extractivos, con el argumento de ser el mejor camino para la reactivación económica en medio de la pandemia, lo cual constituye una nueva amenaza de despojo territorial, cultural y ambiental para estos pueblos y comunidades18. 15 Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). “Las Zonas de Desarrollo Empresarial y los pueblos indígenas: ¿por qué violan la ley y la Constitución?” 23 de septiembre 2020, en http://cntindigena.org/las-zonas-de-desarrollo-empresarialy-los-pueblos-indigenas-por-que-violan-la-ley-y-la-constitucion/ 16 Ministerio del Interior. Circular Externa del 27 de marzo de 2020. Bogotá: CIR2020-29-DMI-1000. 17 Ver:https://renacientes.net/blog/2020/10/22/lo-continuo-y-lo-discontinuo-de-la-pandemia-en-las-poblaciones-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras-narp/ 18 Ver: Carta al presidente Duque de 130 organizaciones sociales y ONGs. 15 de abril 2020. https://colectivodeabogados.org/IMG/pdf/carta_abierta_enviada_presidente_colombia_-_derechos_comunidades_etnicas.pdf 73 Estado, violencia y protesta en Colombia en tiempos de pandemia: entre la profundización del modelo neoliberal y la disputa de la hegemonía política convivencias sociales y políticas

 

VIOLENCIA POLICIAL EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

 

La profundización de la agenda neoliberal en el contexto de la pandemia ha venido de la mano con el incremento de la violencia estatal contra grupos, comunidades y organizaciones sociales con el propósito de desarticularlas y reducir su capacidad de movilización; para ello ha intensificado estrategias represivas como la generalización de los montajes judiciales y el uso de los organismos armados del Estado. Así, casi simultáneamente con el inicio de la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional, para controlar los riesgos generados por el Covid 19, la legítima exigencia de los presos de las cárceles colombianas fue respondida con el uso desproporcionado de la violencia, por parte del personal de vigilancia y custodia del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) asesinando a 23 internos y dejando a 83 más con graves lesiones y heridas. Este uso explícito, directo y sistemático de la represión por parte del Estado ha sido la constante en el tratamiento dado a las protestas de sectores populares, estudiantes y otros que se han movilizado para expresar su rechazo a un paquete de medidas neoliberales que favorecen a los grupos financieros y empresariales y vulnera a amplios sectores de la población. Un punto de inflexión en esta estrategia represiva se alcanzó el 9 y 10 de septiembre, cuando en Bogotá y la localidad de Soacha fueron asesinados 14 personas, la mayoría de ellos jóvenes, que salieron a las calles a protestar en repudio al accionar violento de la policía en contra del ciudadano Javier Ordoñez. Hecho que quedó registrado en un video que se difundió ampliamente en las redes sociales. Al amparo de la pandemia, la fuerza pública y particularmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), han cometido graves violaciones a los derechos humanos que apenas si son registrados por los medios de comunicación oficiales. Es el caso del asesinato de una mujer adulta mayor y un bebé en un operativo de desalojo de comunidades indígenas desarrollado por dicho escuadrón el pasado mes de Octubre (2020) en un lote ubicado en la ciudad de Leticia (Amazonas). Cuatro meses atrás fue asesinado de un tiro en el cuello el joven de 15 años, Duván Mateo Aldana, en otro operativo de desalojo en la ciudadela Sucre del municipio de Soacha, donde igualmente participó este organismo represivo. Simultáneamente a estos hechos se han incrementado las masacres contra la población civil, cometidas por grupos paramilitares en complicidad -ya sea por acción u omisiónde las autoridades estatales. En lo que va corrido del año (2020) se registran 68 masacres, 58 de las cuales se efectuaron en el marco de 74 Luisa Natalia Caruso y Miguel Ángel Beltrán Villegas la pandemia19, siendo el mes de septiembre -con 16 masacres- uno de los más críticos. El discurso oficial, publicitado por los medios de comunicación, suele culpar de estos crímenes a los difusos Grupos Armados Organizados (GAO) ocultando quienes han sido los verdaderos responsables de estas masacres.

 

MAYOR PRESENCIA IMPERIAL

 

El Estado colombiano desde finales del siglo XIX, se ha caracterizado por una total subordinación a los lineamientos ordenados por Estados Unidos. Así, no hemos tenido ningún gobierno, que haya planteado una agenda autónoma, o se haya opuesto abiertamente a alguna de sus políticas, con esto el espíritu antimperialista ha sido prácticamente inexistente (Vega Cantor; 2014). No obstante, el actual gobierno de Duque, ha superado con creces su arrodillamiento, plegándose a la agenda del gobierno Trump en medio del declive hegemónico de Estados Unidos. Así, el gobierno del presidente Duque se ha convertido en una pieza clave en las acciones de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela. Las reiteradas visitas del ex director de la Central de Inteligencia Americana (CIA) y ahora Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, así como la vergonzosa admisión de tropas estadounidenses a territorio colombiano sin la aprobación del Congreso de República (en un episodio que fue informado directamente por la embajada de los EU), han reafirmado estos propósitos, que tuvo un nuevo capítulo en la frustrada incursión de paramilitares y mercenarios venezolanos que pretendían atentar contra el primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno. En esta fallida operación militar se comprobó la participación de dos ex miembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses, que fueron detenidos en costas venezolanas, que actuaban desde campos de entrenamiento localizados en el norte de Colombia. Toda esta esta estrategia intervencionista se complementa con el llamado acuerdo “Colombia crece” dado a conocer el pasado 17 de agosto por el presidente Iván Duque, luego de una reunión con una misión estadounidense en la que participaron el asesor de seguridad nacional de los EU, el consultor para asuntos latinoamericanos de ese país, y el director de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional. El mencionado acuerdo binacional se trata de un “nuevo Plan 19 Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos de Indepaz.Informe de masacres en Colombia durante el 2020. Con corte 20 de Octubre de 2020. 75 Estado, violencia y protesta en Colombia en tiempos de pandemia: entre la profundización del modelo neoliberal y la disputa de la hegemonía política convivencias sociales y políticas Colombia para concentrarnos en el desarrollo económico y seguridad de Colombia”20, lo que deja entrever los propósitos contrainsurgentes del mismo. En dicha reunión participó también el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, organismo que ha venido desplegando su fuerza en la región con el pretexto de enfrentar el narcotráfico, y apuntalando su potencial destructivo contra el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela a quien considera “una amenaza para la libertad democrática en las naciones vecinas de América del Sur”21.

 

LAS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LAS CONSTRUCCIONES CONTRAHEGEMÓNICAS RECIENTES

 

Las resistencias y protestas de los sectores populares y políticos alternativos, en el contexto de la Pandemia no obedece a elementos puramente coyunturales, sino que proyecta elementos de continuidad y ruptura con las dinámicas contrahegemónicas acaecidas el último decenio. En este período podemos identificar confluencias nuevas, de sujetos diversos, en lo étnico y político, siendo significativos entre otros: la creación de importantes plataformas de carácter nacional e intersectorial como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos (2010); la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE (2011); el paro nacional agrario (2013) en el que se conforma la Cumbre Agraria, Étnica y Popular; las movilizaciones del 2016 en defensa del Acuerdo de Paz; los paros de maestros y paros cívico en Chocó y Buenaventura (2017); las movilizaciones estudiantiles y el paro nacional universitario (2018). Pese a que el proceso de paz del gobierno Santos con las FARC (2011-2016) se desenvolvió en medio de una cruenta guerra, algunas organizaciones sociales y políticas vieron en él un momento de cierta apertura democrática, que abría un mayor margen de acción para las movilizaciones, y así lo parecen indicar las cifras: En el 2016 (año en el que se suscribe el Acuerdo Final), las protestas superan en un 91% los de 2013, y en 132% las de 2014. En el 2016 hubo en promedio de 20 Presidencia de la República. Colombia y EE.UU. lanzan la iniciativa ‘Colombia Crece’ para combatir el delito y, al mismo tiempo, llevar inversión, desarrollo y obras a zonas rurales y comunidades vulnerables” en https://idm.presidencia.gov.co/ prensa/colombia-y-eeuu-lanzan-la-iniciativa-colombia-crece-para-combatir-el-delito-y-al-mismo-tiempo-llevar-inversion-200817 21 Antonio de la Cruz. “El régimen de Maduro: ‘centro de amenaza y ataques a la región’”, El Nacional, en https://www.elnacional.com/opinion/el-regimen-de-maduro-centro-de-amenaza-y-ataques-a-la-region/ 76 Luisa Natalia Caruso y Miguel Ángel Beltrán Villegas 1,5 eventos por día y ya para 2017 aumenta a 1,9 por día22. Pero más allá de estos datos, está el hecho de que la negociación y el acuerdo de paz, permitió demand*as renovadas por la paz, incorporándose otras reivindicaciones como los temas ambientales, territoriales, de derechos humanos, de género, étnicos, entre otros. Lo anterior no obstó para que desde el discurso oficial se pretendiera limitar la movilización social con el sofisma de que cualquier expresión de protesta fortalecía a los enemigos de la paz. De este modo se trataba de contener el creciente inconformismo popular frente a los problemas estructurales que el modelo neoliberal había generado y que no fueron incorporados en la agenda de los Acuerdos. Desde los inicios de los diálogos gobierno-guerrilla en Oslo Noruega (2012), en sus declaraciones públicas el presidente Juan Manuel Santos reiteró una y otra vez que no entraría “a negociar ni a conversar sobre aspectos fundamentales de la vida nacional, como la propia Constitución, el modelo de desarrollo, el concepto de propiedad privada”23. Después de suscrito el Acuerdo de Paz (2016), el sentimiento de esperanza que muchas poblaciones urbanas y rurales vivieron -sobre todo en las zonas donde se había sentido más crudamente el conflicto social y armado- se mantuvo mientras hubo programas del gobierno -con recursos de los países garantes de la implementación- para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Sin embargo, una gran parte de las comunidades campesinas, y fundamentalmente afrodescendientes e indígenas, que no fueron beneficiadas por estos programas, se vieron forzadas a sembrar nuevamente coca. Esta tendencia se vino a reforzar con las modificaciones que recibió el Acuerdo, luego de la pérdida del Plebiscito por la Paz (2 de octubre de 2016) y que terminó por priorizar la perspectiva de seguridad y la consolidación territorial, por encima de los reclamos de los pobladores rurales24. 22 ¿Dónde, cómo y porqué se movilizan los colombianos? Fundación Ideas para la Paz, Bogotá: octubre 2017. En: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjBTWLFnqJwdGhpZSdgCzJWQf?projector=1&messagePartId=0.1 23 “Santos: ‘El modelo económico y político no está en discusión con las FARC” en Semana 16 de noviembre de 2012. https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-el-modelo-economico-politico-no-esta-discusion-farc/267919-3/ 24 Para un balance de los Acuerdos de paz, y específicamente en lo referente a la sustitución de cultivos de uso ilícito ver: Yenly Angélica Méndez Blanco, Johana Silva Aldana and Ana María González Suárez. “El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS): balance, retrocesos y desfiguraciones”. En: El Acuerdo de paz en Colombia: Entre la perfidia y la potencia transformadora. Coordinador: Jairo Estrada Álvarez. CLACSO, 2019, p. 115. En: https://www.jstor. org/stable/j.ctvt6rknp.8?seq=25#metadata_info_tab_contents 77 Estado, violencia y protesta en Colombia en tiempos de pandemia: entre la profundización del modelo neoliberal y la disputa de la hegemonía política convivencias sociales y políticas Con la llegada del nuevo gobierno del presidente Iván Duque (2018), no se logró por completo “hacer trizas el Acuerdo”, como era el propósito de su partido, el Centro Democrático, pero sí derivó en un total incumplimiento en los procesos de implementación del mismo, bajo la divisa de una “Paz con legalidad”, en tanto imponía un conjunto de medidas en materia laboral, pensional, manejo fiscal, entre otras, conocidas popularmente como “el paquetazo”. Es así como, de la mano con los ecos de las protestas de octubre en Chile y Ecuador, y la consigna “A parar para avanzar”, el primer año del gobierno de Duque enfrentó una masiva protesta en las calles, que incorpora nuevas modalidades de acción como los cacerolazos, iniciativas artísticas de distinto tipo, formas novedosas de organización territorial, entre las que se destacan las asambleas barriales, en diferentes ciudades del país. Al mismo tiempo, el recorrido de la Minga interétnica e intercultural del Cauca -la cual se lanza en el 2004, como una propuesta política y de acción indígena25, en perspectiva de aliarse con otros sectores sociales y otros territorios- ha sido fundamental para las confluencias diversas -de sujetos y reivindicaciones- que se manifestarán en el Paro Nacional del 21 de noviembre (2019). Este último tomó impulso bajo el Comité Nacional de Paro, compuesto por las centrales obreras, organizaciones sociales y políticas, que logró armar un pliego de exigencias de 104 puntos26. No obstante, la represión no se hizo esperar, el 25 de noviembre, en medio de una de las jornadas de paro, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), asesinó por la espalda, al joven Dylan Cruz, y dejando heridos de gravedad a otros jóvenes. En medio de un pueblo que parecía haber naturalizado el conflicto social y armado, hubo un estallido generalizado de indignación que prolongó el paro durante varias semanas más. 25 La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el 26 de agosto del 2004 lanza la propuesta a través de un comunicado: “Propuesta política y de acción de los pueblos indígenas”, en la que se plasman los ejes principales de la convocatoria de la Minga por la Vida, la Justicia, la Autonomía y la Libertad, que se realizó en septiembre del mismo año. En medio de esta Minga se hizo una asamblea en la ciudad de Cali (18 de septiembre), con participación de indígenas, afrodescendientes, campesinos y estudiantes, que presentarán el Mandato, Indígena y Popular (El desafío nos convoca), en la que se llama a la unión de los distintos sectores sociales y políticos para resistir y construir un “Proyecto de Vida Tejido por nosotros desde los Pueblos”. 26 Agenda del Comité Nacional de Paro para la negociación con el gobierno nacional. Bogotá: 19 de diciembre de 2019. Ver en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/ uploads/2019/12/NuevoDocumento-2019-12-17-17.37.50_compressed.pdf 78 Luisa Natalia Caruso y Miguel Ángel Beltrán Villegas Mientras el gobierno del presidente Duque ofrecía “conversar” y no “negociar”, al tiempo que trataba de sacar adelante su “paquetazo”, un sector significativo de los y las jóvenes -que habían mantenido el paro en las calles-, principalmente los organizados, se distanciaban de los voceros del Comité Nacional de Paro, planteándole críticas a su burocratismo o su interés de consolidar algunas agendas sobre las otras. Al mismo tiempo, desde sectores del Comité Nacional de Paro, se percibía a estos y estas jóvenes, dispersos, con formas organizativas poco estructuradas, lo cual les impedía comprender los alcances de estas nuevas formas de indignación e inconformismo. Se expresa entonces, una fuerte tensión, que ha venido profundizándose en el polo popular, entre las estructuras ‘tradicionales’ organizadas (sindicatos y partidos políticos alternativos), y los sectores sociales (estudiantes, organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, espacios barriales, entre otros) que demandan nuevas formas de representación, organización y vocería. Entre enero y marzo de 2020, varios procesos estudiantiles y comunitarios, a nivel urbano y rural, intentan reorganizarse para que el paro renazca. En este escenario llega la pandemia del COVID 19. PROTESTAS Y PROPUESTAS EN PANDEMIA Desde el inicio y durante la pandemia las protestas sociales han estado presentes. En medio del desconcierto inicial, las organizaciones comunitarias étnicas y campesinas, se replegaron en sus territorios, por un lado, por el confinamiento estricto que se impuso y por otro, por la certeza que la precaria situación de la salud en Colombia, no les garantizaba ninguna protección. Con esto, las agendas locales de movilización, formación y reflexión que se tenían planeadas, se aplazaron. Las comunidades reclamaron mayor presencia del Estado para enfrentar la contingencia sanitaria, ya que su intervención se limitaba a lo militar. lo cual no garantizó que los grupos armados paramilitares y de narcotráfico siguieran moviéndose y amedrentándolos en sus territorios. Ante una ‘ayuda’ que nunca llegó, muchas comunidades y organizaciones rurales llevaron a cabo sus propios protocolos de seguimiento y protección. En este sentido, aumentaron su trabajo territorial, tal como lo comentan las lideresas y líderes afrodescendientes: “la pandemia nos llevó a retomar nuestras prácticas productivas para el autoconsumo, no sólo para la comercialización” 27. 27 Ver: Testimonio de Everlidys Córdoba, miembro del Consejo Comunitario COCOMASUR, Acandí (Chocó), https://semanarural.com/web/articulo/volver-a-lo-an- 79 Estado, violencia y protesta en Colombia en tiempos de pandemia: entre la profundización del modelo neoliberal y la disputa de la hegemonía política convivencias sociales y políticas Esta articulación organizativa, fortaleció sus procesos de autonomía alimentaria, y evitó que muchas comunidades rurales se desplazaran a los centros urbanos, y estuvieran más protegidas frente al virus, pero al mismo tiempo, esto no significó que las problemáticas estructurales que vivían desde antes de la pandemia cesaran. Así lo denuncia el Proceso de Comunidades Negras (PCN): “La nueva fase de aislamiento selectivo iniciada este mes de septiembre, en muy poco cambia el curso de las acciones negativas en los pueblos Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros (NARP) en todo el país. Las comunidades aún siguen en el infortunio, las deudas históricas del Estado se mantienen más que vigentes, la pandemia causada por el virus del COVID-19, profundizó las angustias estructurales vivenciadas a través de los años” (Renacientes; 2020). En el caso de las comunidades campesinas, la desigualdad estructural que ya existía se profundizó en pandemia: la escasez de productos sanitarios y/o de consumo básico, además de los problemas que generó la educación virtual en un país, con un 74% de población rural sin acceso a conectividad; un sistema de salud precario; comunidades sin acceso a agua potable; sin protección a sus vidas, ya que en confinamiento han sido más vulnerables a la intimidación y al asesinato por parte de los grupos armados paramilitares, entre otros. Las organizaciones campesinas nacionales y locales presentaron sus propuestas, exigiendo una urgente atención del Estado28, la cual hasta el momento ha sido totalmente desatendida. En los sectores urbanos populares de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali -que en su mayoría son trabajadores(as) informales- la presión inicial del confinamiento estricto que inició a nivel nacional el 25 de marzo, llevó a que se dieran protestas por ayudas alimentarias y económicas desde los inicios de abril. Los ‘trapos rojos’ colgados en las ventanas, que eran un grito de auxilio desesperado, por hambre, aumentaron. En varios barrios y localidades hubo protestas, que aparte de ser fuertemente reprimidas, fueron desvirtuadas en medios de comunicación, como sucedió en Bogotá, en que la Alcaldesa Claudia López, manifestó que eran protestas manejadas por clientelas políticas corruptas y malintencionadas. Frente a esto varias redes de organizaciones populares que proponen la creación de una renta básica universal surgieron y desde dife

 

cestral-la-apuesta-de-las-comunidades-afro-en-la-pandemia/1518 28 Carta al Presidente Iván Duque, ¡Proteger al campesinado para proteger la vida!. Bogotá, 20 de abril 2020. En: https://www.dejusticia.org/wp-content/ uploads/2020/04/PROTEGER-AL-CAMPESINADO-PARA-PROTEGER-LA-VIDA.pdf 80 Luisa Natalia Caruso y Miguel Ángel Beltrán Villegas

 

rentes espacios -entre ellos los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso desde la bancada alternativa- han seguido trabajando, incorporando la propuesta en el Pliego de peticiones de emergencia del Comité Nacional de Paro29. El sector estudiantil universitario, un actor central de las movilizaciones por la financiación la educación de superior en 2018 y el paro nacional de 2019, logró estar por encima de los debates internos que estas luchas dejaron, y reactivarse en medio de la pandemia, jalonando la iniciativa de ‘Matrícula Cero’, la cual se implementó parcialmente en algunas universidades públicas y permitió pensar en una propuesta más allá, como es la de gratuidad en la educación. Así, actualmente, en Colombia, el movimiento social y político, se prepara para continuar el paro del 21 de noviembre, después de superar el temor inicial de convocar a las calles en medio de la pandemia. El ejemplo de movilización de la “Minga por la vida, el territorio y la Paz” ha marcado una pauta importante: al no ser recibida por el gobierno de Duque, demostrando todo su desprecio por los sectores sociales, la Minga ha salido fortalecida y legitimada, convirtiéndose en un referente ético político, para nuevos sectores urbanos y rurales en el país. En medio de un creciente empobrecimiento de la población, la izquierda y los sectores sociales alternativos, tienen el reto de: fortalecer los procesos de convergencia organizativa, con reivindicaciones y sujetos diversos e inconformes con el modelo neoliberal; superar las mezquindades y protagonismos individuales o sectoriales; no limitar la agenda a la disputa electoral de ser gobierno; aprovechar el componente pedagógico-político que la pandemia posibilita, para evidenciar el carácter excluyente del Estado colombiano y construir procesos contrahegemónicos.

 

BIBLIOGRAFÍA

Giraldo J. (2015). “Política y Guerra sin compasión” en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Bogotá: Ediciones desde Abajo. Pecaut, D. (2001). Guerra contra la sociedad. Bogotá: Espasa Vega Cantor, R. (2016). Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado en Colombia. Informe presentado 29 Pliego de peticiones de emergencia. Comité Nacional de Paro. Bogotá: 19 de junio 2020. En: https://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/19-06-20- FINAL-PLIEGO-DE-EMERGENCIA.pdf 81 a la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas. Ocean Sur, 2016 Vega Cantor, R. y Martín Novoa, F. (2014). Colombia y el imperialismo contemporáneo, Bogotá. Ocean Sur