El gobierno de Luis Arce C. sabe perfectamente que el país se encuentra muy agobiado y casi de angustia por una segunda ola de contagios de la pandemia, al punto que inclusive se ha permitido advertir que con la decisión de importar y efectuar masivamente los análisis rápidos del Covid 19, la situación podría agravarse dramáticamente al transparentarse el panorama.

Sin embargo, a pesar de que el pico de la curva ya ha superado el tope máximo de 2000 contagios/día alcanzado en la primera ola cuando ya había colapsado todo el sistema nacional de salud y se estaba en un estado de alarma nacional; este mismo gobierno decide priorizar el factor económico, como si de ello dependiese la vida de la gente.
No se conduele ni es capaz siquiera de percibir que ya existen lugares (como el municipio de Viacha por ejemplo), donde una buena parte de la población ya viste de negro porque ha perdido familiares y/o amigos muy cercanos. La imagen de por si impresionante de multitud de ciudadanos de negro circulando, no refleja solo el oscuro color del profundo dolor que provoca la muerte y la pérdida de seres queridos, sino de la creciente clamor, corajina y represión que se acumula en el sentimiento de las personas, pero que el gobierno no alcanza a ver ni escuchar.
En el plano socio económico ocurre un fenómeno similar. El gobierno sabe que el país está sufriendo y soportando las consecuencias de un modelo global depredatorio y destructivo que ha llevado al mundo al punto del colapso que se manifiesta en la multicrisis actual.

Sin embargo, se conforma y limita únicamente a atacar y desmontar algunas medidas neoliberales del pasado gobierno de transición (como si fueran la única causa de la situación actual), para intentar repetir y reproducir mecánicamente el mismo modelo aplicado y aprendido durante los 14 años de autocracia, mismo que no solo no tiene nada que ver con el establecimiento de una relación armoniosa con la naturaleza y el Vivir Bien (que el vicepresidente no se cansa de repetir discursivamente), como tampoco con el respeto y protección de las libertades y los derechos humanos, de la naturaleza y de los pueblos indígenas; sino precisamente todo lo contrario. Es decir, un modelo desarrollista y salvajemente extractivista que continuará provocando y reproduciendo la destrucción y despojo de los recursos naturales, la vida y el futuro nacional.

No percibe (o se niega a comprender), que nunca será lo mismo administrar un modelo y una gestión gubernamental con la disponibilidad de ingentes recursos económicos que inclusive se despilfarraron, que pretender hacer lo mismo en un estado de crítica precariedad.

Sin ninguna luz propia que no sea la repetición y la copia mecánica y sin nuevas ideas de un modelo que no ha sido probado en ninguna situación de crisis (menos como la que se atraviesa y que se la quiere adjudicar machaconamente al evidentemente desastroso, autoritario y corrupto gobierno de transición como si fuese la única causa); el gobierno que ni siquiera ha terminado de organizarse, ya está acosado y se debate frente a los graves y profundos problemas emergentes, pero también aquellos creados antojadiza y abusivamente por sectores e intereses que sólo ven en el Estado un medio y una oportunidad para arrancar beneficios (mejor si son impuestos abusiva y hasta ilegalmente).

Eso explica que sin haber tenido siquiera un tiempo razonable para acomodarse y organizarse, ya se siente cercado y acorralado por fuerzas corporativas que en lo interno han tomado por asalto el aparato del Estado para el saqueo y la repartija voraz (inclusive para botar y deshacerse de recursos humanos estratégicos capaces, experimentados y luchadores como en el SERNAP que tiene que ver nada menos que con la protección de todo el patrimonio natural y biogenético del país), y en lo externo se parapetan amenazadoramente para exigir e imponer demandas caprichosas fuera de toda razonabilidad, que terminan paralizando el país (como el último paro de transportistas y comerciantes), o bloqueando lugares estratégicos que estrangulan ciudades enteras (recuérdese las innumerables veces que Cochabamba ha sido convertida en un inmundo basural por Kara Kara, los reiterados bloqueos de carretera troncal por problemas municipales de Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe, Colcapirhua, etc.; o inclusive la paralización de un botadero que convierta a la ciudad de El Alto en otro basural, porque otro grupo de personas exige tratos especiales para alimentar a sus chanchos con los desperdicios orgánicos que se reciben en ese lugar).

En fin, el gobierno no parece o no quiere discernir que una cosa es gobernar escuchando al pueblo, y otra cosa muy diferente es someterse a la imposición corporativa, caprichosa y hasta anti nacional de sectores que tienen alguna capacidad de movilización, pero que no representan en lo mínimo el sentir nacional y, mucho menos, al bien común.
De esa manera, aparentemente insensible pero notoriamente preocupante, nos vamos deslizando de un estado de incertidumbre inicial, hacia un escenario zozobra y angustia previsible. El gobierno (debería entender que) ya no se encuentra en las mismas condiciones de su antecesor de 14 años para tomarse todo el tiempo del mundo para esperar que los conflictos agudicen y las crisis estallen antes de tomar decisiones para el bien común y no el cálculo político. Nos encontramos al punto del desastre.

(*) Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia. Enero 16 de 2021.